República Dominicana - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Dominicana

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Dominican Republic is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Leonel Fernández Reyna
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10,1 millones
Esperanza de vida
72,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
37/29 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
89,1 por ciento

Según los informes, entre enero y agosto se registraron al menos 226 homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad. La población haitiana y dominicana de origen haitiano sufría una discriminación generalizada. Aumentó la posibilidad de una prohibición total del aborto como consecuencia de la reforma de la Constitución.

Información general

En diciembre concluyó el proceso de reforma constitucional. Entre las novedades positivas figuraban las disposiciones relativas al nombramiento de un Defensor del Pueblo y la creación de una corte constitucional. Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el hecho de que muchas de las modificaciones podrían socavar determinadas garantías constitucionales en materia de derechos humanos.

Policía y fuerzas de seguridad

Según la Procuraduría General, la policía mató a 226 personas entre enero y agosto de 2009, 72 menos que en el mismo periodo del año anterior. Las declaraciones de testigos oculares y otros indicios daban a entender que muchos de estos homicidios habían sido ilegítimos y que en algunos casos podrían haber constituido ejecuciones extrajudiciales.

  • El 28 de marzo de 2009, tres policías a bordo de un auto patrulla dieron el alto a Nicolás Disla en una calle de Santo Domingo. Según la declaración de testigos oculares, pese a ir desarmado y haber obedecido las órdenes de la policía, uno de los agentes le disparó dos veces en las piernas. A continuación, los agentes lo esposaron mientras yacía herido en el suelo y se lo llevaron. Ese mismo día, sus familiares se enteraron de que, a su llegada a un hospital local, Nicolás Disla había sido declarado muerto, con heridas de bala en el estómago y en las piernas. Dos días después, durante el funeral, uno de los agentes presuntamente responsables del homicidio trató de disparar contra un hermano de la víctima, Juan Carlos Disla. Al finalizar el año seguía en marcha todavía una investigación judicial sobre el caso.

La policía hizo uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes que protestaban por la falta de acceso a agua no contaminada, las deficiencias en materia de infraestructuras y los frecuentes cortes del suministro eléctrico.

  • El 16 de julio, Miguel Ángel Encarnación, de 13 años, murió por heridas de bala durante una manifestación celebrada en Capotillo, un barrio de Santo Domingo. Según la policía, los disparos los habían efectuado personas sin identificar. Posteriormente, sin embargo, una comisión de investigación confirmó las declaraciones de algunos testigos oculares según las cuales el autor de los disparos había sido un agente de policía. El agente seguía sometido a investigación al finalizar el año.

Discriminación: personas migrantes haitianas y dominicanas de origen haitiano

Acceso a la nacionalidad

Se siguieron anulando los documentos de identidad de millares de dominicanos en virtud de una directiva emitida en marzo de 2007 por la Junta Central Electoral de la República Dominicana. La gran mayoría de los dominicanos afectados por esta medida eran de origen haitiano. La negativa a expedir documentos de identidad comportaba la negación del acceso a la educación y los servicios de salud y del derecho a votar y trabajar. Las personas indocumentadas corrían el riesgo de que las detuvieran de forma arbitraria y las expulsasen en masa, sin acceso a revisión judicial.

Expulsiones

Muchas expulsiones de migrantes haitianos incumplieron las normas internacionales de derechos humanos.

  • El 4 de octubre, 25 campesinos haitianos que asistían en Montecristi a una sesión de formación sobre los derechos laborales de los trabajadores migrantes fueron detenidos por soldados y devueltos a Haití a la mañana siguiente. No se les dio la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención, apelar contra la decisión, recoger sus efectos personales ni cobrar los sueldos que se les adeudaban.

Linchamientos

Se recibieron numerosos informes sobre agresiones de multitudes a migrantes haitianos, al parecer en represalia por homicidios de ciudadanos dominicanos u otros delitos atribuidos a haitianos. Las autoridades no tomaron medidas para combatir el racismo y la xenofobia.

  • El 2 de mayo, un grupo de personas decapitó al ciudadano haitiano Carlos Nerilus al atribuirle el asesinato de un dominicano cometido el día anterior en Santo Domingo.

Violencia contra mujeres y niñas

Según la Procuraduría General, el número de mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja entre enero y agosto de 2009 disminuyó un 31 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, organizaciones de mujeres señalaron que una inadecuada recopilación de datos podría estar ocultando la verdadera magnitud del problema.

La violencia sexual siguió siendo un fenómeno generalizado, y las niñas eran quienes corrían un peligro mayor. En julio, por ejemplo, la Fiscalía de Santo Domingo reveló que, por término medio, el 90 por ciento de las denuncias por violencia sexual estaban relacionadas con niñas menores de 18 años.

Derechos sexuales y reproductivos

La reforma de la Constitución comportó la introducción del principio de la inviolabilidad de la vida desde “la concepción a la muerte”. Organizaciones de mujeres, la profesión médica y otros sectores de la sociedad civil se mostraron muy preocupados por la posibilidad de que se negara a las mujeres y las niñas el derecho a la vida al limitarse severamente el acceso a un aborto sin riesgos en casos de complicaciones graves para la salud de la madre. Existía también el temor de que se restringiera el alcance de la despenalización del aborto en los casos en que el embarazo fuera consecuencia de una violación o un incesto.

Informes y visitas de Amnistía Internacional