República Centroafricana - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Centroafricana

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Central African Republic is now live »

Jefe del Estado
François Bozizé
Jefe del gobierno
Faustin Archange Touadéra
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
4,4 millones
Esperanza de vida
46,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
196/163 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
48,6 por ciento

Seguía habiendo decenas de miles de personas desplazadas dentro del país y más de 130.000 refugiadas en países vecinos a causa del conflicto armado. Decenas de civiles fueron víctimas de homicidio ilegítimo o sufrieron heridas a manos de combatientes. Los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos gozaban de impunidad. La Corte Penal Internacional hizo avances en la preparación del juicio de Jean-Pierre Bemba. Se torturó a personas acusadas de brujería.

Información general

A pesar del Diálogo Global Nacional celebrado en diciembre de 2008 para poner fin al conflicto, en el norte y el este del país continuaron los combates. Un elemento nuevo fue la participación de miembros de grupos étnicos rivales en algunos de los enfrentamientos armados, que causaron decenas de muertes de civiles y el desplazamiento de miles de personas. Gran parte de la violencia entre comunidades tuvo lugar en el noroeste del país.

Unidades de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, apoyadas por miembros de las Fuerzas Armadas Centroafricanas, llevaron a cabo operaciones contra miembros del grupo armado ugandés Ejército de Resistencia del Señor en el este de la República Centroafricana. Informaron de que habían capturado o matado a varios jefes militares del grupo y liberado a civiles que éste había secuestrado.

En julio, el gobierno firmó en Sirte, Libia, un nuevo acuerdo de paz con el líder del Frente Democrático para el Pueblo Centroafricano, pero esta iniciativa no puso fin a las hostilidades entre ambas partes.

Los grandes grupos armados se negaron a seguir la recomendación del Diálogo Global Nacional de desarmar, desmovilizar y reintegrar a sus combatientes. Algunos de ellos, como la Unión de Fuerzas Democráticas para la Agrupación y la Alianza Popular para la Restauración de la Democracia, condicionaron su cooperación con el programa del Diálogo Global Nacional al desarme de las milicias étnicas y los grupos armados chadianos en el norte de la República Centroafricana.

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), anunció en julio que había ayudado a desmovilizar a unos 180 niños de entre 10 y 17 años pertenecientes a la Alianza Popular para la Restauración de la Democracia en la provincia de Ouham-Pende. Ese mismo mes, la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, organizó un taller de derechos humanos para miembros de este grupo, fuerzas del gobierno y una fuerza regional para el mantenimiento de la paz.

Se tomaron varias medidas para preparar las elecciones generales de 2010. En junio, la Asamblea Nacional aprobó una ley electoral. En agosto, el presidente François Bozizé dictó un decreto por el que se establecía una comisión electoral independiente encargada de preparar, organizar y supervisar las elecciones municipales, regionales, legislativas y presidenciales.

Operaciones de mantenimiento de la paz

En marzo, la fuerza militar de la Unión Europea (EUFOR) desplegada en Chad y en el norte de la República Centroafricana fue sustituida por un componente militar de la Misión de la ONU en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT) que el Consejo de Seguridad de la ONU había autorizado en enero. Continuaron desplegados, bajo el mando de la MINURCAT, unos 2.000 miembros de la EUFOR para hacer labores de mantenimiento de la paz mientras otros países africanos y de otras regiones ocupaban sus puestos. Sin embargo, al final del año no se habían conseguido los 5.225 efectivos de la MINURCAT autorizados, y los países europeos continuaban retirando sus tropas.

La Misión para la Consolidación de la Paz en África Central (MICOPAX), apoyada por la Comunidad Económica de los Estados del África Central, continuó en la República Centroafricana. La presencia de la MINURCAT y la MICOPAX no sirvió apenas para proteger a los civiles que se hallaban en situación de riesgo en el norte y el este del país, decenas de los cuales murieron a manos de soldados del gobierno y combatientes de los grupos armados. Casi 20.000 personas huyeron a los vecinos Chad y Camerún, y más de 100.000 se vieron desplazadas dentro del país.

Justicia internacional: Jean-Pierre Bemba

Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de la República Democrática del Congo y líder de un grupo armado, continuó bajo custodia de la Corte Penal Internacional en espera de juicio por delitos cometidos presuntamente por su grupo armado en la República Centroafricana en 2002 y 2003. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte autorizó que fuera puesto en libertad en espera del juicio si había algún país dispuesto a acogerlo. Esta decisión suscitó protestas de la Fiscalía de la Corte y de los abogados que representaban a las víctimas. Sin embargo, ningún país se ofreció a acoger a Jean-Pierre Bemba. Posteriormente, la Sala de Apelaciones ordenó que continuara bajo custodia en espera del juicio, que debía comenzar en abril de 2010.

Abusos cometidos por las fuerzas del gobierno y por grupos armados

Las fuerzas del gobierno y los grupos armados mataron e hirieron a civiles en partes de la República Centroafricana afectadas por el conflicto armado. La mayoría de los homicidios cometidos por grupos armados de la República Centroafricana se registraron en las provincias de Ouham, Ouham-Pende, Vakaga, Nana-Gribizi y Bamingui-Bangoran. La situación de inseguridad generalizada de la región hacía que a las organizaciones de derechos humanos y humanitarias les resultara muy difícil determinar el número de personas muertas o heridas. Algunas de las víctimas fueron atacadas por ser sospechosas de apoyar a grupos rivales; otras, por criticar a partes en el conflicto.

  • Según informes, en abril miembros de la Alianza Popular para la Restauración de la Democracia mataron en Paoua a Soule Garga, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos Centroafricanos.
  • En junio fue víctima de homicidio en la ciudad de Birao un trabajador local del Comité Internacional de la Cruz Roja, presuntamente a manos de miembros de un grupo armado no especificado.

Los combatientes del Ejército de Resistencia del Señor mataron a varios civiles y secuestraron a muchos otros en el este del país. El grupo atacó reiteradamente zonas de la localidad de Obo y sus alrededores durante el año.

  • En abril, el Ejército de Resistencia del Señor mató a dos empleados locales de la organización humanitaria italiana Cooperazione Internazionale (COOPI). En el mismo ataque sufrieron heridas de bala otros dos empleados de la organización.

Impunidad

Las fuerzas del gobierno, en particular las que pertenecían a la Guardia Presidencial, continuaron cometiendo graves violaciones de derechos humanos con impunidad. Un mando de la Guardia Presidencial que, según informes, había matado y torturado con impunidad en años anteriores perpetró nuevas violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, según informes, en marzo ordenó propinar una fuerte paliza a Daniel Sama, comisario de policía, en la capital, Bangui, y participó en ella. De acuerdo con los informes, la víctima, que murió horas después a causa de las lesiones sufridas, recibió la paliza por estar en posesión de una pistola, a pesar de que ésta le había sido entregada legalmente. Aunque se informó ampliamente del incidente y un ministro del gobierno dijo que se iba a abrir una investigación, no se tuvo noticia de que se tomara ninguna medida.

Abusos contra personas sospechosas de brujería

Seguía estando muy extendida la creencia de que algunas personas podían ser responsables de las desgracias que aquejaban a otras, e incluso de su muerte. Las personas acusadas de brujería solían ser sometidas a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso ser víctimas de homicidio. Las autoridades y los miembros de las fuerzas de seguridad aprobaban las acusaciones y los malos tratos y no hacían nada para proteger a las víctimas y llevar a los responsables de los abusos ante la justicia.

  • En julio, un funcionario de prisiones de la localidad de Mobaye, provincia de Basse-Kotto, que acusaba a una niña de 15 años de haber utilizado brujería para causar la muerte de su esposa, ordenó a unas personas que se encontraban detenidas que arrojaran a la niña queroseno en los brazos y le prendieran fuego. La víctima sufrió graves quemaduras. Había sido detenida en diciembre de 2008, acusada de causar la muerte de un niño de 12 años que se había ahogado. En el momento de su detención, un grupo de personas la habían golpeado para obligarla a denunciar a sus presuntos cómplices, a los que acusaban de haberse transformado en unas serpientes que habían ahogado al niño. Sometida a tortura, la niña, al parecer, denunció a dos de sus presuntos cómplices, a quienes también se detuvo.
  • En septiembre, el Tribunal Superior de Bangui declaró culpables de brujería y charlatanería a cuatro personas, incluidos dos niños de 10 y 13 años. Uno de los adultos juzgados había desmentido haber participado, como había denunciado su hija, en brujería.