Nepal - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Federal Democrática de Nepal

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Nepal is now live »

Jefe del Estado
Ram Baran Yadav
Jefe del gobierno
Madhav Kumar Nepal (sustituyó a Pushpa Kamal Dahal en mayo)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
29,3 millones
Esperanza de vida
66,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
52/55 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
56,5 por ciento

Defensores y defensoras de los derechos humanos nepalíes informaron de centenares de homicidios y secuestros cometidos por fuerzas estatales y grupos armados. Aumentó la inseguridad pública debido a las acciones violentas contra la población civil llevadas a cabo por un número creciente de grupos armados. La policía hizo uso excesivo e innecesario de la fuerza para dispersar manifestaciones políticas o de reivindicación de derechos. Se recibieron numerosos informes de torturas infligidas a personas detenidas.

Información general

Siguieron sin cumplirse los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo General de Paz de 2006 firmado para hacer respetar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en Nepal. Las disensiones políticas y la proliferación de grupos armados amenazaban el proceso de paz. El gobierno del Partido Comunista de Nepal (Maoísta), encabezado por el primer ministro Pushpa Kamal Dahal, cayó en mayo y fue sustituido por una coalición de gobierno liderada por Madhav Kumar Nepal. Seguidores del partido maoísta organizaron protestas y huelgas generales, incluido un bloqueo del Parlamento. Los intentos de redactar una nueva Constitución apenas avanzaron. A pesar del apoyo expreso del gobierno al Proyecto de Principios de la ONU sobre la eliminación de la discriminación basada en el empleo y la ascendencia (que abordaba las desigualdades motivadas por la casta), persistía la impunidad por la discriminación contra las mujeres y los dalits.

Justicia transicional

Las iniciativas para la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación se estancaron. Nepalíes críticos con el anteproyecto de ley de creación de la Comisión, pendiente desde 2007, señalaron diversas deficiencias, como la insuficiente protección que brindaba a los testigos, su falta de independencia frente a la influencia política y la propuesta de facultarla para recomendar la concesión de amnistías a responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Desapariciones forzadas

Las dos partes en el conflicto que finalizó en 2006 fueron responsables de desapariciones forzadas. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, al finalizar el año se desconocía el paradero de más de 1.300 personas. El anteproyecto de ley que tipificaba como delito la desaparición forzada se paralizó en junio; tampoco se creó la Comisión de Investigación sobre Desapariciones. El anteproyecto de ley propuesto no utilizaba una definición de desaparición forzada conforme al derecho internacional ni reconocía la desaparición forzada como un posible crimen de lesa humanidad. El 30 de agosto, Amnistía Internacional hizo público un memorando conjunto con ocho destacadas organizaciones nepalíes e internacionales en el que pedía mejoras para adecuar el anteproyecto de ley a las normas internacionales.

Impunidad

Los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto continuaban gozando de impunidad; no se había juzgado ningún caso ante un tribunal civil. Supervivientes de violaciones de derechos humanos informaron de que la policía se negaba a tramitar denuncias e investigar casos. Las autoridades no acataron órdenes dictadas por los tribunales para detener a militares acusados de violaciones de derechos humanos.

  • En diciembre, el gobierno ascendió a un militar de alto rango implicado en violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto, como torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó especial preocupación por este hecho y su oposición a que lo ascendieran sin llevar a cabo una investigación.

Abusos de la policía

La policía continuó haciendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza para sofocar manifestaciones, golpeando a los manifestantes con lathis (largos palos de madera) y con las culatas de sus armas. Se recibieron informes de tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas y de homicidios de sospechosos de pertenecer a grupos armados que murieron en falsos “enfrentamientos”.

Abusos cometidos por grupos armados

En la región nepalí de Terai actuaban más de un centenar de grupos armados que cometieron abusos contra los derechos humanos, como secuestros de miembros de la comunidad pahadi (los habitantes de origen montañés) y atentados con explosivos en lugares públicos.

  • El 9 de abril, la policía mató a tiros a Parasuram Kori cuando miembros del grupo armado izquierdista Terai Janatantrik Mukti Morcha (JMMT-J), radicado en Terai, dispararon contra una patrulla policial. La madre de la víctima afirmó que el JMMT-J había secuestrado a su hijo y a otros dos hombres tres días antes.

La Liga de Juventudes Comunistas, el ala de las juventudes del PCN-Maoísta, también fue responsable de homicidios, ataques y secuestros.

Niños y niñas soldados

Más de 2.500 ex niños y niñas soldados continuaban en acantonamientos (zonas militares en las que el PCN-Maoísta había accedido a acuartelarse en virtud del Acuerdo General de Paz). En julio, el gobierno anunció planes para dejarlos en libertad, al igual que a más de 1.000 “reclutas ilegales” enrolados después de 2006. Estaba previsto que el proceso finalizase en noviembre, pero las dos partes no llegaron a un acuerdo sobre el plan de liberación y rehabilitación. Al final del año no había comenzado la liberación de los ex soldados, pero se anunció para principios de enero de 2010.

Tortura y otros malos tratos

La legislación nacional que establecía salvaguardas contra la tortura no se ajustaba a las normas internacionales y su aplicación continuaba siendo insuficiente.

  • En julio, la policía torturó a Bhakta Rai y Sushan Limbu tras la detención de este último por un delito menor en Urlabari, al sureste de Nepal. La policía los golpeó en una celda de la cárcel, les quitó la ropa en la calle hasta dejarlos en ropa interior y los obligó a arrastrarse sobre las rodillas y los codos en un suelo pedregoso. Los dos hombres sufrieron lesiones graves. Después de una petición por vía judicial que se resolvió a su favor, se les permitió acceder a abogados y se les ofreció tratamiento médico, pero no se suspendió de empleo a los agentes que participaron en las torturas ni se inició una investigación.

Violencia contra mujeres y niñas

Las defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de amenazas, ataques y homicidios. Continuó habiendo casos de violencia sexual y muerte a causa de la dote. Las deficiencias legislativas y la insuficiente actuación policial dificultaban los procesamientos por violencia intrafamiliar y sexual. La policía se negó a tramitar casos de violencia contra las mujeres o a proporcionar a defensoras de los derechos humanos información sobre el estado de las investigaciones.

  • Uma Singh, periodista de Radio Today FM y miembro de la Red de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, fue atacada el 11 de enero por un grupo de hombres armados. Sufrió graves mutilaciones y murió cuando la trasladaban a un hospital de Katmandú.

En agosto, Amnistía Internacional lanzó una acción en la que pedía al primer ministro que garantizase la rendición de cuentas en el caso de Maina Sunuwar, una muchacha de 15 años torturada hasta la muerte por miembros de las fuerzas armadas nepalíes en febrero de 2004. En diciembre, uno de los acusados, el comandante Niranjan Basnet, fue expulsado de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU y repatriado a Nepal. Amnistía Internacional instó al ejército nepalí a que entregara a Niranjan Basnet a las autoridades civiles.

Novedades jurídicas e institucionales

El gobierno paralizó la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a pesar del compromiso del entonces ministro de Asuntos Exteriores de Nepal. En julio, Amnistía Internacional presentó más de 13.000 cartas de apelación a la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Sujata Koirala, en las que se pedía que el gobierno siguiese adelante con la ratificación. La ministra accedió a iniciar el proceso, pero al finalizar el año no se habían registrado avances en este sentido.