Información general

En junio, el Partido Autenticidad y Modernidad, fundado por Fouad Ali el Himma, ganó la mayoría de las concejalías en las elecciones municipales, seguido por el Partido de la Independencia (Istiqlal), del primer ministro Abás el Fasi. En julio se condenó a una figura de la oposición política a 2 años de prisión y, a otras cuatro y a un periodista, a entre 20 y 25 años, en una causa muy politizada, conocida como “asunto Belliraj”, empañada por denuncias de tortura e irregularidades de procedimiento.

Continuaron en punto muerto las negociaciones sobre el estatus del Sáhara Occidental entabladas entre Marruecos y el Frente Polisario, que propugnaba la creación de un Estado independiente en el territorio y mantenía un gobierno autoproclamado en el exilio en campos de refugiados del suroeste de Argelia. El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó hasta el 30 de abril de 2010 el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental, sin prever en él labores de observación de la situación de los derechos humanos.

Libertad de expresión

Persistió la intolerancia de las autoridades con respecto a la expresión de opiniones o difusión de información consideradas ofensivas para la monarquía. Se secuestraron o suprimieron ediciones de publicaciones nacionales e internacionales con encuestas de opinión, artículos o viñetas sobre la familia real, y en algunos casos se cerró la publicación. Se procesó también a periodistas en aplicación de diversas disposiciones del Código Penal y la Ley de Prensa que permitían penar con la cárcel el ejercicio pacífico de la libertad de expresión.

• Khaled Gheddar y Tawfik Bouashrin, caricaturista y director, respectivamente, del periódico Akhbar al Youm, fueron condenados a cuatro años de prisión condicional el 30 de octubre por publicar una viñeta en la que se mostraba al príncipe Moulay Ismail, primo del rey, con la bandera marroquí de fondo. Tuvieron que pagar también cuantiosas multas y daños y perjuicios por falta de respeto a la bandera nacional y ofensas a un miembro de la familia real. En diciembre se confirmaron las condenas en apelación. El príncipe eximió a los dos hombres de pagar daños y perjuicios después de que se disculpasen. El periódico se cerró por orden de las autoridades, pero volvió a abrir con otro nombre.

Se entablaron acciones judiciales contra diversas publicaciones que habían hecho comentarios sobre la salud el rey.

• El 15 de octubre, Idriss Chahtane, editor del semanario Almichaal, fue condenado a un año de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Rabat por publicar información falsa con “mala intención”. En noviembre se cerró el semanario después de que se confirmase la condena en apelación.

Se procesó a defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas por denunciar casos de corrupción y criticar a las autoridades.

• El defensor de los derechos humanos Chekib el Khiari fue condenado el 24 de junio a tres años de prisión y a pagar una cuantiosa multa por menoscabar o insultar a instituciones públicas e infringir un reglamento económico. El Tribunal de Apelación de Casablanca confirmó la sentencia el 24 de noviembre. Chekib el Khiari había denunciado públicamente la implicación de altos cargos en operaciones de narcotráfico. Al finalizar el año seguía en prisión.

Represión de la disidencia

Activistas saharauis

Las autoridades intensificaron las restricciones impuestas a quienes propugnaban la autodeterminación del Sáhara Occidental. Se siguió sometiendo a defensores de los derechos humanos, activistas y otros miembros del pueblo saharaui a actos de hostigamiento –como estrecha vigilancia, amenazas y agresiones de agentes de seguridad, y procesamiento por motivos políticos–, aparentemente para disuadirlos de expresar sus opiniones y documentar violaciones de derechos humanos o castigarlos por ello.

• Siete activistas saharauis que habían ido a Argelia a visitar los campos del Frente Polisario en Tinduf fueron detenidos a su regreso a Marruecos el 8 de octubre y remitidos al tribunal militar de Rabat para su enjuiciamiento. Entre ellos se encontraban los defensores de los derechos humanos Brahim Dahane y Ali Salem Tamek, y una mujer que había estado sometida a desaparición forzada, Dakja Lashgar. Los acusaron de amenazar la seguridad del Estado, incluida la “integridad territorial” de Marruecos. A final de año continuaban detenidos en espera de juicio.
• El 27 de agosto, Ennaâma Asfari, copresidente del Comité para el Respeto de las Libertades y de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, que vivía en Francia, fue condenado a cuatro meses de prisión y a pagar una multa por “desacato” a funcionarios públicos de servicio. Otro hombre acusado junto con él, Ali el Rubia, fue condenado a prisión condicional y a una multa. Ambos afirmaban haber sido agredidos por la policía durante su detención, el 14 de agosto.
• El 14 de noviembre, a su vuelta a El Aaiún desde el extranjero, la defensora de los derechos humanos Aminatu Haidar fue expulsada del aeropuerto y enviada a las Islas Canarias por renunciar presuntamente a su ciudadanía. Se le permitió regresar el 17 de diciembre, tras haber pasado más de un mes en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote para protestar por su expulsión.

Las autoridades restringieron la libertad de circulación de activistas y defensores de los derechos humanos saharauis, impidiéndoles asistir como observadores a juicios, documentar violaciones de derechos humanos y reunirse con extranjeros. A algunos les prohibieron viajar al extranjero y les confiscaron sus documentos de identidad y de viaje.

• En octubre, las autoridades impidieron a cinco activistas saharauis viajar a Mauritania y confiscaron sus documentos identificativos y de viaje sin ofrecerles ninguna explicación de la prohibición de viajar.

Se procesó a decenas de saharauis acusados de conducta violenta en relación con manifestaciones celebradas en 2009 o en años anteriores. Según informes, los procedimientos judiciales no cumplieron las normas internacionales sobre juicios justos. Algunos saharauis que propugnaban la independencia del Sáhara Occidental sufrieron hostigamiento y palizas a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Miembros de Justicia y Caridad

Los miembros de Justicia y Caridad continuaron sufriendo hostigamiento. La portavoz del grupo, Nadia Yassine, estaba en espera de juicio desde 2005 por presunta difamación de la monarquía. Su juicio se aplazó nuevamente, en esta ocasión hasta enero de 2010.

• En febrero, las fuerzas de seguridad agredieron a Hakima Moaadab Aloui, miembro de Justicia y Caridad, al irrumpir en la oficina en Témara de la Asociación Tanwir, entre cuyos miembros había activistas de Justicia y Caridad. En diciembre, la Fiscalía General decidió que no había suficientes pruebas para presentar cargos contra un funcionario a quien Hakima Moaadab Aloui había acusado de haberla golpeado.

Seguridad y medidas antiterroristas

En septiembre, la agencia oficial de noticias informó de que se había desmantelado una red “terrorista” y detenido a 24 personas. Según informes, algunas de ellas fueron detenidas por agentes de la Dirección de Vigilancia del Territorio, fuerza de seguridad implicada en torturas y otros malos tratos a detenidos en años anteriores. Algunas de las personas detenidas pasaron semanas recluidas en régimen de incomunicación, y en varios casos no se informó oficialmente a sus familias de su detención ni de su paradero.

• El 4 de febrero, un tribunal de apelación de Rabat confirmó la condena de 10 años de prisión impuesta a Said Boujaadia, detenido de Guantánamo a quien las autoridades estadounidenses habían devuelto a Marruecos en mayo de 2008. Sus abogados se retiraron del caso en señal de protesta por las irregularidades que, en su opinión, se habían producido en el juicio. Uno de ellos, Tawfik Moussaef, fue sometido a un procedimiento disciplinario por haber denunciado violaciones de derechos humanos cometidas contra presuntos terroristas detenidos. En abril, el Tribunal Supremo confirmó un fallo judicial previo, según el cual el letrado había infringido las normas de la abogacía.
• No se tuvo noticia de que las autoridades marroquíes hubieran tomado medidas para investigar las denuncias formuladas por Binyam Mohamed, quien había salido en libertad de Guantánamo en febrero y aseguraba haber sido torturado en Marruecos, donde había estado detenido en secreto entre julio de 2002 y enero de 2004.

Centenares de presos islamistas condenados tras los atentados con explosivos de Casablanca de 2003 pidieron su excarcelación o la revisión judicial de sus casos, y algunos se declararon en huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento y sus condiciones de reclusión. Muchos habían sido declarados culpables con arreglo a “confesiones” obtenidas, según informes, con tortura.

Derechos de las personas migrantes

Las autoridades continuaron deteniendo y expulsando a ciudadanos extranjeros sospechosos de ser migrantes irregulares, a menudo sin considerar sus necesidades individuales de protección ni permitirles impugnar su expulsión. Según informes, algunas de estas personas fueron agredidas y maltratadas en el momento de su detención, después de ella o al ser expulsadas, y en algunos casos fueron abandonadas a su suerte en la frontera con Argelia o Mauritania sin comida ni agua suficientes.

• Un migrante de 29 años, procedente de Camerún, murió el 1 de enero por disparos de agentes de seguridad marroquíes cuando un grupo de unos 50 migrantes intentaban llegar a la valla entre Marruecos y el enclave español de Melilla. Otras 14 personas que iban también en ese grupo fueron detenidas, golpeadas y, finalmente, abandonadas a su suerte en la frontera argelina, cerca de la localidad de Uyda. No se tuvo noticia de ninguna investigación sobre estos hechos.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Aunque Marruecos era Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, las autoridades no dispensaban tarjetas de residencia ni otros documentos necesarios a las personas reconocidas como refugiados por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. El 15 de junio, un grupo de refugiados organizaron una sentada ante la oficina del ACNUR en Rabat para protestar por sus condiciones y pedir su reasentamiento en otros países. Dos semanas después se produjeron enfrentamientos entre la policía y refugiados al negarse éstos a dispersarse. Cinco refugiados fueron detenidos, declarados culpables de conducta violenta y condenados a un mes de prisión y al pago de una multa. Quedaron absueltos del cargo de estancia irregular en el país. Según informes, en el momento de su detención los golpearon.

Libertad de religión

Las autoridades impidieron a miembros del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales romper públicamente el ayuno del ramadán el 13 de septiembre en Mohammadia. Según informes, se detuvo o se llamó para interrogarlos al menos a seis miembros del grupo, pero no se presentaron cargos contra ninguno. La Fiscalía General de Rabat prohibió viajar al extranjero a dos organizadoras del grupo, Ibtissame Lashgar y Zineb el Razoui.

Según informes, en marzo, tras acusar las autoridades a unos diplomáticos iraníes de Rabat de realizar actividades contrarias a los “fundamentos religiosos” de Marruecos, se interrogó a varios presuntos musulmanes chiíes, se confiscaron documentos chiíes y se cerró una escuela para niños iraquíes.

Justicia transicional

Siguió sin publicarse una lista de casos de desaparición forzada investigados por la Comisión de Equidad y Reconciliación. Establecida para examinar las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999, la Comisión había terminado su trabajo en noviembre de 2005, y la lista tenía que haber sido publicada por un nuevo órgano encargado de continuarlo, el Consejo Consultivo de Derechos Humanos. En septiembre, éste dijo que las familias de 17.012 supervivientes y víctimas habían recibido una indemnización gracias a las decisiones de la Comisión, y que se habían dispensado tarjetas de salud a 2.886 personas. Sin embargo, continuaba negándose a las víctimas y supervivientes acceso efectivo a la justicia, y los autores de las violaciones de derechos humanos no habían rendido aún cuentas. En junio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó Marruecos. El 20 de agosto, el rey pidió una reforma judicial, tal como había recomendado la Comisión, pero no se aplicó ninguna medida para llevarla a cabo.

Campos del Frente Polisario

No se tuvo noticia de que el Frente Polisario hubiera tomado medidas para abordar la impunidad de los acusados de cometer abusos contra los derechos humanos en los campos en las décadas de 1970 y 1980.

Informes y visitas de Amnistía Internacional