Malaisia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Malaisia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Malaysia is now live »

Jefe del Estado
Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin
Jefe del gobierno
Najib Tun Razak (sustituyó a Abdulá Ahmad Badawi en abril)
Pena de muerte
retencionista
Población
27,5 millones
Esperanza de vida
74,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
12/10 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
91,9 por ciento

Se restringió la libertad de expresión, se procesó a autores y autoras de blogs y a menudo se detuvo a manifestantes pacíficos. Al menos dos personas murieron bajo custodia policial. Trabajadores y trabajadoras migrantes y personas refugiadas y solicitantes de asilo fueron objeto de detención, reclusión y malos tratos en campos de detención. Malaisia rechazó las recomendaciones formuladas en virtud del examen periódico universal para que garantizase el derecho de reunión pacífica y ratificase la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Migrantes.

Información general

Najib Tun Razak se convirtió en primer ministro en abril. Aumentaron las tensiones políticas en el estado de Perak, situado al norte de la capital, Kuala Lumpur, tras la defección de tres integrantes del partido de la oposición Alianza Popular, que anteriormente controlaba el estado. En febrero, tras una reunión con el primer ministro, el sultán de Perak ordenó al ministro principal, de la Alianza Popular, que presentase su dimisión. En mayo, durante una reunión de la asamblea estatal en la que estaba previsto el nombramiento de Zambry Abdul Kadir, representante del Frente Nacional –el partido del gobierno– como nuevo ministro principal, agentes de policía desalojaron por la fuerza al portavoz de la oposición V. Sivakumar. Decenas de personas fueron detenidas brevemente antes y después de la sesión de la asamblea.

Libertad de expresión

Se restringió gravemente la libertad de expresión, al recurrir las autoridades a diversas leyes, como la Ley sobre Comunicaciones y Multimedia de 1998, para silenciar las opiniones críticas.

  • El portal de noticias independiente Malaysiakini informó sobre dos vídeos, que también colgó en su sitio web, de las protestas de musulmanes en agosto contra el traslado de un templo hindú a su barrio. El organismo gubernamental que regulaba el uso de Internet ordenó a Malaysiakini que retirase los vídeos alegando que su contenido era ofensivo, y amenazó con procesar a los responsables del portal en aplicación de la Ley sobre Comunicaciones y Multimedia. Aún no se habían presentado cargos contra ellos.
  • Tras la represión de autores de blogs ejercida en marzo en todo el país, ocho de ellos se enfrentaban a multas y penas de cárcel tras ser acusados en virtud de la Ley sobre Comunicaciones y Multimedia por publicar comentarios críticos con el sultán de Perak relacionados con la crisis política de ese estado. Karpal Singh, parlamentario de la oposición, fue imputado en virtud de la Ley de Sedición por amenazar con demandar al sultán, al que acusó de violar la Constitución del estado. El autor de un blog se declaró culpable, y el resto de los casos continuaban pendientes. Todos quedaron en libertad bajo fianza.
  • Mohamad Asri Zainul Abidin, dirigente religioso, fue acusado en noviembre en virtud del Decreto de Administración Islámica de Selangor por pronunciar un discurso religioso sin autorización del gobierno. Quedó en libertad bajo fianza pendiente de juicio. De ser declarado culpable, podrían condenarlo a dos años de cárcel, a una multa de hasta 3.000 ringgits malaisios (873 dólares estadounidenses) o a ambas penas.
  • En octubre se presentaron varios informes policiales contra Sisters in Islam, una organización de defensa de los derechos de las mujeres que había criticado la imposición de azotes con vara como pena para los musulmanes. Al menos dos de sus dirigentes fueron interrogadas por la policía en aplicación de la Ley de Sedición.

Detención y reclusión arbitrarias

En un intento de reprimir la disidencia, las autoridades arrestaron a centenares de manifestantes pacíficos que permanecieron detenidos hasta 24 horas. Cinco presos de conciencia –dirigentes de la Fuerza de Acción Hindú por los Derechos Humanos encarcelados con arreglo a la Ley de Seguridad Interna– quedaron en libertad, al igual que otros 10 hombres recluidos en virtud de la misma ley. Según informes, nueve personas continuaban detenidas en aplicación de la Ley de Seguridad Interna.

  • Wong Chin Huat fue detenido en mayo en aplicación de la Ley de Sedición tras pedir que se protestase contra el gobierno por la crisis de Perak. Ese mismo mes, Mohamad Sabu, vicepresidente del opositor Partido Islámico Pan-Malaisio, y al menos otras 14 personas, así como cinco abogados que las representaban, fueron detenidos por organizar protestas o participar en ellas en relación con la crisis de Perak. Todos quedaron en libertad tras permanecer detenidos toda la noche.
  • En agosto, casi 600 personas fueron detenidas brevemente tras una manifestación contra la Ley de Seguridad Interna; 63 estuvieron detenidas toda la noche, incluido el vicepresidente de la Alianza Popular, Sivarasa Rasiah.
  • En septiembre, 16 integrantes de la Fuerza de Acción Hindú por los Derechos Humanos, entre las que se encontraba P. Uthayakumar, detenido anteriormente en aplicación de la Ley de Seguridad Interna, fueron detenidos brevemente cuando intentaban celebrar una vigilia con velas en Kuala Lumpur.

Muertes bajo custodia

  • Se descubrieron numerosas marcas de tortura en el cadáver de Kugan Ananthan, muerto bajo custodia policial en enero. En octubre, un agente de policía fue acusado de causarle lesiones graves.
  • En julio, Teoh Beng Hock, secretario político de un dirigente de la oposición, murió tras precipitarse desde uno de los pisos superiores de la sede de la Comisión Malaisia Anticorrupción en Selangor. La policía lo había trasladado allí la noche anterior para interrogarlo como testigo de una investigación sobre uso indebido de fondos estatales por parte del gobierno estatal de la oposición. Estaba en curso una investigación sobre la muerte.

Violencia contra mujeres y niñas

Las denuncias de abusos sexuales, incluidas violaciones, de mujeres y niñas de etnia penan por parte de trabajadores de empresas madereras en la localidad de Baram, en el estado de Sarawak, constituyeron la base del informe que publicó en septiembre el grupo especial creado por el gobierno para investigar esta cuestión. El informe confirmó que mujeres y niñas de tan sólo 10 años habían sido violadas por empleados de las madereras. Sin embargo, las autoridades estatales negaron la participación de empleados de las empresas en las violaciones y la policía no llevó a cabo nuevas investigaciones.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

Se siguieron imponiendo azotes con vara como castigo para numerosos delitos.

  • En junio, el gobierno anunció que, desde 2002, 47.914 personas migrantes habían sido condenadas a penas de azotes con vara por delitos relacionados con la inmigración, y que en 2008 se había aplicado esta pena en 34.923 ocasiones.
  • En julio, el Tribunal Superior de la Ley Islámica del estado de Pahang condenó a Kartika Dewi a recibir seis golpes con vara y a pagar una multa por consumir bebidas alcohólicas. En septiembre, Nazarudin Kamaruddin fue condenado a recibir seis golpes con vara y a un año de cárcel por beber alcohol. El tribunal islámico del estado de Selangor condenó a Mohamad Shahrin y Nadiah Hussin a seis golpes con vara por intentar mantener relaciones sexuales prematrimoniales. Todas estas personas eran musulmanas.

Personas refugiadas y migrantes

Las personas migrantes, entre las que había refugiados y solicitantes de asilo, eran a menudo detenidas y recluidas durante largos periodos. El gobierno no hacía distinciones entre trabajadores migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Hasta mayo, el ACNUR había registrado a 49.000 personas en situación de riesgo. El 89 por ciento procedía de Myanmar. Se calculaba que había 45.000 solicitantes de asilo sin registrar.

Las condiciones en los centros de detención continuaban siendo muy inferiores a lo establecido en las normas internacionales. Seguían recibiéndose informes de alimentación insuficiente, nutrición e instalaciones sanitarias deficientes y malos tratos.

  • En mayo, dos birmanos retenidos en el centro de inmigración de Juru murieron por leptospirosis, una infección bacteriana causada por el contacto con agua contaminada por orina animal. En agosto, una persona detenida en el centro de inmigración del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur murió después de contraer una gripe causada por el virus H1N1. En ambas ocasiones se hospitalizó a otras personas retenidas con los afectados.

Pena de muerte

Los tribunales superiores condenaron a muerte a no menos de 68 personas, pero se desconocía el número de ejecuciones llevadas a cabo. Malaisia no aceptó las recomendaciones del examen periódico universal de la ONU para la abolición de la pena de muerte o la suspensión de su uso, y tampoco hizo pública la cifra de ejecuciones llevadas a cabo.

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