Kenia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Kenia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Kenya is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Mwai Kibaki
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
39,8 millones
Esperanza de vida
53,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
112/95 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
73,6 por ciento

Las autoridades mostraron escasa voluntad política para garantizar que los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos durante la violencia postelectoral de 2007-2008 eran puestos a disposición judicial y que las víctimas recibían reparaciones adecuadas. No se abordó la impunidad de los funcionarios de seguridad del Estado que llevaron a cabo homicidios ilegítimos y tortura. Los defensores y defensoras de los derechos humanos hacían frente a riesgos y amenazas considerables. La violencia contra las mujeres y niñas seguía siendo generalizada. Miles de personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares. El presidente conmutó por cadena perpetua las condenas de más de 4.000 presos que llevaban periodos prolongados en espera de ejecución. Los tribunales seguían imponiendo penas de muerte pero no hubo ejecuciones.

Información general

El gobierno introdujo varias medidas recomendadas en los acuerdos alcanzados durante la mediación política –el proceso de Diálogo y Reconciliación Nacional de Kenia– llevada a cabo tras la violencia postelectoral de 2007-2008. En febrero se designó un comité de expertos encargado de dirigir el proceso de redacción y adopción de una nueva Constitución. En noviembre, el comité hizo público un anteproyecto de Constitución para solicitar comentarios públicos. En abril se formó la Comisión Provisional Independiente de Revisión Electoral con el cometido de supervisar las elecciones durante dos años hasta el establecimiento de un organismo electoral permanente. En septiembre, el gobierno designó a los miembros de la Comisión Nacional de Cohesión e Integración, con el mandato establecido por una ley de 2008 de promover la integración nacional. En general, sin embargo, los progresos fueron escasos en la implementación de reformas fundamentales propuestas en virtud de los acuerdos.

Hubo desacuerdos frecuentes en el seno del gobierno y entre los dos partidos políticos principales que formaban el gobierno de coalición, Partido de la Unidad Nacional y Movimiento Democrático Naranja. En consecuencia, se retrasaron reformas muy necesarias en los ámbitos legal, constitucional, agrario, electoral y otros.

Decenas de personas perdieron la vida en actos de violencia, sobre todo en el centro del país, en los que participaron grupos parapoliciales comunitarios armados y miembros del grupo paramilitar Mungiki. La policía no mantuvo de manera efectiva el orden público.

Impunidad: violaciones de derechos humanos después de las elecciones

No se implementaron medidas para garantizar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, cometidas durante la violencia postelectoral de 2007-2008, cuando más de 1.000 personas perdieron la vida.

En febrero, el Parlamento rechazó un proyecto de ley para establecer un tribunal especial encargado de investigar y enjuiciar a presuntos responsables de estos delitos. En julio, el gabinete rechazó la presentación de una nueva redacción del proyecto de ley realizada por el gobierno. En agosto se publicó un proyecto de ley presentado por un parlamentario con la intención de establecer un tribunal especial, y al terminar el año dicho proyecto estaba pendiente de tramitación en el Parlamento.

En julio, el gobierno anunció planes para usar el proceso de verdad, justicia y reconciliación para llevar a cabo “reformas aceleradas de la judicatura, la policía y las instituciones de investigación del gobierno” con el fin de abordar los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la violencia posterior a las elecciones, pero no se indicó calendario alguno.

En julio, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reiteró al gobierno que la responsabilidad principal de las investigaciones y los enjuiciamientos relacionados con delitos que pudieran corresponder a la jurisdicción de la Corte recaía en las autoridades kenianas. Al final del año estaba pendiente una solicitud presentada en noviembre por el fiscal de la Corte Penal Internacional a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para que autorizara una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la violencia posterior a las elecciones.

Policía y fuerzas de seguridad

No se puso a disposición judicial a ningún agente de policía o personal de seguridad por los homicidios ilegítimos y otras violaciones cometidas en el pasado reciente.

En febrero, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias efectuó una visita de investigación a Kenia. Su informe, publicado en mayo, confirmó las violaciones de derechos humanos sistemáticas y generalizadas cometidas por la policía y otro personal de seguridad. El informe documentó homicidios ilegítimos, tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas por la policía durante la violencia postelectoral de 2007-2008, en operaciones de seguridad contra presuntos miembros del proscrito grupo paramilitar Mungiki y durante una operación de seguridad realizada en 2007 en el monte Elgon, en el oeste del país.

En noviembre, un grupo especial formado por el gobierno recomendó la adopción de medidas integrales de reforma policial, incluido el establecimiento de un organismo independiente para la supervisión de la policía con el mandato de investigar y actuar en relación con las denuncias formuladas contra la policía. Sin embargo, no se sabía con certeza cuándo ni cómo se implementarían las recomendaciones.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

A principios de marzo, atacantes desconocidos mataron a Oscar Kingara y Paul Oulu en Nairobi. Los dos trabajaban para la Oscar Foundation, una organización de asistencia letrada gratuita y defensa de los derechos humanos, y habían proporcionado al relator de la ONU, durante su visita, información sobre presuntos homicidios cometidos por la policía. No se tuvo noticia de avances en las investigaciones sobre estos dos homicidios.

Varios activistas de los derechos humanos, incluidos directivos de ONG que trabajaban en Nairobi y activistas locales radicados en la zona del monte Elgon, en el oeste de Kenia, huyeron del país tras ser objeto de amenazas y hostigamiento por parte de la policía y otro personal de seguridad.

Personas internamente desplazadas

Se cerraron la mayor parte de los campos que albergaban a la mayoría de los miles de familias desplazadas durante la violencia posterior a las elecciones. Se calculaba que unas 200.000 personas internamente desplazadas regresaron a sus hogares. En septiembre, el gobierno ordenó el reasentamiento en el plazo de dos semanas de todas las personas internamente desplazadas que residían en los campos y anunció la concesión de ayudas para el reasentamiento. Sin embargo, en octubre miles de desplazados internos seguían estando desplazados en campos de tránsito y otras zonas. La ONU calculaba que 7.249 familias estaban alojadas en 43 campos de tránsito en la provincia del Valle del Rift. Muchas personas internamente desplazadas se quejaron de que no habían recibido ayuda del gobierno para tratar de regresar a sus hogares o reasentarse. Otras dijeron que la ayuda del gobierno era a menudo inadecuada. Cientos de familias desplazadas internamente se quejaron de que se las obligaba a abandonar los campos para regresar a sus lugares de origen pese a temer por su seguridad.

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y niñas seguían siendo víctimas de violencia generalizada por motivos de género y de limitaciones en el acceso a la justicia. En marzo, un estudio de la sección keniana de la Federación Internacional de Mujeres Abogadas documentó que las mujeres y las niñas con discapacidad tenían tres veces más probabilidades de ser víctimas de violencia de género que las demás, y que era improbable que la violencia se denunciara.

Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación

En julio, el gobierno designó a los miembros de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, establecida tras la violencia postelectoral, y el presidente aprobó enmiendas a la ley reguladora de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de 2008 mediante la Ley de Enmienda (Miscelánea) al Derecho Legislado de 2009. La ley de 2009 enmendaba la sección 34 de la ley reguladora de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación para estipular que la Comisión no podría recomendar ninguna amnistía con respecto a genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos. Sin embargo, continuó la preocupación por el hecho de que la ley reguladora de la Comisión no proporcionase protección efectiva a las víctimas y los testigos ni reparaciones adecuadas a las víctimas.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Las autoridades devolvían con creciente frecuencia a solicitantes de asilo a Somalia. El gobierno no revocó formalmente su decisión de enero de 2007 de cerrar la frontera entre Kenia y Somalia, aunque más de 50.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo somalíes lograron entrar en Kenia durante 2009.

Continuó el deterioro de las condiciones humanitarias en el campo de refugiados de Dadaab, que albergaba a la mayoría de los refugiados somalíes; la población del campo era tres veces superior a su capacidad teórica.

Libertad de expresión

En enero entró en vigor la Ley sobre Comunicaciones en Kenia (Enmienda), pese a los temores de que podía propiciar restricciones injustificadas de la libertad de expresión. En julio, otra nueva ley relacionada con los medios de comunicación revocó algunas disposiciones de la ley de enero que concedían al gobierno poder para controlar el contenido de las emisiones de los medios. También estipulaba la creación de un órgano independiente creado por ley con poder para regular los medios de comunicación.

Varios periodistas sufrieron intimidación y amenazas por parte de funcionarios del Estado por la publicación de materiales informativos críticos con las prácticas gubernamentales.

  • En enero, atacantes no identificados mataron a Francis Kainda Nyaruri, periodista por cuenta propia radicado en el sudoeste de Kenia. La prensa local informó de que se creía que su homicidio guardaba relación con los artículos que había escrito sobre la presunta corrupción y otras malas prácticas de la policía local. Según los informes, dos sospechosos fueron detenidos pero no se llevó a cabo enjuiciamiento alguno. Los testigos del homicidio fueron amenazados, según informes por la policía.

Derecho a una vivienda adecuada

En septiembre, el Parlamento aprobó el informe del Grupo de Trabajo sobre el Complejo del Bosque de Mau, designado por el gobierno en 2008. El informe recomendaba, entre otras cosas, el desalojo de miles de familias que vivían en el complejo del bosque. Más tarde, el gobierno formó una unidad para coordinar la rehabilitación del bosque, pero al concluir el año no había emitido un plan integral sobre los desalojos recomendados que evitase desalojos forzosos como los que habían tenido lugar durante la expulsión de miles de personas de algunas zonas del bosque entre 2004 y 2006. La primera fase de los desalojos del bosque de Mau planificados por el gobierno para los próximos años se llevó a cabo en noviembre. Consistió en el desmantelamiento de 2.850 viviendas en las que había unas 20.345 personas, según las autoridades. La mayoría de las personas desalojadas dijeron que no habían recibido una notificación adecuada y no tenían alojamiento alternativo. Casi todas acabaron en campos de desplazados temporales e improvisados que carecían de acceso apropiado a alojamiento de emergencia y otros servicios.

En julio, casi 3.000 personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares en el asentamiento de Githogoro, Nairobi. La policía dijo a los residentes que tenían 72 horas para desmantelar sus viviendas antes de que las excavadoras del gobierno intervinieran. Al parecer, los desalojos se llevaron a cabo como parte de los planes del gobierno de construir una nueva carretera, la Circunvalación Norte.

Al terminar 2009, cientos de familias que residían en asentamientos informales cerca del río Nairobi seguían viviendo bajo la amenaza inmediata de desalojo forzoso tras el anuncio efectuado por el gobierno en 2008 en el que pedía a los residentes que abandonaran esos lugares. No había planes para garantizar que todo desalojo respetaría las protecciones jurídicas adecuadas y otras salvaguardias.

El gobierno no cumplió el compromiso contraído en 2006 de hacer públicas unas directrices nacionales sobre desalojos. Tampoco detuvo los desalojos forzosos hasta que las directrices estuvieran en vigor.

Unos 2 millones de personas –la mitad de la población de Nairobi– seguían viviendo en barrios marginales y asentamientos informales, hacinadas en el 5 por ciento del área residencial de la ciudad. Los residentes sufrían no sólo condiciones miserables y falta de servicios básicos, sino también discriminación, inseguridad y marginación. A pesar de la política nacional de vivienda adoptada en 2005, que prometía la realización progresiva del derecho a la vivienda, el gobierno seguía sin proporcionar viviendas accesibles y asequibles. El proceso permanente de mejora de los asentamientos precarios seguía siendo lento y no estaba dotado de recursos suficientes. Las personas residentes en asentamientos precarios se quejaban de que no se las consultaba adecuadamente sobre la implementación del programa.

Pena de muerte

En agosto, el presidente conmutó por cadena perpetua las penas de muerte impuestas a más de 4.000 presos. El presidente afirmó que la “estancia prolongada en el corredor de la muerte causa angustia mental y sufrimiento excesivo, trauma psicológico, ansiedad, al tiempo que podría constituir también trato inhumano”. Ordenó que se llevara a cabo un estudio gubernamental para determinar si la pena de muerte tenía alguna repercusión sobre la lucha contra la delincuencia. No se sabía con certeza si este estudio se había emprendido y no se publicó conclusión alguna.

Los tribunales seguían imponiendo la pena de muerte, pero no se tuvo noticia de ejecuciones.

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