Kazajistán - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Kazajistán

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Kazakstan is now live »

Jefe del Estado
Nursultan Nazarbaev
Jefe del gobierno
Karim Masimov
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
15,6 millones
Esperanza de vida
64,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
34/26 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,6 por ciento

Las confesiones extraídas mediante tortura continuaron admitiéndose como prueba en los juicios. Los procedimientos penales no cumplieron las normas internacionales de imparcialidad procesal. Seguían siendo generalizados la tortura y otros malos tratos infligidos por miembros de las fuerzas de seguridad, en especial por agentes del Servicio de Seguridad Nacional, en el contexto de operaciones en nombre de la seguridad nacional y en el marco de la lucha contra el terrorismo y la corrupción. Siguieron restringiéndose la libertad de expresión y la libertad de religión.

Información general

En mayo, el presidente Nazarbaev aprobó el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos para el periodo comprendido entre 2009 y 2012. Con esta medida trataba de aplacar la preocupación de diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales por el hecho de que Kazajistán no estuviera cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos en vísperas de asumir la presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en enero de 2010.

En julio, el presidente firmó varias enmiendas a una ley sobre Internet en la que se clasificaban todos los recursos en línea en la categoría de medios de comunicación, sometiéndolos así a las mismas normas restrictivas por las que se regían el resto de los medios y que incluían la imposición de sanciones penales por criticar al presidente y a otras autoridades del gobierno.

Tortura y otros malos tratos

En noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en el asunto Kaboulov v. Ukraine que la extradición a Kazajistán de personas sospechosas de haber cometido un delito, como Amir Damirovich Kaboulov, supondría una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que correrían grave riesgo de ser sometidas a tortura u otros tratos inhumanos o degradantes. La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados, a pesar de las enmiendas introducidas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para terminar con las prácticas abusivas. Las confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura seguían admitiéndose como prueba en los procesos penales y seguía deteniéndose a personas sin dejar constancia de ello durante periodos superiores a las tres horas que permitía la legislación nacional. No se tomaron medidas para remediar la ausencia de una definición clara de detención, a pesar de las recomendaciones formuladas en 2008 por el Comité de la ONU contra la Tortura.

Tras la visita que realizó a Kazajistán en mayo de 2009, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura manifestó que había recibido “numerosas denuncias dignas de crédito sobre golpizas propinadas con las manos y los puños, botellas de plástico llenas de arena y porras de policía, así como sobre pateaduras y la provocación de asfixia con bolsas de plástico y caretas antigás, todo ello con el fin de obtener confesiones de los sospechosos” y que “[e]n algunos casos las denuncias estaban respaldadas por pruebas médicas forenses”.

  • En junio, Dmitri Tian y Oleg Evloev fueron condenados a 25 años de prisión y a cadena perpetua, respectivamente, por un tribunal de la capital, Astana, por los asesinatos premeditados de una mujer y sus tres hijos. Los dos hombres afirmaron que no habían cometido los asesinatos y que cuando estaban bajo custodia los habían sometido a tortura para obligarlos a confesar. Según los observadores presentes en el juicio, el juez dio instrucciones al jurado para que no tomase en consideración las denuncias de tortura. De acuerdo con los informes, la fiscalía perdió una cinta de vídeo grabada por la policía tras la detención de Oleg Evloev, cuyas imágenes mostraban al detenido cubierto de magulladuras. En noviembre, el Tribunal Supremo rechazó los recursos de los dos condenados. No se llevaron a cabo investigaciones sobre las denuncias de tortura.

Condiciones de reclusión

  • Seguía denegándose a Inessa Karkhu –una contable que cumplía una pena de ocho años de prisión por fraude dictada en 2007– el tratamiento médico indispensable para el glaucoma, una enfermedad que daña progresivamente la vista. A lo largo del año su estado siguió deteriorándose y se temía que terminase perdiendo la vista si no recibía tratamiento urgente. Dependía de la medicación que le llevaban sus familiares, situación que se complicó todavía más cuando la trasladaron a una prisión de la ciudad de Almaty, a unos 1.000 kilómetros de la capital, Astana. En noviembre, tras la presión internacional, Inessa Karkhu fue examinada por un oftalmólogo independiente que certificó que la enfermedad había avanzado significativamente y que tenía ambos ojos afectados. Pese a ello, en el mes de diciembre Inessa Karkhu no había recibido el tratamiento recomendado.

Seguridad y medidas antiterroristas

El Servicio de Seguridad Nacional (SSN), encargado de operaciones especiales relacionadas con la seguridad nacional y la corrupción, siguió llevando a cabo operaciones antiterroristas contra grupos minoritarios considerados una amenaza para la seguridad nacional y regional. Entre los grupos especialmente afectados se encontraban personas refugiadas y solicitantes de asilo de Uzbekistán y miembros o presuntos miembros de grupos islámicos y partidos islamistas no registrados o proscritos en Kazajistán. Algunas personalidades destacadas de la política que habían sido objeto de operaciones anticorrupción continuaban recluidas arbitrariamente y en régimen de incomunicación.

En mayo, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura afirmó que algunos grupos corrían un riesgo mayor de sufrir trato cruel, inhumano o degradante y observó que la probabilidad de que los extranjeros fuesen víctimas de ese tipo de trato parecía superior a la media.

Agentes del SSN fueron acusados de emplear de forma rutinaria la tortura y otros malos tratos en centros de detención de su jurisdicción en los que se recluía a personas que todavía no habían sido enjuiciadas o acusadas formalmente. A las Comisiones de Vigilancia Pública, encargadas de inspeccionar los lugares de detención, se les denegó el acceso a los centros de detención del SSN.

  • En septiembre, agentes del SSN, armados y enmascarados, llevaron a cabo un registro nocturno en los domicilios de tres refugiados y dos solicitantes de asilo de Uzbekistán en Almaty. Los agentes, que no se identificaron, detuvieron a los hombres y los condujeron a un lugar desconocido para su interrogatorio; posteriormente se identificó el lugar como las dependencias del SSN en Almaty. Allí, según afirmaron, los esposaron, los golpearon y les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico, y a uno de ellos le fracturaron el tabique nasal. De acuerdo con los detenidos, los agentes los amenazaron con extraditarlos a Uzbekistán, presuntamente por el asesinato de un policía. Varias horas después fueron puestos en libertad sin cargos. Durante la detención no se les permitió ponerse en contacto con sus familiares ni con representantes letrados o funcionarios del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Posteriormente, un portavoz del SSN negó que se hubiese hecho uso de fuerza excesiva y describió los registros y detenciones como una mera comprobación de la documentación.

Juicios injustos

Los procedimientos penales siguieron sin cumplir las normas internacionales sobre garantías procesales, socavando el Estado de derecho.

  • En septiembre, Evgeni Zhovtis, destacado defensor de los derechos humanos y director de la Oficina Internacional para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho de Kazajistán, fue condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de causar la muerte de un peatón en un accidente de tráfico a finales de julio. Evgeni Zhovtis había admitido que golpeó con su automóvil al peatón, causándole heridas mortales, pero se declaró inocente del delito de homicidio por infracción de tráfico. En octubre, un Tribunal de Apelación confirmó la condena. Según los informes, el juicio incumplió normas nacionales e internacionales sobre juicios justos. El hecho de que no se informase a Evgeni Zhovtis de que lo estaban interrogando en calidad de sospechoso, y no como testigo, lo privó de una serie de derechos durante la fase de investigación, como el derecho a guardar silencio y el derecho a tener acceso a informes de expertos forenses. En octubre lo trasladaron a una prisión de régimen abierto en la ciudad de Ust-Kamenogorsk. Sus abogados presentaron una queja contra la decisión del tribunal de apelación.

Libertad de religión

Seguía restringiéndose el derecho a la libertad de religión y las minorías religiosas continuaban denunciando acoso por parte de la policía y de las autoridades locales. Los musulmanes que practicaban su culto fuera de las mezquitas registradas oficialmente –como los miembros de la comunidad ahmadí y los seguidores del movimiento salafista– denunciaron la creciente persecución de que eran objeto por parte de la policía y el SSN.

  • En marzo, miembros del SSN y de la policía local efectuaron varios registros entre los miembros de una comunidad musulmana ahmadí de la ciudad de Semipalatinsk que se estaban reuniendo para las oraciones del viernes. Según informes, los presentes fueron obligados a facilitar datos personales. Tras uno de los registros, algunos miembros de la comunidad fueron detenidos e interrogados en la comisaría local durante varias horas.

En febrero, a instancias del presidente, el Consejo Constitucional estudió un controvertido anteproyecto de ley sobre libertad de conciencia que restringía gravemente los derechos de las minorías religiosas. El Consejo decidió que el anteproyecto de ley era incompatible con la Constitución y las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos, y a finales de diciembre estaba pendiente de revisión.

Informes y visitas de Amnistía Internacional