Japón - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Japón

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Japan is now live »

Jefe del gobierno
Hatoyama Yukio (sustituyó a Aso Taro en septiembre)
Pena de muerte
retencionista
Población
127,2 millones
Esperanza de vida
82,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000

Las ejecuciones continuaron hasta que el nuevo gobierno asumió el poder en agosto. La recién nombrada ministra de Justicia pidió un debate público sobre la pena de muerte y creó un comité para analizar la “transparencia” durante los interrogatorios. Sin embargo, siguió vigente el sistema de detención preventiva conocido como daiyo kangoku. Se sometía a las personas encarceladas a prolongados periodos de reclusión en régimen de aislamiento, y su acceso a la atención médica era insuficiente. En julio, la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas expresó honda preocupación por la trata destinada a la explotación laboral y recomendó la introducción de legislación e inspecciones laborales más estrictas para proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes.

Información general

En agosto, el primer ministro Aso Taro convocó elecciones generales tras perder el Partido Liberal Democrático las elecciones locales en Tokio. El Partido Democrático de Japón, hasta entonces en la oposición, ganó los comicios, lo que puso fin a más de 50 años de gobierno del Partido Liberal Democrático. Hatoyama Yukio fue elegido primer ministro de un gobierno de coalición con el Partido Socialdemócrata y el Nuevo Partido del Pueblo.

Sistema de justicia

En octubre, la ministra de justicia Chiba Keiko creó un comité para analizar la transparencia del sistema de detención preventiva conocido como daiyo kangoku. Sin embargo, no especificó un plazo para la presentación de propuestas. El sistema daiyo kangoku, que permitía la detención de sospechosos durante 23 días, se asociaba a intimidación y métodos abusivos de interrogatorio con el fin de extraer confesiones.

  • En junio, el Tribunal Superior de Tokio ordenó que se juzgase de nuevo a Sugaya Toshikazu, condenado a cadena perpetua en 1993 tras ser declarado culpable del asesinato de una niña de cuatro años. La declaración de culpabilidad de Sugaya Toshikazu se basó en una prueba de ADN errónea y en una confesión obtenida mediante el sistema daiyo kangoku. Durante los juicios anteriores, Sugaya Toshikazu se había retractado de su confesión en dos ocasiones.

En virtud de un nuevo sistema de jueces legos (saiban-in), ciudadanos no letrados en derecho participaron junto con jueces profesionales en la imposición de veredictos y condenas. Todos los delitos graves, incluidos los punibles con la muerte, podían ser juzgados mediante este sistema.

  • En agosto, en el primer caso juzgado con el nuevo sistema en el Tribunal de Distrito de Tokio, un hombre de 72 años fue declarado culpable de asesinato y condenado a 15 años de cárcel.

Pena de muerte

Siete hombres fueron ejecutados en 2009. Unos 106 presos, algunos de ellos con enfermedades mentales graves, corrían peligro de ser ejecutados y vivían en condiciones penitenciarias especialmente duras.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El gobierno devolvió a solicitantes de asilo a países donde corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. En septiembre, 1.123 personas habían presentado solicitudes de asilo. El proceso de determinación de la condición de refugiado se demoraba durante mucho tiempo, y sólo se concedió refugio a 15 personas, a 3 de ellas tras presentar recurso de apelación. Más del 90 por ciento de los solicitantes de asilo carecían de permiso de trabajo, no disponían de seguro de salud ni tenían derecho a asistencia pública.

  • En abril, el gobierno expulsó a los ciudadanos filipinos Arlan y Sarah Calderón a causa de su situación irregular, separándolos de su hija de 13 años, Noriko Calderón. El Ministerio de Justicia ofreció a Noriko Calderón, que había nacido en Japón y sólo hablaba japonés, la posibilidad de regresar a Filipinas con sus padres o permanecer sola en Japón.

En julio se aprobaron los proyectos de ley que revisaban la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de la Condición de Refugiado y la Ley de Registro Básico de Residentes con el fin de crear un nuevo sistema de control de residencia y de concesión de la carta de residente para los ciudadanos extranjeros durante los próximos tres años. Organizaciones civiles manifestaron su preocupación por el hecho de que los residentes extranjeros en situación irregular, incluidos los solicitantes de asilo, quedaran excluidos de servicios públicos básicos como la educación y la atención a la salud.

Violencia contra mujeres y niñas

En julio, tras examinar el sexto informe periódico de Japón, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por los obstáculos con que se encontraban las mujeres víctimas de violencia sexual e intrafamiliar cuando presentaban denuncias y pedían protección. El Comité consideró especialmente preocupante la precaria situación de las mujeres migrantes y de las pertenecientes a minorías y a grupos vulnerables.

El CEDAW reiteró su recomendación de que Japón encontrase con urgencia una solución duradera para la situación de las “mujeres de solaz”–las supervivientes del sistema de esclavitud sexual creado por las fuerzas armadas japonesas–, que debía incluir una indemnización para las víctimas, el procesamiento de los responsables y la concienciación de la opinión pública japonesa con respecto a estos delitos. Doce ayuntamientos aprobaron resoluciones en las que exigían una disculpa y una indemnización para las supervivientes del sistema de “mujeres de solaz”.

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