Haití - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Haití

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Haiti is now live »

Jefe del Estado
René García Préval
Jefe del gobierno
Jean-Max Bellerive (sustituyó a Michèle D. Pierre-Louis en noviembre)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10 millones
Esperanza de vida
61 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
90/80 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
62,1 por ciento

La persistencia de una pobreza profunda, endémica y generalizada impedía a millones de habitantes de Haití acceder a una serie de derechos humanos. Las mujeres y las niñas seguían sufriendo un elevado nivel de violencia. Eran frecuentes los linchamientos y los estallidos de violencia en los que nutridos grupos de personas intentaban tomarse la justicia por su mano, pero los responsables rara vez rendían cuentas de sus actos. Se recibieron informes sobre malos tratos, detenciones arbitrarias y homicidios a manos de agentes del Estado. Según la ONU, las condiciones en las cárceles constituían a menudo tratos o penas crueles y degradantes. Decenas de personas murieron en el mar al tratar de abandonar Haití en barcos fletados por traficantes de seres humanos. Miles de niños y niñas utilizados como empleados domésticos corrían grave peligro de sufrir abusos.

Información general

En julio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional condonaron a Haití deudas por valor de 1.200 millones de dólares estadounidenses, casi un 70 por ciento de la deuda nacional del país, y la organización de acreedores conocida como Club de París condonó 63 millones más.

En abril se celebraron elecciones para renovar un tercio del Senado. En junio tuvo lugar la segunda vuelta de los comicios en un ambiente de calma relativa. La Asamblea Nacional acordó iniciar una serie de reformas constitucionales. En octubre, la Asamblea Nacional aprobó una moción de censura contra la primera ministra Michèle D. Pierre-Louis. Una semana después, el Parlamento confirmó la designación de Jean-Max Bellerive como nuevo primer ministro.

Quedaron paralizadas reformas urgentes del sistema judicial al no cubrir el máximo mandatario del país las vacantes de presidente de la Corte Suprema y del Consejo Supremo del Poder Judicial. Los retrasos en la selección y el nombramiento de agentes acarrearon la paralización de la reforma policial.

Se prorrogó por un año más el mandato de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití.

Derecho a la salud

La pobreza era generalizada y la aplicación de las medidas encaminadas a paliar las catastróficas consecuencias de los huracanes de 2008 avanzaba con lentitud. Según el Programa de la ONU para el Desarrollo, más del 56 por ciento de la población vivía con menos de un dólar al día. La disponibilidad de alimentos mejoró respecto a 2008 pero, según estimaciones dadas a conocer en septiembre por la Coordinadora Nacional de Seguridad Alimentaria, la inseguridad alimentaria afectaba a 1,9 millones de personas. La falta de acceso a agua sin contaminar siguió afectando a millones de personas, con graves consecuencias para su salud. El agua contaminada era la principal causa de mortalidad y enfermedad en la población infantil.

Derechos de la infancia

El número de tribunales de menores seguía siendo inadecuado. En 2009 funcionaban sólo dos: uno en la capital, Puerto Príncipe, y otro en Cabo Haitiano. Se continuó recluyendo a menores de edad en cárceles para adultos y juzgándolos en tribunales ordinarios donde no siempre se respetaba su intimidad. Según organizaciones de derechos humanos, siguió sin disminuir el número de niños y niñas objeto de trata en Haití o introducidos de forma ilícita en la República Dominicana. Según cálculos de UNICEF, 175.000 menores de edad trabajaban en el servicio doméstico, hecho que la relatora especial de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud calificó como una “forma moderna de esclavitud” tras su visita en junio a Haití.

Actuación policial y sistema de justicia

Se recibieron numerosos informes sobre malos tratos policiales a presuntos delincuentes. También se tuvo noticia a menudo de linchamientos de presuntos delincuentes por parte de nutridos grupos de personas, sobre todo en zonas donde no existía el Estado o no llegaba la acción de la policía. Los responsables rara vez rendían cuentas de sus actos. Según la Misión de la ONU, las autoridades administrativas locales ejercían de manera ilegal funciones policiales y judiciales con ayuda de grupos paramilitares o parapoliciales, lo que acarreaba homicidios y detenciones arbitrarias.

Según una organización local de derechos humanos, la población penitenciaria superaba en cinco veces y media la capacidad de las cárceles. En algunas prisiones, como la Penitenciaría Nacional, las condiciones extremas de hacinamiento constituían trato cruel, inhumano y degradante. Seguía siendo habitual que presuntos delincuentes pasaran largos periodos sometidos a detención preventiva, y decenas de personas permanecían encarceladas por actos no reconocibles como delitos. A más del 80 por ciento de las 8.833 personas que se encontraban recluidas a finales de octubre de 2009 no se las había juzgado ni condenado en firme.

  • Ronald Dauphin, activista del partido Lavalas, permaneció recluido por cuarto año consecutivo sin haber sido juzgado por su presunta participación en una serie de homicidios cometidos en febrero de 2004 en la localidad de Saint-Marc. Las autoridades no admitieron a trámite cuatro recursos de hábeas corpus presentados por su abogado. En 2007, la Corte de Apelación había ordenado una nueva investigación argumentando que la efectuada anteriormente había adolecido de “graves errores de procedimiento”, pero al finalizar el año no se había producido ningún avance significativo.

Violencia contra mujeres y niñas

La violación y otras formas de violencia contra mujeres y niñas seguían siendo un fenómeno generalizado. Más de la mitad de las 136 denuncias de violación recibidas durante el primer semestre del año por una organización local de mujeres guardaban relación con menores de edad. Faltaban estructuras y recursos adecuados para combatir la violencia contra las mujeres, y fuera de las principales áreas urbanas no se podía acceder a medicamentos profilácticos, incluidos antirretrovirales.

En enero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó el primer informe nacional presentado por Haití desde que el país ratificara la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1981. En febrero, el Comité pidió a Haití que adoptara leyes específicas sobre la violencia contra las mujeres. Al finalizar el año, el Parlamento no había aprobado todavía leyes sobre la violencia intrafamiliar.

  • En marzo, cinco hombres violaron en la isla de La Gonâve a una chica de 16 años. La policía local detuvo a los agresores pero, según los informes, después de sobornar a unos funcionarios judiciales, los cinco fueron puestos en libertad.

Derechos de las personas migrantes

Decenas de migrantes murieron al tratar de abandonar Haití y huir de la miseria más absoluta. Los traficantes de personas, que actuaban con total impunidad, ponían en peligro la vida de millares de seres humanos. Al finalizar el año no se habían aprobado todavía leyes especiales encaminadas a penalizar el tráfico de personas.

  • En julio, un velero de madera que transportaba a hasta 200 haitianos zozobró frente a las islas Turcas y Caicos. Murieron 17 personas, y 67 desaparecieron; se temía que hubieran muerto. Los supervivientes indicaron a las organizaciones de derechos humanos que la policía de Haití había interceptado el barco a la altura de Cabo Haitiano (en el norte del país), pero había permitido al capitán continuar la travesía después de que éste, al parecer, hubiera entregado 800 dólares a unos agentes.

Impunidad por abusos cometidos en el pasado

Los responsables de abusos perpetrados en el pasado continuaron evadiendo la acción de la justicia.

En octubre, las autoridades judiciales designaron un nuevo magistrado para completar la investigación de los homicidios del periodista Jean-Léopold Dominique y de su guardaespaldas, Jean-Claude Louissaint, cometidos en abril de 2000. En las investigaciones anteriores efectuadas por cinco magistrados –algunos de los cuales habían recibido amenazas por su participación en el caso– no se había podido identificar a los autores.

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