Filipinas - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Filipinas

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Philippines is now live »

Jefa del Estado y del gobierno
Gloria Macapagal Arroyo
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
92 millones
Esperanza de vida
71,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
32/21 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
93,4 por ciento

El gobierno se había impuesto 2010 como fecha límite para “aplastar” la insurgencia comunista, y las fuerzas armadas no diferenciaron entre los combatientes del Nuevo Ejército del Pueblo y los activistas civiles y defensores de los derechos humanos en zonas rurales, lo que dio lugar a desplazamientos y homicidios ilegítimos. Las fuerzas armadas sometieron a la población civil a detención secreta, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ambos bandos fueron responsables de homicidios por motivos políticos y desapariciones forzadas. Seguía reinando una cultura de impunidad en la que los responsables casi nunca eran procesados. En julio, el gobierno comenzó a trabajar activamente en el reinicio de negociaciones de paz oficiales con el Frente Democrático Nacional y el Frente Moro de Liberación Islámica.

Cientos de miles de personas continuaban desplazadas. Los pueblos indígenas que vivían en zonas remotas del país y los autodenominados moros (musulmanes filipinos) de Mindanao se vieron especialmente afectados. Milicias privadas armadas y “escuadrones de la muerte” cometieron homicidios ilegítimos. Los pueblos indígenas sufrieron tanto a causa del conflicto como de los desalojos forzosos de sus tierras con los que se pretendía favorecer a las industrias extractivas.

Conflicto armado interno

En diciembre, la presidenta firmó la Ley relativa a la Definición y Penalización de los Crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario, el Genocidio y otros Crímenes de Lesa Humanidad.

Frente Moro de Liberación Islámica

En julio, las fuerzas armadas y el Frente Moro de Liberación Islámica acordaron poner fin a las operaciones militares, tras un año de enfrentamientos en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas. En septiembre firmaron un acuerdo marco para la creación de un Grupo de Contacto Internacional que actuase como garante de las negociaciones de paz. En octubre firmaron un acuerdo sobre protección de la población civil que ratificaba sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y designaba a un Equipo Internacional de Vigilancia y a varias ONG para que llevasen a cabo funciones de vigilancia y de protección de la población civil. En diciembre se reanudaron las conversaciones de paz oficiales.

Según los cálculos del gobierno, en diciembre había en torno a 125.000 personas desplazadas internamente en la provincia de Maguindanao. Sólo el 20 por ciento de las familias desplazadas vivían en centros habilitados con ese fin. Muchas vivían en tiendas que no resultaban adecuadas como refugio a largo plazo, sobre todo a causa de los frecuentes tifones e inundaciones. Las condiciones de vida eran deficientes, pues el agua estaba contaminada, los sistemas de saneamiento eran insuficientes y había un elevado índice de malnutrición.

Frente Democrático Nacional

En junio, el gobierno y el Frente Democrático Nacional acordaron trabajar para la reanudación de las conversaciones de paz oficiales y poner fin a 40 años de conflicto armado esporádico. El Frente Democrático Nacional estaba vinculado al Partido Comunista de Filipinas y al Nuevo Ejército del Pueblo.

En julio, el gobierno levantó la suspensión de cuatro años que había impuesto al Acuerdo Conjunto de Garantías de Seguridad e Inmunidad. El objetivo de esta medida era permitir que el Frente Democrático Nacional se preparase para las conversaciones que llevaban estancadas desde 2005. Sin embargo, las operaciones de las fuerzas armadas destinadas a expulsar al Nuevo Ejército del Pueblo provocaron el desplazamiento de miles de personas, incluidos indígenas, de áreas forestales de todo el país.

  • En julio y agosto, en torno a 1.800 personas de 15 comunidades indígenas de la provincia de Surigao del Sur, 400 personas de siete comunidades de la provincia de Cotabato del Norte y 500 personas de siete comunidades de Davao del Sur huyeron cuando tropas gubernamentales entraron en sus comunidades, lo que afectó a sus actividades económicas y restringió su libertad de circulación. Algunos miembros de las comunidades fueron intimidados para que se unieran al Grupo Especial Fuerza Gantangan-Bagani, unidad paramilitar respaldada por el gobierno e integrada por indígenas cuya misión consistía en luchar contra el Nuevo Ejército del Pueblo. Algunos habían regresado a sus hogares al finalizar el año.

Homicidios ilegítimos

En abril, en un informe de seguimiento sobre Filipinas, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmó que el gobierno no había puesto en marcha reformas para garantizar la responsabilidad de los mandos por las violaciones de derechos humanos, que la impunidad por los homicidios ilegítimos seguía siendo generalizada y que la protección de los testigos continuaba siendo insuficiente. Además, el Partido Comunista de Filipinas y el Nuevo Ejército del Pueblo no habían reducido el número de homicidios ilegítimos.

  • En marzo, Eliezer Billanes, activista contra las explotaciones mineras, murió a plena luz del día abatido por disparos de atacantes no identificados en la provincia de Cotabato del Sur. Acababa de regresar de una reunión con el ejército para hablar sobre sus motivos de preocupación con respecto a la seguridad.
  • En junio, Katog Sapalon, de profesión carbonero, fue golpeado y murió abatido por disparos realizados por cinco soldados delante de su familia en la provincia de Maguindanao. Un familiar afirmó que los soldados preguntaron reiteradamente si era miembro del Frente Moro de Liberación Islámica.
  • En septiembre, unos hombres armados mataron en la provincia de Samar del Norte al padre Cecilio Lucero, sacerdote católico y defensor de los derechos humanos, que viajaba con un guardaespaldas de la policía armada por motivos de seguridad.
  • En noviembre, más de un centenar de miembros de grupos paramilitares y soldados del ejército privado de un poderoso clan político mataron en la provincia de Maguindanao a más de 60 personas –entre las que había 33 periodistas y trabajadores de medios de comunicación– que se disponían a rellenar un certificado de elección de un candidato a gobernador provincial.

Tortura y otros malos tratos y desapariciones forzadas

Se continuó recurriendo a la tortura en instalaciones militares y centros secretos de detención. En mayo, el Comité contra la Tortura expresó preocupación ante las “numerosas y constantes denuncias, creíbles y coherentes, […] acerca del uso habitual y generalizado de la tortura y los malos tratos infligidos a los sospechosos en custodia policial, especialmente para obtener confesiones” y señaló que “rara vez se investigan y se persiguen penalmente las denuncias creíbles de tortura y/o malos tratos infligidos por las fuerzas del orden y el personal militar”.

  • En enero, Mansur Salih, conductor de triciclo de la provincia de Maguindanao, fue secuestrado por el ejército durante un registro en su localidad. Las fuerzas armadas lo mantuvieron recluido en régimen de incomunicación en un centro secreto de detención donde lo golpearon, lo sometieron a reiteradas descargas eléctricas y sólo le proporcionaron alimentos una vez cada tres días. Tras ser obligado a firmar un documento que no había leído, Mansur Salih quedó en libertad en abril y fue acusado de provocar incendios.
  • En mayo, según informes, las fuerzas armadas secuestraron a Melissa Roxas, ciudadana estadounidense de ascendencia filipina, en la provincia de Tarlac. Los militares la golpearon y la semiasfixiaron con bolsas de plástico. Melissa Roxas afirmó que sus secuestradores la habían confundido con la ex secretaria general del grupo obrero de izquierdas Migrante.

El proyecto de ley contra la Tortura se convirtió en ley en noviembre.

Derechos de los pueblos indígenas

Se continuó negando o eludiendo en la práctica el requisito del consentimiento previo, libre e informado, consagrado en la legislación filipina. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación por el hecho de que no se consultara adecuadamente a los pueblos indígenas en relación con los proyectos de infraestructuras y explotación de los recursos naturales. El Comité también puso de relieve las repercusiones del desplazamiento interno en los medios de vida, la salud y la educación de los pueblos indígenas.

  • En octubre, en torno a un centenar de policías armados y miembros de un equipo de demolición dispersaron violentamente a habitantes de Didipio, provincia de Nueva Vizcaya, del lugar en donde se encontraban protestando contra el desalojo forzoso de cientos de indígenas y habitantes de zonas rurales de esta localidad a los que habían expulsado de sus casas para dejar paso a una prospección minera. Según informes, la policía hizo un uso excesivo e innecesario de la fuerza y arrojó gas lacrimógeno a los manifestantes.

Libertad de expresión

El gobierno acusó a activistas y a ONG de tendencia izquierdista de apoyar a los comunistas. Los activistas fueron objeto de querellas, conocidas como pleitos estratégicos contra la participación pública.

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