Camerún - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Camerún

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Cameroon is now live »

Jefe del Estado
Paul Biya
Jefe del gobierno
Philémon Yang (sustituyó a Ephraim Inoni en junio)
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
19,5 millones
Esperanza de vida
50,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
151/136 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
67,9 por ciento

Opositores del gobierno, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron detenidos, encarcelados y juzgados por delitos relacionados con críticas al gobierno o sus funcionarios. Al menos un hombre fue detenido por presuntas actividades homosexuales. Las condiciones de reclusión seguían siendo duras y a menudo suponían una amenaza para la vida de los reclusos. Miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos cometidas en febrero de 2008 seguían gozando de impunidad. Un número desconocido de presos seguía en espera de ejecución.

Información general

En junio, el presidente Paul Biya sustituyó al primer ministro, Ephraim Inoni, por Philémon Yang en el marco de una remodelación del gobierno.

El presidente Biya designó una nueva comisión electoral encargada de preparar las elecciones generales de 2011. Partidos políticos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil pidieron la reforma de la comisión electoral conocida como Elecciones Camerún (ELECAM). Detractores del gobierno afirmaron que la comisión estaba dominada por simpatizantes del partido gobernante, Agrupación Democrática del Pueblo Camerunés (Rassemblement démocratique du peuple camérounais, RDPC).

Continuaron las detenciones, las reclusiones y los juicios de ex funcionarios del Estado, y directivos de empresas de titularidad estatal fueron acusados de corrupción. En agosto, la Comisión Nacional Anticorrupción publicó un informe en el que acusaba a 47 funcionarios del Ministerio de Agricultura de malversación de fondos destinados a la producción de maíz. En septiembre, una ONG local, Asociación Ciudadana para la Defensa de los Intereses Colectivos, presentó una denuncia ante el Tribunal Superior contra los 47 funcionarios.

Personas detenidas por motivos políticos

  • Se aplazó en varias ocasiones el juicio de John Fru Ndi, líder del partido político Frente Socialdemócrata, y de al menos otras 20 personas acusadas de implicación en el asesinato de Grégoire Diboulé en 2006. El juicio no se celebró.
  • En junio, el Tribunal de Apelación de Duala confirmó la declaración de culpabilidad y la condena dictada en 2008 por el Tribunal Superior contra el músico y activista político Pierre Lambo Sandjo, que fue declarado culpable de participar en los disturbios de febrero de 2008 y condenado a tres años de cárcel.

Libertad de asociación

Los miembros del Consejo Nacional del Camerún Meridional, grupo secesionista anglófono no violento, seguían siendo objeto de detenciones y encarcelamientos.

  • En febrero, la policía de Tiko, Provincia Suroccidental, detuvo y mantuvo recluidos durante un breve periodo a 25 miembros del Consejo que habían acudido a un tribunal a apoyar a otros miembros que iban a ser juzgados por celebrar una reunión ilegal en octubre de 2008.
  • En marzo, siete miembros del Consejo fueron detenidos y recluidos como sospechosos de celebrar una reunión ilegal. Quedaron en libertad provisional el 2 de abril.
  • En mayo, el Tribunal Superior de Mamfe, Provincia Suroccidental, declaró a tres dirigentes del Consejo –entre ellos su presidente nacional, Nfor Ngala Nfor– culpables de pertenecer a una organización extranjera no reconocida en Camerún y los condenó a cinco meses de prisión. Los tres estaban en espera de juicio desde septiembre de 2002, cuando fueron detenidos a su regreso de Nigeria, adonde habían viajado para buscar apoyo para los objetivos políticos de su organización. El Tribunal coincidió con la acusación en que el Consejo Nacional del Camerún Meridional no estaba reconocido en Camerún y, por tanto, era una organización extranjera no registrada y sus miembros eran susceptibles de enjuiciamiento en virtud del Código Penal.

Libertad de expresión: periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

El gobierno siguió silenciando a las personas críticas con sus políticas, incluidos periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

  • Lewis Medjo, director del periódico La Détente Libre, fue condenado a tres años de prisión en enero. Fue declarado culpable de “difusión de noticias falsas” a causa de un artículo en el que se afirmaba que el presidente Biya estaba planeando forzar la dimisión del presidente del Tribunal Supremo.
  • En junio, los periodistas Jacques Blaise Mvié y Charles René Nwé, del periódico La Nouvelle, fueron condenados en ausencia a cinco años de prisión tras ser declarados culpables por el tribunal militar de Yaundé de injurias a una autoridad y de violación de secretos de defensa. El juicio guardaba relación con un artículo publicado en el periódico en el que se decía que el ministro de defensa había estado implicado en una conspiración para derrocar el gobierno.
  • En diciembre, Jean-Bosco Talla, del periódico Germinal, fue detenido y acusado de injuriar al presidente Biya. Germinal había publicado un extracto de un libro prohibido que denunciaba que el presidente Biya y su predecesor, Ahmadou Ahidjo, habían concluido un pacto político sellado por un acto homosexual. El 28 de diciembre, el Tribunal Superior declaró culpable a Jean-Bosco Talla y lo condenó a prisión con suspensión de un año y al pago de una multa, y le ordenó el pago de costas por un importe de 3.154.600 francos CFA (unos 7.000 dólares estadounidenses). Al terminar el año continuaba bajo custodia por no haber pagado la multa. Antes, en julio, Jean-Bosco Talla había recibido amenazas de muerte anónimas por teléfono tras publicar Germinal una información en la que se decía que el presidente Biya había adquirido propiedades en Francia por medios corruptos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El Código Penal penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

En julio, dirigentes de la Iglesia católica romana organizaron una manifestación en Duala para protestar contra la adopción en mayo por Camerún del Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África, conocido como Protocolo de Maputo, que garantiza una amplia gama de derechos a las mujeres. Los dirigentes eclesiásticos acusaron al gobierno de legalizar el aborto y la homosexualidad al adoptar el Protocolo.

  • Yves Noe Ewane fue detenido en mayo y acusado de realizar actos homosexuales. Al principio negó el cargo pero, según informes, se vio obligado a admitir el delito cuando durante varios días lo tuvieron desnudo y le impidieron recibir visitas de familiares. Quedó en libertad en septiembre.

Condiciones de reclusión

Las condiciones en las prisiones de todo el país seguían siendo duras y podían suponer una amenaza para la vida. En un informe publicado en agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades, de carácter gubernamental, afirmó que hasta cinco presos morían cada año debido a falta de atención médica y a las deficientes condiciones de higiene. La Comisión expresó también su preocupación por la larga duración de la reclusión sin juicio de hasta el 62 por ciento de la población penitenciaria, en algunos casos nueve años.

Los centros de detención seguían siendo inseguros y peligrosos.

  • En enero, en la prisión de Bamenda, muchos presos resultaron heridos durante un motín protagonizado por los reclusos. En marzo se fugaron 10 presos: 2 condenados a muerte y 8 declarados culpables de violación o robo a mano armada.
  • En junio, hasta 50 reclusos se fugaron de la prisión de Yagona, en la Provincia del Extremo Norte. La mayoría fueron capturados de nuevo, pero al terminar el año casi 20 seguían en libertad. Otros 18 presos se fugaron de la cárcel de Meri, en la misma provincia.

Impunidad

No parecía que el gobierno hubiera tomado medidas administrativas o judiciales para investigar los homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad contra civiles durante las protestas violentas de febrero de 2008. Las personas que habían ordenado o llevado a cabo las violaciones seguían sin rendir cuentas y las víctimas no recibieron forma alguna de resarcimiento.

Pena de muerte

Un número desconocido de presos estaban en espera de ejecución. Uno de ellos era Jérôme Youta, que en 1999 había sido declarado culpable del homicidio de su padre en un juicio que, según Jérôme y su abogado, había carecido de garantías. No se sabía con certeza cuántas personas habían sido condenadas a muerte en 2009. La última ejecución se había llevado a cabo en 1997.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

  • Respondiendo a un informe de Amnistía Internacional publicado en enero, el gobierno negó que hubiera obstaculizado previamente las visitas de delegaciones de Amnistía Internacional y se comprometió a facilitar una visita de la organización a principios de 2010.
  • Cameroon: Impunity underpins persistent abuse