Bosnia Y Herzegovina - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Bosnia y Herzegovina

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Bosnia-Herzegovina is now live »

Jefe del Estado
presidencia de carácter rotativoŽeljko Komšić, Nebojša Radmanović y Haris Silajdžić
Jefe del gobierno
Nikola Špirić
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
3,8 millones
Esperanza de vida
75,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
17/12 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
96,7 por ciento

El país continuó profundamente dividido en función de la pertenencia étnica. El procesamiento de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 1992-1995 siguió avanzando lentamente. Las autoridades continuaron sin abordar la situación de las mujeres violadas durante la guerra al no facilitarles el debido acceso a la justicia ni proporcionarles reparación.

Información general

Las relaciones entre los miembros de los tres grupos étnicos principales –musulmanes bosnios (bosniacos), croatas y serbios– empeoraron drásticamente. Algunos líderes políticos recurrieron progresivamente a una retórica nacionalista que, en algunos casos, adoptó la forma de ataques verbales en público a instituciones del Estado, incluida la independencia del sistema de justicia. Algunos políticos negaron en declaraciones que se hubieran cometido ciertos crímenes de guerra a pesar de que los tribunales ya habían dictado sentencia sobre ellos y habían condenado a los responsables.

Representantes serbios boicotearon las instituciones del Estado y paralizaron su trabajo en diversas ocasiones.

En octubre fracasaron las conversaciones facilitadas por la comunidad internacional para reforzar las instituciones del Estado y reformar la Constitución.

Las autoridades anunciaron una reducción del presupuesto en asistencia social para hacer frente a la crisis económica. La medida afectaba de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables y hubo protestas generalizadas.

La comunidad internacional mantuvo su presencia en Bosnia y Herzegovina. En marzo, el diplomático austriaco Valentin Inzko sustituyó a Miroslav Lajčák en el puesto de alto representante, jefe de la agencia civil de aplicación de la paz creada en virtud de los Acuerdos de Paz de Dayton de 1995. El alto representante también actuaba como representante especial de la Unión Europea (UE).

La UE mantuvo su fuerza de mantenimiento de la paz, formada por unos 2.000 efectivos, así como una misión policial con una plantilla internacional de unos 150 miembros.

En octubre, el Estado de Bosnia y Herzegovina fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por un periodo de dos años (2010-2011).

Justicia internacional

Al término de 2009 seguían pendientes siete causas por crímenes de guerra relativos a Bosnia y Herzegovina ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Otras tres estaban en fase de apelación.

  • En octubre comenzó el juicio de Radovan Karadžić ante el Tribunal. Estaba acusado de dos delitos de genocidio. El primero tenía relación con crímenes perpetrados entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 1992 en varios municipios de Bosnia y Herzegovina –que incluyeron homicidios, torturas y traslado forzoso o expulsión– dirigidos a causar la destrucción de croatobosnios y musulmanes de Bosnia como grupos étnicos o religiosos. El segundo se refería a la matanza de más de 7.000 varones –niños y adultos– en julio de 1995 en Srebrenica. También se le imputaban cinco crímenes de lesa humanidad, que incluían persecución, exterminio, asesinato y deportación de personas no serbias. El acta de acusación formal contenía además cuatro cargos por violación de las leyes y costumbres de la guerra, incluidos toma de rehenes y sembrar el terror entre la población civil.

Radovan Karadžić boicoteó las actuaciones judiciales desde el principio negándose reiteradamente a comparecer en la sala del Tribunal. En noviembre, el juez presidente nombró un abogado para que representara a Karadžić en su ausencia. El juicio se aplazó hasta marzo de 2010 para que el abogado designado por el Tribunal tuviera tiempo de preparar la causa.

  • En julio, la Sala de Primera Instancia del Tribunal declaró a Milan y Sredoje Lukić culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluido el de quemar vivos al menos a 119 bosniacos en Višegrad en 1992. Entre los delitos que se les habían imputado estaban los de asesinato, persecución, exterminio y tortura de civiles en la zona de Višegrad durante la guerra de 1992-1995. Fueron condenados a cadena perpetua y a 30 años de cárcel, respectivamente. Sin embargo, pese a las numerosas pruebas que había reunido el Tribunal, los cargos relacionados con actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra no se habían incluido en el acta de acusación. Desde su creación en 1993, el Tribunal sólo había enjuiciado 18 causas que incluyeran actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra en relación con el conflicto de Bosnia y Herzegovina.

Sistema de justicia

Las medidas de protección y apoyo a testigos en todos los tribunales de Bosnia y Herzegovina eran insuficientes. Esto supuso en algunos casos que las víctimas de actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra no pudieran acceder a la justicia.

Continuaron los procesamientos por crímenes de guerra ante la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina. Al terminar el año, la Sala había dictado 39 sentencias firmes desde su creación en 2005. Había 57 causas pendientes en la fase de juicio y apelación.

También se celebraron algunos juicios por crímenes de guerra contra acusados de nivel inferior ante tribunales locales de las dos entidades semiautónomas que formaban el país, la República Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina, así como del distrito de Brčko. Sin embargo, la capacidad de los tribunales y fiscales de ambas entidades para procesar a personas por crímenes de guerra siguió siendo insuficiente.

En diciembre de 2008, las autoridades habían adoptado una estrategia nacional de trabajo sobre crímenes de guerra como medio de hacer frente a todas las causas pendientes sobre tales crímenes. En ausencia de una base de datos centralizada sobre los casos, diversos cálculos situaban entre 6.000 y 16.000 los expedientes de causas abiertas sobre crímenes de guerra en distintas fases de procesamiento registrados en todas las jurisdicciones. Sin embargo, la aplicación de la estrategia en 2009 fue extremadamente lenta y difícil por falta de voluntad política. Los ataques verbales al sistema judicial y la negación de crímenes de guerra por algunos líderes políticos nacionales contribuyeron a menoscabar los esfuerzos del país para enjuiciar los crímenes de guerra.

En octubre, el Parlamento de la República de Bosnia y Herzegovina rechazó la ampliación del mandato de los jueces y fiscales internacionales que trabajaban en la Sala de Crímenes de Guerra. Tras esta medida, varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, expresaron sus dudas sobre la capacidad del sistema de justicia de Bosnia y Herzegovina para enjuiciar crímenes de guerra con arreglo a las más estrictas normas internacionales sobre garantías procesales, sin el apoyo de esos jueces y fiscales. El 14 de diciembre, el alto representante usó sus poderes discrecionales para anular la decisión del Parlamento y prorrogar el mandato de los jueces y fiscales internacionales.

Discriminación

Sobrevivientes de actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra

Las personas que habían sobrevivido a actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra continuaron privadas del ejercicio de sus derechos económicos y sociales. Las autoridades no respondieron a sus necesidades ni les ofrecieron una reparación adecuada que les permitiera reconstruir sus vidas.

Muchas mujeres que fueron violadas durante la guerra seguían viviendo en la pobreza y no encontraban trabajo porque aún padecían secuelas físicas y psicológicas de la experiencia vivida en tiempo de guerra.

La prestación de apoyo psicológico a las sobrevivientes era insuficiente y muchas de las mujeres no podían acceder al sistema de asistencia médica. También fueron discriminadas en el acceso a prestaciones sociales en comparación con otros grupos de víctimas de la guerra.

Derechos de las minorías

El 22 de diciembre, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo falló que las disposiciones de la Constitución de Bosnia y Herzegovina sobre el reparto de poderes violaban el derecho a las elecciones libres y la prohibición de la discriminación al no permitir que los miembros de las minorías presentasen su candidatura a la presidencia del Estado ni a la Cámara de los Pueblos del Parlamento de la República de Bosnia y Herzegovina.

En 2006, Dervo Sejdić (romaní) y Jakob Finci (judío) presentaron una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que la Constitución de Bosnia y Herzegovina vulneraba su derecho a ser elegidos en órganos políticos del Estado y la prohibición de la discriminación. Ambos eran personajes públicos muy conocidos que pretendían presentarse a las elecciones a la presidencia del Estado y a la Cámara de los Pueblos, pero se les impidió hacerlo porque la Constitución restringía el derecho a formar parte de estos órganos a los miembros de las tres “naciones constitutivas” de Bosnia y Herzegovina (bosniacos, croatas y serbios).

Desapariciones forzadas

La identificación del paradero de víctimas de desaparición forzada durante la guerra de 1992-1995 continuó avanzando lentamente, obstaculizada por la falta de cooperación entre las autoridades de la Federación de Bosnia y Herzegovina y de la República Srpska.

Siguió sin conocerse el paradero de entre 10.000 y 12.000 personas, según diferentes cálculos. Además, unos 3.000 cadáveres que habían sido localizados y exhumados seguían pendientes de identificación. Continuaron las exhumaciones en distintos emplazamientos a cargo del Instituto de Personas Desaparecidas.

  • En agosto se identificó el cadáver de Avdo Palić, coronel del Ejército de Bosnia y Herzegovina. Avdo Palić había sido víctima de desaparición forzada en julio de 1995, presuntamente a manos de miembros del Ejército de los Serbios de Bosnia. Según información publicada en medios de comunicación, el cadáver había sido exhumado en 2001 de una fosa común en Rogatica, República Srpska, pero se tardó casi ocho años en identificarlo.

Las autoridades del Estado no crearon una base de datos de personas desaparecidas ni un fondo de apoyo a los familiares de los desaparecidos, a pesar de que ambas medidas estaban previstas en la Ley de Personas Desaparecidas aprobada en 2004.

Algunos familiares de víctimas intentaron obtener justicia ante las instituciones internacionales de derechos humanos en vista de que las autoridades no adoptaban medidas adecuadas para abordar el asunto.

  • En 2009, el Centro de Acción Jurídica de TRIAL, organización no gubernamental con base en Ginebra, presentó cinco comunicaciones individuales ante el Comité de Derechos Humanos en representación de familiares de víctimas de desaparición forzada en Bosnia y Herzegovina. La ONG alegaba que se habían cometido múltiples violaciones de derechos humanos contra estas personas debido a la falta de investigaciones, acciones penales, reparaciones y recursos efectivos tras la desaparición de sus seres queridos.

El Centro de Acción Jurídica presentó otras 16 denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en representación de familiares de personas desaparecidas.

  • En octubre, la Unión de Asociaciones de Familiares de Personas Desaparecidas y Capturadas de la República Srpska presentó 78 casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en representación de las familias de serbios desaparecidos. La Unión aseguró que las autoridades no habían respondido a sus preguntas constantes sobre el paradero de sus seres queridos a pesar de que la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina había ordenado a las autoridades que lo hicieran en disposiciones anteriores.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

En 2009, el número de personas que regresaron a los lugares donde residían antes de la guerra fue inferior al de 2008. Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, a fecha de septiembre de 2009 sólo habían vuelto a su hogar 758 refugiados y 216 desplazados internos.

La mayoría de los retornos se hicieron a lugares donde los que regresaban pertenecían a la minoría étnica. Muchas personas, incluidas sobrevivientes de actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra, seguían sin poder volver a su lugar de residencia anterior a la guerra. Muchas de ellas temían por su seguridad, ya que quienes habían cometido los crímenes contra ellas o contra miembros de su familia seguían viviendo en la que había sido su comunidad antes de la guerra, y a menudo ocupaban puestos de poder.

La discriminación en el acceso a derechos económicos y sociales como el empleo, los servicios de salud y la educación siguió impidiendo el regreso de muchos.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades de Bosnia y Herzegovina siguieron conculcando los derechos de algunas personas que se habían asentado en su territorio durante o después de la guerra y que posteriormente habían obtenido la nacionalidad de Bosnia y Herzegovina. Como consecuencia de las decisiones adoptadas por la Comisión Estatal para el Examen de Decisiones sobre Naturalización de Ciudadanos Extranjeros, algunas perdieron la ciudadanía y fueron objeto de actuaciones encaminadas a su expulsión.

Siete hombres fueron internados en el centro de expulsión de inmigrantes de Lukavica en espera de su expulsión a sus países de origen, donde corrían peligro de sufrir tortura o de ser condenados a muerte. Las autoridades continuaron encarcelando a estas personas alegando razones imprecisas basadas en la seguridad nacional.

  • Imad al Husein continuó recluido en el centro de expulsión de inmigrantes de Lukavica, en el que permanecía desde octubre de 2008 a pesar de que no se habían formulado cargos en su contra que justificaran la privación de libertad. Seguía pendiente un recurso de apelación por la revocación de su ciudadanía ante los tribunales de Bosnia y Herzegovina y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Las condiciones de reclusión en el centro de expulsión de inmigrantes de Lukavica eran inadecuadas. Durante el proceso de revocación de la nacionalidad, las personas permanecían en detención varios meses por término medio. El centro de Lukavica había sido concebido para albergar a personas durante unas semanas bajo custodia provisional, y no estaba preparado para satisfacer los derechos y necesidades de personas recluidas por periodos más largos, como los requisitos de la dieta durante el ramadán o la previsión de una habitación reservada para visitas conyugales.

Tortura y otros malos tratos

En la mayoría de los casos, las autoridades no adoptaron medidas para abordar los malos tratos infligidos por la policía y en las cárceles. El mecanismo de quejas existente era ineficaz y el número de investigaciones sobre denuncias de malos tratos emprendidas por fiscales siguió siendo muy reducido.

El Defensor y las Defensoras del Pueblo de Bosnia y Herzegovina publicaron un informe en septiembre en el que afirmaban que las condiciones de reclusión no cumplían las normas internacionales en toda Bosnia y Herzegovina. Citaban condiciones higiénicas y materiales inadecuadas, así como falta de acceso a servicios de salud para los detenidos. Las autoridades no habían buscado soluciones a la situación del módulo de psiquiatría forense de la prisión de Zenica, donde pacientes con problemas de salud mental carecían de asistencia médica adecuada.

Las personas declaradas culpables por el Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina seguían cumpliendo sus penas en cárceles de la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, dado que no existía prisión estatal. Esto planteó discrepancias en relación con sus derechos y condiciones materiales bajo custodia.

Informes y visitas de Amnistía Internacional