Bangladesh - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Popular de Bangladesh

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Bangladesh is now live »

Jefe del Estado
Zillur Rahman (sustituyó a Iayudin Ahmed en febrero)
Jefa del gobierno
Sheikh Hasina (sustituyó a Fajrudin Ahmed en febrero)
Pena de muerte
retencionista
Población
162,2 millones
Esperanza de vida
65,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
58/56 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
53,5 por ciento

Al menos 74 personas, entre las que había civiles y oficiales del ejército, murieron en febrero durante un motín de los Fusileros de Bangladesh. Tras el motín, más de 3.000 fusileros fueron detenidos y al menos 48 murieron bajo custodia. Fuerzas policiales y de seguridad participaron en las presuntas ejecuciones extrajudiciales de hasta 70 presuntos delincuentes. Al menos 64 personas fueron condenadas a muerte y 3 fueron ejecutadas. Las mujeres continuaron siendo víctimas de palizas, violaciones, ataques con ácido y otros tipos de agresiones, pero las autoridades apenas tomaron medidas preventivas.

Información general

La Liga Awami asumió el poder en enero, poniendo fin a dos años de estado de excepción respaldado por las fuerzas armadas con un gobierno provisional civil. El nuevo gobierno refrendó algunas reformas institucionales iniciadas por el anterior en aplicación de legislación provisional, como la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, promulgada por el Parlamento en julio. Ese mismo mes, el gobierno creó también la Comisión de Información, tras aprobar el Parlamento la Ley del Derecho a la Información en marzo.

Represión de la disidencia

La policía continuó haciendo un uso excesivo e innecesario de la violencia contra los manifestantes.

  • En septiembre, decenas de policías atacaron con porras a manifestantes pacíficos durante una manifestación convocada en Dacca por la Comisión Nacional de Protección del Petróleo, el Gas, los Recursos Minerales, la Energía y los Puertos, a la que acudieron aproximadamente un millar de personas para pedir mayor transparencia en la decisión del gobierno de adjudicar contratos a empresas petroleras internacionales. Al menos 20 personas resultaron heridas, entre ellas el profesor Anu Mohammed, uno de los dirigentes de la Comisión. No se llevó a cabo ninguna investigación independiente sobre la actuación policial.

Motín de los Fusileros de Bangladesh: tortura y temor de juicios injustos

  • En febrero, miembros de los Fusileros de Bangladesh protagonizaron un motín a gran escala en su cuartel general de Dacca. Los amotinados mataron a no menos de 74 personas, entre las que había 6 civiles, 57 oficiales y un soldado del ejército, 9 jawans (el rango más bajo de los Fusileros) y una persona que aún no ha sido identificada. Posteriormente, miles de fusileros fueron acuartelados y se les impidió todo contacto con el mundo exterior. Pronto comenzaron a llegar informes según los cuales decenas –posiblemente centenares– de fusileros habían sufrido violaciones de derechos humanos, incluida tortura, por su posible participación en el motín. Sólo entre marzo y mayo, al menos 20 de ellos murieron bajo custodia. Oficiales de los Fusileros de Bangladesh afirmaron que 4 hombres se habían suicidado y que 16 habían muerto por causas naturales. Hasta el 10 de octubre, el número total de fusileros muertos ascendía a 48. Se recibieron denuncias de que la tortura podía haber sido la causa de algunas de estas muertes o un factor coadyuvante. Al finalizar el año, la comisión oficial creada en mayo para investigar las muertes no había presentado su informe.

La investigación oficial sobre las circunstancias del motín no llegó a determinar sus causas. Al finalizar el año aún no había entregado su informe el Departamento de Investigación Criminal de la policía, que había iniciado otra investigación para identificar los cargos contra más de 3.000 fusileros pendientes de juicio. En septiembre, el gobierno confirmó que los juicios por homicidios, toma de rehenes y saqueos se celebrarían ante tribunales civiles. No estaba claro de qué recursos disponían los tribunales, especialmente en lo relativo a formación adicional de los jueces, para juzgar con las debidas garantías a un número tan inaudito de acusados.

Derechos de los pueblos indígenas

En agosto, el gobierno comenzó a desmantelar los grandes campamentos del ejército en Chittagong Hill Tracts a fin de cumplir uno de los diversos compromisos pendientes del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts. El acuerdo, firmado en 1997 por autoridades y representantes de Chittagong Hill Tracts, reconocía los derechos de los pueblos indígenas que habitaban en la zona y puso fin a más de 20 años de insurgencia. El gobierno no tomó medidas para resolver otros asuntos pendientes, como la disputa por la propiedad de las tierras que, según denunciaban los indígenas, les fueron confiscadas por el ejército durante la insurgencia a fin de dárselas a bangladeshíes no indígenas a los que el gobierno alentó para que se estableciesen en la zona.

Ejecuciones extrajudiciales

En febrero y octubre, la primera ministra Sheikh Hasina prometió que el gobierno pondría fin a las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, según informes, hasta 70 hombres murieron en situaciones de “fuego cruzado” durante los primeros nueve meses del año. Las autoridades policiales solían calificar las presuntas ejecuciones extrajudiciales como muertes en situaciones de “fuego cruzado” o después de un “tiroteo”.

  • Familiares de Mohsin Sheikh, de 23 años, y de Mohammad Ali Jinnah, de 22, dirigentes estudiantiles de la Liga Awami, denunciaron que los jóvenes habían muerto en Dacca en mayo abatidos por disparos de miembros del Batallón de Acción Rápida. El Batallón afirmó que los dos hombres no se habían detenido cuando les dieron el alto en un puesto de control y que habían muerto al recibir disparos durante el “tiroteo” que se desencadenó a continuación. La autopsia de los cadáveres mostró que ninguna de las balas disparadas por miembros del Batallón de Acción Rápida se había desviado, lo que indicaba que se había tratado de un homicidio premeditado y no de un “tiroteo”. Posteriormente, la policía abrió una investigación criminal contra 10 miembros del Batallón de Acción Rápida, pero ninguno fue procesado.

Violencia contra las mujeres

Los periódicos informaron de al menos 21 casos de hombres que habían matado a sus esposas porque la familia de la mujer no disponía de dinero para la dote. Fuentes policiales afirmaron que entre enero y octubre habían recibido no menos de 3.413 denuncias de palizas y otros abusos contra mujeres por disputas a causa de la dote. En muchos de los casos de los que se tuvo constancia, el procesamiento concluyó con una condena, pero las autoridades no crearon, financiaron ni pusieron en marcha un programa de acción para prevenir de forma activa la violencia contra las mujeres. Grupos defensores de los derechos de las mujeres afirmaron que muchos casos de violencia contra las mujeres, como la presunta violación de trabajadoras sexuales bajo custodia policial, no se denunciaban por temor a las represalias y la falta de protección.

  • En octubre, Smrity Begum murió a causa del veneno que, al parecer, la obligó a ingerir su esposo tras solicitar como dote una motocicleta que la familia de Smrity Begum no se podía permitir. La policía lo acusó de asesinato.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En agosto, el ministro de Legislación, Justicia y Asuntos Parlamentarios anunció la creación de un tribunal para juzgar los casos de personas acusadas de abusos contra los derechos humanos durante la guerra de independencia de 1971, pero el anuncio no se materializó.

Pena de muerte

En noviembre, el Tribunal Supremo confirmó la condena a muerte de cinco hombres declarados culpables de matar en 1975 al entonces presidente Sheij Mujibur Rahman. Al menos 64 personas fueron condenadas a muerte y no menos de 3 fueron ejecutadas.

Informes y visitas de Amnistía Internacional