Angola - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Angola

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Angola is now live »

Jefe del Estado
José Eduardo dos Santos
Jefe del gobierno
António Paulo Kassoma
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
18,5 millones
Esperanza de vida
46,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
220/189 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
67,4 por ciento

El gobierno siguió adquiriendo compromisos para proporcionar viviendas sociales. Sin embargo, persistieron los desalojos forzosos, entre ellos uno de los más numerosos que se habían llevado a cabo en los últimos años. Se recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones y reclusiones arbitrarias y tortura y otros malos tratos por parte de la policía. Las organizaciones de derechos humanos hacían frente a menos actos de intimidación, aunque se hostigó y procesó a periodistas por su trabajo.

Información general

En septiembre, el presidente José Eduardo dos Santos cumplió 30 años como jefe del Estado. Volvieron a aplazarse las elecciones presidenciales, cuya celebración se esperaba para 2009, hasta después de la aprobación de una nueva Constitución. Se propusieron tres tipos de modelo constitucional, cuyos anteproyectos se distribuyeron para debate público. Una de las versiones preveía la elección directa del presidente por el Parlamento. Al terminar el año no se había tomado decisión alguna sobre los modelos. En diciembre, el presidente Dos Santos anunció que probablemente no se celebrarían elecciones durante otros tres años.

Las intensas lluvias caídas en los primeros meses del año causaron inundaciones en muchas zonas del país. Decenas de miles de personas perdieron sus hogares, entre ellas unas 25.000 en la provincia de Cunene, en el sur del país, en marzo.

En septiembre, Angola alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por valor de hasta 890 millones de dólares estadounidenses.

Derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos

En julio, el gobierno anunció una medida por la que quedarían exentos de impuestos algunos materiales de construcción importados, en un intento de hacer la vivienda más asequible para las personas pobres. El mismo mes se anunció que Estados Unidos prestaría a Angola 400 millones de dólares en concepto de ayuda para construir un millón de viviendas para la población sin recursos en los cinco años siguientes.

A pesar de estas iniciativas, los desalojos forzosos continuaron. En julio, más de 3.000 familias (unas 15.000 personas) fueron desalojadas por la fuerza de los barrios de Bagdad e Iraque, en Luanda. La escala de estos desalojos fue mayor que la de los últimos años. Las autoridades justificaron su actuación afirmando que las personas desalojadas habían ocupado y construido las viviendas ilegalmente en terrenos destinados a urbanización por el gobierno. Sin embargo, algunas personas desalojadas afirmaron que tenían derechos legales sobre los terrenos. También hubo desalojos forzosos en la provincia de Benguela, y decenas de miles de familias seguían corriendo el riesgo de ser desalojadas por la fuerza en todo el país.

Policía

La policía seguía cometiendo violaciones de derechos humanos, como uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Fue escaso el número de agentes que pasaron a disposición judicial, y apenas se difundió información sobre acciones emprendidas contra la policía por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

  • A finales de enero, un agente de policía de la provincia de Namibe persiguió a Roberto Yava Chivondu, que se dirigía a su domicilio en una motocicleta, y después disparó contra él y lo mató. El agente le indicó que se detuviera pero Roberto no le obedeció. La esposa y la sobrina de Roberto Yava Chivondu, que también viajaban en la motocicleta, resultaron heridas al caer del vehículo. En junio, el Tribunal Provincial de Namibe declaró culpable del homicidio de Roberto Yava al agente, que presuntamente había matado a otra persona en un incidente anterior, y lo condenó a 20 años de cárcel.
  • En agosto, un agente de policía de la ciudad de Lobito, provincia de Benguela, alcanzó con un disparo en el abdomen a Jorge Euclia durante una operación policial que tenía como objetivo detener a un grupo de jóvenes sospechosos. El agente disparó tres veces contra Jorge Euclia cuando éste intentó impedirle que golpeara a su hermano. Jorge Euclia necesitó tratamiento intensivo para sus heridas, pero sobrevivió. El jefe provincial de la Policía Nacional en Benguela afirmó que el disparo que había herido a Jorge Euclia no procedía de la policía sino de uno de los sospechosos. No se llevó a cabo ninguna investigación, y nadie rindió cuentas por los disparos.
  • En septiembre comenzó ante el Tribunal Provincial de Luanda el juicio de siete agentes de policía acusados del homicidio de ocho jóvenes en la zona de Largo da Frescura, Luanda, en julio de 2008. Al terminar el año el juicio no había concluido.

Detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos

Se recibieron informes de detenciones y reclusiones arbitrarias practicadas por la policía. La mayoría de las detenciones fueron acompañadas de uso excesivo de la fuerza. También se tuvo noticia de que la policía infligió tortura y otros malos tratos a personas detenidas en la provincia de Lunda Norte.

  • El 1 de abril, cuatro miembros de la Comisión del Manifiesto Jurídico Sociológico del Protectorado de Lunda Tchokwe, en la provincia de Lunda Norte, hicieron entrega de un manifiesto en la comandancia policial de Cuango, provincia de Lunda Norte. Allí, según los informes, los cuatro –Calixto Kulunga, Modesto Timóteo, Bento Majimo y Zeferino Rui Muatxingo– fueron detenidos y golpeados por la policía para que revelaran los nombres y las direcciones de otros miembros de la Comisión. Después de estos hechos se detuvo y recluyó a unas 270 personas identificadas por los cuatro hombres. La mayoría de los detenidos quedaron en libertad. Sin embargo, los cuatro detenidos en primer lugar y unos 30 miembros más de la Comisión permanecieron recluidos en la cárcel de Conduege, Lunda Norte, donde, según se afirmó, los sometieron a tortura. Estaba previsto que fueran juzgados en noviembre por delitos contra el Estado, pero el juicio se aplazó.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En marzo, el Tribunal Constitucional se declaró incompetente para juzgar en una causa promovida contra la Asociación Justicia, Paz y Democracia. La demanda pedía el cierre de la asociación alegando que sus documentos fundacionales infringían la legislación angoleña. El Tribunal Constitucional remitió la demanda al Tribunal Supremo para que dictara sentencia.

Libertad de expresión: periodistas

Los periodistas seguían haciendo frente a hostigamiento en forma de demandas judiciales y otras restricciones. Al menos tres periodistas fueron acusados de abusar de los medios, y a otro se le impuso una condena condicional de prisión por difamación. En mayo se confiscó el pasaporte al director del semanario Folha 8 cuando intentaba salir de Angola con destino a Namibia. Le dijeron que su nombre figuraba en una lista de personas que tenían prohibido salir del país.

  • En julio, según los informes, el director del semanario A Capital fue llamado para ser interrogado en la Dirección Nacional de Investigación Criminal como sospechoso del delito de “atacar el honor y la dignidad del jefe del Estado”. La acusación se basaba en una denuncia presentada por la fiscalía en relación con un artículo publicado en el semanario que criticaba al presidente del país. Al terminar el año no se había tomado decisión alguna sobre el caso.
  • También en julio, el Tribunal Provincial de Luanda impuso una pena condicional de tres meses de cárcel al periodista Eugénio Mateus por difamación de las fuerzas armadas. Los cargos se formularon como consecuencia de la denuncia presentada por el jefe del Estado Mayor del Ejército por un artículo publicado por Eugénio Mateus en 2007 en el que criticaba al ejército, entre otras cosas, por consumo excesivo de alcohol.

Provincia de Cabinda

Continuaron los combates esporádicos en la provincia de Cabinda entre las Fuerzas Armadas Angoleñas y el brazo militar del Frente de Liberación del Estado de Cabinda (FLEC).

  • En marzo comenzó el juicio de cinco hombres detenidos y acusados de delitos contra el Estado en la provincia de Cabinda en 2008. En mayo, cuatro fueron absueltos y uno fue condenado a 18 meses de cárcel por posesión de armas de fuego. Los cinco quedaron en libertad, incluido el que había sido condenado, debido al tiempo que había pasado ya recluido en espera de juicio.
  • El preso de conciencia José Fernando Lelo quedó en libertad en agosto tras ser absuelto en apelación por el Supremo Tribunal Militar, que falló que no había pruebas suficientes para mantener la sentencia condenatoria. En septiembre de 2008, el Tribunal Militar de Cabinda lo condenó a 12 años de cárcel por delitos contra la seguridad del Estado e incitación a la rebelión. También en agosto, el Supremo Tribunal Militar aumentó en apelación –de 13 a entre 22 y 24 años– las penas impuestas a cinco soldados condenados junto con José Fernando Lelo en septiembre de 2008. Los cinco habían recibido penas de 13 años de prisión por intento de rebelión armada y otros delitos militares.

Derechos de las personas migrantes

Las autoridades seguían expulsando a migrantes indocumentados, sobre todo ciudadanos de la República Democrática del Congo. Muchas de las personas expulsadas afirmaban que tenían derecho a permanecer en Angola. A finales de septiembre, las autoridades de la República Democrática del Congo comenzaron a expulsar a angoleños como represalia (véase el apartado sobre República Democrática del Congo).

Las expulsiones masivas se llevaron a cabo en condiciones deplorables y fueron acompañadas de violaciones de derechos humanos, como violencia física, y en ocasiones sexual, por parte de las fuerzas armadas. Un gran número de personas fueron transportadas hasta las fronteras en vehículos abarrotados, y se recibieron informes de que algunas murieron por asfixia. Durante las expulsiones, los miembros de muchas familias, incluidos niños y niñas, quedaron separados, y se dejó a las personas expulsadas en zonas remotas sin alimentos ni cobijo. Refugiados de ambos países se vieron afectados por estas expulsiones.

En octubre, los dos países acordaron poner fin a las expulsiones. El gobierno de Angola colaboró con la comisión interorganismos de la ONU para abordar la situación humanitaria resultante en las provincias angoleñas de Uíge y Zaire. No se tenía constancia de que se hubieran emprendido acciones contra nadie por las violaciones de derechos humanos que acompañaron a las expulsiones.

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