Afganistán - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Islámica de Afganistán

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Afghanistan is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Hamid Karzai
Pena de muerte
retencionista
Población
28,2 millones
Esperanza de vida
43,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
233/238 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
28 por ciento

Más de siete años después de que Estados Unidos y sus aliados derrocaran a los talibanes, la población afgana continuaba sufriendo violaciones generalizadas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Empeoró el acceso a la atención de la salud, la educación y la ayuda humanitaria, especialmente en el sur y el sureste del país, debido a la intensificación del conflicto armado entre las fuerzas afganas e internacionales y los talibanes y otros grupos armados. En el norte y el oeste, zonas consideradas relativamente seguras hasta entonces, aumentaron los abusos derivados del conflicto.

Información general

Los talibanes y otros grupos contrarios al gobierno intensificaron en todo el país los ataques contra civiles, dirigidos incluso contra escuelas y centros de salud. En las elecciones presidenciales de 2009 hubo denuncias de fraude que reflejaban una preocupación más general por la mala administración y la corrupción endémica del gobierno. La población afgana se enfrentaba a una situación de desorden, vinculada a un floreciente comercio ilegal de narcóticos, un sistema de justicia débil e incapaz y una falta sistemática de respeto por el Estado de derecho. Persistía la impunidad: el gobierno no investigó ni procesó a altos cargos públicos a los que se consideraba en general responsables de violaciones de derechos humanos y actividades ilegales.

La ONU clasificó a Afganistán como el segundo más pobre de los 182 países de su índice de desarrollo humano. La tasa de mortalidad materna del país fue la segunda más alta del mundo. Sólo el 22 por ciento de la población tenía acceso a agua potable.

Impunidad: elecciones nacionales

La ausencia de medidas para aplicar el Plan de Acción para la Paz, la Justicia y la Reconciliación, de 2005, y disolver los grupos armados ilegales permitió que presuntos autores de graves violaciones de derechos humanos se presentaran como candidatos para cargos públicos y los ocuparan.

El gobierno afgano y sus partidarios internacionales no instituyeron los debidos mecanismos de protección de los derechos humanos antes de las elecciones de agosto, que se vieron empañadas por la violencia y por denuncias de fraude generalizado, como manipulación de las urnas, cierre anticipado de colegios electorales, apertura de colegios no autorizados y votación repetida.

Pese a la indignación pública, en el gobierno formado tras la reelección del presidente Karzai se incluyó a varias figuras contra las que pesaban denuncias creíbles y públicas de crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil de Afganistán, así como tras la caída de los talibanes.

Conflicto armado

Abusos cometidos por grupos armados

Aumentó el número de víctimas civiles causadas por los talibanes y otros grupos insurgentes. Entre enero y septiembre, los grupos armados efectuaron más de 7.400 ataques en todo el país, según la Oficina de Seguridad de las ONG afganas. La ONU registró más de 2.400 víctimas civiles, a unos dos tercios de las cuales las habían matado los talibanes.

La violencia alcanzó su punto álgido en agosto, durante el periodo electoral, cuando se produjeron muchos ataques indiscriminados o dirigidos contra civiles. Utilizados como colegios electorales, las escuelas y los centros de salud estuvieron muy expuestos a sufrir ataques. Según la ONU, el día de las elecciones los talibanes y los grupos insurgentes atacaron al menos 16 escuelas y un centro de salud.

  • El 11 de febrero, los talibanes perpetraron un atentado suicida con explosivos y tirotearon tres edificios oficiales de Kabul. Como consecuencia de ello murieron al menos 26 personas, 20 de ellas civiles, y resultaron heridas más de 60, en su mayoría civiles también.
  • El 17 de septiembre, un atentado suicida con vehículo bomba, perpetrado contra un convoy de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Kabul, mató al menos a 18 personas, 10 de ellas civiles, e hirió a más de 30 civiles. Los talibanes se atribuyeron la responsabilidad del atentado.
  • Al menos 30 civiles murieron y 31 resultaron heridos en ataques de los talibanes el día de las elecciones.
  • El 8 de octubre, un atentado suicida talibán con vehículo bomba perpetrado a la entrada de la embajada india en Kabul mató a 13 civiles y a 2 agentes de policía e hirió a otros 60 civiles y a 13 agentes de policía más.
  • El 28 de octubre, combatientes talibanes asaltaron un hotel de la ONU en Kabul y mataron a cinco empleados extranjeros de la organización y a un civil y dos agentes de seguridad afganos. Fue el ataque con más víctimas mortales sufrido por la ONU en Afganistán en años, por lo que ésta optó por reubicar a más de 600 miembros extranjeros de su personal fuera del país.

Los talibanes y otros grupos armados continuaron atacando edificios escolares, así como a profesores y alumnos. Debido a la inseguridad se cerraron en total 458 escuelas, la mayoría en el sur del país, lo que afectó a 111.180 estudiantes. Los talibanes atacaban en particular las escuelas de niñas.

  • En mayo, una escuela de niñas de la provincia de Kapisa sufrió un ataque con gas tras el que fue necesario llevar al hospital a más de 84 alumnas.

Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas afganas e internacionales

Las fuerzas internacionales revisaron sus reglas de combate para minimizar el número de víctimas civiles, pero en la primera mitad del año aumentaron las muertes de civiles a causa de operaciones de las fuerzas de seguridad internacionales y afganas. Las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos carecían de un mecanismo coherente y sistemático para investigar los ataques con víctimas civiles y rendir cuentas e indemnizar a las personas afectadas.

  • El 4 de septiembre, unos ataques aéreos de la OTAN mataron a hasta 142 personas, de las cuales, según informes, 83 eran civiles, cerca del pueblo de Amarkhel, provincia de Kunduz. Aunque estaba en condiciones de hacerlo, la OTAN no advirtió de manera efectiva a la población civil de que iba a lanzar un ataque inminente en la zona (véase el apartado sobre Alemania).
  • El 27 de agosto, fuerzas de la OTAN que prestaban apoyo a unidades del ejército afgano atacaron en la provincia de Paktika un centro de salud donde, según informes, estaba recibiendo tratamiento un líder talibán. Tal acción violó el derecho internacional humanitario, que protege de los ataques a los combatientes que quedan fuera de combate por haber resultado heridos.
  • El 4 de mayo, unos ataques aéreos estadounidenses mataron a más de un centenar de civiles en el distrito de Bala Baluk, en la provincia occidental de Farah. Militares estadounidenses y de la OTAN explicaron que los combatientes talibanes se ocultaban entre la población para provocar ataques contra civiles.

Libertad de expresión: periodistas

Los talibanes y otros grupos armados intensificaron sus ataques contra periodistas afganos y bloquearon casi toda la actividad informativa en las zonas bajo su control. El gobierno también intimidó y agredió a periodistas.

Los talibanes intentaron impedir que los medios de comunicación informaran de las elecciones. Asimismo, los trabajadores de los medios de comunicación sufrieron intimidaciones e injerencias de partidarios del presidente Karzai y de otros candidatos presidenciales, en particular de los de Abdullah Abdullah. Dos periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación murieron a manos de fuerzas del gobierno y grupos armados, y muchos otros sufrieron agresiones físicas.

Como en años anteriores, el gobierno no investigó exhaustivamente los homicidios y agresiones a periodistas.

  • En julio, agentes de policía golpearon a cinco periodistas en Herat por informar de una manifestación pública y de casos de corrupción policial.
  • El 11 de marzo, los insurgentes mataron en la provincia de Kandahar a Jawed Ahmad, periodista afgano que trabajaba para una cadena internacional de noticias.
  • En septiembre, Sayed Parwiz Kambakhsh fue indultado por el presidente Karzai y solicitó asilo político en un tercer país. Cumplía una condena de 20 años de cárcel que le había sido impuesta tras ser declarado culpable de “blasfemia” por la presunta distribución de un artículo en el que se cuestionaba el papel de las mujeres en el islam.

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo de manera generalizada discriminación, violencia en el ámbito familiar y secuestro y violación a manos de individuos armados. Siguieron siendo víctimas de trata, utilizadas como objeto de canje para resolver disputas y pagar deudas y obligadas a contraer matrimonio, incluso sin haber cumplido la edad mínima. En algunos casos, los talibanes y otros grupos armados dirigieron sus ataques específicamente contra mujeres y niñas.

Las defensoras de los derechos humanos continuaron sufriendo violencia, hostigamiento, discriminación e intimidaciones por parte de las autoridades, así como de los talibanes y de otros grupos armados.

  • En abril de 2009, los talibanes asesinaron a Sitara Achekzai, secretaria del Consejo Provincial de Kandahar y destacada activista de derechos humanos.

Novedades jurídicas

El gobierno promulgó dos leyes relacionadas con las mujeres.

  • En marzo se aprobó la Ley sobre el Estatuto Personal de la Comunidad Chií, que contenía varias disposiciones discriminatorias para las mujeres chiíes. Criticada por grupos de mujeres afganas y por la comunidad internacional, la Ley se reformó en julio, pero conservó algunas disposiciones discriminatorias.
  • En agosto, el presidente y su gobierno aprobaron la Ley de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tipificaba como delito la violencia contra las mujeres, incluida la violencia en el ámbito familiar. Estaba pendiente su aprobación en el Parlamento.

Falta de acceso de la ayuda humanitaria

Especialmente en las provincias del sur y el este del país, la actividad insurgente impidió a muchas agencias de ayuda humanitaria desarrollar sus actividades. Los ataques de los talibanes y otros grupos armados contra trabajadores humanitarios aumentaron considerablemente, incluso en el norte. Se produjeron 172 ataques contra ONG y trabajadores humanitarios, en los que murieron 19 personas, resultaron heridas 18 y fueron secuestradas 59. El conflicto perjudicó el acceso de la ayuda humanitaria a algunas de las zonas más afectadas del sur y el este, lo que tuvo consecuencias en el envío de ayuda humanitaria y atención médica esenciales a millones de personas. Sólo en marzo fueron atacados y saqueados por grupos armados 13 convoyes de ayuda humanitaria.

Derecho a la salud

El conflicto continuó teniendo consecuencias negativas para los servicios de salud. Particularmente en el sur, algunos centros y servicios de salud sufrieron los efectos de operaciones de ambas partes, que tuvieron consecuencias devastadoras para el acceso de los civiles a la atención de la salud.

  • En agosto, fuerzas militares internacionales y nacionales ocuparon dos centros de salud primaria en los distritos de Nawa y Garamseer de la provincia de Helmand y los utilizaron como base militar. En septiembre se volvió a abrir el de Nawa y se trasladó a otro lugar el de Garamseer.
  • El 6 de septiembre, tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad asaltaron un hospital del Comité Sueco para Afganistán en la provincia de Wardak.

Personas internamente desplazadas

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) calculaba que se habían visto desplazadas de sus hogares 297.000 personas, más de 60.000 de ellas sólo en 2009. La mayoría habían huido de los combates que continuaban produciéndose en zonas del sur, el este y el sureste. También había millares que se habían visto desplazadas por la sequía, las riadas y la falta de alimentos en el centro y el norte del país.

Millones de personas desplazadas vivían en campos de acogida provisionales de Kabul y Herat, sin alojamiento adecuado ni acceso apenas a alimentos, agua potable, servicios de atención de la salud y educación.

Según el ACNUR, a lo largo del año regresaron a Afganistán de Irán y Pakistán 368.786 refugiados en total. Algunos se vieron desplazados de sus lugares de origen debido a la falta de oportunidades económicas y el limitado acceso a tierras, vivienda, agua potable y para riego, atención de la salud y educación. En algunos casos, las tierras y propiedades de los retornados fueron ocupadas por milicias locales aliadas con el gobierno.

Millares de paquistaníes desplazados por las operaciones militares del noroeste de su país –en las Zonas Tribales bajo Administración Federal y el valle de Swat– buscaban refugio en las provincias de Kunar, Jost y Paktika, en el este de Afganistán (véase el apartado sobre Pakistán).

Detención y reclusión arbitrarias

Se siguió recluyendo arbitrariamente, sin autoridad legal clara ni el debido proceso, a centenares de afganos. Unos 700 continuaron recluidos sin cargos ni juicio en la base estadounidense del aeropuerto de Bagram, sometidos a “internamiento por razones de seguridad” por tiempo indefinido. El 15 de noviembre, Estados Unidos inauguró un nuevo centro de detención “mejorado” junto al de Bagram, pero continuó negando a los detenidos su derecho al debido proceso (véase el apartado sobre Estados Unidos).

Las fuerzas de la OTAN y Estados Unidos continuaron entregando a detenidos a la Dirección Nacional de Seguridad, los servicios de inteligencia de Afganistán, bajo cuya custodia estaban expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos, reclusión arbitraria y juicio sin las debidas garantías.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recluyeron ilegalmente y, en algunos casos, incluso juzgaron a personas por cargos no previstos en el Código Penal, como incumplimientos de obligaciones contractuales, disputas familiares y “delitos contra la moral”. La Dirección Nacional de Seguridad detuvo y recluyó a periodistas y otras personas por actos considerados un “riesgo para la seguridad pública o del Estado”, definidos de manera poco precisa en la legislación afgana.

Sistema de justicia

En febrero, el gobierno reconoció en su informe sobre el país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU las deficiencias del sistema de justicia, incluidas la falta de acceso a la justicia de las mujeres, la corrupción y la negación de la presunción de inocencia.

Los procedimientos judiciales no cumplían las normas internaciones sobre juicios justos, pues, entre otras cosas, no se proporcionaba a los acusados tiempo suficiente para preparar su defensa, no se prestaba asistencia letrada, se dictaba sentencia sin pruebas suficientes o sobre la base de pruebas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos y se negaba a los acusados el derecho a llamar y examinar a testigos.

Pena de muerte

Los tribunales de primera instancia impusieron 133 penas de muerte, de las cuales 24 fueron confirmadas por el Tribunal Supremo de Afganistán. Había al menos 375 personas condenadas a muerte.

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