Círculo vicioso de desalojos forzosos en Serbia

Desde al año 2000, las familias de etnia romaní de Belgrado han sido desalojadas según iban surgiendo proyectos de infraestructuras. Sin embargo, recientemente Serbia se ha embarcado en más y más proyectos de infraestructuras de gran envergadura, lo que ha motivado que las autoridades estén desalojando por adelantado y sistemáticamente los asentamientos romaníes de la ciudad. 

El 31 de agosto de 2009, las autoridades municipales de Belgrado desalojaron a la fuerza a los residentes de un asentamiento romaní bajo el puente de Gazela. El desalojo se produjo para permitir las obras de reparación del puente, en estado ruinoso, que se realizan en parte gracias a un crédito de 77 millones de euros del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones.

Sólo unas pocas de las 178 familias romaníes tuvieron tiempo suficiente para poner a salvo sus pertenencias antes de que las excavadoras entraran y destruyeran sus casas. La mayoría se llevó sólo lo que podía cargar. Alrededor de 114 familias fueron trasladadas en autobuses a seis emplazamientos a las afueras de Belgrado, donde fueron alojadas en contenedores de metal; muchos de ellos están masificados y son fríos y húmedos. Otras 64 familias fueron transportadas más lejos, a partes del sur de Serbia. 

Hasta la fecha las autoridades de Belgrado se han negado a proporcionar alojamiento alternativo adecuado a las familias desalojadas. 

No hay duda de que las autoridades necesitan desarrollar las infraestructuras de Belgrado, pero deben introducir salvaguardias suficientes para garantizar que este proceso no da lugar a violaciones de derechos humanos como los desalojos forzosos. Tales salvaguardias incluyen un proceso de consultas genuino con las comunidades sobre los planes para encontrar alternativas a los desalojos. Y si finalmente deben efectuarse los desalojos, las autoridades deben ofrecer una vivienda alternativa adecuada, indemnización y recursos legales, respetando el debido proceso. 

El desalojo del asentamiento de Gazela no respetó las garantías que exige el derecho internacional. Los desalojos que se efectúan de esa manera marginan aún más a las comunidades romaníes, ya que las alejan todavía más de la ciudad y de sus medios de subsistencia y dificultan el acceso a las escuelas y a los servicios de salud.

La comunidad de Belvil, en otra parte de Belgrado, vive bajo la amenaza constante del desalojo forzoso desde marzo de este año, cuando las autoridades municipales anunciaron que al menos 300 viviendas serían demolidas a fin de permitir el paso de una vía de acceso hacia el nuevo puente que se proyecta construir sobre el río Sava. El proyecto de construcción está financiado por el Banco Europeo de Inversiones. 

Sin embargo, las autoridades municipales han suspendido temporalmente los planes de desalojo, previsto inicialmente para mayo. Según la información recibida por Amnistía Internacional en junio, las autoridades municipales de Belgrado están elaborando un Plan de Acción para el Reasentamiento. 

Pese a ello, los habitantes de Belvil están extremadamente preocupados por su futuro, ya que las autoridades municipales no les han informado de los motivos por los que se ha aplazado el desalojo ni de cuándo se llevará a cabo. No se ha consultado a los residentes sobre el Plan de Acción para el Reasentamiento ni se les ha informado oficialmente de las posibilidades disponibles de alojamiento alternativo, aunque suponen que les trasladarán a los “asentamientos de contenedores” que se han visto en distintos lugares del extrarradio de Belgrado.

Las casas de Belvil están construidas con material reciclado, como maderas, cartones, ladrillos y otros productos recuperados. La mayoría de las familias se construyen sus propias casas. Los residentes de Belvil se dedican principalmente a la recogida y venta de chatarra o materiales reciclables, fácilmente disponibles en el centro de la ciudad, que almacenan en el asentamiento. Si son desalojados, perderán su única fuente de ingresos. 

Veinticinco años después de que la ONU estableciese el Día Mundial del Hábitat, cientos de millones de personas en todos los continentes no tienen más alternativa que residir en asentamientos precarios o informales, en viviendas y en unas condiciones inadecuadas; y la cifra sigue creciendo: 1.400 millones en 2020.

Amnistía Internacional ha estado trabajando con socios para poner fin a las violaciones de derechos humanos que sufren las personas que viven en asentamientos precarios e informales, en todas las regiones del globo. La campaña se ha centrado en particular en detener los desalojos forzosos, garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos –agua, saneamiento, educación, salud– para las personas que viven en asentamientos precarios y garantizar la participación activa de las comunidades en las decisiones y procesos que tienen un impacto en sus derechos humanos. En el último año, Amnistía Internacional ha puesto en marcha una serie de acciones específicas sobre Camboya, Chad, Egipto, Italia, Kenia, Rumania, Serbia y Zimbabue, entre otros países.

Únete a nosotros en este Día Mundial del Hábitat y recuerda a los gobiernos que no pueden decir que estén abordando la pobreza o creando mejores ciudades si hacen caso omiso de los miles de millones de personas que viven en asentamientos precarios y sus derechos humanos.

“Mejores ciudades, mejor vida”. Actúa para que no se quede en un mero eslógan.