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27 August 2010

Zimbabue: Policías armados incendian las casas de 250 personas en Harare

Amnistía Internacional pide al gobierno de Zimbabue que tome de inmediato medidas para proteger a unas 250 personas que fueron desalojadas a la fuerza y cuyas viviendas y pertenencias fueron después incendiadas durante una redada nocturna de policías armados en Zimbabue.

Según las víctimas del desalojo forzoso, aproximadamente a las 00:30 horas del 25 de agosto, miembros de la Policía de la República de Zimbabue asaltaron un asentamiento informal en el suburbio Gunhill de Harare. Algunos de los agentes estaban armados e iban con perros. Los residentes no recibieron aviso del desalojo y sólo tuvieron 10 minutos para reunir sus pertenencias. Después, se les ordenó que subieran a un vehículo policial. Los agentes no les informaron del motivo ni el origen de la orden de desalojo.

“Desalojar a la fuerza de sus domicilios a unas personas en medio de la noche no está justificado bajo ninguna circunstancia”, ha dicho Michelle Kagari, directora adjunta del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. “La brutalidad con que se llevó a cabo este desalojo forzoso es alarmante”.

Tras el desalojo, 55 residentes, entre ellos varios niños, fueron trasladados a la comisaría central de Harare y detenidos sin acceso a asistencia letrada. A los abogados que trataron de asesorar a sus clientes en la comisaría no se les informó del motivo de la detención. Los 55 detenidos fueron puestos en libertad sin cargos ese mismo día.

Los residentes del asentamiento de Gunhill ya han sido víctimas en otras ocasiones de redadas policiales en las que han sido detenidos arbitrariamente miembros de la comunidad, que luego han quedado en libertad sin cargos en lo que parece un hostigamiento sistemático por parte de la policía.

La comunidad, compuesta por unas 250 personas, ha regresado al asentamiento de Gunhill y vive a la intemperie sin acceso a refugio alguno.

“Amnistía Internacional pide a las autoridades de Zimbabue que proporcionen un alojamiento de emergencia a los residentes”, ha dicho Michelle Kagari, que ha señalado que las autoridades “también deben garantizar que las víctimas reciben una reparación adecuada, que incluya alojamiento alternativo e indemnización”.

“El gobierno de unidad nacional debe poner fin a la deplorable práctica de los desalojos forzosos y ofrecer garantías a la comunidad Gunhill de que esta terrible experiencia no se repetirá”, ha añadido Michelle Kagari.

Una gran proporción de los residentes de Gunhill son personas que se habían trasladado a este asentamiento tras ser víctimas de la Operación Murambatsvina (Restaurar el Orden), un programa de desalojos forzosos masivos aplicado por las autoridades de Zimbabue en 2005, durante el cual se calcula que perdieron sus hogares unas 700.000 personas.

“En varias ocasiones el gobierno se ha negado a indemnizar o reubicar a las víctimas de la Operación Murambatsvina. Cientos de miles de personas siguen sobreviviendo en condiciones deplorables, muchas bajo la amenaza de un nuevo desalojo forzoso”, ha señalado Michelle Kagari.

Notas a los periodistas

  • Los desalojos forzosos son desalojos que se llevan a cabo sin notificarlo ni consultarlo adecuadamente a las personas afectadas, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal ni garantías de un alojamiento alternativo adecuado. Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados internacionales de derechos humanos que prohíben el desalojo forzoso y otras violaciones de derechos humanos relacionadas, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Zimbabue tiene la obligación de poner fin a los desalojos forzosos y proteger de ellos a su población.
  • La comunidad de Gunhill fue víctima de otro desalojo forzoso en julio de 2009, cuando el teniente de alcalde de Harare afirmó que las autoridades municipales estaban considerando la posibilidad de desalojar a los residentes en “asentamientos ilegales y mercados para restaurar el orden”. Sin embargo, tras las acciones de Amnistía Internacional y de una coalición de organizaciones de Zimbabue, el alcalde retiró la amenaza.
  • Mediante la Campaña Exige Dignidad, lanzada en mayo de 2009, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo el mundo que tomen las medidas necesarias, incluida la adopción de leyes y políticas que se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos, para prohibir e impedir los desalojos forzosos.
  • El objetivo de la Campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional es poner fin a las violaciones de derechos humanos que originan y agravan la pobreza en todo el mundo. La campaña movilizará a personas de todo el mundo para que exijan a gobiernos, grandes empresas y otros agentes con poder que escuchen las voces de las personas que viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Si desean más información, visiten http://demanddignity.amnesty.org/es
AI Index: PRE01/298/2010
Region Africa
Country Zimbabwe
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