Annual Report 2013
The state of the world's human rights

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23 June 2010

Los derechos humanos se resienten con el estancamiento de la reforma en Libia

Los derechos humanos se resienten en Libia con el estancamiento de la reforma, que no avanza a pesar de los esfuerzos del país para adquirir mayor protagonismo internacional, según advierte Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Libya of Tomorrow’: What Hope for Human Rights? documenta casos de flagelación como castigo por cometer adulterio, detenciones por tiempo indefinido y abusos contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, así como el legado de casos no resueltos de desaparición forzada de disidentes. Mientras, las fuerzas de seguridad permanecen inmunes a las consecuencias de sus actos.
 
“Para que Libia tenga alguna credibilidad internacional, las autoridades deben garantizar que nadie está por encima de la ley y que ésta protege a todas las personas, incluidas las más vulnerables y marginadas. La represión de la disidencia tiene que acabar” afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Las fuerzas de seguridad siguen perpetrando violaciones de derechos humanos, en particular los miembros de la Agencia de Seguridad Interna, quienes, al parecer, tienen toda la libertad para detener, poner bajo custodia e interrogar a personas sospechosas de disidencia o de actividades relacionadas con el terrorismo. Los detenidos pueden permanecer largos periodos en régimen de incomunicación, sometidos a torturas y sin acceso a un abogado.

En las cárceles libias languidecen cientos de personas que ya han cumplido su pena o han sido absueltas por los tribunales, si bien en los últimos años se han llevado a cabo centenares de liberaciones, incluidas las de personas que eran objeto de detención ilegal.

Mahmud Hamed Matar lleva en prisión desde 1990. Después de permanecer 12 años privado de libertad sin juicio, fue declarado culpable en un juicio manifiestamente injusto y condenado a cadena perpetua.

Declaraciones presuntamente obtenidas mediante tortura u otras formas de coacción se presentaron como prueba. El hermano de Mahmud, Jaballah Hamed Matar, disidente libio, fue víctima de desaparición forzada en El Cairo en 1990. Las autoridades libias no han tomado medidas para investigar su desaparición.

Durante su visita a la prisión de Jdeida en mayo de 2009, Amnistía Internacional encontró a seis mujeres declaradas culpables de zina (delito definido en la legislación libia como relaciones sexuales entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio legítimo). Cuatro de ellas fueron condenadas a penas de entre tres y cuatro años de cárcel y las otras dos a recibir 100 latigazos. Otras 32 mujeres estaban en espera de juicio por cargos de zina.

Mouna (nombre ficticio) fue detenida en diciembre de 2008, al poco tiempo de dar a luz. Al parecer, la dirección del Centro Médico de Trípoli informó a la policía de que había tenido un hijo fuera del matrimonio. Fue detenida en el mismo hospital, juzgada al poco tiempo y condenada a recibir 100 latigazos.

Las autoridades libias utilizan también la “guerra contra el terror” para justificar la detención arbitraria de cientos de personas consideradas críticas o amenazadoras para la seguridad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Estados Unidos ha devuelto a Libia a varios nacionales de ese país desde su centro de detención de Guantánamo o desde lugares de detención secreta. Uno de ellos fue Ibn Al Sheikh Al Libi, quien, según informes, se suicidó en 2009 en la cárcel de Abu Salim. No se ha hecho público ningún dato de la investigación sobre su muerte.

Los nacionales libios sospechosos de actividades relacionadas con el terrorismo que son devueltos a Libia corren el peligro de ser recluidos en régimen de incomunicación, torturados y procesados en juicios manifiestamente injustos.

Amnistía Internacional ha observado un discreto aumento de la flexibilidad de las autoridades libias hacia las críticas. Desde finales de junio de 2008 se permite que tengan lugar manifestaciones de los familiares de víctimas de la masacre de 1996 en la cárcel de Abu Salim, sucesos en los que al parecer hasta 1.200 internos fueron víctimas de ejecución extrajudicial.

Pero los activistas siguen padeciendo hostigamiento, incluso en forma de detención, y las autoridades todavía no han respondido a sus demandas de verdad y justicia.

Libia ha puesto en libertad a unos 15 presos de conciencia en los dos últimos años; pero no los ha indemnizado por los abusos sufridos y tampoco ha reformado la draconiana legislación que restringe el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo procedentes de todo el continente africano que intentan buscar refugio en Italia y otros países de la Unión Europea se encuentran en Libia con la detención, la cárcel por tiempo indefinido y los abusos, según concluye el informe. 

El país no es signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, por lo que refugiados y solicitantes de asilo corren peligro de devolución a pesar de su necesidad de protección. A principios de junio, las autoridades libias ordenaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que saliera del país, medida que probablemente tuvo graves consecuencias para los refugiados y solicitantes de asilo.

La pena de muerte sigue aplicándose con frecuencia en Libia, al parecer especialmente contra ciudadanos extranjeros, y se impone por un amplio abanico de delitos, incluidas actividades que suponen el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y de asociación.

En mayo de 2009 había 506 personas condenadas a muerte, el 50 por ciento aproximadamente extranjeros, según contó el director general de la policía judicial a Amnistía Internacional.

“Los socios internacionales de Libia no pueden mirar por sus intereses nacionales pasando por alto el atroz historial de este país en materia de derechos humanos” afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.

“Dada su condición de miembro de la comunidad internacional, Libia tiene la obligación de respetar sus compromisos en materia de derechos humanos y hacer frente a su historial en lugar de ocultarlo. Sorprende la contradicción en que incurre Libia al pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al mismo tiempo rechazar que expertos independientes de derechos humanos de este organismo visiten el país.”

Información complementaria

El informe, que abarca los acontecimientos hasta mediados de mayo de 2010, se basa en parte en las conclusiones alcanzadas por Amnistía Internacional tras visitar Libia durante una semana en mayo de 2009, la primera visita de la organización al país en cinco años.

La visita estuvo precedida de largas negociaciones con las autoridades pertinentes. Amnistía Internacional pretendía visitar ciudades del sureste y el este del país además de Trípoli; finalmente, el itinerario autorizado se redujo a Trípoli y una breve visita a Misratah.  

La visita fue facilitada por la Fundación Internacional Gadafi de Asociaciones Benéficas y Desarrollo, presidida por Saif al Islam al Gaddafi, hijo del mandatario libio, coronel Muammar al Gaddafi, cuyo papel fue decisivo a la hora de garantizar el acceso de Amnistía Internacional a varios centros de detención y ayudar a conseguir la liberación de detenidos.

Durante la visita, la delegación de Amnistía Internacional planteó a las máximas autoridades los motivos de preocupación que la organización viene expresando desde hace tiempo, se reunió con representantes de instituciones de la sociedad civil y consiguió acceder a varias personas recluidas por motivos de seguridad o como migrantes irregulares.

Los responsables de seguridad libios impidieron a la delegación viajar a Benghazi como tenía previsto para reunirse con familiares de víctimas de desaparición forzada, y le negaron el acceso a varios presos.

En abril de 2010, Amnistía Internacional envió sus conclusiones a las autoridades libias y se ofreció a incorporar en ellas toda información o respuesta que le proporcionaran, pero no obtuvo respuesta.

AI Index: PRE01/203/2010
Region Africa
Country Nigeria
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