Amnistía Internacional siente una profunda decepción ante la decisión adoptada hoy por el Tribunal constitucional de Corea del Sur de mantener la pena de muerte.

En una sentencia aprobada por cinco votos a cuatro, El Tribunal Constitucional afirma que la pena capital no viola la “dignidad humana y merece” ser protegida en la Constitución.  

“Esta sentencia constituye un importante revés para Corea del Sur y va en contra de la tendencia abolicionista actual del país, donde no se ha ejecutado a ninguna persona desde hace más de un decenio”, ha afirmado Roseann Rife, directora adjunta del programa regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional considera que Corea del Sur es un país abolicionista en la práctica, ya que no ha llevado a cabo ejecuciones desde que el presidente Kim Dae-jung tomó posesión de su cargo en febrero de 1998. El propio presidente Kim fue condenado a muerte en 1980. Sin embargo, se siguen dictando condenas de muerte, y en la actualidad quedan aún 57 personas en espera de ejecución.

Son cada vez más los países que abandonan el uso de la pena de muerte como castigo supremo.  Más del 70 por ciento de los países han decretado la suspensión de las ejecuciones o han abolido la pena capital.

“A pesar de esta sentencia, pedimos al gobierno de Corea del Sur que mantenga la postura abolicionista del país y le instamos a abolir por completo esta práctica en la ley. Todo movimiento regresivo en este asunto es sumamente perjudicial para la reputación internacional de corea del Sur. El país, que ocupa una posición de liderazgo en la esfera económica, debe dar ejemplo también respetando plenamente el derecho a la vida de todas las personas”, ha afirmado Roseann Rife.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, por ser una violación del derecho a la vida y la máxima expresión de castigo cruel, inhumano y degradante. La pena de muerte es irrevocable, y siempre existe el riesgo de que una persona inocente sea ejecutada.

Además, la pena de muerte es intrínsecamente arbitraria y discrimina a las personas pobres, marginadas o pertenecientes a comunidades minoritarias.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur fue establecido en septiembre de 1988 y entre sus funciones figura la de decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, fallar sobre conflictos de competencias entre entidades gubernamentales, juzgar en demandas constitucionales presentadas por personas a título particular, dictar sentencias definitivas sobre recusaciones de altos cargos y pronunciar sentencia sobre la disolución de partidos políticos.