26 January 2010
Familias romaníes sometidas a desalojo forzoso en Rumania

En todo el país se está desalojando a familias romaníes de sus hogares contra su voluntad. Cuando esto sucede, no sólo pierden sus viviendas, sino también sus bienes, sus contactos sociales y su acceso al trabajo y a los servicios públicos. Cuando tratan de protestar contra la discriminación que afecta a sus propias vidas, simplemente no se les suele tener en cuenta.

Aunque una parte de la población romaní vive en estructuras permanentes con seguridad de tenencia, el gobierno considera que otras muchas viviendas habitadas desde hace tiempo por los romaníes son “provisionales” y no oficiales al carecer sus habitantes de prueba alguna de tenencia, por lo que están más expuestos al desalojo.

En las ocasiones en que las autoridades ofrecen alojamiento alternativo, suele estar construido en condiciones muy precarias y carecer de servicios básicos como agua corriente, calefacción o electricidad. En los últimos años, se ha desalojado a comunidades romaníes a las que se ha realojado en las afueras de las ciudades cerca de vertederos, plantas de tratamiento de aguas residuales o zonas industriales.

La práctica sistemática del desalojo forzoso, sin el debido procedimiento de consulta, notificación y ofrecimiento de alojamiento alternativo, perpetúa la segregación racial y vulnera las obligaciones internacionales contraídas por Rumania.

En Rumania hay casi 2,2 millones de romaníes, que representan alrededor del 10 por ciento de la población total. Sin embargo, la discriminación, tanto por las autoridades como por la sociedad en su conjunto, sigue siendo un hecho extendido y arraigado, lo que da lugar a que un 75 por ciento de la población romaní viva en la pobreza, en comparación con el 24 por ciento de la población rumana y el 20 por ciento de la comunidad de origen húngaro, la minoría más numerosa de Rumania.

Desde 2004, unas 75 personas romaníes –entre las que se cuentan familias con niños pequeños– han estado viviendo en casetas y barracones metálicos cerca de una planta de tratamiento de aguas residuales situada al final de la calle Primaverii, en Miercurea Ciuc, en el centro de Rumania. Fueron trasladadas a esta zona, que se considera inhabitable, desde un edificio a punto de desmoronarse ubicado en el centro de la ciudad.

Les dijeron que los trasladaban provisionalmente por su propia seguridad. Tras más de cinco años y varios juicios, la continua violación de su derecho a disponer de una vivienda adecuada –entre otros derechos– comienza a parecer una situación inamovible.

Erszébet, que vive cerca de la planta de tratamiento con su esposo y sus nueve hijos, contó a Amnistía Internacional cómo es la vida en un barracón metálico: “Es estrecho, cuando toda la familia se va a dormir no cabemos. No podemos bañarnos; no podemos asearnos. Es demasiado pequeño. No queremos que las niñas mayores se bañen delante de su padre”. 

Las casetas y barracones metálicos provisionales están cerca de la planta de tratamiento de aguas residuales, dentro del perímetro de seguridad de 300 metros establecido por la legislación rumana para alejar las viviendas de posibles riesgos de intoxicación.

Ilana dijo a Amnistía Internacional: “Las casas están invadidas por ese olor. Por la noche [...] los niños se tapan la cara con la almohada. No queremos comer cuando notamos ese olor [...] tenía otro hijo que murió con cuatro meses [...] No quiero perder a mis otros hijos”.

El suplicio de las familias romaníes dura ya seis años. Es el momento de que las autoridades locales les proporcionen una vivienda adecuada y próxima a instalaciones y servicios en una ubicación segura y saludable.

Copyright de la imagen: Amnistía Internacional

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Protección para las familias romaníes de Miercurea Ciuc

Sr. Alcalde:
Le escribo para manifestarle mi preocupación por las condiciones de vida de la comunidad romaní que, tras haber sido desalojada del centro de la ciudad en 2004, ha sido trasladada por las autoridades locales a una zona próxima a la planta de tratamiento de aguas residuales situada al final de la calle Primaverii. Las actuales condiciones de vida de la comunidad incumplen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que las autoridades de Csíkszereda tienen la obligación de respetar, y que están dirigidas a garantizar que toda persona disfruta del derecho a una vivienda adecuada sin discriminación.
Lamento especialmente que en 2004 las autoridades locales de Csíkszereda desalojaran a la fuerza a la comunidad romaní, sin ofrecer salvaguardia alguna, tal y como están obligados a hacer con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos. Desearía recordarle que los desalojos forzosos son ilegales e inadmisibles. Por tanto, lo insto a:

entablar una consulta auténtica con las comunidades romaníes asentadas cerca de la planta de tratamiento de aguas residuales y del vertedero, a fin de determinar un lugar para el realojo y procurarles una vivienda adecuada;
diseñar un plan para facilitar la integración de la comunidad romaní en el grueso de la comunidad de Csíkszereda;
poner fin a todos los desalojos forzosos

 

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