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9 December 2009

Filipinas: Limitar la ley marcial y disolver las fuerzas paramilitares

Las autoridades filipinas deben establecer de inmediato un marco temporal claro y breve para poner fin a la vigencia de la ley marcial en la agitada provincia de Maguindanao y disolver los grupos armados paramilitares en todo el país, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 8 de diciembre, en Manila. Los derechos humanos fundamentales, como el derecho a impugnar la legalidad de la detención, no deben ser violados o restringidos en ninguna circunstancia.

El 5 de diciembre, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo declaró la ley marcial en Maguindanao y suspendió el derecho de hábeas corpus tras la matanza de 57 personas, entre ellas más de 30 periodistas, en dicha provincia. Recientemente, Andal Ampatuan Jr., del poderoso clan Ampatuan, que ha dominado el escenario político de Maguindanao durante gran parte del último decenio, fue detenido y acusado de estos asesinatos.

“La población de Maguindanao siente terror ante la imposición de la ley marcial porque recuerda las atroces violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar de
la década de 1970”, ha señalado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, que acaba de regresar de Maguindanao.

Durante su visita, Amnistía Internacional no observó indicios de que miembros del personal militar hubieran cometido violaciones graves de los derechos humanos desde la imposición de la ley marcial hasta la fecha.

No obstante, las fuerzas armadas han detenido a unas 70 personas sin la orden judicial pertinente. Además, el despliegue de efectivos militares ha causado el desplazamiento de más de 2.000 residentes de algunas zonas de la provincia de Maguindanao que se hallan bajo el control del clan Ampatuan.

La reciente situación de inseguridad también ha dificultado la entrega de ayuda humanitaria a decenas de miles de civiles desplazados internamente en la región a causa de anteriores enfrentamientos entre los militares y el Frente Moro de Liberación Islámica.

“Cada día de fuerte despliegue militar aumenta el riesgo de que se cometan violaciones de derechos humanos o se produzcan nuevos enfrentamientos con el Frente Moro de Liberación Islámica por más que se hayan entablado nuevas conversaciones de paz.”

Según los informes recibidos, el clan Ampatuan controla de 3.000 a 4.000 hombres armados que actúan, como miembros de las Organizaciones Civiles Voluntarias, conjuntamente con las fuerzas militares que llevan a cabo operaciones de contrainsurgencia. Durante los últimos días, tropas del ejército e investigadores policiales han descubierto varios depósitos de armas clandestinas, entre ellas cientos de ametralladoras, morteros e incluso vehículos blindados para transporte de personal, presuntamente utilizados por las Organizaciones Civiles Voluntarias.

“En Maguindanao, las Organizaciones Civiles Voluntarias han emprendido acciones sistemáticas de agresión contra civiles, incendios e incluso asesinatos, a menudo con el conocimiento y la participación de las autoridades provinciales y las fuerzas armadas. Poderosos clanes han usado a las Organizaciones Civiles Voluntarias contra sus opositores políticos, y con frecuencia el gobierno central no se ha dado por enterado. A cambio, los clanes han ayudado al gobierno a conseguir votos y a luchar contra el Frente Moro de Liberación Islámica y el Nuevo Ejército del Pueblo”, ha manifestado Sam Zarifi.

Amnistía Internacional ha instado a la presidenta Gloria Macapagal Arroyo a revocar o enmendar de inmediato el Decreto Ley núm. 546, en vigor desde 2006, que permite el uso de paramilitares como “multiplicadores de fuerza” en operaciones de contrainsurgencia.
En la práctica, caudillos locales han utilizado a las Organizaciones Civiles Voluntarias y los Auxiliares Activos de las Unidades Geográficas de Fuerzas Armadas de Ciudadanos como ejércitos privados.

“La ambigüedad con que está redactado el Decreto Ley núm. 546 y la forma en que el gobierno ha permitido que se lo aplique han constituido una receta para el desastre. Lamentablemente –aunque previsiblemente– esto ha hecho posible la horrible matanza del 23 de noviembre”, ha añadido Zarifi.

“La comisión establecida la semana pasada por la presidenta Arroyo para investigar la disolución de las Organizaciones Civiles Voluntarias y los Auxiliares Activos de las Unidades Geográficas de Fuerzas Armadas de Ciudadanos debe actuar con urgencia para poner fin a la utilización de grupos fuertemente armados pero carentes de disciplina y mecanismos de rendición de cuentas. Esperamos que la comisión dé seguimiento a esta cuestión con medidas decisivas para disolver a los grupos armados.”

“El derecho internacional reconoce que en algunas circunstancias los gobiernos pueden verse obligados a recurrir a normas y medidas de excepción. Pero algunos derechos, como el derecho a la vida, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho a no ser sometido a tortura y el derecho de hábeas corpus, nunca pueden ser limitados. Cualquier otra restricción debe reducirse a lo absolutamente imprescindible para enfrentar la situación y debe levantarse lo antes posible, ha señalado Zarifi.

Para concertar entrevistas en Manila: Sam Zarifi, +63 930 257 6655 o +44 790 439 7935

 

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