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Bangladesh debe garantizar juicios imparciales para que se haga justicia a las víctimas del motín

Cadáveres de Fusileros de Bangladesh, Dhaka, 26 de febrero de 2009.

Cadáveres de Fusileros de Bangladesh, Dhaka, 26 de febrero de 2009.

© Particular


12 November 2009

El gobierno bangladeshí debe garantizar justicia a las víctimas del motín de los Fusileros de Bangladesh de febrero de 2009, asegurándose de que todos los presuntos implicados reciben un juicio con garantías, ha declarado Amnistía Internacional en un informe publicado a el jueves 12 de noviembre.  

El informe, titulado Looking for Justice: Mutineers on trial in Bangladesh, incluye testimonios de familiares de los miembros de los Fusileros de Bangladesh acusados de participar en el motín. Estos informes sugieren que decenas de integrantes, posiblemente cientos, de este cuerpo sufrieron tortura por su posible implicación en los hechos. A casi todos se les negó durante semanas o meses la oportunidad de contar con la asistencia de un abogado.

Amnistía Internacional condenó los homicidios ilegítimos, la toma de rehenes y otros abusos contra los derechos humanos cometidos durante el motín, y pidió que los autores respondieran de sus actos ante la justicia.

Según Amnistía Internacional, el gobierno de Bangladesh tiene la oportunidad de reforzar la confianza en el Estado de derecho garantizando que los tribunales civiles, que juzgarán a los acusados, hacen justicia.

“El motín fue brutal y desembocó en la muerte de civiles y de oficiales del ejército que murieron en circunstancias terribles. Es vital que el gobierno de Bangladesh haga que los autores de estos crímenes comparezcan ante la justicia, de un modo que sea compatible con el derecho internacional”, ha declarado Abbas Faiz, investigador de Bangladesh de Amnistía Internacional.
El motín a gran escala se desató en el cuartel general de los Fusileros de Bangladesh, en Dhaka, el 25 de febrero de 2009, justo dos meses después de asumir el poder el nuevo gobierno que recientemente había sido elegido. El motín no tardó en propagarse a otros acuartelamientos de fusileros del país. Los amotinados mataron al menos a 74 personas, entre ellas seis civiles y 57 oficiales del ejército destinados al cuerpo de Fusileros como comandantes, un soldado del ejército y nueve jawans (rango inferior del cuerpo de Fusileros). El gobierno tardó 33 horas acabar de forma negociada con el motín.

Hasta la fecha, la única investigación oficial de la que se ha tenido constancia pública no ha conseguido determinar las causas reales del motín. Según la prensa bangladeshí, los fusileros se amotinaron por motivos salariales y laborales. Según ciertas autoridades gubernamentales, el motín no fue otra cosa que una conspiración para derrocar al gobierno entonces recientemente elegido.

Tras el motín, miles de miembros de los Fusileros de Bangladesh fueron acuartelados y se les impidió todo contacto con el mundo exterior. Tan pronto los familiares comenzaron a visitar a los detenidos empezaron a llegar informes en los que se hablaba de decenas de fusileros, posiblemente cientos, que habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos, como torturas, por su posible implicación en el motín.

El informe de Amnistía Internacional documenta los métodos de tortura empleados, que incluyeron privar a los detenidos de sueño durante varios días, palizas, el uso de tenazas para aplastar los testículos, la inserción de agujas bajo las uñas y la administración de descargas eléctricas.

“Los informes de tortura que ha recibido Amnistía Internacional son congruentes con las torturas y los malos tratos infligidos a detenidos en Bangladesh documentados con anterioridad. No es suficiente que las autoridades nieguen que se está practicando la tortura; hace falta una mayor rendición de cuentas en esta cuestión”, afirma Abbas Faiz.

Al menos 20 fusileros murieron bajo custodia solamente entre el 9 de marzo y el 6 de mayo de 2009. Según fuentes de los fusileros, cuatro de ellos se suicidaron, siete murieron de ataques al corazón y otros nueve, por enfermedades. El 10 de octubre de 2009, el número total de fusileros que habían perdido la vida bajo custodia se había elevado a 48.

Amnistía  Internacional acoge con satisfacción la aclaración del Tribunal Supremo de que los consejos de guerra militares no tienen jurisdicción para juzgar a los Fusileros de Bangladesh acusados de cometer homicidios masivos y otros delitos durante el motín de febrero de 2009.
El  gobierno debe asimismo reconsiderar su decisión de recurrir al Tribunal de Juicios Rápidos, pues el plazo temporal que imponen estos tribunales para finalizar el juicio podría desembocar en un error judicial.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Bangladesh a que:

  • las personas sospechosas de cometer delitos comparezcan ante la justicia en aplicación de las normas sobre imparcialidad procesal reconocidas internacionalmente, que incluyen el derecho a recibir visitas de familiares y de acceso a abogados. 
  • se investiguen todas las denuncias de tortura y a que los autores rindan cuentas ante la justicia en juicios con las garantías debidas. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, con independencia de la naturaleza del delito, e insta a las autoridades de Bangladesh a que no la impongan.
  • se examine la capacidad del sistema judicial y, en caso necesario, se pida asistencia a los órganos internacionales pertinentes, a fin de garantizar que el sistema de justicia penal cuenta con la competencia y los recursos necesarios, y que los jueces tienen la formación necesaria para juzgar a un número tan elevado de procesados de los Fusileros de Bangladesh con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.
  • ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y a que designe o establezca los mecanismos preventivos nacionales previstos en dicho Protocolo.

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