Annual Report 2013
The state of the world's human rights

6 November 2009

La Sala Constitucional de Nicaragua debe decidir sobre la legalidad de la nueva legislación sobre el aborto

La Sala Constitucional de Nicaragua debe decidir sobre la legalidad de la nueva legislación sobre el aborto

Amnistía Internacional expresó el 6 de noviembre su preocupación por el hecho de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siga retrasando su sentencia sobre la legalidad de la legislación penal sobre el aborto que entró en vigor en 2008.

La Corte debería haberse pronunciado en mayo de 2009 sobre la constitucionalidad de la prohibición absoluta del aborto –que abarca los casos en que la vida de la mujer o la niña afectada corre peligro y cuando el embarazo es consecuencia de un acto de violación o de incesto–.

“Mientras siga en vigor esta prohibición total, las víctimas de violación o incesto –algunas de las cuales todavía son niñas– se verán obligadas a dar a luz”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“A las mujeres y niñas embarazadas se les está negando tratamiento médico que podría salvarles la vida y se está criminalizando a los profesionales médicos por desempeñar su labor.”

“La vida de muchas mujeres y niñas depende de la decisión de la Corte”, ha señalado Kerrie Howard.

“Nos preocupa hondamente la incertidumbre reinante y el hecho de que la Corte siga retrasando su fallo.” La justicia aplazada es justicia denegada. En Nicaragua están muriendo mujeres porque la Corte no ha defendido sus derechos humanos.

Desde la entrada en vigor de la prohibición, cuatro de los comités de expertos que vigilan la aplicación de los tratados de las Naciones Unidas han comunicado al gobierno nicaragüense que esta prohibición supone un incumplimiento de su obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Según cifras oficiales, 33 niñas y mujeres han muerto durante el embarazo en lo que va del año, mientras que durante el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 20 muertes. Amnistía Internacional considera que estas cifras no reflejan la cantidad real, ya que el propio gobierno ha reconocido que no todas las muertes maternas se registran oficialmente.

El 27 de julio de 2009, Amnistía Internacional publicó el informe titulado La prohibición total del aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres, en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados, en el que se examinan las consecuencias que tiene para los derechos humanos la denegación de servicios de aborto cuando la vida o la salud de una mujer o niña corre peligro, incluidos los casos de víctimas de violación o incesto.

Entre otros, Amnistía Internacional ha hecho llamamientos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, instándola a dictar sentencia sobre la legalidad y constitucionalidad de la ley con urgencia y conforme a las reglas y procedimientos de la Corte.

Información complementaria
El Código Penal revisado de Nicaragua prevé penas de entre uno y dos años de cárcel para las niñas y mujeres que soliciten un aborto y penas de entre uno y tres años de cárcel para los profesionales de la salud que proporcionen servicios médicos relacionados con el aborto. Sólo el 3 por ciento de los países del mundo han introducido en su legislación la prohibición absoluta del aborto.

Conforme a las nuevas disposiciones, las niñas y mujeres que hayan sufrido un aborto espontáneo podrán ser enjuiciadas, ya que en muchos casos es imposible distinguir entre el aborto espontáneo y el aborto inducido. Algunos fiscales, con exceso de celo, utilizan la ley para presentar cargos contra mujeres que se han enfrentado al dolor físico y mental de sufrir un aborto espontáneo.

La nueva legislación contraviene las Normas y protocolos para la atención de complicaciones obstétricas emitidos por el Ministerio de Salud de Nicaragua, en los que se autoriza el aborto terapéutico como respuesta clínica en casos específicos. El Código Penal no prevé ninguna circunstancia excepcional.

En julio de 2009, durante una visita realizada a Nicaragua con ocasión de la presentación del informe La prohibición total del aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres, en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados, la delegación de Amnistía Internacional se entrevistó con niñas de apenas 12 años que, habiendo sufrido violencia sexual a manos de parientes cercanos o amigos de su familia, se habían visto obligadas a llevar a término el embarazo –dando a luz, en muchos casos, a sus propios hermanos o hermanas– porque se les había negado el acceso a otras opciones.

Profesionales de la obstetricia y la ginecología y médicos y médicas de cabecera nicaragüenses han manifestado a Amnistía Internacional que en virtud del nuevo Código Penal, debido al riesgo de causar daños al feto, ya no tienen autoridad para proporcionar tratamiento médico efectivo a mujeres y niñas embarazadas que sufren trastornos que ponen en peligro su vida. El Código Penal prevé sanciones para profesionales médicos y de enfermería que proporcionen tratamiento a una mujer o niña embarazada por enfermedades como el cáncer o para emergencias cardiacas cuando dicho tratamiento esté contraindicado durante el embarazo y pueda causar daños o la muerte al embrión o al feto.

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La escandalosa prohibición total del aborto en Nicaragua niega tratamiento que salva vidas de niñas y mujeres (informe, 27 de julio de 2009)

Issue

Demand Dignity 
Economic, Social and Cultural Rights 
Trials And Legal Systems 
Women 

Country

Nicaragua 

Region

Americas 

Campaigns

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