Suazilandia

Human Rights in Reino de Suazilandia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Swaziland is now live »

Jefe del Estado rey Mswati III
Jefe del gobierno Barnabas Sibusiso Dlamini
(sustituyó a Absalom Themba Dlamini en octubre)

Pena de muerte abolicionista en la práctica
Población 1,1 millones
Esperanza de vida 40,9
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 121/103 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 79,6 por ciento

La violencia política y las protestas públicas llevaron a las autoridades a utilizar la nueva Ley de Represión del Terrorismo para acallar las críticas. Más de dos tercios de la población de Suazilandia vivían en la pobreza y dos quintas partes necesitaban ayuda alimentaria. Las mujeres y las niñas continuaban afectadas de forma desproporcionada por la pandemia de VIH y por la violencia sexual. La policía continuó usando fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y trabajadores en huelga. Se recibieron informes de tortura y otros malos tratos y de uso injustificado de medios letales por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Información general

El rey refrendó con su firma en agosto la Ley de Represión del Terrorismo, después de un proceso parlamentario en el que se produjeron escasas aportaciones públicas. La definición amplia de «acto terrorista» en la Ley de Represión del Terrorismo incumplía los requisitos de la legalidad. Los delitos introducidos en virtud de la Ley restringían excesivamente una amplia gama de derechos humanos, entre ellos la libertad de pensamiento, conciencia y religión; la libertad de expresión; la libertad de asociación; y la libertad de reunión. La Ley de Represión del Terrorismo limitaba el papel de los tribunales y autorizaba la detención en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio durante periodos de hasta siete días.

"Se recibieron persistentes informes de que presuntos delincuentes eran torturados, sobre todo en ciertas comisarías de policía."

El 19 de septiembre se celebraron elecciones parlamentarias nacionales, basadas en el sistema tradicional tinkhundla. Observadores electorales expresaron preocupación por la credibilidad del proceso; se negó a partidos políticos el reconocimiento formal y el derecho a participar en las elecciones. Estaba pendiente la sentencia en una demanda presentada por la Coalición de Organizaciones Cívicas Preocupadas contra su exclusión de los programas de educación del electorado. Antes de las elecciones tuvieron lugar varias manifestaciones de protesta en gran escala, encabezadas por el movimiento sindical. Después de los comicios, el rey designó un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Barnabas Sibusiso Dlamini.

Juicios injustos

El 20 de septiembre, Musa Dlamini y el ciudadano sudafricano Jack Govender murieron mientras colocaban una bomba cerca de una de las residencias del rey. Un tercer hombre, Amos Mbedzi, también de nacionalidad sudafricana, resultó herido y fue detenido. Amos Mbedzi fue presuntamente torturado y después hizo una declaración ante un magistrado mientras aún estaba bajo custodia policial y sin acceso a un abogado. El 24 de septiembre lo acusaron formalmente en virtud de la Ley de Sedición y Actividades Subversivas y de otros dos delitos, y se decretó su ingreso en la prisión de máxima seguridad de Matsapha. Las comparecencias preliminares posteriores se realizaron en la prisión y no ante un tribunal en audiencia pública. Sin embargo, tras ser encarcelado se le permitió el acceso a autoridades consulares, abogados y familiares.

El 15 de noviembre, el presidente del opositor Movimiento Democrático Popular Unido (PUDEMO), Mario Masuku, fue detenido, recluido y acusado formalmente en virtud de la Ley de Represión del Terrorismo en relación con un discurso que presuntamente había pronunciado en el funeral de Musa Dlamini. La disposición en que se basaban los cargos violaba el principio de legalidad. En diciembre, la acusación agregó un cargo de sedición alternativo. Al terminar el año su juicio no había comenzado.

Al terminar el año no se había juzgado todavía a 16 personas acusadas formalmente en 2006 de traición, y el gobierno no había publicado las conclusiones de una comisión de investigación sobre las denuncias de que los 16 hombres habían sido torturados mientras estaban bajo custodia preventiva.

Libertad de asociación, expresión y reunión

El 14 de noviembre, el primer ministro declaró que cuatro organizaciones eran «entidades terroristas» en virtud de la Ley de Represión del Terrorismo: PUDEMO; el Congreso de la Juventud de Suazilandia (SWAYOCO); la Red de Solidaridad con Suazilandia (SNN), radicada en Sudáfrica; y el Ejército de Liberación Popular de Suazilandia (Umbane). La Ley de Represión del Terrorismo limitaba el papel de los tribunales en la revisión de las órdenes de proscripción.

En las semanas siguientes, las organizaciones de la sociedad civil y los trabajadores de los medios de comunicación fueron objeto de vigilancia, hostigamiento y obstruccionismo.

La policía, en aplicación de las facultades que le confería la Ley de Represión del Terrorismo, sometió a interrogatorios prolongados a otros miembros de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Quedaron en libertad sin cargos pero se les advirtió de que serían objeto de nuevos interrogatorios y de posibles cargos.

Policía y fuerzas de seguridad

Policías y otros funcionarios de seguridad siguieron usando fuerza excesiva contra presuntos delincuentes y manifestantes desarmados, entre ellos sindicalistas, miembros del sindicato policial no reconocido, trabajadoras en huelga del sector textil y organizaciones políticas.

Se recibieron persistentes informes de que presuntos delincuentes eran torturados, sobre todo en ciertas comisarías de policía. Las investigaciones no culminaron en el enjuiciamiento de los responsables de estos hechos.

  • El 8 de agosto, Musa Gamedze recibió un disparo en la espalda con un arma de alta velocidad disparada por un guarda de la reserva de caza de Mkhaya, propiedad de Big Game Parks, cerca de su domicilio en eSitjeni. Una investigación policial sobre su muerte no se tradujo en acciones contra el presunto responsable. La Ley de Caza permitía que los guardas usaran «fuerza razonable» para detener a presuntos cazadores furtivos, y los guardas de caza gozaban de inmunidad de procesamiento por acciones realizadas en virtud de la Ley. Organizaciones de la sociedad civil exigieron el fin de la impunidad de los guardas de caza y la adopción de medidas para abordar las desigualdades y la pobreza que obligaban a la población rural a practicar la caza furtiva para sobrevivir.

Derecho a la salud: personas que vivían con el VIH y el sida

La prevalencia del VIH seguía siendo alta, especialmente entre las mujeres. El Consejo Nacional de Respuesta de Emergencia sobre el VIH/sida señaló que el 34,6 por ciento de las mujeres jóvenes que asistían a clínicas antenatales eran portadoras del VIH. El Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculaban que la prevalencia entre varones de edades comprendidas entre 15 y 24 años era del 5,9 por ciento, y del 22,6 por ciento entre las mujeres.

Sólo el 40 por ciento, aproximadamente, de las personas que necesitaban terapia antirretroviral para salvar su vida recibían realmente el tratamiento. Sin embargo, ONUSIDA y OMS informaron de que el número de mujeres embarazadas que vivían con el VIH que recibían terapia antirretroviral para prevenir la transmisión maternoinfantil había pasado de menos de 600 en 2004 a 8.772, unas tres quintas partes de las que necesitaban el tratamiento.

Más del 40 por ciento de la población de Suazilandia necesitaba ayuda alimentaria, y aproximadamente el 69 por ciento de las personas vivían con menos de un dólar al día. La pobreza y la falta de alimentos seguían obstaculizando la capacidad de las personas que vivían con el VIH y el sida para acceder a servicios de salud y seguir el tratamiento.

Violencia contra mujeres y niñas

En enero, la jefa de la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Abusos a Menores de la policía afirmó que el departamento había investigado más de 700 casos de violación de niños y niñas y más de 460 casos de violación de mujeres en los dos años anteriores. En abril, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) publicó un estudio sobre la violencia contra niñas y mujeres jóvenes que reveló que una de cada tres mujeres entrevistadas habían sufrido abusos sexuales durante su infancia y una de cada cuatro habían experimentado violencia física. La víctima conocía al autor de los hechos en el 75 por ciento de los casos. Menos de la mitad de los incidentes fueron denunciados a las autoridades. 

El gobierno no completó la reforma de las leyes sobre el matrimonio y la propiedad. El Proyecto de Ley sobre Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, pendiente desde 2006, no había sido aprobado todavía al terminar el año. La policía se quejó de que la demora en la aprobación de la legislación impedía que los tribunales utilizasen instalaciones especiales para escuchar las declaraciones de testigos vulnerables en casos de violencia sexual.

Pena de muerte

En diciembre, Suazilandia votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Aunque la Constitución de 2006 permitía el uso de la pena capital, no se habían llevado a cabo ejecuciones desde 1983. En 2008 no se impuso ninguna pena de muerte.

Dos personas continuaban condenadas a muerte.