Surinam

Human Rights in República de Surinam

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Suriname is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Runaldo Ronald Venetiaan
Pena de muerte abolicionista en la práctica
Población 461.000
Esperanza de vida 69,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 40/29 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 89,6 por ciento

Continuó el juicio contra las personas acusadas de haber llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales en diciembre de 1982. Siguió sin reconocerse el derecho a la tierra de la comunidad saramaka.

Información general

En julio de 2008, Surinam se adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

"...continuó el juicio contra 25 hombres, entre ellos 17 ex miembros de las fuerzas armadas..."

Derecho a la tierra

En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre una petición que le había hecho Surinam para que formulara una interpretación de una sentencia dictada en noviembre de 2007 sobre las concesiones mineras y madereras establecidas en tierras de la comunidad saramaka.

La comunidad saramaka estaba formada por descendientes de esclavos africanos huidos que se asentaron en el interior de la selva tropical de Surinam en los siglos XVII y XVIII. En la sentencia de la Corte se establecía que «el Estado violó el derecho de los integrantes del pueblo Saramaka a la propiedad». Al finalizar el año, Surinam no había cumplido el fallo de la Corte.

Impunidad: novedades judiciales

En la capital, Paramaribo, continuó el juicio contra 25 hombres, entre ellos 17 ex miembros de las fuerzas armadas, acusados de la ejecución extrajudicial de 13 civiles y 2 oficiales del ejército a quienes se había detenido en diciembre de 1982 como sospechosos de participar en la organización de un intento de golpe de Estado y que se encontraban recluidos en el cuartel de Fort Zeelandia, en Paramaribo.

Poco después de producirse los hechos, uno de los acusados, el teniente coronel Désiré (Dési) Delano Bouterse, ex presidente del Consejo Militar Nacional que gobernó el país durante el régimen militar, declaró en televisión que los 15 detenidos habían sido abatidos cuando intentaban huir. Según los informes, sin embargo, las víctimas mostraban señales de tortura, como mandíbulas machacadas, dientes rotos y miembros fracturados, y múltiples heridas de bala en la cara, el pecho y el abdomen. Entre las víctimas figuraban periodistas, abogados, profesores universitarios, empresarios y un dirigente sindical.

El juicio, iniciado en noviembre de 2007, se celebraba ante un tribunal militar, a pesar de que todos los delitos comunes cometidos por personal militar, incluidas las violaciones de derechos humanos y los crímenes tipificados en el derecho internacional, los debían juzgar tribunales civiles siguiendo los procedimientos penales ordinarios. Los cargos formulados contra los acusados no incluían el delito de tortura.

Durante las vistas celebradas en julio y agosto, los abogados defensores cuestionaron la imparcialidad de los dos jueces, argumentando un conflicto de intereses. En noviembre, el tribunal desestimó la objeción respecto a uno de los magistrados. En diciembre se rechazó la recusación interpuesta contra la presidenta del tribunal militar, la juez Cynthia Valstein-Montnor.