Sudáfrica

Human Rights in República Sudafricana

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
South Africa is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Kgalema Motlanthe
(sustituyó a Thabo Mbeki en septiembre)

Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 48,8 millones
Esperanza de vida 50,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 71/60 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 82,4 por ciento

Se vulneraban a gran escala los derechos de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo. La formación inadecuada de la policía y del personal de la salud socavaba las iniciativas encaminadas a abordar el elevado y persistente grado de violencia ejercido contra las mujeres. Durante la mayor parte del año, los obstáculos para el disfrute de un acceso no discriminatorio a los servicios de salud continuaron afectando a la mayoría de las personas seropositivas. Siguieron recibiéndose informes de torturas y otros malos tratos por parte de agentes de policía, guardias de prisiones y guardias de seguridad privados que acarrearon en ocasiones la muerte de personas detenidas.

En un entorno político cada vez más inestable, la magistratura, los organismos de derechos humanos y los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron blanco de los ataques de figuras políticas de alcance nacional. Estas tensiones se evidenciaron también en las reacciones políticas suscitadas por campañas locales para abordar la pobreza y la desigualdad crecientes, la escasez de viviendas adecuadas, las amenazas de desalojos a gran escala como consecuencia de la puesta en marcha de proyectos mineros o de desarrollo, y la crisis en las reclamaciones sobre tierras.

Información general

En septiembre, el Comité Ejecutivo del Congreso Nacional Africano (African National Congress, ANC) retiró su apoyo a Thabo Mbeki, lo que provocó la dimisión de éste como presidente. Tras una votación en el Parlamento, el vicepresidente del ANC, Kgalema Motlanthe, asumió la presidencia y nombró un nuevo gobierno.

En septiembre también, el Tribunal Superior de Pietermaritzburg había invalidado la decisión de formular nuevos cargos de corrupción contra el presidente del ANC, Jacob Zuma, adoptada por la Fiscalía General a finales de 2007. El Tribunal no se pronunció sobre el fondo del asunto, pero dictaminó que en la tramitación de la causa se habían registrado reiteradas «injerencias, presiones e influencias políticas». El Tribunal Supremo de Apelaciones examinó en noviembre un recurso contra la resolución del Tribunal Superior, pero al finalizar el año no había dictado todavía la correspondiente sentencia.

Todos estos acontecimientos provocaron una profunda escisión en el seno del ANC y la formación de un nuevo partido político, el Congreso del Pueblo, con vistas a las elecciones generales fijadas para 2009. Según los informes, se registraron incidentes violentos, actos de intimidación y amenazas entre miembros del Congreso Nacional Africano y del Congreso del Pueblo en el curso de mítines públicos y durante las elecciones parciales de ámbito local celebradas en diciembre.

"...el 58 por ciento de las personas que requerían tratamiento antirretroviral desde un punto de vista clínico no lo estaban recibiendo."

En noviembre, el presidente Motlanthe recibió el informe de una comisión de investigación nombrada por el ex presidente Mbeki con el fin de examinar si el director nacional de la Fiscalía General, Vusi Pikoli, era idóneo para ocupar el cargo. En 2007, el ex presidente Mbeki había suspendido de su cargo a Vusi Pikoli después de que éste hubiera obtenido una orden de detención contra el director nacional de la policía por cargos de corrupción. Aunque en el informe de la comisión se llegaba a la conclusión de que los motivos de la suspensión no tenían ningún fundamento y que Vusi Pikoli debía ser restituido en su cargo, en diciembre el presidente Motlanthe decidió destituirlo y remitió la decisión al Parlamento para que la corroborara de forma definitiva.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

En mayo, más de 60 personas perdieron la vida y más de 600 resultaron heridas en una serie de ataques violentos perpetrados por la presunta nacionalidad, etnia o condición de migrantes de las víctimas. Miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y comunidades, sobre todo en zonas de Johannesburgo, Ciudad del Cabo y sus alrededores.

Las correspondientes investigaciones preliminares pusieron de manifiesto varios factores coadyuvantes, como los sentimientos xenófobos, la competencia en el acceso a empleo, vivienda o servicios sociales y el impacto de la corrupción. Las investigaciones oficiales no lograron esclarecer el papel desempeñado por la delincuencia o elementos organizados de motivación política en el desencadenamiento de la violencia ni evaluar plenamente la intervención de la policía y su capacidad de respuesta. En diciembre, la Asociación de Refugiados y Migrantes Residentes en Sudáfrica hizo un llamamiento a la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica para que realizara una investigación de los actos de violencia registrados en mayo y expresó su preocupación por que el gobierno no hubiera llevado ante la justicia a los responsables.

Autoridades del gobierno, con la colaboración de organismos humanitarios y organizaciones de la sociedad civil, establecieron «asentamientos seguros» para las personas desplazadas internamente. A partir de julio, sin embargo, la actuación de las autoridades comportó de forma creciente la adopción de medidas que vulneraban las obligaciones con los desplazados en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se obstaculizó en ocasiones el acceso a los asentamientos a organizaciones de ayuda humanitaria, jurídica o de otro tipo; en los asentamientos se pusieron en marcha procedimientos acelerados de asilo sin las suficientes garantías procedimentales, lo que acarreó que se rechazara más del 95 por ciento de las solicitudes; y se recurrió a cargos penales, detenciones ilegales y amenazas de expulsión contra personas que se habían negado a seguir los procedimientos administrativos. En ocasiones se infringió la prohibición de las devoluciones y se negó el acceso a abogados a personas desplazadas a las que se había trasladado al centro de deportación de Lindela.

En los asentamientos se redujeron algunos servicios esenciales cuando en gran medida no existían todavía las condiciones necesarias para un retorno seguro y sostenible de los desplazados a sus comunidades de origen. Al mismo tiempo, no era posible repatriar a las personas que huían de zonas de conflicto ni existían programas de reasentamiento para ellas. Las iniciativas de reintegración tuvieron éxito en algunas zonas, pero siguieron perpetrándose de forma esporádica robos, agresiones, violaciones y asesinatos contra personas desplazadas que se beneficiaban de los fondos de asistencia humanitaria destinados a la reintegración.

La crisis política y humanitaria de Zimbabue provocó la huida de miles de personas a Sudáfrica. Sólo entre julio y septiembre se presentaron más de 46.000 solicitudes de asilo. A finales de año, el Ministerio del Interior reconoció que la utilización del sistema de asilo para rechazar y expulsar a personas que habían emigrado por motivos económicos no era una manera adecuada de abordar la crisis.

Violencia contra mujeres y niñas

De acuerdo con los informes, siguió registrándose un elevado índice de violencia contra las mujeres.

Según estadísticas de la policía, en los 12 meses anteriores a marzo de 2008 las denuncias de violación habían disminuido un 8,8 por ciento. En junio, el ministro de Seguridad señaló en el Parlamento que el número de denuncias no reflejaba la auténtica magnitud del problema, pues muchas violaciones no se denunciaban por la consiguiente estigmatización de la víctima o las presiones de los responsables. En los nueve meses anteriores a marzo de 2008 se habían denunciado 20.282 violaciones de mujeres, 16.068 violaciones de menores de 18 años y 6.127 casos de abusos deshonestos. Durante este periodo, según datos de la policía, sólo alrededor de un 8 por ciento de las causas por violación se habían saldado con una condena.

A partir de mayo empezaron a aplicarse las normas derivadas de la nueva Ley sobre Delitos Sexuales, pero la formación impartida a la policía y al personal de la salud seguía siendo insuficiente. Pese a las normas, algunos profesionales de la salud y agentes de policía ponían en peligro la salud de las supervivientes de violación al insistir en que tenían que presentar primero una querella para poder tener acceso a tratamientos de urgencia –como fármacos profilácticos contra posibles enfermedades contagiosas– con el fin de reducir el riesgo de transmisión del VIH.

En agosto, el director interino de la Policía indicó en el Parlamento que entre junio y diciembre de 2007 la policía había documentado 50.497 incidentes de violencia intrafamiliar. Sólo un 25 por ciento de los casos dieron lugar a causas penales, pues las víctimas eran reacias a mantener los cargos al depender económicamente de los maltratadores.

La falta de compromiso político, las insuficiencias presupuestarias, la formación inadecuada de la policía y de los funcionarios de los servicios sociales provinciales y las deficiencias de los sistemas de remisión de casos continuaban obstaculizando el acceso de las mujeres a recursos jurídicos y mecanismos de protección. En julio, la policía señaló a Amnistía Internacional que, en tres provincias, los jefes de comisaría habían recibido formación especializada junto con los nuevos miembros del cuerpo. En agosto, sin embargo, el director interino de la Policía afirmó que los agentes que no contaban con la formación adecuada estaban mermando la eficacia de los pocos que sí la tenían. Según la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, muchas comisarías seguían sin disponer de los archivos requeridos en la Ley sobre Violencia Doméstica y en ocasiones no ayudaban a las mujeres en la apertura de causas ni en la ejecución de órdenes de detención.

Según funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, los refugios para víctimas de violencia intrafamiliar pasaron de 39 a principios de la década del año 2000 a casi 100 en julio de 2008. En agostó se fundó el Movimiento Nacional de Refugios con el fin de abordar las deficiencias de los servicios destinados a las supervivientes. Persistían graves problemas, sobre todo en lo tocante a las mujeres con hijos en las zonas rurales.

En octubre, un tribunal calificó de «arbitrario e ilegítimo» el despido efectivo ordenado en 2001 por el departamento de salud de Mpumalanga de un médico que había facilitado fármacos profilácticos a supervivientes de violación.

Organizaciones de apoyo siguieron denunciando las deficiencias y prejuicios de la actuación policial en los casos de violación de mujeres lesbianas. En diciembre, Sudáfrica no firmó la declaración de la Asamblea General de la ONU sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género.

Derecho a la salud de las personas con VIH y sida

Se calculaba que en torno a 5,7 millones de personas vivían con el VIH. El Ministerio de Salud indicó en julio que medio millón de pacientes de sida estaban recibiendo tratamiento antirretroviral en 409 centros autorizados. En octubre, según la nueva ministra de Salud, la cifra se elevaba a 550.000. Sin embargo, muchas personas que lo necesitaban seguían sin recibirlo. En el informe de actualización presentado por el gobierno en junio con ocasión del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU sobre el VIH/SIDA se reconocía que el 58 por ciento de las personas que requerían tratamiento antirretroviral desde un punto de vista clínico no lo estaban recibiendo. Esta situación se veía agravada por la gran escasez de personal existente en el sector público, los problemas en el suministro de medicamentos, el lento avance en la descentralización de los servicios destinados a las comunidades rurales pobres, la discriminación por motivos de género y la falta de liderazgo político de las autoridades. Sin embargo, en algunas provincias, como KwaZulu Natal y el Estado Libre, aumentó el número de servicios descentralizados accesibles a los pacientes que no estaban en condiciones de pagar gastos de transporte.

En febrero, tras una prolongada demora, el Ministerio de Salud hizo públicas por fin las directrices revisadas sobre el uso de terapia dual para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo. La aplicación de este tratamiento a mujeres embarazadas seropositivas oscilaba desde algo más del 50 por ciento en la provincia de Cabo Oriental hasta el 99 por ciento en la de Cabo Occidental, donde se proporcionaba terapia dual desde 2004 y donde el porcentaje de transmisión se había reducido al 3 por ciento. También en febrero, un médico de un hospital de KwaZulu Natal fue objeto de medidas disciplinarias por haber aplicado la terapia dual antes de ser ésta autorizada oficialmente.

En julio, el director general del Ministerio de Salud criticó públicamente al vicepresidente del Consejo Nacional del Sida de Sudáfrica, representante de la sociedad civil en este organismo, por defender un enfoque basado en derechos frente a la creciente epidemia de tuberculosis y coinfección por VIH y la aparición de formas de tuberculosis resistentes a múltiples fármacos.

Organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para que se mejorara el acceso a los subsidios de ayuda de las personas pobres con VIH y tuberculosis, incluidas las afectadas por formas de tuberculosis resistentes a múltiples fármacos hospitalizadas en centros especializados en condiciones de aislamiento. En agosto, el Ministerio de Desarrollo Social anunció un aumento de las ayudas sociales. El Ministerio de Transporte empezó a aplicar también un plan de transporte público rural con el fin de mejorar el acceso a los servicios de salud.

A partir de octubre, el fortalecimiento del liderazgo político en materia de lucha contra el sida y el aumento de la cooperación con la sociedad civil bajo la nueva ministra de Salud empezaron a tener también algunos efectos positivos en la eliminación de los obstáculos del derecho a la salud.

Torturas y otros malos tratos

Siguieron recibiéndose informes de torturas y otros malos tratos por parte de agentes de policía, guardias de prisiones y guardias de seguridad privados que acarrearon en ocasiones la muerte de personas detenidas. Entre los métodos confirmados figuraban la aplicación de descargas eléctricas, torturas mediante asfixia y agresiones prolongadas con porras, puños y botas. En varios casos, guardias de prisiones y policías responsables de interrogatorios intentaron ocultar pruebas sobre la causa de las muertes. En ocasiones se negó asistencia médica de urgencia a presuntos delincuentes heridos por grupos parapoliciales mientras permanecían bajo custodia policial, lo que provocó la muerte de un detenido en diciembre.

  • En octubre, agentes de policía agredieron a S.N., coacusado de un robo, cuando se presentó en una comisaría para cumplir las condiciones de libertad bajo fianza que le habían impuesto. Tras empujarlo contra una pared, le propinaron puñetazos, bofetadas y patadas mientras permanecía inmovilizado con esposas y grilletes. Luego lo amenazaron con pegarle un tiro si presentaba una denuncia. Un examen médico reveló lesiones que concordaban con lo expuesto por la víctima.
  • Agentes de policía infligieron malos tratos a tres solicitantes de asilo zimbabuenses en un centro de detención de inmigrantes ubicado en Musina. Tras esposarlos, los obligaron a revolcarse en un suelo encharcado de orina mientras les propinaban patadas y golpes con unas mangueras. Cuando las víctimas trataron de obtener reparación, fueron acusadas formalmente de daños intencionados contra la propiedad.

La Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía informó de que entre abril de 2007 y marzo de 2008 había recibido 20 denuncias de torturas y 739 denuncias de agresiones con el propósito de causar lesiones graves. Durante ese mismo periodo de 12 meses había recibido 302 nuevas denuncias de muertes bajo custodia y 490 denuncias de presuntos delincuentes muertos como consecuencia de disparos efectuados por la policía durante sus investigaciones, un 87 por ciento más que el año anterior. En el Parlamento se puso de relieve la persistente falta de recursos y atribuciones de este organismo. Un estudio efectuado por una ONG reveló que la policía sólo había puesto en práctica la mitad de sus recomendaciones.

  • En abril, el Tribunal Supremo de Apelaciones anuló dos declaraciones de culpabilidad y dos condenas por robo contra Bongani MthembuI alegando que se habían basado en pruebas obtenidas mediante la tortura de un testigo.

En julio, el gobierno hizo pública la revisión de un proyecto de ley para combatir la tortura tras las numerosas críticas suscitadas por una versión anterior elaborada en 2006 y la preocupación expresada por una comisión parlamentaria en junio sobre la falta de voluntad política del gobierno para aplicar obligaciones contenidas en tratados internacionales. Sin embargo, la nueva versión seguía adoleciendo de graves defectos, como no explicitar con claridad la prohibición absoluta de la tortura.

Impunidad

En diciembre, el Tribunal Superior de Pretoria declaró inconstitucional, ilegal e inválida la Normativa Nacional sobre Procesamientos promulgada en 2005 para enjuiciar delitos «derivados de conflictos del pasado». El origen de esta resolución había sido una causa interpuesta por familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas en la década de 1980. El Tribunal aceptó que la normativa concedería de hecho inmunidad judicial a personas que no habían colaborado con la Comisión de la Verdad y Reconciliación o a quienes ésta se había negado a amnistiar, aun en el caso de existir pruebas muy sólidas contra ellas.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Sudáfrica en marzo, en junio y julio y en agosto y septiembre.

Informes de Amnistía Internacional

South Africa: «I am at the lowest end of all». Rural women living with HIV face human rights abuses in South Africa (en inglés, 18 marzo 2008)
Sudáfrica: Amnistía Internacional pide al gobierno que proteja a quienes puedan ser objeto de agresiones «xenófobas» (23 mayo 2008)
South Africa: Fear that closure of camps will result in human rights violations (en inglés, 14 agosto 2008)
South Africa: «Talk for us please». Limited Options Facing Individuals Displaced by Xenophobic Violence (en inglés, 12 septiembre 2008)
Sudáfrica: Las sobrevivientes siguen en peligro (10 noviembre 2008)
Sudáfrica: Sin transporte no hay tratamiento (10 noviembre 2008)
Sudáfrica: No hay refugio (10 noviembre 2008)
Oral statement on the outcome on South Africa under the Universal Periodic Review (en inglés, 11 junio 2008)
Sudáfrica: Las mujeres del medio rural, perdedoras en la respuesta ante el VIH (18 marzo 2008)
Sudáfrica: Las personas desplazadas no deben ser trasladadas forzosamente de los campos temporales (23 julio 2008)