Arabia Saudí

Human Rights in Reino de Arabia Saudí

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Saudi Arabia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno rey Abdulá bin Abdulaziz al Saud

Pena de muerte retencionista
Población 25,3 millones
Esperanza de vida 72,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 26/17 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 82,9 por ciento

Continuaron recluidas sin juicio millares de personas sospechosas de terrorismo y se detuvo a centenares más. En octubre, el gobierno anunció que más de 900 iban a ser juzgadas. Se detuvo o se siguió manteniendo en prisión a activistas de derechos humanos y a personas que habían expresado pacíficamente críticas al gobierno, incluidos presos de conciencia. La libertad de expresión, religión, asociación y reunión siguió estando muy restringida. Las mujeres continuaron sufriendo grave discriminación en la ley y en la práctica. Los trabajadores y trabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos, sin posibilidad apenas de obtener reparación. No se proporcionaba la debida protección a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. La administración de justicia, de carácter sumario, continuó envuelta en el secreto. La tortura y otros malos tratos bajo custodia eran una práctica generalizada y sistemática que se llevaba a cabo con impunidad. Se utilizó ampliamente la flagelación como pena principal o complementaria y se siguió utilizando de forma amplia y discriminatoria la pena de muerte contra trabajadores y trabajadoras migrantes de países en desarrollo, mujeres y personas pobres. Se ejecutó al menos a 102 personas.

Información general

El gobierno aumentó su cooperación con los mecanismos de derechos humanos de la ONU. En enero, una delegación oficial compareció por primera vez ante el comité de la ONU encargado de examinar el primer informe que presentaba Arabia Saudí sobre su aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En febrero, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer visitó por primera vez el país.

Presos de conciencia

Se detuvo y encarceló a activistas de derechos humanos y a personas que habían expresado pacíficamente críticas al gobierno. Otras personas detenidas en años anteriores continuaron en prisión.

  • Matrouk al Faleh, profesor universitario y activista de derechos humanos detenido en mayo, fue recluido sin cargos ni juicio en la prisión de Al Hair de Riad, donde se le negó el acceso a un abogado. Las autoridades no explicaron el motivo de su detención, pero ésta se produjo poco después de que escribiera un artículo en el que criticaba las duras condiciones de reclusión de dos hermanos suyos, Abdullah al Hamid e Issa al Hamid, en la prisión de Buraida. Los hermanos Al Hamid, ambos presos de conciencia, cumplían penas de seis y cuatro meses de cárcel, respectivamente, impuestas tras haber sido declarados culpables de «incitación a protestar» en 2007 por apoyar una manifestación pacífica celebrada ante la prisión de Buraida por familiares de personas recluidas allí por motivos políticos y sin juicio. Los dos quedaron en libertad tras cumplir sus condenas.
  • Shaij Nasser al Ulwan, detenido en 2004 o 2005 en Buraida por negarse, según informes, a dictar una fetua, continuó recluido sin cargos ni juicio y sin medios efectivos de resarcimiento. Según los informes, pasaba gran parte del tiempo en régimen de incomunicación y aislamiento.
  • El preso de conciencia Fouad Ahmad al Farhan, autor de blogs en Internet detenido en diciembre de 2007, aparentemente por criticar al gobierno, estuvo recluido en régimen de incomunicación en la prisión de Dhahban, de Yidda, hasta abril, cuando quedó en libertad.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades adoptaron una amplia variedad de medidas represivas en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo. La legislación prescribía severas penas para los delitos de terrorismo, pero su redacción era muy general e imprecisa y abarcaba el ejercicio pacífico de la libertad de expresión y otras actividades legítimas. Este hecho se veía exacerbado por el secretismo del sistema judicial, que fomentaba la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos.

Las autoridades detuvieron a centenares de personas por razones de seguridad, entre ellas algunas que habían sido devueltas de Irak, Pakistán o Yemen. Millares más detenidas en años anteriores continuaron recluidas prácticamente en secreto. La mayoría llevaban mucho tiempo sometidas a régimen de incomunicación para su interrogatorio y se les negaba el acceso a abogados, la asistencia médica y las visitas de sus familias desde hacía meses o años. A ninguna de ellas se le había permitido impugnar la legalidad de su detención. El gobierno manifestó que muchas de estas personas se hallaban recluidas para su «reeducación». En abril, las autoridades dejaron en libertad a 32 ex detenidos de Guantánamo que habían sido recluidos en Arabia Saudí tras haber sido devueltos por las autoridades estadounidenses en 2007. Al menos 24 más continuaban recluidos al concluir el año.

  • El 28 de febrero fueron detenidos en un puesto de control ocho ciudadanos bahreiníes que habían hecho una corta visita a Arabia Saudí. Estuvieron recluidos en régimen de incomunicación y aislamiento hasta el 12 de julio, fecha en que quedaron en libertad sin cargos ni juicio.

El reducido número de personas detenidas por motivos de seguridad que fueron llevadas ante los tribunales fueron sometidas a juicios secretos y manifiestamente injustos, consistentes en algunos casos en breves vistas ante un grupo de tres interrogadores, no necesariamente jueces, que les preguntaban por confesiones u otras declaraciones que habían hecho al ser interrogados durante su reclusión en régimen de incomunicación. Según informes, a las personas que fueron declaradas culpables les impusieron penas de flagelación, además de condenas de prisión.

En octubre, el gobierno anunció el establecimiento del Tribunal Penal Especial para juzgar a más de 900 personas acusadas de delitos penados con la muerte, como asesinato y atentado con explosivos, pero no dio más explicaciones. Se esperaba que entre los acusados figuraran ocho hombres que en 2007 habían aparecido en la televisión saudí «confesando» haber planeado atentados terroristas, delito penado con la muerte. Los ocho habían permanecido mucho tiempo en régimen de incomunicación y tal vez habían sido torturados. Cinco –Abdullah y Ahmed Abdel Aziz al Migrin, Khaled al Kurdi, Mohamed Ali Hassan Zein y Amir Abdul Hamid Al Sadi– eran ciudadanos saudíes; dos –Ali Issa Umar y Khalid Ali Tahir–, chadianos, y el otro –Muhammad Fatehi Al Sayyid–, egipcio. Al concluir el año no se tenía la seguridad de que hubiera comenzado ya algún juicio ante el Tribunal Penal Especial.

Algunas personas condenadas por delitos contra la seguridad continuaron encarceladas tras haber cumplido sus condenas.

  • Majed Nasser al Shummari, que había cumplido una condena de tres años de prisión en 2005, continuaba encarcelado. Había sido condenado en un juicio secreto celebrado en Riad y durante el cual no contó con asistencia letrada, por cargos relacionados con una visita que había hecho a Afganistán.

Discriminación y violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres seguían siendo objeto de grave discriminación en la ley y en la práctica y no recibían la debida protección contra la violencia en el ámbito familiar y otras formas de violencia a pesar de haber mejorado la cooperación del gobierno con los órganos internacionales que se ocupan de los derechos de las mujeres. Entre otros aspectos de su situación que eran motivo de preocupación figuraba el hecho de que siguieran subordinadas a los hombres en el derecho de familia, se les negara la igualdad de oportunidades en el empleo, se les siguiera prohibiendo conducir vehículos o viajar solas y, a diferencia de los hombres saudíes, en caso de estar casadas con extranjeros, no pudieran transmitir la nacionalidad a sus hijos.

Tras su visita a Arabia Saudí, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer señaló que se habían producido avances en el acceso de las mujeres a la educación, pero dijo que había recibido numerosas denuncias de discriminación y violencia contra mujeres, también a manos de la policía religiosa.

El comité que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, al examinar la aplicación de este tratado por Arabia Saudí, observó con preocupación que, tal como se aplicaba, el concepto de custodia masculina respecto de las mujeres (mehrem), limitaba gravemente los derechos de éstas, en particular en lo referente al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la sucesión, la propiedad, la elección del lugar de residencia, la educación y el empleo. También señaló el alto índice de violencia en el ámbito familiar y la falta de procesamientos a este respecto. El gobierno dijo que se estaba elaborando una ley contra este tipo de violencia.

En agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo oficial, instó al gobierno a tomar medidas para poner fin a la práctica del matrimonio infantil. En septiembre, anunció la apertura en Riad de un departamento de asuntos de la mujer para investigar abusos contra mujeres, niños y niñas.

Derechos de las personas migrantes

Se cometían con impunidad abusos generalizados contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, quienes en algunos casos organizaron manifestaciones para protestar contra el impago de sus salarios, sus malas condiciones de vida y de trabajo y la negativa de sus empleadores a renovarles el visado.

Muchas personas migrantes dedicadas al trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, soportaban condiciones sumamente abusivas, en las que les hacían trabajar hasta 18 horas diarias, en algunos casos pagándoles muy poco o ningún salario. Los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico carecían de toda protección en la legislación laboral saudí, por lo que en la práctica no tenían apenas posibilidades de obtener reparación por abusos o explotación de sus empleadores.

  • Según informes, en julio, las autoridades del aeropuerto impidieron que la persona para la que trabajaba Ela Adoul Madouky, trabajadora doméstica indonesia, la obligara a tomar un vuelo a su país, porque era patente que estaba enferma y necesitaba atención hospitalaria. Los médicos que la atendieron dijeron que ya la habían tratado anteriormente por malnutrición severa y lesiones externas, como quemaduras y cortes. Ela Adoul Madouky dijo que las personas para las que trabajaba la golpeaban y le daban sólo pan para comer.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Las autoridades violaban los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. En algunos casos, las tenían prácticamente presas, y en otros, las devolvían a países donde estaban expuestas a sufrir graves violaciones de derechos humanos.

  • Alrededor de 80 iraquíes se hallaban recluidos en un campo vallado y vigilado cerca de Rafha. Habían huido de Irak en 1991 y en ningún caso se les había concedido asilo ni dado la oportunidad de llevar una vida normal en Arabia Saudí.
  • Unos 28 eritreos que habían pedido asilo en Arabia Saudí en 2002 se encontraban bajo custodia cerca de la ciudad de Yizan. Se les seguía negando el acceso a los tribunales.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo práctica generalizada, llevada a cabo con impunidad. En las denuncias solían mencionarse métodos como propinar a las víctimas fuertes palizas con palos, aplicarles descargas eléctricas, colgarlas del techo, darles puñetazos, impedirles dormir e insultarlas.

  • Según informes, en marzo, tres hombres de nacionalidad chadiana –Muhammad Hamid Ibrahim Sulayman, Hassan Bashir y Muhammad Salih– fueron declarados culpables de robo y condenados a la amputación de la mano derecha sobre la base de confesiones que presuntamente habían hecho tras ser golpeados durante una prolongada detención en régimen de incomunicación.
  • Un hombre que había estado recluido sin cargos en varias prisiones entre 2003 y 2006 contó a Amnistía Internacional en 2008 que le habían aplicado descargas eléctricas, lo habían recluido en régimen de aislamiento durante cuatro meses y le habían tenido encadenado durante tres semanas en una pequeña celda sin aire acondicionado en épocas de calor extremo.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

La flagelación era preceptiva por diversos delitos, y los tribunales continuaron haciendo uso frecuente de ella como pena principal o complementaria. Se impusieron condenas de amputación por robo.

"Al menos 102 personas, 39 de las cuales eran extranjeras, fueron ejecutadas en 2008."

  • En enero, tras una amplia campaña de ámbito local e internacional, se anularon en virtud de un indulto real las condenas de flagelación impuestas a una superviviente de violación conocida como «la muchacha de Al Qatif» y a su compañero.
  • En febrero, Bilal Bin Muslih Bin Jabir al Muwallad y Ahmad Hamid Muhammad Sabir, de 15 y 13 años, respectivamente, en el momento del delito, fueron condenados a recibir 1.500 y 1.250 latigazos. Junto con otros cinco varones, habían sido declarados culpables de diversos robos y agresiones perpetrados en Medina. Los otros cinco hombres fueron condenados a muerte (véase infra). Al concluir el año, la causa seguía en el Tribunal de Casación de La Meca para su revisión.

Pena de muerte

Continuó aplicándose ampliamente la pena de muerte tras juicios sumarios y secretos. Raras veces se permitía a los acusados contar con asistencia letrada, y podían ser declarados culpables sin más pruebas que confesiones obtenidas con coacción o engaño. Como en años anteriores, la pena capital se utilizó de manera desproporcionada contra personas pobres, incluidos muchos trabajadores y trabajadoras migrantes de Asia y África, y contra mujeres. En abril, Amnistía Internacional recibió imágenes filmadas en secreto de la decapitación en público de un jordano condenado por delitos de drogas.

Al menos 102 personas, 39 de las cuales eran extranjeras, fueron ejecutadas en 2008. Muchas habían sido condenadas por delitos no violentos, como delitos relacionados con drogas, «sodomía», blasfemia y apostasía. La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo en público.

  • En enero, los padres de Moeid bin Hussein Hakami, decapitado en 2007, dieron el inaudito y audaz paso de presentar una demanda ante las autoridades por la ejecución de su hijo. El muchacho tenía 13 años en el momento del delito y 16 cuando fue decapitado. No se avisó con antelación a sus padres de la ejecución ni se les comunicó, según informes, su lugar de enterramiento.
  • En febrero, cinco jóvenes fueron condenados a muerte en Medina por diversos atracos y agresiones, delitos que el juez consideró que constituían «corrupción en la tierra». Todos habían sido recluidos en régimen de incomunicación tras su detención, en 2004, y sometidos, al parecer, a palizas para obligarlos a confesar. Dos de ellos –Sultan Bin Sulayman Bin Muslim al Muwallad, ciudadano saudí, e Issa Bin Muhammad Umar Muhammad, chadiano– tenían 17 años en el momento de los presuntos delitos.
  • En febrero, un tribunal admitió la apelación de Rizana Nafeek, joven trabajadora doméstica de Sri Lanka que había sido condenada a muerte en 2007 por un asesinato cometido cuando tenía 17 años. Se ignoraba el resultado de la apelación.
  • En abril, Sultan Kohail, de 17 años, fue condenado a recibir 200 latigazos y a un año de prisión por un tribunal sin competencia para imponer la pena de muerte. El cargo formulado contra él guardaba relación con la muerte de un muchacho en una pelea ocurrida en el patio de su colegio. Tras presentarse una apelación, la causa se remitió a otro tribunal para que se celebrara un nuevo juicio. El nuevo tribunal había juzgado al hermano mayor de Sultan Kohail por el mismo cargo y lo había condenado a muerte, por lo que se temía que también le impusiera a él la pena capital a pesar de ser menor de 18 años en el momento del delito.

En diciembre, Arabia Saudí votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Visitas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional intentó una vez más que se le permitiera visitar Arabia Saudí para realizar investigaciones sobre la situación de los derechos humanos, pero el gobierno se negó.

Informes de Amnistía Internacional

Affront to justice: Death penalty in Saudi Arabia (14 octubre 2008)
Saudi Arabia: Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review (8 septiembre 2008)