Qatar

Human Rights in Estado de Qatar

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Qatar is now live »

Jefe del Estado Shaij Hamad bin Jalifa al Zani
Jefe del gobierno Shaij Hamad bin Jasim bin Jabr al Zani
Pena de muerte retencionista
Población 856.000
Esperanza de vida 75 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 9/12 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 89 por ciento

Se privaba arbitrariamente de su nacionalidad a centenares de personas. Las mujeres seguían siendo objeto de discriminación y violencia. Se explotaba y se sometía a abusos a los trabajadores y trabajadoras migrantes extranjeros, que no gozaban tampoco de protección adecuada en la ley. Había al menos 20 personas condenadas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones.

"Las empleadas domésticas migrantes estaban especialmente expuestas a la explotación..."

Derechos de nacionalidad

El gobierno continuó negando la nacionalidad qatarí a centenares de personas, que se veían privadas por ello de oportunidades de empleo, seguridad social y atención a la salud o no podían entrar en Qatar. La mayoría eran miembros de la tribu de Al Murra, a los que se había retirado la nacionalidad tras el golpe de Estado fallido de 1996, del que las autoridades culpaban a algunos de ellos. No tenían posibilidad de interponer recursos ante los tribunales.

  • Se siguió negando la entrada en Qatar a Hamad Abdel Hadi Hamad al Hamran y a miembros de su familia. Se les había retirado la nacionalidad tras el intento de golpe de Estado de 1996 y se habían exiliado en Emiratos Árabes Unidos, donde continuaban viviendo.
  • Según informes, en octubre de 2002 se había retirado la nacionalidad qatarí a Abdul Hameed Hussain al Mohammed, así como a sus seis hijos y a dos hermanos suyos, y se había ordenado su expulsión, tras lo cual él y sus hermanos habían sido condenados a prisión. No les habían dado ninguna explicación, ni tuvieron forma de impugnar la decisión, como consecuencia de la cual los despidieron de sus trabajos, les negaron la ayuda de vivienda y les privaron de sus derechos laborales. Continuaron en Qatar bajo la amenaza de expulsión.

Discriminación y violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la legislación y en la práctica, y no recibían la debida protección contra la violencia en el ámbito familiar. En particular, el derecho de familia las discriminaba, pues hacía que a los hombres les resultara mucho más fácil que a ellas divorciarse y ponía a las mujeres abandonadas por sus esposos o que pedían el divorcio en una situación de desventaja económica grave.

En agosto, el gobierno equiparó a hombres y mujeres en una ley sobre indemnizaciones en virtud de la cual hasta entonces la muerte de una mujer se indemnizaba con la mitad de la suma pagada por la de un hombre.

Derechos de las personas migrantes

Los trabajadores migrantes extranjeros, que constituían un gran porcentaje de la mano de obra de Qatar, continuaban expuestos a sufrir explotación y abusos a manos de sus empleadores y no recibían la debida protección contra ello. Las empleadas domésticas migrantes estaban especialmente expuestas a la explotación y a abusos tales como palizas, violación y otras formas de violencia sexual. Según informes, sólo en 2007 habían huido de sus empleadores unos 20.000 trabajadores por causas como no percibir sus salarios o recibirlos con demora, trabajar un número excesivo de horas o soportar malas condiciones de trabajo.

En junio, el Consejo Consultivo aprobó un anteproyecto de ley que mejoraba las condiciones de los trabajadores migrantes al exigir a sus empleadores que les concedieran días de descanso y tres semanas de vacaciones al año, so pena de ser multados o ir a la cárcel. La ley tenía todavía que promulgarse.

Seguridad y medidas antiterroristas

En mayo, el gobierno se adhirió a la Convención contra el Terrorismo del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico, de 2004. En este tratado se definía el terrorismo de una manera muy general e imprecisa, que permitía la restricción o eliminación de actividades que constituían el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. La legislación de Qatar contra el terrorismo también era muy general y permitía a las autoridades mantener detenidos a los sospechosos por periodos de hasta seis meses sin cargos y de hasta dos años sin juicio por cargos poco precisos.

En julio, las autoridades estadounidenses dejaron en libertad a Jarrallah al Marri, ciudadano qatarí recluido en Guantánamo, y lo devolvieron a Qatar. No se presentaron cargos contra él, por lo que quedó en libertad. Su hermano, Ali al Marri, continuó bajo custodia de las autoridades estadounidenses como presunto combatiente enemigo.

Pena de muerte

Había al menos 20 personas con condenas de muerte, 17 de ellas impuestas en 2001 por participación en el intento de golpe de Estado de 1996, pero no se llevaron a cabo ejecuciones. Wabran al Yami, ciudadano saudí condenado por el intento de golpe de Estado, fue puesto en libertad en julio a instancias del ministro del Interior saudí y pudo regresar a su país.

En diciembre, Qatar votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Visitas de Amnistía Internacional

Un delegado de Amnistía Internacional visitó Qatar en enero y en diciembre.