Paraguay

Human Rights in República del Paraguay

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Paraguay is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Fernando Lugo
(sustituyó a Nicanor Duarte Frutos en agosto)

Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 6,2 millones
Esperanza de vida 71,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 43/32 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 93,5 por ciento

La publicación del informe y las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia arrojó luz sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el gobierno militar (1954-1989) y la transición a la democracia. Los pueblos indígenas pidieron al gobierno la adopción de medidas para abordar la persistente discriminación y pobreza que sufrían. Las comunidades indígenas y campesinas exigieron que se diera una solución a sus reclamaciones sobre tierras. Según los informes, la policía y las patrullas civiles armadas hicieron uso excesivo de la fuerza en algunas ocasiones, por ejemplo, durante los conflictos sobre tierras.

Información general

En agosto, Fernando Lugo tomó posesión de su cargo en medio de grandes esperanzas de que su elección marcara un punto de inflexión en lo tocante al respeto por los derechos humanos en Paraguay. El presidente Lugo –en la primera declaración formulada por un jefe de Estado paraguayo en este sentido– pidió perdón públicamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas durante el gobierno militar del general Alfredo Stroessner. Sin embargo, no llegó a reconocer la responsabilidad del Estado por estas violaciones. Al finalizar el año no se había elaborado todavía una estrategia clara para hacer realidad las promesas electorales en materia de reforma agraria y abordar los numerosos problemas de los pueblos indígenas.

"La deforestación, el cultivo de soja y el empleo de productos químicos con fines agrícolas siguieron afectando a los medios de subsistencia de las comunidades indígenas..."

Entre agosto y finales de año, Paraguay ratificó varios tratados internacionales clave sobre derechos humanos.

Derechos de los pueblos indígenas

La primera Encuesta Nacional de Hogares Indígenas –llevada a cabo entre mayo y junio– puso de manifiesto amplias disparidades socioeconómicas entre los pueblos indígenas y el resto de la población paraguaya. Reveló, por ejemplo, que el índice de analfabetismo era casi ocho veces mayor entre los pueblos indígenas (40,2 por ciento) y que los ingresos medios mensuales de los trabajadores indígenas eran inferiores –en más de una tercera parte– a los del resto de la población.

En un informe oficial publicado en septiembre se utilizaba información del gobierno para demostrar que, entre 1989 y 2003, el 19,3 por ciento de las tierras del país se habían adjudicado ilegalmente («tierras malhabidas»), en su mayor parte a aliados del ex presidente Alfredo Stroessner.

  • Paraguay incumplió una orden de devolver sus tierras ancestrales a la comunidad indígena Yakye Axa dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuyo plazo expiraba en julio. En noviembre, el presidente Lugo firmó un proyecto de ley para expropiar estas tierras, pero al finalizar el año aún no se había debatido en el Congreso.

La deforestación, el cultivo de soja y el empleo de productos químicos con fines agrícolas siguieron afectando a los medios de subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas. Los controles del gobierno no lograron detener la deforestación causada por empresas privadas y por particulares. Las autoridades calculaban que se destruían 130.000 hectáreas de selva cada año.

Torturas y uso de la fuerza

La policía infligió torturas e hizo uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones de protesta y en el curso de ataques contra poblaciones campesinas envueltas en reclamaciones sobre tierras.

  • En julio, la policía atacó a unos 65 campesinos acampados cerca de unas tierras de propiedad privada a las que creían tener derecho. En el allanamiento policial –efectuado en San José, localidad del distrito de Horqueta, departamento de Concepción– participaron alrededor de 300 agentes. Según los informes, los policías abrieron fuego contra el campamento y obligaron a los campesinos a tumbarse en el suelo boca abajo. A continuación, los pisotearon, los golpearon y los amenazaron con quemarlos vivos. Varios agentes obligaron a algunos campesinos a tragar tierra, mientras se burlaban de ellos diciéndoles que éste era el modo más rápido de tener la tierra que reclamaban. Algunos policías se orinaron también sobre ellos.
  • En agosto, alrededor de 25 agentes de la policía antidisturbios disolvieron violentamente una manifestación pacífica de unas 60 personas en la localidad de Villeta. Los manifestantes protestaban contra un vertedero ilegal de basura situado a menos de 100 metros de sus casas. La policía disparó balas de goma contra los manifestantes, los golpeó con bastones y les propinó patadas. Once vecinos de la localidad, incluida una mujer embarazada, resultaron heridos durante la manifestación.
  • En diciembre, en virtud de un decreto presidencial, se derogó una ley promulgada en 2003 que autorizaba la creación de «comisiones vecinales de seguridad» (patrullas civiles armadas). Muchos de estos grupos habían formulado amenazas y perpetrado actos de violencia contra comunidades indígenas y campesinas en zonas aisladas del país.

Justicia transicional

En agosto, casi nueve años después de su creación en virtud de una ley, la Comisión de Verdad y Justicia presentó sus conclusiones y sus recomendaciones al Estado. Su informe final se hizo público a finales de año.

En las conclusiones de la Comisión se identificaba a 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos perpetradas durante el periodo objeto de investigación. Entre ellas figuraban 19.862 víctimas de detenciones ilegales o arbitrarias, 18.772 víctimas de torturas, 59 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 336 víctimas de desapariciones forzadas.

La Comisión recomendó al fiscal general del Estado y al procurador general de la República que siguieran investigando todos los casos. También llegó a la conclusión de que se había utilizado la violencia sexual como una estrategia represiva, y detectó violaciones y abusos sexuales de niñas con edades comprendidas entre los 12 y 15 años a manos de miembros de las fuerzas armadas y de la policía. Sirviéndose de declaraciones de testigos, la Comisión investigó actos de violencia cometidos contra menores de edad, sobre todo en comunidades campesinas. Asimismo, concluyó que las violaciones sistemáticas y generalizadas perpetradas contra las comunidades indígenas aché en la década de 1970 podían constituir un crimen de lesa humanidad. La Comisión investigó dos casos relacionados con la identidad sexual, pero señaló que faltaban pruebas fiables de que hubiera existido una mayor represión contra el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

En virtud de una nueva ley aprobada en septiembre, las personas detenidas por motivos políticos entre 1954 y 1989 podían pedir reparación; las que habían sido objeto de torturas o desapariciones forzadas durante ese periodo ya podían obtenerla.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Paraguay en septiembre, noviembre y diciembre y se reunieron con funcionarios del gobierno y representantes de ONG y comunidades indígenas.