Libia

Human Rights in República Árabe Libia Popular y Socialista

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Libya is now live »

Jefe del Estado Muamar al Gadafi
Jefe del gobierno Al Baghdadi Ali al Mahmudi
Pena de muerte retencionista
Población 6,3 millones
Esperanza de vida 73,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 20/19 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 84,2 por ciento

El historial de Libia en materia de derechos humanos y las violaciones de derechos humanos que seguían cometiéndose ensombrecieron la mejora de su posición diplomática internacional. La libertad de expresión, asociación y reunión continuaron estando gravemente restringidas, en un clima caracterizado por la represión de la disidencia y la ausencia de ONG independientes de derechos humanos. Se siguió sometiendo a detención indefinida y malos tratos a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Se ejecutó al menos a ocho personas de nacionalidad extranjera. Siguió sin abordarse el legado de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Información general

En 2008 mejoraron aún más las relaciones diplomáticas de Libia con Estados Unidos y diversos países europeos. En septiembre, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, visitó Trípoli, tras acordar ambos Estados en agosto un proceso de solución de reclamaciones con respecto al caso Lockerbie, entre otros asuntos. En agosto, el gobierno firmó un tratado de amistad, asociación y cooperación con Italia, que preveía entre otras cosas iniciativas bilaterales para combatir la «migración ilegal». En noviembre se entablaron negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo marco sobre cooperación económica y política de migración, entre otras cuestiones. Ese mismo mes, el gobierno mantuvo conversaciones de alto nivel con Rusia sobre cooperación energética, desarrollo nuclear civil y política exterior.

El gobierno no cursó invitaciones al relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura ni al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, pese a que las habían solicitado.

"Hubo persistentes informes de tortura y otros malos tratos a migrantes y a refugiados y solicitantes de asilo detenidos."

Represión de la disidencia

El gobierno no toleraba las críticas ni la disidencia y mantenía una legislación draconiana para impedirlas. En virtud del Código Penal y de la Ley 71 de 1972, relativa a la criminalización de los partidos, la expresión política independiente y las actividades en grupo estaban prohibidas, por lo que podía imponerse la pena de muerte por ejercer pacíficamente el derecho a la libertad de expresión y asociación. Las autoridades continuaron tomando medidas contra cualquiera que tratara abiertamente temas tabú, como el deficiente historial de Libia en materia de derechos humanos o el liderazgo de Muamar al Gadafi.

  • El preso de conciencia Fathi el Jahmi continuó recluido en el Centro Médico de Trípoli. Detenido en marzo de 2004 a raíz de que pidiera reformas políticas y criticara al líder libio en entrevistas con medios de comunicación internacionales, el tribunal ante el que compareció lo había declarado incapacitado mentalmente en septiembre de 2006. Bajo los auspicios de Physicians for Human Rights, ONG radicada en Estados Unidos, en marzo de 2008 fue examinado por un médico independiente, que determinó que no presentaba signos de incapacidad mental, pero que estaba mal de salud y debía someterse a una operación quirúrgica.
  • Idriss Boufayed y otras 11 personas fueron juzgados ante el Tribunal de Seguridad del Estado, creado en agosto de 2007 para enjuiciar a las personas acusadas de actividades políticas no autorizadas y de delitos contra la seguridad del Estado y cuyos procedimientos no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Idriss Boufayed y 10 acusados más fueron condenados a cumplir hasta 25 años de prisión, tras haber sido declarados culpables de imprecisos delitos, como «intentar derrocar el sistema político», «difundir falsos rumores sobre el régimen libio» y «estar en comunicación con potencias enemigas». El otro imputado fue absuelto. Ninguno de los acusados tuvo acceso a abogados de oficio fuera del tribunal, y sólo a uno se le permitió designar a un abogado de su elección. Idriss Boufayed y el resto de los acusados habían sido detenidos en febrero de 2007 a raíz de que él y otras tres personas hicieran una declaración sobre una protesta pacífica que se pensaba celebrar en conmemoración del homicidio de al menos 12 personas durante una manifestación llevada a cabo en febrero de 2006 en Bengasi. Otras dos personas que habían sido detenidas al mismo tiempo no fueron juzgadas: Juma Boufayed, que salió en libertad de la prisión de Ain Zara el 27 de mayo, tras más de un año de detención en régimen de incomunicación y sin juicio, y Abdelrahman al Qateewy, cuya suerte y paradero se desconocían. Idriss Boufayed quedó en libertad en octubre, y ocho de los demás acusados, en noviembre. No se dio ninguna razón para explicar sus excarcelaciones. Los otros dos condenados continuaron en prisión.

Libertad de asociación

El derecho a la libertad de asociación se hallaba gravemente restringido, y el gobierno no permitía el acceso de ONG independientes de derechos humanos. La única organización a la que se permitía ocuparse de los derechos humanos era la Sociedad de Derechos Humanos de la Fundación Gadafi para el Desarrollo, que presidía Saif al Islam al Gadafi, hijo de Muamar al Gadafi. En julio, la Fundación emprendió la campaña «Llamamiento Gadafi», dirigida a animar a denunciar violaciones de derechos humanos y a presentar información sobre ellas.

  • En marzo, un grupo de abogados, periodistas y escritores presentó una solicitud para registrar una nueva ONG, el Centro para la Democracia, dedicada a «la difusión de los valores democráticos y los derechos humanos y el Estado de derecho en Libia», pero al final desistieron de hacerlo. Según el presidente de su comité fundador, la causa fue que las autoridades habían rechazado a 12 de las personas mencionadas como fundadores de la organización y que Dhow al Mansouri, que presidía dentro de ésta el comité fundador de la Asociación de Justicia para los Derechos Humanos, había sido secuestrado y agredido en junio por tres desconocidos, que le advirtieron en contra del establecimiento de la ONG.

Seguridad y medidas antiterroristas

En abril, la Fundación Gadafi anunció la excarcelación de 90 miembros del Grupo de Combate Islámico de Libia a raíz de unas negociaciones que había mantenido con los líderes de esta organización. Señaló que los liberados constituían la tercera parte de los miembros del Grupo.

Las autoridades no revelaron ninguna información sobre dos ciudadanos libios, Abdesalam Safrani y Abu Sufian Ibrahim Ahmed Hamuda, detenidos tras su devolución a Libia en diciembre de 2006 y septiembre de 2007, respectivamente, después de haber estado bajo custodia estadounidense en Guantánamo. La falta de información hacía temer por su seguridad, así como por la de otros ciudadanos libios que podían ser devueltos en circunstancias similares. Seguía habiendo al menos siete libios más bajo custodia de las autoridades estadounidenses en Guantánamo.

Impunidad

Las autoridades no abordaron la impunidad sistemática de que gozaban desde hacía mucho tiempo los responsables de violaciones graves de derechos humanos. No se hizo pública ninguna información sobre la investigación de los sucesos ocurridos en 1996 en la prisión de Abu Salim de Trípoli, donde murieron, al parecer, centenares de reclusos. La Fundación Gadafi anunció que se iba a presentar a las autoridades judiciales un informe preliminar en el que se determinaba la responsabilidad legal y penal de lo ocurrido, pero no dijo cuándo. En junio se informó de que el tribunal de Bengasi Septentrional había ordenado a las autoridades que revelaran la suerte de unos 30 presos que se temía que hubieran muerto bajo custodia durante los sucesos de Abu Salim, pero éstas no hicieron pública ninguna información. Algunos informes indicaban que las autoridades habían accedido a pagar una indemnización a las familias de unos 35 presos muertos, a cambio de que no intentaran obtener reparación judicialmente.

La autoridades no tomaron ninguna medida para abordar el legado de las violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores, en particular en las décadas de 1970, 1980 y 1990, incluida la desaparición forzada de centenares de personas críticas con el gobierno o contrarias a él. Se temía que a muchas de estas personas las hubieran matado o hubieran muerto bajo custodia.

Las autoridades tampoco investigaron debidamente una muerte ocurrida bajo custodia en circunstancias controvertidas en 2008.

  • En mayo se informó de la muerte bajo custodia de Mohammed Adel Abu Ali, expulsado de Suecia ese mismo mes y detenido a su llegada a Libia. Las autoridades dijeron que se había suicidado. Una investigación llevada a cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores sueco concluyó que era imposible determinar la causa de la muerte.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Hubo persistentes informes de tortura y otros malos tratos a migrantes y a refugiados y solicitantes de asilo detenidos. A estos últimos no se les brindaba protección, como exigía el derecho internacional de refugiados. El 15 de enero, las autoridades anunciaron su intención de expulsar a todos los «migrantes ilegales», y posteriormente llevaron a cabo expulsiones masivas de ciudadanos de Ghana, Malí, Nigeria y otros países. Al menos 700 personas de Eritrea, entre hombres, mujeres, niños y niñas, fueron detenidas y corrían riesgo de ser devueltas a su país pese al temor de que allí sufrieran graves abusos contra los derechos humanos.

  • El 21 de junio, las autoridades informaron a unos 230 eritreos recluidos en un centro de detención de Misratah, localidad situada 200 kilómetros al este de Trípoli, de que iban a ser enviados en avión a Italia ese mismo día para su reasentamiento allí y debían prepararse para que les hicieran un examen médico y los transportaran al aeropuerto. Sin embargo, al parecer todo era una treta y lo que pretendían las autoridades era devolverlos a Eritrea. No se tenía noticia de que se hubiera expulsado a ninguno de estos eritreos al final del año. Al parecer la intervención del ACNUR lo impidió. Se creía que muchos habían huido de su país en busca de refugio.

Visitas de Amnistía Internacional

Las autoridades no permitieron a Amnistía Internacional visitar el país. 

Informes de Amnistía Internacional

Libia: La expulsión masiva de migrantes irregulares constituiría una violación de derechos humanos (18 enero 2008)
Libia: En libertad el preso de conciencia Idriss Boufayed (9 octubre 2008)