Bangladesh

Human Rights in República Popular de Bangladesh

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Bangladesh is now live »

Jefe del Estado Iayudin Ahmed
Jefe del gobierno Fajrudin Ahmed
Pena de muerte retencionista
Población 161,3 millones
Esperanza de vida 63,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 68/67 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 47,5 por ciento

La Liga Awami logró una aplastante victoria en los comicios del 29 de diciembre, las primeras elecciones parlamentarias en siete años, que se celebraron en un ambiente predominantemente pacífico. Antes de estas elecciones, y a pesar de las reformas institucionales y de la relajación de las medidas de excepción, continuaron las restricciones a la libertad de reunión y asociación, y decenas de miles de activistas políticos fueron detenidos en todo el país cuando, según los informes, intentaban reunirse pacíficamente en las oficinas de sus partidos. La policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar concentraciones pacíficas, causando lesiones a quienes participaban en ellas. Se calculaba que, sólo durante la primera mitad de año, al menos 54 personas habían muerto en presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía y del Batallón de Acción Rápida. No se obligó a nadie a rendir cuentas por estas muertes. Al menos 185 personas fueron condenadas a muerte, y cinco hombres fueron ejecutados.

El gobierno provisional potenció las reformas institucionales a lo largo del año. En septiembre entró en vigor la ordenanza para la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos. En octubre se promulgó la Ley sobre el Derecho a la Información, que permitía a los ciudadanos solicitar el acceso a información en poder de organismos públicos. Sin embargo, ocho organismos de seguridad estaban exentos de cumplir esta ley salvo cuando la información solicitada estuviera relacionada con corrupción y violaciones de derechos humanos.

Información general

Al comenzar el año, el gobierno provisional, respaldado por las fuerzas armadas, continuaba aplicando las restricciones establecidas por el estado de excepción, vigente desde el 11 de enero de 2007. El 17 de diciembre se levantó el estado de excepción y apenas dos semanas después, cuando el año tocaba a su fin, se celebraron elecciones, en las que la Liga Awami obtuvo una abrumadora mayoría.

"En Dacca y otras ciudades importantes se desalojó por la fuerza a miles de personas que vivían en poblados de infraviviendas."

Las dudas sobre el compromiso de las autoridades militares de permitir la reanudación del proceso democrático se disiparon con las elecciones parlamentarias celebradas el 29 de diciembre. Dos alianzas políticas –la Liga Awami, encabezada por Hasina Wajed, y el Partido Nacionalista de Bangladesh, dirigido por Jaleda Zía– concurrieron a las elecciones. Quedaba por ver si el nuevo gobierno utilizaría esta oportunidad única para cumplir sus promesas electorales y reforzar la protección de los derechos humanos.

Las mujeres continuaban sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, y se recibieron informes de actos de violencia contra ellas, como palizas, ataques con ácido y muertes a causa de la dote. En marzo, el gobierno anunció modificaciones en el Plan Nacional para el Adelanto de la Mujer a fin de promover aún más la igualdad para las mujeres. Sin embargo, las modificaciones del Plan no siguieron adelante al desencadenar el anuncio una fuerte resistencia por parte de grupos islamistas que convocaron manifestaciones de protesta afirmando que dichas modificaciones eran contrarias a la ley islámica sobre sucesiones.

Colonos bangladeshíes continuaban apropiándose de tierras de indígenas jummas que habitaban en Chittagong Hill Tracts. Tres relatores especiales de la ONU –sobre el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación y la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas– expresaron preocupación por el hecho de que pudiera haber una campaña sistemática de apoyo al reasentamiento de personas no indígenas en Chittagong Hill Tracts, con el fin de superar en número a las comunidades indígenas locales.

En Dacca y otras ciudades importantes se desalojó por la fuerza a miles de personas que vivían en poblados de infraviviendas. Sus hogares fueron demolidos sin que se les proporcionase indemnización o alojamiento alternativo. Los desalojos respondían a órdenes judiciales con las que se pretendía despejar terrenos que solían asignarse a proyectos de desarrollo urbanístico.

Entró en vigor la Ordenanza sobre la Lucha contra el Terrorismo. Su ambigua definición de los actos de terrorismo socavaba aún más las salvaguardias contra la detención y reclusión arbitrarias.

Las normas sobre garantías procesales seguían debilitadas y se vieron todavía más socavadas por la normativa del estado de excepción, que limitaba el acceso de los acusados al debido proceso judicial.

El gobierno continuó recurriendo a las fuerzas armadas, a la policía, al Batallón de Acción Rápida y a otras fuerzas de seguridad para mantener el orden público. El ejército, que llevaba desplegado con este fin desde enero de 2007, se retiró temporalmente a comienzos de noviembre, pero fue desplegado de nuevo el 18 de diciembre y permaneció en esa situación hasta después de las elecciones.

"Durante la primera mitad del año, la policía y el Batallón de Acción Rápida fueron responsables de al menos 54 presuntas ejecuciones extrajudiciales..."

Libertad de expresión, reunión y asociación

Las restricciones a la libertad de expresión no se aplicaron con rigor y finalmente se eliminaron en noviembre. Aunque en mayo y noviembre se levantaron algunas restricciones a la libertad de reunión y asociación, muchas continuaron vigentes hasta que se revocó el estado de excepción, el 17 de diciembre.

En mayo se eliminó la prohibición de celebrar reuniones políticas en lugares cerrados, pero en torno a 30.000 activistas políticos de diversos partidos fueron detenidos, según los informes, cuando se reunieron en las oficinas de sus partidos poco después del anuncio. La policía los mantuvo recluidos durante periodos que oscilaron entre varios días y dos meses antes de dejarlos en libertad sin cargos o bajo fianza tras presentar contra ellos cargos penales que aparentemente no estaban relacionados con los hechos.

El 3 de noviembre, el gobierno anunció la eliminación parcial de la prohibición de celebrar concentraciones políticas, que sin embargo siguió aplicándose hasta el 12 de diciembre.

Uso excesivo de la fuerza

La policía utilizó fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos en diversas ocasiones. El 6 de julio agredió a varios centenares de activistas del Partido Nacionalista de Bangladesh que se habían reunido pacíficamente en las instalaciones del hospital universitario Bangabandhu Sheij Mujib a fin de ver cómo un dirigente de su partido que estaba detenido era trasladado desde el hospital para asistir a una vista judicial por cargos de corrupción. Al menos 15 personas resultaron heridas, entre ellas un fotógrafo de prensa que informaba sobre los hechos.

El 11 de noviembre, la policía dispersó a palos y culatazos de rifle a miles de activistas de Jamaat-e-Islami en la mezquita de Baitul Mukarram, en Dacca. A pesar de que el gobierno había anunciado el 3 de noviembre que se había levantado la prohibición que impedía la celebración de concentraciones políticas, la policía dijo a los organizadores de la concentración pacífica que la prohibición aún estaba vigente y la dispersó por la fuerza, causando lesiones a no menos de 30 manifestantes.

Abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado

En abril, el asesor de Asuntos Exteriores, Iftehkar Ahmed Chowdhury, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, abordaron la posibilidad de que la ONU participara en iniciativas encaminadas a poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en 1971. Sin embargo, al igual que había ocurrido en el pasado, no se creó ninguna comisión de investigación sobre los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que era el primer paso para buscar la verdad, hacer justicia y ofrecer reparaciones plenas y efectivas a las víctimas. El gobierno no tomó medidas concretas para aplicar la Ley de Delitos Internacionales (Tribunales), de 1973.

Ejecuciones extrajudiciales e impunidad

Durante la primera mitad del año, la policía y el Batallón de Acción Rápida fueron responsables de al menos 54 presuntas ejecuciones extrajudiciales, y se creía que en la segunda mitad del año se habían producido decenas de ellas. Ningún miembro de la policía o del Batallón de Acción Rápida fue procesado. Según el gobierno, se llevaron a cabo investigaciones judiciales preceptivas sobre todos los disparos con resultado de muerte efectuados por la policía y el Batallón de Acción Rápida y se halló que estaban justificados. No se hizo público el número de investigaciones judiciales realizadas ni sus conclusiones.

  • El 27 de julio, la policía anunció la muerte de Mizanur Rahman Tulul, médico dirigente de Partido Comunista Purbo Banglar (Facción Bandera Roja) en lo que calificó como un incidente de «fuego cruzado», una expresión utilizada frecuentemente para describir las ejecuciones extrajudiciales. El 26 de julio, la madre de Tulul había informado a periodistas sobre su detención y había hecho un llamamiento público a las autoridades para que protegieran su seguridad.

Pena de muerte

Al menos 185 personas fueron condenadas a muerte, lo que elevó el número estimado de personas pendientes de ejecución a un mínimo de 1.085. Cinco hombres condenados por asesinato fueron ejecutados, uno en junio y cuatro en diciembre.

En diciembre, Bangladesh votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Visitas de Amnistía Internacional

En enero, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, visitó Bangladesh y se reunió con víctimas de violaciones de los derechos humanos, grupos de la sociedad civil y representantes de los partidos políticos.

Informes de Amnistía Internacional

Bangladesh: Memorandum to the Caretaker Government of Bangladesh and political parties (en inglés, 10 enero 2008)
Bangladesh: Submission to the UN Universal Periodic Review: Fourth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2009 (en inglés, 1 septiembre 2008)
Bangladesh: Elections present risks and opportunities for human rights (en inglés, 23 diciembre 2008)