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18 June 2009

Chile: La ratificación del Estatuto de Roma : Un paso positivo que no debe hacer olvidar la impunidad del pasado

Con la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Chile da un gran paso al futuro, pero no salda su deuda con el pasado, dijo Amnistía Internacional hoy tras la aprobación de la ley que autoriza el reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional.

Aunque la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para investigar o juzgar los crímenes cometidos en Chile durante el periodo de gobierno militar (entre 1973 y 1990), el reconocimiento de su competencia para casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que pudieran ser cometidos en el futuro es, sin duda, un paso positivo que envía una señal clara de rechazo a la impunidad.

"El reconocimiento de la competencia de la Corte no debe hacer olvidar que en Chile aún perdura una ley de amnistía para crímenes atroces que el derecho internacional obliga a investigar y a sancionar", manifestó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Por otra parte, se ha interpretado con frecuencia que la vigencia de la "ley de amnistía" (Decreto Ley 2191/78)  no constituye un obstáculo para la investigación y sanción de aquellos crímenes. No obstante, la jurisprudencia de los tribunales chilenos ha consagrado -en ciertas ocasiones- la prescripción de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el marco de un conflicto armado de carácter no internacional. Los tribunales también han impuesto en algunas ocasiones sanciones que no concuerdan con la gravedad de los crímenes perpetrados.
"La prescripción de los crímenes de derecho internacional, como la tortura, la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales y también de las acciones civiles reparatorias viola las obligaciones que el derecho internacional impone a Chile", sostuvo Susan Lee.

Amnistía Internacional insta al Estado chileno a investigar imparcialmente y a sancionar todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado; a derogar la "ley de amnistía" y a consagrar la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional y de las acciones reparatorias en su legislación interna. Asimismo, la organización pide al gobierno chileno establecer un programa de reparaciones integrales que se ajuste a los principios relativos al derecho de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y a obtener remedio y reparación, promovidos en las Naciones Unidas por el propio Estado chileno.

Información complementaria

El 17 de junio de 2009, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el Acta de Ratificación del Estatuto de Roma con 79 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, así concluyendo el proceso legislativo. Queda aun pendiente su promulgación por la presidenta Bachelet y el depósito del instrumento de ratificación ante el secretario general de las Naciones Unidas.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue adoptado en Roma el 17 de julio de 1998. Ciento ocho Estados han aceptado hasta el presente la competencia de la Corte para investigar y juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto para cada Estado parte y, en todo caso, no antes del 1 de julio de 2002.

Según el Estatuto, la Corte Penal Internacional tendrá competencia cuando un Estado parte no pueda adecuadamente o no quiera ejercer su propia jurisdicción penal con relación a los crímenes citados, sea que fueran cometidos en su territorio o por sus nacionales en el territorio de otros Estados, incluyendo el territorio de Estados no parte en el Estatuto de Roma. También, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede referir al conocimiento de la Corte Penal Internacional una situación sobre un Estado Parte o no parte en la que considere que podrían estarse cometiendo o haberse cometido crímenes de competencia de la Corte.

Hasta el presente 108 Estados son parte en el Estatuto de Roma y Chile es el último Estado en América del Sur en incorporarse al sistema. La Corte Penal Internacional tiene investigaciones abiertas en la actualidad sobre Uganda, República Democrática de Congo, Darfur (Sudán) y República Centro Africana y ha emitido más de 15 órdenes de arresto. Salvo el caso de Sudán, las restantes tres situaciones le han sido referidas a la Corte por petición de los mismos Estados, que se han manifestado incapaces de investigar la comisión de los crímenes.

 

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