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7 May 2009

Nigeria: La decisión del estado de Imo sobre pena de muerte pone a las víctimas en peligro

Amnistía Internacional ha expresado hoy su consternación por la decisión de la Asamblea Legislativa del estado de Imo de aprobar un proyecto de ley que establece la pena de muerte para las personas condenadas por secuestro o para aquellas cuya propiedad haya sido utilizada por el secuestrador para tener a alguien como rehén. La organización ha instado al gobernador del estado de Imo, el jefe Ikedi Ohakim, a que no firme la entrada en vigor de la ley.
"El secuestro es un delito terrible que produce angustia en las víctimas y sus familias", ha manifestado Aster van Kregten, investigador de Amnistía Internacional sobre Nigeria. "Pero ampliar el alcance de la aplicación de la pena de muerte para incluir este delito es un paso atrás que no contribuye a proteger a las víctimas; de hecho, sólo hace que corran mayor peligro."
"Esta ley puede actuar como incentivo para matar, porque los secuestradores pueden decidir que no tienen 'nada que perder', lo que haría que aumentase el número de homicidios de víctimas, personas inocentes que se encuentran cerca del lugar de los hechos y agentes de policía que intentan detener a los delincuentes."
Amnistía Internacional ha manifestado que convertir el secuestro en delito punible con la muerte no sólo va en contra de la tónica nacional e internacional contra la pena de muerte, sino que incluso puede dar alas a los secuestradores para mostrarse más violentos.
"La experiencia ha demostrado que la amenaza de la pena de muerte no constituye una respuesta efectiva a los delitos violentos; de hecho, puede agravar la violencia en la sociedad", ha declarado Aster van Kregten.
La retención de la pena de muerte no ha reducido el índice de asesinatos o atracos a mano armada en Nigeria. Desde 1970 hasta 1999 fueron ejecutadas más de 2.600 personas condenadas a muerte, pero el índice de delincuencia no disminuyó.
Estudios llevados a cabo en Estados Unidos muestran también que la pena de muerte no tiene efecto disuasorio con respecto al asesinato. El índice medio de asesinatos en los estados de ese país que aplican la pena de muerte es superior al de los estados que no la utilizan.
A menudo, el índice de delincuencia ha disminuido en los países que han eliminado la pena de muerte. En Canadá, 27 años después de la abolición de la pena de muerte, el índice de asesinatos se había reducido en un 44 por ciento.
 "La manera de actuar con firmeza contra los delitos violentos como el secuestro consiste en reforzar la capacidad policial de detectar e impedir los posibles delitos antes de que se produzcan", ha manifestado Aster van Kregten.

"El gobierno federal tiene que reforzar la formación y los recursos policiales para aumentar la efectividad y la capacidad de investigación. Ésta es la mejor forma de comenzar a mantener a la población a salvo de delitos violentos en Nigeria, en vez de recurrir a respuestas simplistas y anticuadas como la pena de muerte."
El 9 de febrero de 2009, en el cuarto periodo de sesiones del Examen Periódico Universal de la ONU celebrado en Ginebra, el ministro de Asuntos Exteriores nigeriano afirmó que "en Nigeria sigue vigente una moratoria autoimpuesta [sobre la pena de muerte]".
 "La reciente declaración del gobierno nigeriano en un foro de la ONU afirmando que estaba vigente una moratoria sobre la pena de muerte fue acogida con satisfacción generalizada. Por lo tanto, nos parece sumamente decepcionante que el estado de Imo adopte medidas contrarias a esa postura", ha afirmado Aster van Kregten.
"Los gobiernos de los estados deben hacer todo lo posible para reflejar la moratoria autoimpuesta por el gobierno federal, y no al contrario."


Notas para los redactores:

  • 139 países han eliminado la pena de muerte en la ley o en la práctica. En la mayoría de los países de África no hay ejecuciones: en 2008, sólo se tiene constancia de que se hayan llevado a cabo ejecuciones en cuatro de los 53 Estados miembros de la Unión Africana: Botsuana, Egipto, Libia y Sudán.
  • En noviembre de 2008, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en su 44 periodo ordinario de sesiones, celebrado en Abuja, aprobó una resolución que instaba a los Estados Partes en la Carta Africana a declarar la suspensión de la pena de muerte. 
  • En Nigeria, dos grupos de expertos creados por el ex presidente Obasanjo -el Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte (2004) y la Comisión Presidencial de Reforma de la Administración de Justicia (2007)- han recomendado una suspensión de las ejecuciones.
  •  La ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte es contraria a los compromisos internacionales contraídos por Nigeria en materia de derechos humanos. En la resolución 32/61, aprobada el 8 de diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU afirmó que "el principal objetivo que debe buscarse en relación con la pena capital es restringir progresivamente el número de delitos por razón de los cuales pueda imponerse la pena capital, con miras a la conveniencia de abolir esa pena".
  • El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por los Estados Partes, ha pedido a los Estados que, conforme a lo establecido en el artículo 6.2 del Pacto, reduzcan el número de delitos punibles con la muerte, limitando su aplicación a "los más graves delitos" con vistas a abolir la pena de muerte. Nigeria ratificó el PIDCP en 1993. 
  • En octubre de 2008, un informe conjunto de Amnistía Internacional y el Proyecto de Defensa y Asistencia Jurídica titulado Nigeria: Waiting for the hangman (Índice AI: AFR 44/020/2008) pidió a las autoridades nigerianas que declarasen una suspensión de las ejecuciones, en línea con las recomendaciones de sus propios expertos.

 

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