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El jueves 7 de mayo, tres barcos con alrededor de 227 personas a bordo enviaron una llamada de socorro cuando se encontraban a unas 50 millas al sur de la isla italiana de Lampedusa. Una disputa entre los gobiernos maltés e italiano sobre cuál de los dos debía asumir la responsabilidad de responder a la llamada pudo haber retrasado las operaciones de rescate.

Las operaciones de rescate las llevaron a cabo finalmente dos guardacostas italianos, que trasladaron a los migrantes a Trípoli, sin detenerse en ningún puerto italiano.

Según informes, el ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, ha manifestado que esta medida ha sido “un logro histórico tras un año de negociaciones bilaterales con Libia”. Italia y Libia han firmado un tratado de amistad y otros acuerdos conexos que contienen disposiciones para combatir la migración irregular con medidas como vigilancia marítima conjunta.

Al no proteger los derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo rescatadas en el mar, los gobiernos italiano y maltés han incumplido sus obligaciones internacionales, ha manifestado Amnistía Internacional.

“Se ha puesto en peligro la vida y la seguridad de personas migrantes y solicitantes de asilo, en primer lugar, a causa del conflicto entre las autoridades italianas y maltesas acerca de su obligación de responder a una llamada de socorro marítimo, y en segundo lugar, a la decisión sin precedente del gobierno italiano de enviar a esas personas a la capital libia, Trípoli, sin evaluar sus necesidades de protección”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“Las disputas sobre jurisdicción o responsabilidad no deben impedir ni retrasar el rescate y la ayuda de personas que corren riesgo de morir ahogadas –ha señalado Nicola Duckworth–. Los Estados deben garantizar que ninguna medida de cooperación o asistencia internacional, incluidos el control de fronteras y la política de inmigración, es causa de abusos contra los derechos humanos.”