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La comunidad romaní y los activistas de la sociedad civil de la República Checa van a tomar parte en una protesta nacional el domingo 3 de mayo contra el último ataque contra una familia romaní.

El 18 de abril se arrojaron cócteles molotov contra la casa donde vivía Robert Kudrik, en el pueblo de Vitrov, junto con su compañera, sus cuatro hijos y otros tres familiares.

La vivienda quedó arrasada por el fuego y sus moradores resultaron gravemente heridos. La hija de dos años, Natálka, está en coma con quemaduras que afectan al 80 por ciento de su cuerpo. Según la policía, el motivo del ataque sigue sin estar claro, pero no puede descartarse la motivación racista.

“Amnistía Internacional se une a la sociedad civil y la comunidad romaní en su petición a las autoridades para que se enfrenten al creciente extremismo del país”, ha afirmado Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central.

En algunas zonas de la República Checa se han intensificado los ataques de grupos de extrema derecha contra la comunidad romaní. Cada vez son más las marchas y declaraciones efectuadas por algunos grupos de extrema derecha checos en las que se incita a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra la comunidad romaní. Muchos romaníes del país afirman temer por su vida.

Según los cálculos, en la República Checa hay una comunidad romaní de entre 160.000 y 300.000 personas, lo que supone entre un 1,6 y un 3 por ciento de la población.

Los romaníes continúan sufriendo discriminación en el país, tanto por parte de las autoridades como de los ciudadanos, en los ámbitos de la vivienda, la educación, la atención a la salud y el empleo.

No sólo sufren desalojos forzosos, segregación en la enseñanza y violencia racista, sino que se les niega la justicia cuando intentan conseguir resarcimiento por los abusos de los que son víctimas.

El primer ministro saliente, Mirek Topolanek, denunció públicamente el ataque, afirmando que debe investigarse a fondo y que la policía debe identificar si fue por motivos racistas. El presidente Vaclav Klaus lo calificó de “crimen brutal y abominable” y “acto monstruoso”.

“Las autoridades checas deben dar ahora un paso más y apoyar la protesta nacional, transmitiendo un mensaje inequívoco de que toda la sociedad condena tales ataques en los términos más enérgicos”, ha dicho Nicola Duckworth.
“Las autoridades deben asegurarse de que la comunidad romaní y los activistas de la sociedad civil pueden marchar por las calles de las ciudades checas exigiendo sus derechos con seguridad y dignidad”.