Población indígena de Paraguay en peligro

Miembros de la comunidad Yakye Axa al borde de la autopista Pozo Colorado-Concepción, Paraguay, 27 de noviembre de 2008

Miembros de la comunidad Yakye Axa al borde de la autopista Pozo Colorado-Concepción, Paraguay, 27 de noviembre de 2008

© Amnistía Internacional


31 March 2009

El Estado paraguayo no protege adecuadamente los derechos de su población indígena, obligando a muchos de sus miembros a vivir en la miseria y condenando de hecho a algunos a muerte, ha dicho Amnistía Internacional.

Las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa se han visto desplazadas de sus tierras tradicionales y llevan más de 10 años viviendo al borde de la autopista Pozo Colorado-Concepción. No pueden acceder a sus tierras y viven en condiciones precarias, sin recurso a fuentes de agua y alimentos propias y con servicios médicos y educativos inadecuados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en 2005 y 2006 que las autoridades paraguayas debían devolver las tierras a ambas comunidades, a la vista de su situación desesperada.

“En estas condiciones, corre peligro la supervivencia misma de los Yakye Axa y los Sawhoyamaxa –ha dicho Louise Finer, investigadora de Paraguay de Amnistía Internacional–. Pero el gobierno puede demostrar su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas acatando plenamente las decisiones de la Corte. Estas dos comunidades ya han esperado demasiado.”

La Corte fijó como plazo el 13 de julio de 2008 para la restitución de las tierras tradicionales de la comunidad Yakye Axa y el 19 de mayo de 2009 de las de la comunidad Sawhoyamaxa. La Corte ordenó también que el Estado paraguayo debía proporcionar a las comunidades servicios básicos (servicios higiénicos, atención médica, alimentos y agua) que aseguraran su supervivencia hasta que se les devolvieran sus tierras.

Más de 27 miembros de estas dos comunidades han muerto de enfermedades prevenibles desde que la Corte Interamericana dictara sentencia. En los últimos cuatro meses, seis miembros de los Sawhoyamaxa han muerto de diarrea y vómitos, cuatro de ellos bebés de menos de dos años.

El presidente Fernando Lugo ha dado algunos pasos, como la presentación de un proyecto de ley de expropiación de las tierras que reclaman los yakye axa, que está actualmente en espera de su aprobación en el Congreso.

“Las medidas tomadas por el gobierno paraguayo para ayudar a los pueblos indígenas son positivas, pero es preciso hacer mucho más y mucho más deprisa –ha dicho Louise Finer–. El reloj corre para las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa y, si no se les devuelven sus tierras y se aportan fondos para su desarrollo, pueden perderse más vidas.”

Los Yakye Axa y los Sawhoyamaxa llevan más de 15 años pidiendo que se les devuelvan sus tierras tradicionales.

“Solo estamos reclamando las tierras nuestras, donde nacieron y fueron enterrados nuestros abuelos y donde nacimos nosotros”, declaró Venancio Flores, de la comunidad Yakye Axa, a Amnistía Internacional en noviembre de 2008.

Según el último censo de población indígena, que data de 2002, el 45 por ciento de la población indígena de Paraguay no disfruta de la propiedad legal definitiva de sus tierras.


MÁS INFORMACIÓN
Blog de Amnistía Internacional - posts desde Paraguay

Paraguay: Preocupación médica. Miembros de las comunidades indígenas sawhoyamaxa y yakye axa, especialmente niños de corta edad y ancianos (acción urgente, 16 de febrero de 2009)

Paraguay: 'We're only asking for what is ours': Indigenous peoples in Paraguay -

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Index Number: AMR 45/005/2009
Date Published: 31 March 2009
Categories: Paraguay

The Yakye Axa and Sawhoyamaxa belong to the Enxet ethnic group of Indigenous Peoples. For years they have been forced to live in temporary homes because their traditional lands are in the hands of private owners. Both Indigenous communities are determined to return to their lands and to once again become self-sufficient. In this document Amnesty International calls on the Paraguayan authorities to ensure that, until these traditional lands are returned, steps are taken to ensure the Indigenous communities’ survival, in particular in the provision of food, medical care, clean water and education.


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