Document - Migration-related detention: A global concern

La detención relacionada con la migración, motivo de preocupación en todo el mundo


Soy un ser humano. Lo he pasado muy mal. Trato de ser feliz. Intenté muchas veces matarme durante mi detención. No soy peligroso.

George, solicitante de asilo rechazado que pasó dos años detenido en el Reino Unido, enero de 2005


[IMAGE: Refugiados y refugiadas laosianos de etnia hmong recluidos en el Centro de Detención para Inmigrantes de Nong Khai. © Particular]



Toda persona tiene derecho a la libertad, incluida la libertad de circulación. Aunque hay limitaciones permisibles a este derecho, la práctica de la detención por cuestiones de migración, recurrente en muchos Estados del mundo, suele ser incompatible con las normas internacionales de derechos humanos. A menudo viola los derechos de las personas detenidas y es angustiante y perjudicial para quienes la sufren.


Es habitual privar a migrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas de su libertad por pura conveniencia administrativa. Muchos países se sirven de la detención para disuadir de migrar o solicitar asilo a quienes pretendan hacerlo.


Para ser legal según las normas internacionales de derechos humanos, la detención por razones de migración sólo debe utilizarse en circunstancias excepcionales, debe ser proporcional al objetivo perseguido con ella y debe durar el menor tiempo posible. Sólo debe practicarse tras una evaluación que demuestre que es legal y necesaria en cada caso particular. Debe estar basada en un detenido examen de las circunstancias de la persona, incluidos su historia personal y el riesgo de que huya. Ha de ser objeto de una revisión judicial. No debe practicarse de manera sistemática la detención de categorías enteras de solicitantes de asilo o migrantes: la detención debe ser el último recurso, no la primera respuesta. Sin embargo, en algunos países se detiene automáticamente, a veces por largos periodos o de forma indefinida, a toda persona que llegue sin la documentación necesaria. En estos casos pueden verse afectadas personas que han huido de sus países para no sufrir tortura. Y hay países en los que ni siquiera los niños y las niñas se libran de la reclusión en penosas condiciones.


Amnistía Internacional pide a los Estados que pongan fin a la detención automática de solicitantes de asilo y migrantes, que introduzcan una presunción de ley contra la detención y que presenten alternativas efectivas a ella.


Definiciones

Personas refugiadas. Son personas que buscan protección contra la persecución o los conflictos en sus países. Antes de que las autoridades reconozcan su necesidad de protección, se las conoce como solicitantes de asilo.


Migrantes. Son personas que se mudan a otro lugar para vivir y trabajar allí temporal o permanentemente. Aunque distintas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, a veces también se ven obligadas a abandonar sus países; así, puede darse el caso de que no tengan más remedio que marcharse de ellos debido a la pobreza extrema o la degradación del medio ambiente.


Perspectiva general de las prácticas de detención


El gobierno australiano anunció en julio de 2008 un importante cambio en la política de detención de inmigrantes, que incluye una clara presunción contra la práctica de la detención. Aunque la detención seguirá siendo obligatoria en el caso de quienes lleguen al país sin documentación, las autoridades harán evaluaciones individuales en cada caso. Si se demuestra que la persona no supone ninguna amenaza, será puesta en libertad en el seno de la comunidad. Durante los últimos 16 años, el gobierno australiano ha sometido de manera automática e indiscriminada a detención prolongada a todas las personas llegadas al país sin autorización, incluidas las solicitantes de asilo y, hasta 2005, los niños y niñas. El gobierno mantiene su política de detención frente a la costa: a las personas solicitantes de asilo que son recogidas en las aguas territoriales de Australia se la recluye en la isla Christmas.


Investigaciones realizadas por Amnistía Internacional en el Reino Unido en 2005 indicaron que la detención de quienes solicitaban asilo era prolongada, causaba gran sufrimiento, resultaba innecesaria y, en muchos casos, no cumplía la finalidad de la expulsión expresada por las autoridades, por lo que era ilegal. Aunque las autoridades británicas afirman que tienen por norma garantizar que la detención se usa con moderación y durante el menor tiempo posible, la duración de la detención de inmigrantes en el Reino Unido no tiene límite. En muchos casos se ha detenido durante largos periodos a personas que han solicitado asilo en alguna etapa del proceso.


No existe supervisión judicial automática de la decisión de detener a solicitantes de asilo en el Reino Unido, y muchas personas detenidas tienen problemas para encontrar asistencia letrada con la que pedir la libertad bajo fianza. Entre tales personas hay mujeres embarazadas, niños y niñas sobre cuya edad existen dudas y familias.


Era sumamente estresante para mí como madre, y mis hijos pequeños lloraban a diario. Nuestros hijos estaban encerrados como presos. ¿Qué ser humano podría tener a un niño encerrado todo el día?


Declaración de una mujer que pasó más de cinco meses detenida junto con su familia, en una vista pública celebrada en marzo de 2007 por la organización británica Independent Asylum Commission, cuyas conclusiones se publicaron en 2008


El 18 de junio de 2008, el Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva de la Unión Europa sobre normas y procedimientos comunes para la devolución de ciudadanos de países no pertenecientes a la UE que no tengan la documentación necesaria. La directriz parece tener por objeto contener los flujos migratorios hacia Europa, y entrará en vigor tras su aprobación formal por el Consejo de la UE. Permite la detención en espera de la expulsión por un periodo de hasta 18 meses, y puede aplicarse a solicitantes de asilo cuyas solicitudes pueden no haber sido examinadas a fondo. Amnistía Internacional considera que el límite de 18 meses de detención es excesivo, desproporcionado y, por tanto, inaceptable como norma común de la UE.


Esta directiva podría dar lugar a un mayor uso de la detención prolongada en los Estados miembros de la UE, en muchos de los cuales, como Irlanda y España, la duración máxima del periodo de detención es actualmente mucho más corta. Tras la aprobación de la directiva, el gobierno neerlandés anunció que iba a fijar en 18 meses el límite de la detención, mientras que Italia propuso aumentar el suyo de 60 días a 18 meses. Anteriormente, sólo dos Estados, Malta y Alemania, permitían un máximo de 18 meses de detención. Letonia continúa permitiendo un límite de 20 meses.


La directiva contiene una disposición relativa a la revisión judicial de la legalidad de la detención, pero los Estados miembros de la UE pueden decidir si facilitarla automáticamente o no. La directiva prevé que la revisión sea “rápida”. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), toda persona cuyas libertades sean violadas tiene derecho a un recurso judicial efectivo, que incluya el derecho a que un tribunal determine con prontitud la legalidad de su detención.


En los Países Bajos, la duración de la detención varía. En la mayoría de los casos es de menos de tres meses, pero se calcula que, de las 20.000 personas que fueron detenidas entre 2004 y 2007, el 11 por ciento estuvieron recluidas entre seis y nueve meses, y el 10 por ciento, más de nueve meses; esto último sucedió en los casos en los que se consideraba a las personas detenidas, por ejemplo, “extranjeros indeseables” o cuando su nacionalidad no estaba clara.


A Peter, liberiano de 40 años, se le denegó el asilo en los Países Bajos. Las autoridades lo devolvieron a Liberia dos veces, y en ambos casos las autoridades liberianas locales le negaron la entrada alegando que sus documentos de viaje, que había expedido la embajada de Liberia, eran falsos. Tras la primera expulsión, Peter fue devuelto directamente a los Países Bajos. Después de la segunda, fue detenido por las autoridades liberianas locales y pasó un mes en un centro de reclusión de inmigrantes antes de ser devuelto otra vez a los Países Bajos. La detención ininterrumpida de Peter en ambos países duró 13 meses, hasta que el gobierno neerlandés lo dejó por fin en libertad, desprovisto de todo.


El uso de la detención prolongada para detener la migración irregular a Europa no está limitado a la UE ni a sus Estados miembros. Los gobiernos cooperan cada vez más unos con otros, compartiendo información y tomando medidas punitivas contra quienes migran. Desde 2006, en Mauritania, millares de personas migrantes sospechosas de planear o intentar llegar a países europeos han sido detenidas arbitrariamente, incluso sin haber pruebas de sus intenciones y a pesar de que salir del país sin autorización no es delito. Algunas de estas personas son maltratadas y expulsadas colectivamente de Mauritania, no siempre a sus países de origen, y sin darles la oportunidad de cuestionar su expulsión. Estas medidas parecen ser consecuencia de la presión que ejerce sobre Mauritania la UE, particularmente España, para que controle la migración a Europa.


Muchas de las personas detenidas son recluidas en un centro de detención de Nuadibú, en el norte de Mauritania, conocido localmente como Guantanamito. Este centro, ubicado en una antigua escuela, recibe hasta 300 personas al mes, pero no está sujeto a control judicial alguno. Las personas migrantes allí recluidas soportan condiciones de hacinamiento, y algunas dicen que las detuvieron en sus casas en plena noche. “Me detuvieron [...] en mi habitación. No sé por qué –dijo a Amnistía Internacional un ciudadano de Malí de 41 años que había pasado dos años en Nuadibú–.Trabajo; tengo un rickshaw. No soy un migrante ilegal. Llevo dos años viviendo aquí y todos mis papeles están en regla. No tengo intención de irme a Europa. ¿Qué nos va a pasar a mí y a mi familia si me envían de vuelta a Malí?”


[IMAGE: Migrantes en el centro de detención de Nuadibú, Mauritania, 3 de marzo de 2008. © Amnistía Internacional]


Las investigaciones de Amnistía Internacional muestran que las personas recluidas en espera de su expulsión no tienen la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención o cuestionar su expulsión colectiva. Mauritania es un Estado signatario de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que garantiza a las personas detenidas el derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal (artículo 16).


Detención de personas que no son nacionales del país al que llegan y de solicitantes de asilo


Según el artículo 31.1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, los Estados contratantes “no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada [...] hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización”. Es frecuente que las personas que huyen de violaciones de derechos humanos no puedan conseguir ni utilizar su pasaporte y que se las detenga por no tener la documentación en regla. Sin embargo, jamás debe utilizarse la detención para menoscabar el derecho a solicitar y obtener asilo huyendo de la persecución: solicitar asilo no es un delito. No obstante, en algunos países se detiene por norma a toda persona que llega a ellos como solicitante de asilo o migrante irregular, y en algunos casos en razón de su nacionalidad.


En Israel, un proyecto de ley presentado por el gobierno y que se encuentra actualmente ante el Parlamento criminalizará, si se aprueba, a quienes no siendo nacionales de Israel entren en el país por pasos fronterizos no autorizados y con documentos falsos. Tales personas podrán ser condenadas a cinco años de prisión cualquiera que sea el motivo de su entrada y con independencia de que sufran violaciones de derechos humanos en su país. Si son nacionales de determinados países, como Sudán o Irak, podrá imponérseles una condena aún más larga, de siete años. Además de las graves violaciones de derechos humanos derivadas de estos prolongados periodos de detención, imponer penas de privación de libertad más largas a las personas de determinadas nacionalidades constituye un incumplimiento de la obligación de Israel de garantizar que no se sufre discriminación, como estipulan diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el PIDCP y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Las personas solicitantes de asilo que entran sin documentación en Estados Unidos desde determinados países, como Haití, son detenidas automáticamente con el argumento de que dejarlas en libertad supondría una amenaza para la seguridad nacional. Están detenidas durante todo el proceso de solicitud de asilo. Las personas de otras nacionalidades que solicitan asilo en la frontera también son detenidas automáticamente, pero tienen derecho a quedar en libertad si cumplen ciertos criterios. El proceso puede durar semanas o meses, y al final se las remite a un tribunal de inmigración para que examine sus solicitudes.


Daniel Joseph, de Haití, llegó a Estados Unidos cuando tenía 17 años. Había huido de su país en una barca de madera junto con su hermano en octubre de 2002 y llegó a Miami al cabo de cuatro días. Fue recluido en el centro de detención de menores de Boystown, de Miami, donde estuvo 25 meses a pesar de tener familia en Nueva York. Daniel Joseph habló en 2003 a Amnistía Internacional de su vida en el centro: "Cada vez que hago un amigo, se va. Mi mejor amigo se ha ido hoy. Mañana [se irá] mi último mejor amigo […] los chicos me preguntan por qué llevo tanto tiempo aquí. No puedo responder, porque no lo sé […] Si no puedo vivir con mi familia ni con mi tío, ¿no puedo ir a un hogar de acogida?".


Según el fiscal general, que examinó una solicitud de libertad bajo fianza presentada en nombre del hermano de Daniel Joseph, David Joseph, a las personas de nacionalidad haitiana que llegan por mar para solicitar asilo se las detiene y se les niega la libertad bajo fianza porque amenazan la seguridad nacional. El fiscal general afirmó que si se las dejaba en libertad se corría el riesgo de animar a otras personas de la misma nacionalidad a embarcarse con rumbo a Estados Unidos, y que tales “oleadas” de inmigrantes eran “perjudiciales para la seguridad nacional al desviar valiosos recursos del servicio de guardacostas y el Departamento de Defensa de sus usos antiterroristas y de seguridad de la patria”.


Saddik Sahour Abkar


Saddik Sahour Abkar, de la región sudanesa de Darfur, fue detenido en Egipto y cumplió allí un año de prisión tras ser declarado culpable por un tribunal militar de “intentar salir ilegalmente de por la frontera egipcia oriental”. Lo detuvieron en julio de 2007, cuando fue localizado por guardias de frontera egipcios en el momento en que, acompañado de su esposa, embarazada, y de su hija de dos años, se disponía a echar a correr junto con otras personas hacia la verja de la frontera entre Egipto e Israel. Su esposa, Hajja Abbas Haroun, recibió un tiro en la cabeza y murió en el acto, y otras personas del grupo resultaron heridas. A él lo separaron de su hija durante todo un año.


Saddik Sahour Abkar figura entra las más de1.300 personas que han sido juzgadas desde 2007 por el mismo cargo ante tribunales militares egipcios, contraviniendo las normas internacionales de derechos humanos. A estas personas se les niega invariablemente el acceso a representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Egipto, aunque muchas necesitan recibir protección internacional y pueden sufrir violaciones de derechos humanos si son devueltas a sus países.


En Sudáfrica, millares de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes se vieron desplazadas como consecuencia de las agresiones xenófobas que se produjeron en mayo de 2008. Centenares de ellas fueron luego detenidas arbitrariamente. En julio de 2008 se detuvo a unos 700 hombres por no estar registrados en el campo para personas desplazadas de Glenanda, en Johanesburgo, y se los llevó al centro de reclusión de Lindela. Al día siguiente se dejó en libertad a los que tenían permiso de solicitante de asilo o refugiado. No tenían ningún sitio adonde ir y querían esperar a que salieran también de Lindela sus familiares o amigos, así que establecieron un campamento provisional a lado de la autopista R28. Seis días después, la policía sudafricana los detuvo en aplicación de la Ley Nacional de Tráfico por Carretera y los llevó a la comisaría de Krugersdorp. Según informes, durante su detención la policía los coaccionó para que renunciaran a sus derechos como refugiados y solicitantes de asilo firmando documentos con tal fin. Les dijeron que, si firmaban, se retirarían los cargos contra ellos. Según informes, debidamente asesorados, ninguno lo ha hecho, pero, aunque posteriormente se retiraron los cargos, continúan recluidos por “trámites administrativos”.


[IMAGE:

En octubre de 2005 se retiró un contenedor utilizado para recluir a “migrantes irregulares” en la isla griega de Kios, tras una campaña de ámbito nacional e internacional llevada a cabo por Amnistía Internacional, abril de 2005. © Refugee Solidarity Committee]

Condiciones de detención


La detención, particularmente cuando es prolongada, puede producir deterioro de la salud física y mental. Las personas detenidas en calidad de migrantes irregulares, solicitantes de asilo en espera de la resolución de su caso o solicitantes de asilo a quienes se ha rechazado y están esperando su expulsión no solo sufren las penalidades de la reclusión, sino también una abrumadora incertidumbre con respecto a su suerte. A veces no comprenden los trámites ni las razones de su detención, por lo que se sienten impotentes e indefensas.


Según el derecho internacional, las condiciones de detención deben ser humanas, y deben respetarse los derechos humanos de las personas detenidas. Éstas han de tener acceso a asistencia letrada y médica, así como permiso para recibir visitas de familiares. En Corea del Sur se ha detenido y expulsado en los últimos años a millares de migrantes irregulares. El gran número de detenciones llevadas a cabo hace que a menudo se haga caso omiso de las debidas garantías de procedimiento para determinar si las personas migrantes tienen derecho legalmente a permanecer en el país y no están sujetas a expulsión.


Una encuesta de ámbito nacional realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea y publicada en enero de 2006 determinó que el 20 por ciento de las personas detenidas habían sido golpeadas y que casi el 40 por ciento habían recibido insultos. Más del 34 por ciento dijeron que las habían desnudado y registrado, y el 5,2 por ciento afirmaban que los agentes de inmigración habían abusado sexualmente de ellas al hacer registros corporales. Según una encuesta del mismo organismo realizada en 2005, en el 21,5 por ciento de los casos, el tiempo que pasaba detenida la persona superaba el periodo de 20 días permitido por la ley. Las malas condiciones aumentaban la vulnerabilidad a las enfermedades físicas y la depresión: el 66 por ciento de las personas recluidas afirmaban que su salud física se había deteriorado durante su detención bajo custodia de las autoridades de inmigración. Entre los factores que contribuían a ello figuraba la tensión de esperar salarios sin pagar y la falta general de apoyo en un entorno donde las condiciones eran malas.




Sajad Hussain Wani


Amnistía Internacional ha documentado casos de tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas por razones de inmigración en todo el mundo. Según informes, Sajad Hussain Wani, ciudadano paquistaní que estudiaba en Malaisia, fue torturado cuanto estuvo recluido en el centro de detención de Sepang, cerca de Kuala Lumpur, durante más de cinco semanas. Había sido detenido por encontrarse supuestamente en el país sin permiso. En realidad estaba con un visado para estudiante en regla, y parece que lo detuvieron porque su ex novia había pedido a las autoridades que lo hicieran. Según informes, lo golpearon y le quemaron con cigarrillos en varias partes del cuerpo, incluidos los genitales. Estuvo recluido sin cargos hasta que, finalmente, el 9 de noviembre de 2007, compareció ante un juez que determinó que su detención era ilegal y ordenó su libertad inmediata.


Normas de derechos humanos relativas a grupos concretos


Dados los graves efectos de la detención en el bienestar psicológico de las personas, los Estados deben tomar medidas legislativas para evitar la detención de menores, supervivientes de tortura, víctimas de trata, mujeres embarazadas, personas con enfermedades graves, discapacidades físicas o mentales o enfermedades mentales, o personas ancianas.


Si se detiene a personas de estos grupos, es aconsejable pedir a profesionales médicos competentes que certifiquen que la detención no tendrá efectos negativos para su salud ni su bienestar. Además, debe facilitarse el seguimiento y apoyo periódicos de los profesionales especializados pertinentes. Las personas detenidas han de tener también acceso a servicios que incluyan hospitalización, medicación y orientación si es necesario.



Es horrible estar detenida, sobre todo cuando se tiene un hijo. Mi hijo quería suicidarse. Me decía: "Mami, estamos en la cárcel".

Jean, solicitante de asilo, reconocida posteriormente como refugiada, que pasó más de tres meses detenida por razones de inmigración en el Reino Unido junto con su hijo. Declaraciones realizadas en una entrevista mantenida con Amnistía Internacional en 2005.



Según el ACNUR, durante 2007, alrededor del 44 por ciento de las personas refugiadas o en situación semejante eran menores. Y no se incluyen en este porcentaje los niños y niñas migrantes.


Al menos 92 niños y niñas refugiados llevan más de dos años en el centro de detención de inmigrantes de Nong Khai, en el norte de Tailandia. Once han nacido allí. Encerrados en sus boques de celdas durante 22 horas al día, muchos tienen problemas de salud. Forman parte de un grupo de 158 refugiados y refugiadas laosianos de etnia hmong que viven hacinados y en duras condiciones desde que fueron detenidos en Bangkok y Phetchabun en noviembre de 2006. Las autoridades tailandesas no han expresado ninguna intención de dejarlos en libertad, a pesar de que cuatro países han prometido considerar la posibilidad de reasentarlos. Desde agosto de 2007 no se permite el acceso a ellos a representantes del ACNUR, que no pueden, por tanto, tomar las medidas necesarias para facilitar su reasentamiento.


Según informes, en el centro de detención de Pagani, en la isla griega de Lesbos, se encuentran recluidos, en condiciones degradantes e inhumanas, 160 menores no acompañados. No hay higiene, y las salas están permanentemente inundadas. El centro acoge a 830 migrantes irregulares (que en algunos casos podrían ser solicitantes de asilo), cuando sólo tiene capacidad para 300 personas. Raras veces se les permite salir. La detención de niños y niñas debe evitarse siempre, y en toda decisión que se tome al respecto debe examinarse si es en el interés superior del niño o la niña, como dispone la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.


[IMAGE: Campaña de Amnistía Internacional Australia para conseguir la liberación de niños y niñas migrantes detenidos, 2005 © Amnistía Internacional]


Las víctimas de tortura también son especialmente vulnerables durante su detención. Taner, solicitante de asilo en los Países Bajos, pasó ocho años detenido en su país de origen, y durante ese tiempo estuvo varios meses sometido a régimen de aislamiento para obtener de él una “confesión” y otros datos sobre sus actividades políticas. Afirma que lo violaron, lo golpearon en las plantas de los pies, le impidieron dormir, lo torturaron con electricidad y lo amenazaron con ejecutarlo. Durante el proceso de solicitud de asilo, Taner mencionó explícitamente la lesiones físicas y psicológicas que había sufrido. Fue detenido en los Países Bajos en octubre de 2006, al rechazarse su solicitud de asilo, tras lo cual presentó una segunda solicitud.


Un grupo de examen médico de Amnistía Internacional realizó a Taner un reconocimiento que confirmó que sus quejas médicas coincidían con la presunta tortura y lo describió como una persona gravemente traumatizada. Consideró que su detención por razones de inmigración “podría agravar sus problemas psiquiátricos” y “tener un efecto desproporcionadamente traumatizante”. En su fallo sobre la legalidad de la detención de Taner, el tribunal de distrito se atuvo al informe de Amnistía Internacional y ordenó que fuera puesto en libertad en espera de que se tomara una decisión sobre su solicitud de asilo. En agosto de 2007, Taner recibió finalmente un permiso de residencia en virtud de una amnistía general.

En Estados Unidos es común el uso de dispositivos restrictivos (como grilletes) para las mujeres embarazadas en todas las formas de detención. Suelen aplicárseles cuando se las traslada, en el parto e inmediatamente después de dar a luz. Juana Villegas, migrante irregular de México de 33 años, estaba embarazada de nueve meses cuando la detuvieron por una infracción de tráfico el 3 de julio de 2008 y la llevaron a la prisión del condado de Davidson, en Nashville, Tennessee. Al saberse que era migrante irregular, la dejaron recluida allí. El 5 de julio, Juana Villegas se puso de parto y fue trasladada en ambulancia al hospital, encadenada a la camilla. En el hospital la tuvieron sujeta con grilletes a la cama hasta justo antes del alumbramiento de su hijo. Seis horas después de haber dado a luz volvieron a encadenarla. Según su abogado, se utilizaron los dispositivos restrictivos en contra de las recomendaciones del personal médico. Durante todo el tiempo que Juana Villegas pasó en el hospital, se le prohibió ver a su esposo, amigos y familiares, e incluso hablar con ellos, por lo que se le desconectó el teléfono de la habitación. Quedó en libertad el 8 de julio, y ahora se está tramitando su expulsión.

A raíz de la considerable atención prestada a este caso por los medios de comunicación, incluso internacionalmente, el sheriff del condado de Davidson anunció que, a partir de septiembre de 2008, a las mujeres embarazadas recluidas en la prisión del condado no les iban a aplicar dispositivos restrictivos en ningún momento, salvo que fueran muy combativas o supusieran una amenaza para otras personas o para sí mismas. Sin embargo, la nueva política permite colocar a las detenidas embarazadas en una silla de estructura metálica (la denominada “silla de sujeción”). En los últimos años, al menos 18 personas han muerto en centros de detención de Estados Unidos tras haber sido colocadas en la silla de sujeción. En 2000, el Comité de la ONU contra la Tortura recomendó a Estados Unidos abolir el uso de sillas de sujeción en los centros de detención.

Recomendaciones


  • Los Estados deben garantizar el respeto del derecho a la libertad, incluida la libertad de circulación, de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

  • Los Estados deben ofrecer alternativas efectivas a la detención de migrantes y solicitantes de asilo por razones de inmigración. La detención debe utilizarse sólo como último recurso.

  • Los Estados no deben detener jamás a migrantes ni solicitantes de asilo si no pueden demostrar en cada caso que la detención es necesaria y proporcional al objetivo que se pretende alcanzar, que no hay alternativas efectivas a ella, que se practica por razones prescritas por la ley y que existe un riesgo objetivo de que la persona huya.

  • Los Estados deben establecer por ley la duración máxima de la detención. La detención deber ser siempre lo más breve posible.

  • Los Estados deben garantizar que en todo momento se tienen en cuenta alternativas a la detención y que esas alternativas se ofrecen en la práctica sin discriminación. En primer lugar deben considerarse las medidas menos restrictivas. Entre tales alternativas figurarán:

    • libertad bajo fianza, facilitada sin discriminación y con condiciones razonables y realistas para la persona que la solicite;

    • requisitos de presentación de información que no sean indebidamente onerosos, invasivos ni difíciles de cumplir, especialmente en el caso de las familias con hijos y de quienes tengan medios económicos limitados;

    • uso de centros abiertos y semiabiertos, residencias supervisadas o alojamientos especiales. El uso de centros abiertos es preferible a alternativas más restrictivas;

    • registro de solicitantes de asilo y emisión de tarjetas de identidad a personas refugiadas como medio efectivo de impedir la detención arbitraria de solicitantes de asilo y reducir el uso de la detención contra migrantes sin documentación.

Encontrarán más información acerca del trabajo de Amnistía Internacional sobre la detención relacionada con la migración en el sitio web: http://www.amnesty.org/en/refugees-and-migrants

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