Document - Violations of the human rights of homosexuals: extracts from Amnesty International action materials




VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS HOMOSEXUALES





EXTRACTOS DE MATERIALES DE ACCIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL


































Enero de 1994

Índice AI: POL 30/01/94/s

Distr: SC/CC





SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA







VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS HOMOSEXUALES


EXTRACTOS DE MATERIALES DE ACCIÓN

DE AMNISTÍA INTERNACIONAL



ENERO DE 1994 RESUMEN POL 30/01/94/s


Amnistía Internacional lleva muchos años poniéndose a la violación de los derechos de los homosexuales mediante su trabajo para acabar con la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales y solicitando la liberación como presos de conciencia de personas detenidas por abogar por los derechos de los homosexuales. En septiembre de 1991, Amnistía Internacional amplió el alcance de su trabajo incluyendo la adopción como presos de conciencia de personas encarceladas sólo debido a su homosexualidad, incluida la práctica de actos homosexuales en privado y de común acuerdo entre adultos. A continuación les presentamos un resumen de los progresos efectuados por la organización en su trabajo de oposición a las violaciones de derechos humanos.


Este documento es una recopilación de extractos de materiales de acción producidos por Amnistía Internacional desde septiembre de 1991 en relación con los derechos humanos de los homosexuales. Incluye resúmenes de casos en los que uno de los factores era la orientación sexual, real o supuesta, de la víctima. Al final de cada apartado se incluye la referencia a los documentos citados.



VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS HOMOSEXUALES


Extractos de los materiales de acción de Amnistía Internacional


PREOCUPACIONES DE AI EN CADA PAÍS


AUSTRALIA


Trabajo en favor de la introducción de cambios en la legislación


Amnistía Internacional siente preocupación porque ciertas secciones de la Ley 1924 (enmendada en 1987) del código penal de Tasmania penaliza todos los actos homosexuales de común acuerdo entre adultos y en privado. Los homosexuales encarcelados en virtud de estas disposiciones serían considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional.


La sección 122 (a y c) afirma que "Cualquier persona que (a) mantenga una relación sexual con otra persona que vaya contra el orden de la naturaleza es culpable de un delito" y puede ser acusada de "relación sexual antinatural". La sección 123 de la misma ley afirma que "cualquier varón que, en público o en privado, cometa una agresión indecente contra otro varón u otro acto de indecencia grave consigo mismo o con otro varón cometerá un delito de indecencia". Está claro que esta ley permite el procesamiento de adultos de adultos que realicen actos homosexuales de común acuerdo y en privado. No hay personas encarceladas actualmente en virtud de esta ley. La ley se usó por primera vez en 1977, cuando varias personas fueron acusadas de "prácticas indecentes entre varones adultos".


LA LEGISLACIÓN EN AUSTRALIA


En virtud de la constitución australiana, el poder de promulgar y poner en vigor la legislación penal reside fundamentalmente en los estados que forman parte de la federación. En general, el gobierno federal sólo tiene responsabilidad directa sobre la legislación penal en los territorios que se encuentran bajo su administración.


Los actos homosexuales entre varones adultos de común acuerdo y en privado fueron despenalizados en el Territorio de la Capital Australiana en 1976; en el Territorio del Norte en 1983; en Australia del Sur en 1972; en Victoria en 1980; en Nueva Gales del Sur en 1984; En Australia Occidental en 1989 y en Queensland en 1990. Tasmania no ha despenalizado los actos homosexuales entre varones adultos en privado y de común acuerdo a pesar de las recomendaciones de varias fuentes gubernamentales y no gubernamentales.


Amnistía Internacional tiene como uno de sus objetivos la liberación de presos de conciencia, término que la organización usa para describir a las personas encarceladas por sus ideas, color, sexo, origen étnico, idioma o religión, y que no han usado la violencia ni abogado por ella. amnistía Internacional también trabaja en favor de que todos los presos políticos sean juzgados con prontitud e imparcialidad y se opone a la pena de muerte, a las ejecuciones extrajudiciales, a las desapariciones forzadas y a la tortura. La organización lleva muchos años poniéndose a la violación de los derechos de los homosexuales mediante su trabajo y solicitando la liberación como presos de conciencia de personas detenidas por abogar por los derechos de los homosexuales. En su Reunión del Consejo Internacional de Yokohama, Japón, celebrada en 1991, Amnistía Internacional incluyó en su mandato un llamamiento en favor de la liberación de individuos encarcelados sólo debido a su homosexualidad, incluida la práctica de actos homosexuales en privado y de común acuerdo entre adultos, así como en favor de la derogación de las leyes que puedan llevar al encarcelamiento de presos de conciencia, como las secciones 122 (a y c) y 123 de la Ley 1924 del Código de Enjuiciamiento Criminal Tasmano (Enmendado en 1987).


LLAMAMIENTO AL GOBIERNO

Amnistía Internacional insta al gobierno del estado de Tasmania a que drogue las secciones 122 (a y c) y 123 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Tasmania y que garantice que la futura legislación que regula los delitos sexuales en el estado de Tasmania no permitirá que se encarcele a personas por actos homosexuales entre adultos en privado y de común acuerdo, que serían considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional.


De Índice AI: ASA 12/04/93, Australia: Tasmanian law discriminates against homosexuals, de marzo de 1993.


BIELORRUSIA


Trabajo en favor cambios en la legislación


Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción el reconocimiento público efectuado por Bielorrusia de la importancia de las normas internacionales de derechos humanos y las medidas tomadas en la república en los últimos años para poner las leyes nacionales en consonancia con ellas. No obstante, la organización ha continuado dirigiéndose a las autoridades de Bielorrusia para tratar diversas preocupaciones importantes, incluidas las indicadas más abajo...


...Los actos homosexuales entre varones, específicamente la sodomía, se castigaban con una sentencia de hasta cinco años de prisión, en virtud del artículo 119, parte 1, incluso si eran realizados por adultos en privado y de común acuerdo. La vecina Ucrania despenalizó ese tipo de actos en diciembre de 1991 y Amnistía Internacional ha pedido más información sobre el estado actual de este artículo en Bielorrusia.


De Índice AI: EUR 49/01/92, Belarus: Summary of Amnesty International's concerns, de septiembre de 1992.

BRASIL


TRABAJO PARA PONER FIN A LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES


Acción Urgente: Renildo José Dos Santos (marzo de 1993)


Amnistía Internacional siente preocupación porque el secuestro y homicidio de Renildo José dos Santos, un concejal homosexual de la municipalidad de Coqueiro Sêco, estado de Alagoas, pueden haber sido perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad porque era homosexual.


Según la información recibida por Amnistía Internacional, el domingo 14 de marzo de 1993 por la noche, un grupo de hombres fuertemente armados sin identificar sacó violentamente a Renildo José dos Santos de su casa en Coqueiro Sêco, Alagoas. Los familiares de Renildo José dos Santos que fueron testigos del secuestro creen que algunos de los hombres eran agentes de policía vestidos de civil. Al día siguiente se encontró la cabeza de Renildo José dos Santos en un descampado, con evidentes señales de tortura. Su cuerpo fue encontrado dos días más tarde en otro terreno despoblado, también con evidentes señales de tortura.


Renildo José dos Santos había denunciado reiteradamente las amenazas de muerte que recibía desde 1989 por parte del alcalde de la localidad y del padre del alcalde, un dirigente político local. También acusó a un agente de policía local de atentar contra su vida. Según una declaración escrita que realizó en septiembre de 1991, había denunciado las amenazas de muerte ante un juez local pero al parecer no fue adoptada medida alguna para garantizar su seguridad física. El 27 de noviembre de 1991, Renildo José dos Santos fue alcanzado por tres disparos, al parecer realizados por un agente de policía local cuyo nombre aparecía en la declaración. Renildo José dos Santos atribuía las amenazas de muerte y el atentado contra su vida a las diferencias políticas que tenía con el alcalde y su padre y a su homosexualidad, que él había reconocido públicamente. Afirmó que la policía local no había llevado a cabo una investigación adecuada sobre el atentado contra su vida y que el Secretario de Estado de Seguridad Pública había rechazado su petición de suspender al agente de policía de sus funciones en espera del resultado de la investigación.


En enero de 1993, la junta municipal de Coquiero Sêco creó una comisión parlamentaria de investigación encargada de examinar la conducta del concejal dos Santos acusándole de cometer actos "incompatibles con el decoro parlamentario [o sea, de la junta local] y de dañar la reputación de la cámara", ("atos incompatíveis com o decôro Parlamentar, o que está denegrindo a reputaçao desta Casa Legislativa"). Entre las razones aducidas por la acusación, se encontraba que el concejal dos Santos había admitido públicamente su homosexualidad en un programa de radio. A causa de la investigación, el consejo despojó al concejal dos Santos de su puesto de representante en la junta municipal. Posteriormente le fue devuelto su cargo político en espera de la resolución de un recurso judicial.


El 25 de febrero, varias organizaciones de derechos humanos de Alagoas escribieron al Secretario de Estado de Seguridad Pública denunciando las amenazas de muerte y los atentados contra la vida del concejal dos Santos así como la presunta implicación de agentes de la policía militar en las agresiones. Las organizaciones también denunciaron la campaña destinada a dañar la reputación del concejal. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, el concejal dos Santos no recibió protección alguna.


En unas declaraciones realizadas al periódico Jornal de Alagoasunos días antes de ser asesinado, el concejal dos Santos volvió a denunciar las amenazas de muerte y la discriminación [sexual] de que era objeto por parte del alcalde local, y atribuyó la campaña de difamación al hecho de haber reconocido públicamente su homosexualidad. Declaró que tenía miedo y estaba desesperado y que temía sufrir un nuevo atentado contra su vida o un secuestro.


Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha practicado ninguna detención en relación con el secuestro y posterior homicidio del concejal dos Santos.




INFORMACIÓN GENERAL


Alagoas, al noreste de Brasil, tiene una tradición de violencia política. La política y la sociedad de Alagoas, uno de los estados más pobres de Brasil, están dominadas por grandes terratenientes (coroneis) y sus cómplices, que a menudo recurren a la violencia contra todo aquel que amenace sus intereses.


De ÍNDICE AI: AMR 19/07/93, AU 78/93 - Brasil: Posible ejecución extrajudicial: Renildo Jose dos Santos, de marzo de 1993. Véase también AI preocupada por el homicidio de un político homosexual


CHINA


TRABAJO DE OPOSICIÓN A LA DETENCIÓN DE PRESOS DE CONCIENCIA


Actualización sobre las preocupaciones de AI


En líneas generales, aunque la homosexualidad se tolera más que antes, continúa siendo objeto de fuerte desaprobación social y puede llevar aún a la detención o el encarcelamiento en algunas zonas. Existen indicios de que el sida está propiciando una actitud más abierta en relación con la homosexualidad: en 1992 se abrió una línea telefónica de asesoramiento sobre el sida en Pekín y en 1993 el Instituto Nacional de Educación para la Salud (organismo gubernamental) creó en esta misma ciudad un club para hombres llamado Mundo Masculino, que tiene como objetivo actuar como foro para debatir la prevención del sida y ser un grupo de apoyo para los hombres homosexuales. No obstante, este cambio de actitud se ha producido sobre todo en Pekín y en las áreas metropolitanas más importantes y en las zonas del país más abiertas a la influencia extranjera; en las zonas más aisladas del país persisten las viejas actitudes.


Respecto a si la gente en China podría correr el riesgo de ser encarcelada por su homosexualidad, la situación no está muy clara actualmente y varía de una región a otra. En el pasado, los homosexuales eran acosados por la policía y enviados a "campos de reeducación mediante el trabajo" (este es un castigo administrativo y, por tanto, no requiere un proceso judicial). Según informes, algunos fueron sentenciados a penas de prisión en virtud del código de enjuiciamiento criminal. Según informes, aunque no haya una disposición específica sobre la homosexualidad en la legislación penal, se ha condenado a homosexuales por cargos de "alteración del orden social" o "gamberrismo". Raras veces se informa públicamente de ese tipo de casos y hay muy poca información específica disponible sobre casos individuales.


Según informes, se adoptó una nueva política oficial sobre homosexuales en 1992, aunque esto no ha sido confirmado públicamente por fuentes oficiales. En noviembre de 1992 se informó de que el Partido Comunista no considera la homosexualidad como un delito y de que los departamentos provinciales de policía habían recibido instrucciones de no castigar a los homosexuales. Según informes, esta nueva política se publicó en un boletín interno del Ministerio de Seguridad Pública, que afirmaba que la detención de homosexuales era ilegal, pero que debe decírseles que limiten su actividad homosexual al ámbito doméstico.


A principios de 1992 se difundió ampliamente un caso que ilustraba los recientes cambios en la actitud oficial hacia los homosexuales. Se llamó a la policía para que interviniera en el caso de una pareja de lesbianas que se establecieron juntas en la provincia de Anhui; estuvieron 15 días detenidas por "comportamiento desenfrenado", mientras el caso se transfería a una autoridad superior que decidiera si debían ser procesadas; en abril de 1992, el Ministro de Seguridad Pública no halló, según informes, bases jurídicas sobre las que procesarlas, y las puso en libertad.


No obstante, según la política oficial mencionada más arriba, hay algunos casos bastante recientes de personas encarceladas en relación con su homosexualidad, y parece claro que la práctica sobre esto varía de una región del país a otra. Por ejemplo, un periódico de Cantón informó en febrero de 1992 del caso de un hombre que, según informes, había mantenido relaciones homosexuales con otros 19 hombres sentenciados a ocho años de cárcel acusados de indecencia, aunque AI no puede confirmar los detalles del caso ni tampoco si estaría incluido en el mandato de la organización. También se ha informado de algunos casos pasados de homosexuales acusados de "gamberrismo" o "comportamiento indecente" y encarcelados por ello, y algunos casos de personas recluidas a la fuerza en hospitales con la excusa de que eran enfermos mentales. No obstante, el riesgo de encarcelamiento por esos motivos variaría de una región a otra y dependiendo del caso del individuo afectado.


De Índice AI: POL 33/04/93 (Interno): Circular de coordinadores de refugiados 01/93, de mayo de 1993.


COLOMBIA


Ejecución extrajudicial como "limpieza social"


Siguieron recibiéndose informes sobre el homicidio de "indeseables sociales" por parte de los "escuadrones de la muerte", que contaron con respaldo policial, en las ciudades más importantes del país. Por la noche eran acribillados en las calles vagabundos (niños incluidos), homosexuales y presuntos delincuentes, o eran capturados e introducidos en vehículos sin placas de matrícula; después eran hallados en otro lugar sus cuerpos sin vida, que raras veces eran identificados y presentaban a menudo señales de tortura. Con mucha frecuencia, los siniestros "escuadrones de la muerte" fueron también los autores de las amenazas y de la muerte de dirigentes comunitarios, de estudiantes y de jóvenes desempleados de los barrios marginales de los suburbios de las grandes ciudades. En julio, unos hombres fuertemente armados se internaron en el barrio de Juan Pablo II, Ciudad Bolívar, en las afueras al sur de Bogotá, abrieron fuego contra un grupo de adolescentes que salían de una fiesta de cumpleaños y mataron a seis. Rosabel Jiménez, abuela de una de las víctimas, también fue abatida por los disparos cuando trató de agarrar a uno de los homicidas. Bajo su cadáver hallaron luego una cachucha(gorra de policía).


Del capítulo de Colombia, Informe 1993de Amnistía Internacional


Los miembros y los presuntos simpatizantes de los grupos de guerrilla no han sido las únicas víctimas de ejecución extrajudicial.


En las zonas urbanas, numerosas víctimas son asesinadas por agresores que se desplazan en motos de alta cilindrada o por asesinos individuales en lugares públicos, incluidos restaurantes, aeropuertos o a bordo de aviones. Otros son muertos a tiros por asaltantes que irrumpen en sus casas o son secuestrados en la calle y obligados a introducirse en automóviles; por lo general, en estos casos sus cadáveres aparecen al cabo de unas horas o unos días. Muchas de las víctimas secuestradas son torturadas, y sus cadáveres son mutilados o quemados con fuego o ácido antes de ser arrojados a caminos o ríos. Los asesinos, que por lo general son hombres fuertemente armados vestidos de civil, escapan casi invariablemente, a veces delante de policías uniformados o de soldados que no hacen nada para intervenir.


Los incidentes esporádicos de homicidios múltiples a mediados de los años ochenta dieron paso, en 1988, a una nueva pauta de ataques contra grupos de civiles desarmados que dejaron tras de sí un rastro de centenares de muertos por todo el país. Aunque los posibles motivos variaban, muchos homicidios parecían ser parte de una campaña para aterrorizar a comunidades enteras o a sectores de la sociedad o para castigarlos por su presunta pertenencia a algún partido.


En las ciudades también se ha dado muerte a las personas consideradas "desechables sociales", entre las que se encontraban homosexuales, prostitutas, pequeños narcotraficantes y drogadictos, vagabundos, niños de la calle y retrasados mentales. A los asesinatos de estas personas los llaman "operaciones de limpieza social" y frecuentemente los atribuyen a agentes de policía (de los que la información aparecida en la prensa suele decir que estaban fuera de servicio) o a colaboradores que trabajan a partir de la información proporcionada por esos agentes. Resulta más difícil obtener estadísticas de estas operaciones de "limpieza" que de los homicidios relacionados con la política, ya que muchas veces no se conoce la identidad de las víctimas. En muchas ocasiones, estas muertes no se denuncian ni se registran aunque, entre abril y noviembre de 1992, los grupos locales de derechos humanos registraron 298 asesinatos atribuidos a operaciones "de limpieza social" llevadas a cabo por "escuadrones de la muerte".


Las ciudades grandes como Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla son las más afectadas por estos homicidios. En muchas ocasiones, los agresores disparan a sus víctimas desde motocicletas o desde cabinas de camiones. En otros casos, a las víctimas las interceptan en la calle y las obligan a subir a camiones; sus cadáveres, muchas veces mutilados o con señales de tortura, aparecen posteriormente arrojados en un camino o en un vertedero.


De Colombia: Estrategias para evadir la responsabilidad, Índice AI: AMR 23/46/93/s, de agosto de 1993 (se incorporará al libro Desapariciones forzadas y homicidios políticos: La crisis de los derechos humanos de los años noventa, un manual de acción



COSTA RICA


Trabajo de oposición a la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes


Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de travestidos


Se ha informado que unos agentes de la policía de San José detuvieron al menos a siete travestidos durante varias horas, y que les sometieron a tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Según informes, a uno de ellos, Manuel Horacio Guevara Albornoz, lo detuvieron en abril vestido de mujer. Fue trasladado a la unidad de radio patrulla, donde los policías se burlaron de él y le tocaron las nalgas. Lo volvieron a detener en mayo y lo trasladaron a la misma unidad de radio patrulla, donde, según informes, los policías lo obligaron a desnudarse y se burlaron de él. Dos policías detuvieron a Jorge Enrique Vargas González en mayo, lo condujeron a una casa en ruinas y, según informes, lo obligaron a practicar sexo oral con uno de ellos a punta de pistola. El Ministerio de Interior realizó investigaciones sobre estos casos.


En diciembre, Amnistía Internacional escribió al gobierno del presidente Rafael Calderón Fournier para expresarle su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos infligidos por los agentes de la Guardia de Asistencia Rural y por los agentes de policía, y para instarle a que adoptara medidas para investigar estos abusos y llevar a los responsables a los tribunales. La organización también expresó su preocupación por la tortura o trato cruel, inhumano o degradante a que se sometió a los travestidos y pidió ser informada sobre los métodos y conclusiones de las investigaciones sobre los casos denunciados.


Del capítulo sobre Costa Rica, Informe 1993de Amnistía Internacional 1993


Actitudes policiales en relación con la identidad sexual


Amnistía Internacional escribió al presidente de Costa Rica el 18 de diciembre de 1992 acerca de las torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos por la policía al menos a siete travestidos en la capital, San José. La carta señalaba que, en la medida en que las actitudes policiales hacia la expresión de la identidad sexual de las víctimas han contribuido a los presuntos abusos, AI estaría agradecida de saber que se toman medidas para dejar claro a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que esas actitudes no serán toleradas.


ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA


Trabajo para poner fin a la tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes


Estados Unidos de América: Brutalidad policial en Los Ángeles, California


...La investigación de Amnistía Internacional sobre la brutalidad de la policía de Los Ángeles durante el pasado año -que forma parte de la continua recolección de información sobre los malos tratos de la policía en todo el país- se centró en la brutalidad de los agentes del Departamento de Policía, que se encarga de mantener el orden en la ciudad de Los Ángeles, y los del Departamento del Sheriff, que controlan toda la zona del condado de Los Ángeles.


La investigación, que incluyó una visita de investigación a Los Ángeles, mostró que existe un grave problema de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, que ha permanecido muchos años sin investigar...


Robert Cervantes


Robert Cervantes, homosexual latino, fue golpeado por dos policías en un cine para adultos en diciembre de 1986, en el transcurso de un arresto por sospecha de conducta obscena. Cervantes afirmó que el policía se abalanzó sobre él antes de que llegara a su asiento, golpeándole en la cara con la insignia de metal y agrediéndole en general. También alegó que fue golpeado en la cabeza con un sapmientras permanecía esposado en la parte trasera del vehículo de los policías. Cervantes fue después exculpado de los cargos de conducta obscena, agresión a agentes de policía y resistencia al arresto.


Aunque los dos agentes negaron cualquier actuación indebida -siguieron afirmando que Cervantes se había resistido al arresto- en octubre de 1991 un jurado los condenó a pagar 29.000 y 55.000 dólares, respectivamente, por daños y perjuicios. Los miembros del jurado concluyeron que los agentes habían empleado una fuerza excesiva y que existía un "código de silencio" entre los agentes tolerado dentro del Departamento, que había causado un daño al demandante. Los informes médicos muestran que Cervantes tuvo que recibir varios puntos en la cabeza después del arresto, aunque los agentes negaron haberle golpeado dentro del vehículo. Los informes también hablan de contusiones en la frente, espalda y costillas y otras lesiones. La Municipalidad no entabló la oportuna apelación y, por consiguiente, su moción contra la realización del juicio fue denegada.


De AMR 51/76/92/s, Estados Unidos de América: Brutalidad policial en Los Ángeles, California, de junio de 1992.


ESTONIA


Trabajo en favor de la introducción de cambios legislativos


... En octubre dos delegados de Amnistía Internacional visitaron Estonia, Letonia y Lituania para recopilar información sobre cuestiones de derechos humanos relacionadas con el mandato de la organización. Esta ha sido la primera visita de investigación que ha realizado Amnistía Internacional a los estados bálticos desde su reciente independencia....


...En mayo Amnistía Internacional remitió una carta al ministro de Justicia en la que le pedía confirmación de que el Artículo 118 del Código Penal había sido abolido. De acuerdo con ese artículo, los actos homosexuales entre varones adultos de mutuo acuerdo eran delitos punibles con penas de cárcel. Por otra parte, la organización también preguntó si se había encarcelado a alguien en aplicación del Artículo 118 hasta el momento de su abolición y, de ser así, si habían sido excarcelados posteriormente. En octubre todavía no se había recibido respuesta. Amnistía Internacional considera presos de conciencia a las personas encarceladas únicamente por la práctica de actos homosexuales de común acuerdo entre adultos y en privado.


De Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa, mayo de 1992 - octubre de 1992(EUR 01/04/92/s), diciembre de 1992



GEORGIA


Trabajo por la introducción de cambios legislativos


La primera visita de Amnistía Internacional a Georgia tuvo lugar en febrero. Organizada cuando el presidente Gamsajurdia aún permanecía en el poder, fue aplazada debido a los conflictos que provocaron el cambio de gobierno. Amnistía Internacional comentó sus preocupaciones con diversas personas del gobierno y ajenas a él....


...El ministro de Justicia explicó a Amnistía Internacional que en aquel momento estaba al frente de una comisión que trabajaba en la modificación del Código Penal, y que esperaba presentarlo ante el nuevo Parlamento, una vez elegido, para su aprobación. Un artículo que ha dejado de aplicarse es el 121, en cuya primera parte se castiga las prácticas homosexuales consentidas entre varones adultos. Con él se pretende revisar este artículo para despenalizar estos actos.


De Índice AI: EUR 01/03/92/s, Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa: Noviembre de 1991 - Abril de 1992. Fecha: Junio de 1992.


GRECIA


Trabajo en favor de los presos de conciencia


El 8 de noviembre de 1991, la directora de la revista para gays y lesbianas Amphi, Irene Petropoulou, fue condenada a cinco meses de prisión (pena susceptible de permutarse por una multa de 1.000 dracmas por cada día de condena) y a pagar una multa de 50.000 dracmas por los cargos de violación de los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 5060/1931, por un comentario que la acusada publicó en el número 4/1991 de la revista. El comentario aparecía en la sección de anuncios por palabras, y se preguntaba por qué había tantos hombres homosexuales y heterosexuales interesados en mantener correspondencia con mujeres lesbianas. El tribunal estimó que el comentario "constituía una ofensa contra la moral y la decencia, y no podía ser considerado como una obra de arte y ciencia". Irene Petropoulou se encuentra en libertad pendiente de la resolución de su apelación. Si la apelación fuera desestimada y la encausada no lograra o se opusiera a permutar su condena por una multa, tendría que cumplir la condena de prisión, en cuyo caso Amnistía Internacional adoptaría a Irene como presa de conciencia.


De Índice AI: EUR 01/03/92/s, Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa: Noviembre de 1991 - Abril de 1992. Fecha: Junio de 1992.


Trabajo para poner fin a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes


Aunque la caída del gobierno militar en 1974 puso fin a las torturas sistemáticas de presos políticos, las personas o malos tratos de personas detenidas por los agentes encargados de hacer cumplir la ley no han sido erradicadas en Grecia...


... Los diarios griegos informan periódicamente de casos de agentes de policía que torturan o maltratan a personas que o bien capturan en las calles, aparentemente al azar, en el curso de operaciones encaminadas a limpiar ciertas zonas de consumidores de consumidores y traficantes de drogas y homosexuales, o después de manifestaciones...


De: EUR 01/04/92/s, Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa, mayo de 1992 - octubre de 1992, de diciembre de 1992.




IRÁN



qj Continúan las ejecuciones políticas


En Irán, donde la sodomía se castiga con la pena de muerte, Amnistía Internacional recibió informes según los cuales un dirigente musulmán chiita fue ejecutado por haber sido declarado culpable de espionaje, adulterio y sodomía.


El doctor Ali Mozaffarian, cirujano muy conocido y uno de los dirigentes de la comunidad musulmana sunní en la provincia de Fars, en el sur de Irán, fue ejecutado en Shiraz a principios de agosto de 1992. Había sido declarado culpable de espiar para los Estados Unidos e Iraq, de adulterio y de sodomía. Sus "confesiones" grabadas en vídeo, que pudieron haber sido obtenidas mediante presiones físicas o psicológicas, fueron retransmitidas por televisión en Shiraz y en las calles de Kazerun y Lar.


El doctor Mozaffarian fue detenido en su oficina a fines de 1991, un día después de que él y otros dirigentes sunnitas asistieron a una reunión en casa del encargado de las Oraciones de los Viernes de Shiraz, el ayatolá Haeri, para tratar sobre el deterioro de las relaciones entre sunnitas y chiitas en Fars. Según los informes, su detención estaba relacionada con su negativa a participar en una "oración unitaria" y con su abierta oposición al gobierno. Fue ejecutado tras unos disturbios en Shiraz en agosto de 1992. Según los informes oficiales, el doctor Mozaffarian fue juzgado en Shiraz, pero no disponemos de información sobre los procedimientos seguidos. Amnistía Internacional cree que su juicio pudo no haber cumplido las debidas garantías.


Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, pero en Irán tiene la preocupación adicional de que se impone frecuentemente a sospechosos políticos y a otras personas cuyos juicios no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos. En los casos políticos, muchas veces los juicios duran sólo unos minutos y los acusados no tienen acceso a asistencia letrada en ningún momento; se les niega el derecho de apelar tanto contra la declaración de culpabilidad como contra la sentencia, y se les niega la oportunidad de tratar que les sea conmutada la pena.


Amnistía Internacional siente además preocupación por el uso de confesiones televisadas; al parecer, esta práctica tiene como intención el desacreditar a los sospechosos políticos, pero además mina aún más la posibilidad de que estos sospechosos sean juzgados con justicia.


De Irán: Amnistía internacional siente preocupación porque continúan las ejecuciones políticas, Índice AI: MDE 13/WU 08/92, en el Servicio de Noticias NWS 11/48/92/s.ADD




IRLANDA (REPÚBLICA DE IRLANDA)


Trabajo en favor de la introducción de cambios legislativos


República de Irlanda: Legislación que despenaliza la homosexualidad (Junio de 1993)


El gobierno de la República de Irlanda acaba de publicar el proyecto de Ley Penal (sobre delitos sexuales) de 1993, el cual anulará la ley vigente que prohíbe los actos homosexuales e introducirá disposiciones que prohibirán este tipo de actos con personas menores de 17 años.


La legislación vigente sobre homosexualidad en la República de Irlanda contraviene la Convención Europea de Derechos Humanos debido a que permite el procesamiento de adultos que realicen actos homosexuales en privado con pleno consentimiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en el pleito que entabló Davis Norris en 1988 que las leyes irlandesas vulneraban el artículo 8 de la Convención Europea, el cual estipula:


Toda persona tiene derecho al respeto por su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.


David Norris, senador y defensor desde hace muchos años de los derechos de los homosexuales en la República de Irlanda, impugnó en 1987 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la existencia en la República de Irlanda de leyes que convertían en delito determinadas prácticas homosexuales entre adultos varones con pleno consentimiento. Aunque el gobierno irlandés alegó que dicha legislación nunca había sido aplicada contra el demandante, y que no podía afirmar que fuera una "víctima" en el sentido indicado en el artículo 25.1 de la Convención, el Tribunal estableció que el citado artículo de la Convención:


permite a las personas defender que una ley viola sus derechos ... si corren el riesgo de que les afecte directamente.


La sentencia admitía que el riesgo de procesamiento en este caso era mínimo, pero que mientras la ley estuviera incluida en el Código podía aplicarse en cualquier momento.


El Tribunal manifestaba: "Además, se ha descubierto en los procesamientos nacionales que uno de los efectos de la imposición de penas contra actos homosexuales es incrementar la ansiedad y la culpabilidad de los homosexuales, lo que a veces les conduce a la depresión y a las graves consecuencias derivadas de esta desgraciada enfermedad".


En su reunión del Consejo Internacional de Yokohama en 1991, Amnistía Internacional aprobó considerar presos de conciencia a los individuos encarcelados a causa de su homosexualidad, cuando la práctica de actos homosexuales ocurre en privado entre adultos con pleno consentimiento.


Por tanto, Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la introducción de nuevas leyes reguladoras de los delitos sexuales que podrían despenalizar la práctica en privado de actos homosexuales entre adultos con pleno consentimiento.


De Índice AI: EUR 29/05/93/s, República de Irlanda: Ley despenalizadora de la homosexualidad, de junio de 1993. Poco antes de este documento se publicó una circular de acción interna en la que se pide a los miembros del parlamento irlandés que apoyen el cambio legislativo propuesto. Véase Índice AI: EUR 29/05/93/s, WERAN 21/93 - República de Irlanda: Ley despenalizadora de la homosexualidad, de junio de 1993.


KAZAJSTÁN


Trabajo en favor de la introducción de cambios en la legislación


La primera visita de Amnistía Internacional a Kazajstán tuvo lugar en abril. La delegación habló de las preocupaciones de la organización con altos cargos estatales, y mantuvo encuentros con otras personas....


...La primera parte del artículo 104 del Código Penal prohíbe las prácticas homosexuales consentidas entre varones adultos. Sin embargo, los funcionarios del Ministerio de Justicia aseguraron a la delegación de Amnistía Internacional que en la práctica no se castigaba este tipo de actividades realizadas en privado entre varones adultos.


De: Kazajstán, la pena de muerte; revisión legislativa; ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En Preocupaciones en Europa, noviembre de 1991 - abril de 1992(EUR 01/03/92/s). Fecha: junio de 1992.


KIRGUISTÁN


Trabajo en favor de la introducción de cambios legislativos


Amnistía Internacional efectuó su primera visita a Kirguistán en el mes de abril. La delegación planteó las preocupaciones de la organización a altos cargos estatales, y mantuvo encuentros con personas ajenas a los círculos oficiales....


La primera parte del artículo 112 del Código Penal castiga las prácticas homosexuales consentidas entre varones adultos. El ministro de Justicia declaró a Amnistía Internacional que se tendría en cuenta la despenalización de tales acciones a la hora de revisar el artículo. Otros funcionarios de este Ministerio informaron a la organización de que en 1991 no se había juzgado un solo caso en virtud de este artículo, pero que en 1990 sí se habían dictado condenas por este delito.



De: Kirguistán, la pena de muerte; revisión legislativa; ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En Preocupaciones en Europa, noviembre de 1991 - abril de 1992(EUR 01/03/92/s). Fecha: junio de 1992.


LETONIA


Trabajo en favor de la introducción de cambios legislativos


En octubre dos delegados de Amnistía Internacional visitaron Estonia, Letonia y Lituania con el fin de recopilar toda la información pertinente a los derechos humanos relacionada con el mandato de nuestra organización. Esta era la primera visita de investigación que realizaba Amnistía Internacional a los estados bálticos, de reciente independencia.


...En mayo Amnistía Internacional remitió una carta al ministro de Justicia solicitando confirmación de que el Artículo 124 del Código Penal de Letonia había sido abolido. Según este artículo, los actos homosexuales entre varones adultos de común acuerdo eran delitos penales castigados con la cárcel. Por otra parte, Amnistía Internacional preguntaba en su carta si en el momento de la abolición del artículo había alguien encarcelado por estos motivos y, de ser así, si había sido puesto en libertad.


En julio, el ministro de Justicia contestó que, el 5 de febrero, el Consejo Supremo de la República de Letonia había aprobado la legislación pertinente para enmendar el Artículo 124. Según la enmienda, los actos homosexuales son delitos penales sólo si implican violencia o amenaza de violencia, si se realizan con menores o si se abusa de la situación de inferioridad o la indefensión de una víctima. El ministro informó a Amnistía Internacional que las personas encarceladas por homosexualidad habían sido excarceladas inmediatamente después de la adopción de la enmienda legislativa. Amnistía Internacional considera presos de conciencia a las personas encarceladas exclusivamente por la práctica de actos homosexuales consensuados con otros adultos en privado.


De: la pena de muerte; homosexualidad. En: Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa, mayo de 1992 - octubre de 1992(EUR 01/04/92/s), de diciembre de 1992.


LITUANIA


Trabajo en favor de la introducción de cambios legislativos


Actualización sobre Lituania


...En octubre dos delegados de Amnistía Internacional visitaron Estonia, Letonia y Lituania con el fin de recopilar toda la información pertinente a los derechos humanos relacionada con el mandato de nuestra organización. Esta era la primera visita de investigación que realizaba Amnistía Internacional a los estados bálticos, de reciente independencia....


En julio Amnistía Internacional escribió al Ministerio de Justicia solicitando información sobre el número de personas que en esos momentos se encontraban detenidas en aplicación de Artículo 122 (parte 1) del Código Penal de Lituania, según el cual los actos homosexuales entre varones son punibles con penas de hasta tres años de cárcel. La realización de actos similares con menores o en los que se utilice la violencia, la amenaza de violencia o se explote la situación de inferioridad o dependencia de una víctima, se castiga, en aplicación del Artículo 122 (parte 2), con penas que oscilan entre los tres y los ocho años de prisión. Amnistía Internacional considera presos de conciencia a las personas encarceladas exclusivamente por la práctica de actos homosexuales consensuados con otros adultos en privado.

En septiembre el Ministerio de Justicia contestó que desde la restauración de la independencia, en el mes de marzo de 1990, tres personas habían sido declaradas culpables de cargos estipulados en el Artículo 122. Una de ellas había sido condenada a una pena de tres años y medio de prisión por agresión sexual y coerción física; otra a una pena de cinco años de cárcel por realizar actos sexuales con un menor y agredirle. En el tercer caso el sentenciado era un menor, a quien se impuso una pena de tres años y medio que, tras apelación, quedó reducida a dos años y medio de prisión por realizar actos sexuales consensuados con otro menor. Al convicto lo pusieron en libertad vigilada antes de que hubiera concluido su condena.




El Ministerio de Justicia concluía su nota informativa afirmando que en esos momentos se estaba elaborando el proyecto de un nuevo código penal, texto que no estipula el procesamiento de las personas por mantener relaciones homosexuales de común acuerdo.


Durante su visita, a Amnistía Internacional le hicieron entrega de una copia de una carta del Ministerio del Interior dirigida al Centro Lituano de Prevención del SIDA. Además de los tres casos descritos anteriormente por el Ministerio de Justicia, la carta del Ministerio del Interior citaba a otras 14 personas también convictas en aplicación del Artículo 122 (parte 2) desde principios de 1990. Al menos una de las 14 declaraciones de culpabilidad databan de 1991. No está claro si los 13 casos restantes que el Ministerio de Justicia no mencionaba en su carta databan todos del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 11 de marzo de 1990 (fecha de la restauración de la independencia de Lituania).


De: Lituania: La pena de muerte; objeción de conciencia al servicio militar; homosexualidad. En: Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa, mayo de 1992 - octubre de 1992(EUR 01/04/92/s), del 2 de diciembre de 1992.

MÉXICO


Trabajo para poner fin a la tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes


México: violaciones de derechos humanos contra activistas gays (junio de 1993)


Amnistía Internacional siente grave preocupación por los informes que ha recibido en relación con el arresto de dos activistas en favor de los derechos homosexuales, a quienes se sometió, además, a malos tratos en la Ciudad de México. Al parecer, estos dos activistas habían sido ya objetivo de las autoridades a causa de sus actividades y campañas en favor de ciertos sectores de la comunidad homosexual mexicana.


Gerardo Rubén Ortega Zurita, de 36 años de edad, y José Cruz Reyes Potenciano, de 23, son muy conocidos en la Ciudad de México por su trabajo voluntario de prevención del SIDA entre la población masculina dedicada a la prostitución en esa ciudad. Parte de su campaña ha consistido en denunciar reiteradamente en los medios informativos mexicanos los abusos, como palizas y prácticas de extorsión, que al parecer sufre la comunidad homosexual que ejerce la prostitución a manos de la policía y de otras autoridades. El arresto de ambos activistas se practicó tres días después de la aparición de Gerardo Rubén Ortega Zurita en la televisión, donde en la entrevista que concedió volvió a expresar críticas contra las autoridades en lo referente a los asuntos homosexuales.


Ortega Zurita y Reyes Potenciano fueron arrestados el 16 de junio de 1992 en las calles de la Ciudad de México por agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, quienes alegaron haber practicado la detención de estos dos hombres en flagrante delito. A ambos los acusaron de violación y corrupción de menores. Después del arresto los llevaron a una comisaría, donde la policía anunció a la prensa la detención a pesar de no haberse presentado aún, en esos momentos, cargos formales contra los dos acusados. Según los informes, la policía les propinó a los dos fuertes palizas y, ese mismo día, los trasladaron a otra comisaría de la vecindad de Coyoacán, donde permanecieron en régimen de incomunicación hasta el día siguiente. El 17 de junio comparecieron ante un agente del ministerio público para que prestaran declaración ministerial. Los cargos que se habían presentado en su contra fueron confirmados a pesar de la ausencia de pruebas que los respaldaran (en el examen forense practicado el mismo día del arresto a los dos hombres, así como a la presunta víctima, parece que se descartó la existencia de pruebas físicas de haberse producido una violación. Por el contrario, en ese mismo examen sí se certificó la existencia de lesiones en los acusados que se correspondían con sus denuncias de haber sido apaleados por la policía).


El 18 de junio de 1992, Ortega Zurita y Reyes Potenciano fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Sur, una de las prisiones de la Ciudad de México, en espera de que se celebrase su juicio. Según los informes, durante los días posteriores a su llegada al Reclusorio fueron objeto de palizas y otros actos de hostigamiento por parte de los internos de la prisión. El 31 de marzo de 1993 ambos fueron sentenciados a 13 años y 9 meses de cárcel. La sentencia que les impusieron se encuentra en la actualidad pendiente de apelación ante la Corte Superior de la Ciudad de México.


Amnistía Internacional siente profunda preocupación por el encarcelamiento y los malos tratos sufridos por Gerardo Ortega Zurita y José Reyes Potenciano. La información que ha recibido recientemente Amnistía Internacional obliga a pensar que ambos fueron arrestados y acusados de unos delitos que no han quedado corroborados por las pruebas periciales iniciales ni por las declaraciones de testigos fidedignos. Asimismo, la organización considera que su arresto y posterior encarcelamiento pueden haber estado motivados por la activa y abierta crítica de ambos a las autoridades en lo que respecta a su actuación en relación con las cuestiones homosexuales en la Ciudad de México, además de los presuntos prejuicios que las autoridades encargadas del caso pudieran tener contra los encausados.


Amnistía Internacional estima que Gerardo Rubén Orgeta Zurita y José Cruz Reyes Potenciano pueden ser presos de conciencia. Por ello, la organización está formulando llamamientos a las autoridades mexicanas para que realicen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de violación de los derechos humanos que han sufrido ambos hombres, entre ellas el encarcelamiento y los malos tratos, y para que pongan a los responsables de las mismas a disposición de los tribunales de justicia.


Actualización: activistas gays absueltos de todos los cargos y puestos en libertad


Amnistía Internacional hizo un llamamiento en favor de los dos hombres en junio de 1993, expresando su preocupación a las autoridades mexicanas por el hecho de que su detención pudiera haber estado motivada por sus actividades en el movimiento gay en la capital, incluida la crítica abierta contra presuntos abusos policiales contra homosexuales. La organización solicitó una investigación sobre los presuntos abusos contra dos de los hombres, que, en su opinión, parecían ser presos de conciencia, detenidos únicamente por abogar por los derechos de los miembros de la comunidad gay de México. El 9 de julio de 1993 los dos hombres fueron puestos en libertad tras un fructífero llamamiento, absueltos de todos los cargos.


De Índice AI: AMR 41/03/93/s, México: violaciones de derechos humanos contra activistas gays, de junio de 1993.


NICARAGUA


Trabajo en favor de la introducción de cambios legislativos


Nicaragua: Preocupación en AI por las propuestas de endurecer las leyes sobre homosexualidad (julio de 1992)


Amnistía Internacional se ha dirigido al gobierno de Nicaragua para expresar preocupación ante la propuesta enmienda al Código Penal del país. La organización teme que tal enmienda haga posible el encarcelamiento de personas por propugnar los derechos de los homosexuales, o por realizar actos homosexuales con una persona adulta en privado y con el pleno consentimiento de las partes.


El día 11 de junio de 1992 la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó una enmienda al Artículo 205 del Código Penal, según la cual «comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propagandice o practique en forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo y sufrirá pena de prisión de 1 a 3 años». La enmienda está ahora pendiente de la ratificación de la Presidenta de la República, que está investida del derecho al veto.


En una carta dirigida a la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, Amnistía Internacional ha expresado preocupación, indicando que al

extender la aplicación del delito de «sodomía», tal como lo define actualmente el Artículo 205 del Código Penal, para incluir la «promoción» de las relaciones homosexuales, la enmienda propuesta podría permitir el procesamiento y encarcelamiento de personas por el ejercicio de su derecho a la libre expresión, por ejemplo, por abogar por los derechos de las lesbianas y homosexuales, o por difundir información educativa sobre sexualidad y salud. Las personas encarceladas por este motivo serían consideradas presos de conciencia por Amnistía Internacional.


De ratificarse, la enmienda al Artículo 205 podría permitir el encarcelamiento de personas adultas que hubieran mantenido relaciones homosexuales en privado y con pleno consentimiento. El Artículo 205 del actual Código Penal, que tipifica como delito actos de «sodomía» que ultrajan la moralidad pública, incluye disposiciones aparentemente orientadas a la prohibición de actos sexuales en público, con menores, o coercitivos. La enmienda aprobada por la Asamblea sustituye estas disposiciones por una aun más amplia y menos precisa que tipifica como delito las relaciones sexuales practicadas «en forma escandalosa» entre personas del mismo sexo. Amnistía Internacional encuentra preocupante que la reforma no parezca ofrecer ninguna garantía de que el Artículo 205 no será aplicado a personas adultas que libremente y con pleno consentimiento mantengan relaciones homosexuales en privado. Amnistía Internacional pediría la puesta en libertad incondicional de cualquier persona encarcelada por este motivo, pues la consideraría preso de conciencia.


Aunque las enmiendas a ciertos artículos del Código Penal parecen haberse debido al deseo de poner freno a un incremento en la delincuencia sexual, la enmienda que amplía la aplicación del Artículo 205 parece dirigida a criminalizar la expresión de la identidad homosexual de una forma muy amplia, lo que podría ocasionar violaciones de derechos humanos fundamentales.


Amnistía Internacional ha pedido a la presidenta de Nicaragua que aclare el alcance y la aplicación de la propuesta enmienda, y que garantice que el Código Penal nicaragüense nunca permitirá que una persona sea encarcelada por propugnar sin violencia los derechos de los homosexuales, ni por realizar actos homosexuales con una persona adulta en privado y con el pleno consentimiento de las partes.


De Nicaragua: Preocupa la enmienda a la ley sobre homosexualidad. En: Servicio de Noticias 27/92 (NWS 11/27/92/s.ADD), de julio de 1992.


Nicaragua: Preocupación en AI por las propuestas de endurecer las leyes sobre homosexualidad(agosto de 1992)


La legislación propuesta no ha sido ratificada ni vetada por la presidenta, aunque ya ha transcurrido el plazo (15 días después de la recepción en la Asamblea Nacional). La Asamblea Nacional está autorizada a publicar la legislación, haciéndola así entrar en vigor, una vez haya transcurrido el plazo de ratificación. Sin embargo, la Asamblea se encuentra actualmente en receso, y la legislación no ha sido publicada.


Se informará a las Secciones tan pronto como haya algún cambio en el estado de la legislación.


De Índice AI: NWS 11/29/92/s, Servicio de Noticias 29/92 (incluye adición), de agosto de 1992.


Actualización sobre Nicaragua: Preocupación en AI por las propuestas de endurecimiento de las leyes sobre homosexualidad (agosto de 1992).


Amnistía Internacional ha sabido recientemente que el conjunto de reformas propuestas del código penal nicaragüense, entre ellas una enmienda al artículo 205, relativo a la homosexualidad, han sido ratificadas por la presidenta Chamorro. AI siente preocupación porque la enmienda del artículo 205 podría llevar al procesamiento y encarcelamiento de las personas que aboguen por los derechos de los homosexuales o que practiquen actos sexuales con adultos de común acuerdo y en privado.


Las reformas del código penal fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 11 de junio y ratificadas por la presidenta el 8 de julio. No obstante, la ratificación no se hizo pública, y no ha llegado a las fuentes de información nicaragüenses hasta principios de agosto. La legislación no ha sido publicada en el diario oficial, La Gaceta, y, por tanto, no ha entrado en vigor.


El artículo 205 (ahora 204 en el código penal reformado) estipula que cualquiera que induzca, promueva, haga propaganda o practique de forma escandalosa relaciones sexuales entre personas del mismo sexo comete el delito de sodomía y será castigado con una pena de uno a tres años de prisión. Tambiém establece que si una de las personas implicadas en la relación sexual se encuentra en una situación de poder o autoridad sobre la otra, incluso en privado, será castigada con una pena de dos a cuatro años de prisión por seducción ilegítima.


En una carta enviada a la presidenta Chamorro, Amnistía Internacional expresaba su preocupación porque las disposiciones genéricas y poco definidas de la legislación propuesta podrían aplicarse de una forma que criminalizaría la expresión de la identidad homosexual de muy diversas maneras. Los individuos detenidos o encarcelados únicamente por su homosexualidad, incluidos los actos homosexuales entre adultos de común acuerdo y en privado, serían considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional y la organización pediría su liberación incondicional.


De Índice AI: NWS 11/32/92/s.ADD, Nicaragua: Preocupación de AI ante la propuesta de hacer más estrictas las leyes sobre homosexualidad, de agosto de 1992.


Actualización sobre Nicaragua, diciembre de 1993


En julio, la Asamblea Nacional aprobó un conjunto de enmiendas al Código Penal, la mayoría sobre delitos sexuales, que entraron en vigor en septiembre. Según el Código Penal reformado, "comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propagandice o practique en forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo"; el delito de sodomía está penado con hasta tres años de prisión. Amnistía Internacional manifestó su preocupación porque esto podría suponer el encarcelamiento de personas únicamente en razón de su homosexualidad, incluso por la práctica de actos homosexuales en privado entre adultos de común acuerdo. Amnistía Internacional consideraría a esas personas presos de conciencia. En noviembre se interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley ante el Tribunal Supremo, que debía emitir su fallo a principios de 1993.


Del capítulo sobre Nicaragua, Informe 1993de Amnistía Internacional.


REINO UNIDO


Trabajo para poner fin a la tortura y a los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes


...Se registraron frecuentes denuncias de que la policía y las patrullas militares de Irlanda del Norte sometían a malos tratos a las personas a las que daban el alto en las calles, así como algunas denuncias sobre malos tratos en los centros de interrogatorio...


También se registraron denuncias de malos tratos por parte de la policía en Gran Bretaña, entre ellas las formuladas por integrantes de minorías étnicas y raciales, así como por homosexuales.


Del capítulo sobre Gran Bretaña, Informe 1993de Amnistía Internacional.


REINO UNIDO (Isla de Man)


Trabajo en favor de la introducción de cambios en la legislación


AI insta al gobierno a que ponga fin a la legislación que permite el encarcelamiento por actos homosexuales


Amnistía Internacional ha escrito al gobierno de la Isla de Man instándole a que modifique la legislación que permite el encarcelamiento por realizar actos homosexuales entre adultos de común acuerdo y en privado.


Amnistía Internacional envió una delegación en visita de investigación, del 21 al 23 de febrero, para estudiar la legislación vigente. Con el nuevo Proyecto de Ley sobre Delitos Sexuales a punto de ser debatido en el parlamento de la Isla de Man, la "Casa de las Llaves" [the House of Keys], Amnistía Internacional manifiesta su preocupación porque la actual legislación permite la detención, el procesamiento y encarcelamiento de adultos que realicen actos homosexuales de común acuerdo en privado, con penas que oscilan entre los dos años y la cadena perpetua. El 19 de marzo, Amnistía Internacional escribió al primer ministro de la Isla de Man instando al parlamento y al gobierno a garantizar que la legislación sobre delitos sexuales no siga permitiendo la encarcelación de personas por realizar actos homosexuales entre adultos de común acuerdo y en privado, a quienes Amnistía Internacional consideraría presos de conciencia.


Las disposiciones de la ley actual no están de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Artículo 8 de dicho Convenio establece que "toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia". En sus dictámenes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mantenido que la legislación que prohíbe categóricamente los actos homosexuales constituye una violación del Artículo 8.



Amnistía Internacional también expresó preocupación porque el derecho al recurso individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, retirado en la Isla de Man en 1976, todavía no ha sido restablecido. Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que la postura del gobierno es que la restauración de ese derecho ha de esperar a una reforma de la legislación sobre delitos sexuales que sitúe las leyes del país de acuerdo con las normas de derechos humanos del Consejo de Europa. Amnistía Internacional hizo notar este compromiso e instó al gobierno a que restableciese cuanto antes el derecho al recurso individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


De Reino Unido (Isla de Man): Amnistía Internacional insta al gobierno a retirar la legislacion que permite el encarcelamiento por actos homosexuales. En: Servicio de Noticias 12/92 (NWS 11/12/92/s), de abril de 1992.

El parlamento vota la legalización de la homosexualidad.


Amnistía Internacional ha enviado dos delegados, un abogado e investigador de legislación internacional belga y un miembro de la plantilla del Secretariado Internacional a visitar la Isla de Man para investigar la situación jurídica de los homosexuales.


La Isla de Man y Gibraltar son los únicos territorios de Europa Occidental donde los actos homosexuales entre adultos de común acuerdo y en privado siguen siendo un delito penal. Los delegados recabarán información sobre la legislación relacionada con esta cuestión y su aplicación. Mientras el gobierno británico de Londres mantiene su responsabilidad sobre los asuntos relacionados con la defensa y los asuntos exteriores, la Isla de Man goza de una considerable autonomía sobre sus asuntos internos, el gobierno de la isla es responsable de la legislación sobre cuestiones internas.


El gobierno del Reino Unido ha presionado al parlamento de la Isla de Man para que ponga su legislación en consonancia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El debate legislativo sobre la despenalización de la homosexualidad, que se espera se inicie pronto, vuelve a suscitar el interés de la opinión pública, tras una serie de recientes detenciones y acusaciones por presuntos actos homosexuales en lugares públicos.


La legalización de la homosexualidad en la Isla de Man


En febrero, los delegados de Amnistía Internacional visitaron la Isla de Man con el fin de investigar la situación jurídica de los homosexuales. Con una nueva Ley de Delitos Sexuales a punto de debatirse en el Parlamento de la Isla de Man, la Cámara de las Llaves (House of Keys), a Amnistía Internacional le preocupaba que la legislación actual permitiese la detención, procesamiento y encarcelamiento de varones adultos por mantener relaciones homosexuales en privado, con sentencias que oscilaban entre los dos años de cárcel y la cadena perpetua.


El 19 de marzo, Amnistía Internacional se dirigió al primer ministro de la Isla de Man pidiendo garantías a la Cámara de las Llaves y al gobierno para que la legislación de la isla sobre delitos sexuales no consienta en el futuro el encarcelamiento de personas por el solo hecho de mantener relaciones sexuales en privado, y anunciando que tales personas serían consideradas presos de conciencia por la organización.


El 31 de marzo, la Cámara de las Llaves votó a favor de modificar la Ley de Delitos Sexuales con el fin de legalizar las prácticas homosexuales en privado entre hombres mayores de 21 años.


Legalización de la homosexualidad en la Isla de Man. En: Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa, noviembre de 1991 - abril de 1992(EUR 01/03/92/s), de junio de 1992.



El parlamento vota la legalización de la homosexualidad.


El parlamento de la Isla de Man, "La Casa de las Llaves", ha votado en favor de la legalización de la homosexualidad tras un debate sobre esta cuestión celebrado el 31 de marzo. Gracias a la aprobación de las enmiendas de la Ley de Delitos Sexuales dejarán de ser delito los actos sexuales en privado entre hombres mayores de 21 años, realizados de común acuerdo. Antes de esta situación, la ley estipulaba la detención, procesamiento y encarcelamiento de hombres adultos que, de común acuerdo, practicaran actos sexuales en privado, así como la aplicación de condenas que oscilaban entre los dos años de cárcel y la cadena perpetua.


En febrero, Amnistía Internacional envió a la isla delegados para investigar la legislación existente sobre homosexualidad, y para discutir el asunto con las autoridades. La organización escribió al primer ministro de la Isla de Man instando a que "La Casa de las Llaves" y el gobierno garanticen que la legislación de la isla sobre delitos sexuales no permitirá ya el encarcelamiento de personas por actos homosexuales entre hombres, en privado y de común acuerdo entre hombres, los cuales serían considerados por la organización presos de conciencia.




RUMANÍA


Trabajo en favor de la introducción de cambios legislativos


...El código penal y el código de enjuiciamiento criminal, como en la mayor parte de los países de Europa central y oriental, no han sido sometidos aún a una reforma radical. Aunque algunos artículos están abolidos desde diciembre de 1898, el artículo 200 del código penal, en su párrafo 1, castiga aún a cualquiera que "mantenga relaciones sexuales con una persona del mismo sexo" con una pena de entre uno y cinco años de prisión. En julio de 1992, a unos delegados de Amnistía Internacional les dijeron las autoridades rumanas que no se había procesado a nadie por este delito desde la caída de CeauÕescu en diciembre de 1989 y que la reforma propuesta del código penal abolirá este delito. Amnistía Internacional instó al Ministro de Justicia rumano, Petre Ninosu, a que garantizara que la reforma propuesta del código penal no permitiera el encarcelamiento de personas debido sólo a su homosexualidad...


De Índice AI: EUR 39/07/93, Romania: Continuing violations of human rights, de mayo de 1993


Trabajo en favor de los presos de conciencia


Acción urgente en favor de Mirel Ciprian Cucu, Milorard Mutascu (abril de 1993)


Amnistía Internacional siente preocupación por los informes recibidos recientemente que indican que Mirel Ciprian Cucu y Milorad Mutascu han sido detenidos y procesados exclusivamente por su homosexualidad. La organización también siente preocupación porque Milorad Mutascu, quien todavía se encuentra detenido en espera de juicio, puede ser sometido a tortura o malos tratos.


Mirel Ciprian Cucu y Milorad Mutascu fueron detenidos el 22 de enero de 1993 en Sînnicolau Mare, cerca de Timisoara, e ingresaron en prisión preventiva. Mirel Ciprian Cucu ha sido acusado en aplicación del párrafo 1 del Artículo 200 del Código Penal rumano, y puede ser condenado a penas de uno a cinco años de prisión por "mantener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo". Fue liberado después de permanecer dos meses en prisión, y en la actualidad espera ser juzgado. Milorad Mutascu ha sido acusado en aplicación del párrafo 2 del mismo artículo, por mantener relaciones homosexuales con un menor y puede ser condenado a una pena de uno a siete años de prisión. Se encuentra detenido en prisión preventiva en espera de juicio.

Según los informes, Mirel Ciprian Cucu conoció a Milorad Mutascu a finales de noviembre de 1992 a través de un artículo que colocó en el periódico Publitim, en el que expresaba su deseo de conocer a alguien interesado en una "amistad a largo plazo". Los dos hombres vivieron juntos en Timisoara en el apartamento de la familia de Milorad. El 5 de enero de 1993 se trasladaron a una habitación en Sînnicolau Mare, donde fueron detenidos el 22 de enero de 1993.


Un artículo aparecido en el periódico oficial de la policía Tim-polis, explicaba el motivo de esas detenciones exclusivamente porque los dos hombres habían mantenido relaciones sexuales de mutuo acuerdo y en privado, en el contexto de una relación que, sin distinguir entre las edades de los dos jóvenes, representaba un peligro para la sociedad. En este sentido, el periódico de la policía denigraba en especial al más joven de los dos como un "peligro social" por iniciar la relación, mientras describía a ambos como "jóvenes fuera del control de la sociedad". El periódico Tim-polis, además de publicar el caso, insinuaba que el comportamiento homosexual era una forma de enfermedad mental y mostró un desprecio absoluto por las reputaciones o la seguridad de los dos hombres al publicar sus nombres, fotografías y direcciones incluso antes de que fuesen acusados formalmente. No existen pruebas de que en la relación existiesen elementos de coacción o explotación, y los dos hombres han sido tratados como adultos en términos de procedimiento policial y detención preventiva. La legislación rumana castiga las relaciones sexuales entre hombres de cualquier edad, aunque una relación heterosexual entre personas de la misma edad que los procesados sería lícita. Amnistía Internacional ha recibido recientemente informes que indican que hombres homosexuales o personas sospechosas de homosexualidad han sido sometidos a tortura o malos tratos en las comisarías y prisiones rumanas, y ha solicitado a las autoridades que investiguen estas denuncias.


Amnistía Internacional considera que Milorad Mutascu es un preso de conciencia y solicita su liberación inmediata e incondicional. Si Mirel Ciprian Cucu es juzgado y encarcelado de nuevo, él también sería considerado preso de conciencia. También se teme que Milorad Mutascu pueda correr riesgo de malos tratos a manos de la policía mientras continúe bajo custodia.


Información general


El párrafo 1 del Artículo 200 del Código Penal rumano establece que "las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son punibles con pena de cárcel de uno a cinco años". En julio de 1992, las autoridades rumanas comunicaron a representantes de Amnistía Internacional que desde la caída del régimen de Ceaucescu en diciembre de 1989, ninguna persona había sido procesada por este delito, y que la propuesta de reforma del Código Penal contempla la abolición de este delito. Amnistía Internacional instó al ministro de Justicia rumano, Petre Ninosu, a que garantizase que la reforma propuesta del Código Penal rumano no permitirá la encarcelación de personas sólo por su homosexualidad.


De Índice AI: EUR 39/06/93/s, AU 125/93 - Rumanía - Preocupación jurídica y temor de malos tratos: Mirel Ciprian Cucu, Milorad MutascuAbril de 1993.


Acción urgente de seguimiento, preso de conciencia Milorad MutaÕcu y Mirel Ciprian Cucu


El 12 de mayo de 1993, Milorad MutaÕcu fue puesto en libertad por el por el tribunal del condado de TimiÕoara. Se encontraba detenido a la espera de ser juzgado. Según su abogado, no fue maltratado por los agentes de policía durante su detención.


El juicio contra Milorad Mutascuy Mirel Ciprian Cucu, acusados únicamente por su homosexualidad, en virtud del artículo 200 del código penal rumano, ha sido aplazado hasta el 9 de junio de 1993.


Si Milorad Mutascuy Mirel Ciprian Cucu, después del juicio, celebrado el 9 de junio de 1993, son encarcelados de nuevo, Amnistía Internacional los consideraría presos de conciencia.


De Índice AI: EUR 39/09/93/s, seguimiento de AU 126/93 (EUR 39/06/93/s, del 2 de abril; y seguimiento EUR 39/08/93/s, del 20 de mayo) -Rumanía: preocupación jurídica y temor de malos tratos, de junio de 1993. Véase también Rumanía: Continúan las violaciones de derechos humanos, de mayo de 1993; Índice AI: EUR 01/01/93/s, Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa: Noviembre de 1992 - abril de 1993, de junio de 1993.


Actualización: El caso de Milorad MutaÕcuy Mirel Ciprian Cucu(Octubre de 1993)


Mirel Ciprian Cucu y Milorad Mutascufueron detenidos el 22 de enero de 1993 en Sînnicolau Mare, cerca de TimiÕoara, y sometidos a detención preventiva. Mirel Ciprian Cucu fue acusado en virtud del artículo 200, párrafo 1 del código penal rumano y podía ser condenado a una pena de uno a cinco años de prisión por "mantener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo". Fue puesto en libertad después de dos meses de detención. Milorad MutaÕcufue acusado en virtud del mismo artículo, párrafo 2, por relaciones homosexuales con un menor y podía ser condenado a una pena de entre dos y siete años. En abril, Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata de Milorad MutaÕcu. El tribunal de TimiÕoarale puso en libertad el 12 de mayo de 1993. Mirel Ciprian Cucu y Milorad MutaÕcufueron juzgados por el Tribunal del Condado de TimiÕoarael 9 de junio de 1993. Recibieron sentencias condicionales de uno y dos años de prisión respectivamente.


Trabajo para poner fin a la tortura y a los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes


Rumanía: Continúan las violaciones de derechos humanos (Mayo de 1993)


Amnistía Internacional ha recibido también recientemente informes según los cuales algunos hombres homosexuales o personas sospechosas de ser homosexuales han sido torturadas o maltratadas en comisarías de policía y prisiones rumanas y han pedido a las autoridades que investiguen estas denuncias.


El caso de Doru Marian Beldie


Doru Marian Beldie fue detenido en Bucarest el 16 de junio de 1992, un mes después de su vigésimo noveno cumpleaños. Fue conducido a la comisaría de policía del distrito 17, donde, según informes, le golpearon con porras en las palmas de las manos y en las plantas de los pies durante varias horas con el fin de obligarle a firmar una confesión.


Fue acusado en virtud del artículo 200, párrafo 2, del código penal rumano por relaciones homosexuales con un menor. No tenía antecedentes penales y en el momento de su detención estudiaba mecánica en una escuela técnica. En la actualidad cumple una condena de prisión de cuatro años y seis meses en la cárcel de Jilava, en Bucarest.


El caso de Marcel Brosca


Marcel Brosca, estudiante de 20 años de edad, fue detenido el 7 de marzo de 1992 en Tecuci. Según informes, después de pasar la noche en la sala de espera de la estación de ferrocarril, le despertaron cuatro policías acompañados por un muchacho de 17 años. Señalando a Marcel, los policías preguntaron al muchacho si era ése el hombre que habían estado buscando y el muchacho respondió afirmativamente.


Marcel Brosca fue llevado después a la comisaría de policía de la estación de ferrocarril, donde, según informes, le golpearon durante tres o cuatro horas. Al parecer le estiraron del pelo, le golpearon los laterales y la parte posterior de la cabeza contra la mesa y contra la pared hasta que la sangre le cubrió el rostro; le retorcieron los brazos; y le golpearon en las plantas de los pies con porras.


Durante las dos primeras horas de interrogatorio no le informaron de los cargos que se le imputaban. Finalmente, uno de los agentes de policía leyó una declaración de la víctima, un menor, al cual, al parecer, le obligaron a practicar el sexo oral con un extraño, que él identificó como Marcel Brosca. Después de esto, Marcel Brosca fue, al parecer, golpeado de nuevo, con el fin de que se confesara autor de este delito. Al final accedió y la policía le dictó lo que tenía que escribir en su declaración. Fue declarado culpable en virtud del artículo 200, párrafos 1 y 2, y sentenciado por el Tribunal del Condado de GalaÛi a cinco años de prisión; Cumple su sentencia en la prisión de GalaÛi.


El caso de Ienel S


Ienel S, de 21 años de edad, fue detenido el 29 de octubre de 1990 en la localidad de Corod, condado de GalaÛi, donde asistía a una boda. Según informes, alrededor de las 2 de la madrugada salió de la fiesta para volver a la casa en la que se alojaba. Le siguió un hombre de 24 años (el cual, según informes, había sido detenido anteriormente por realizar actos homosexuales y había sido puesto en libertad en 1988, y se sospecha que es un informador de la policía). Al parecer, esta persona le propuso a Ienel que fuera con él a un jardín o al parque. Ienel pidió al hombre que volviera con él a la casa en la que se alojaba. El hombre se negó e insistió en que fueran a algún lugar al aire libre. Alrededor de las 6 de la madrugada, unos agentes de policía le despertaron y le llevaron a la comisaría de policía del pueblo.


Le acusaron de haber obligado al otro hombre a practicar el sexo oral con él. Esta acusación fue apoyada por el testimonio de un testigo presencial, primo de la presunta víctima, el cual afirmó que había visto la escena completa desde una ventana de la casa.


Según informes, Ienel S fue golpeado por agentes de policía desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Le golpearon con palos de madera en el torso, la espalda, las manos y los pies, para hacerle confesarse autor del delito. Según los informes, después de firmar la confesión le llevaron en un estado de semiinconsciencia ante un médico para que lo reconociera. sin haber hecho un reconocimiento adecuado, el médico firmó un certificado que no mencionaba las heridas que le habían causado.


Según el informe recibido por Amnistía Internacional, las acusaciones según las cuales Ienel S usó la fuerza en relación con los actos sexuales por los que fue acusado parecen infundadas.


Ienel S fue declarado culpable en virtud del artículo 200, párrafos 1 y 2, y sentenciado a cuatro años de prisión. Actualmente se encuentra en la prisión de GalaÛi y pronto tendrá derecho a gozar de la libertad condicional.


De Índice AI: EUR 39/07/93, Romania: Continuing violations of human rights, de mayo de 1993.


Actualización sobre Ienel S (Octubre de 1993)


Según las autoridades rumanas, Ienel S fue acusado del secuestro de un menor, en virtud del artículo 189, párrafo 2, y de relaciones homosexuales con un menor en virtud del artículo 200, párrafo 2, del código penal. La investigación oficial llevada a cabo no corroboró las denuncias de Ienel de malos tratos en prisión mientras cumplía su condena. No obstante, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que investiguen de forma exhaustiva e imparcial las denuncias de torturas a Ienel en la comisaría de policía, inmediatamente después de su detención en Corod. No se presentaron denuncias sobre el trato recibido en la cárcel de GalaÛi.


De Índice AI: EUR 39/07/93, Romania: Update to Amnesty International's concerns, de mayo de 1993.


Rumanía: resumen de preocupaciones


Amnistía Internacional continúa recibiendo información sobre violaciones graves de derechos humanos en Rumanía expuestas en un informe publicado por la organización en mayo de 1993 (véase Romania: continuing violations of human rights, Índice AI: EUR 39/07/93)...


...Aunque algunos artículos del código penal rumano han sido abolidos desde diciembre de 1989, el artículo 200, párrafo 1, aún establece que todo el que "mantenga relaciones sexuales con una persona del mismo sexo" será castigado con una pena de uno a cinco años de prisión. En abril, Amnistía Internacional instó a las autoridades de Rumanía a que pusieran en libertad a Mirolad MutaÕcu, que había sido encarcelado y acusado debido únicamente a su homosexualidad. La organización pidió también a las autoridades que investigaran denuncias según las cuales algunos hombres homosexuales o personas supuestamente homosexuales han sido torturadas y maltratadas en comisarías de policía y prisiones rumanas.


Índice AI: EUR 01/01/93, Concerns in Europe, November 1992 - April 1993, de junio de 1993


Rumanía: Amnistía Internacional solicita la liberación de tres presos de conciencia encarcelados sólo por practicar actos homosexuales en privado


Amnistía Internacional ha escrito al presidente rumano, Ion Illescu, expresando su preocupación por el caso de tres hombres sentenciados a penas de hasta dos años y medio de prisión sólo por practicar actos homosexuales en privado.


Los tres hombres, Marius Aitai, Cosmin Hutanu y Ovidiu Chetea, se encontraban entre las 57 personas recluidas el 18 de noviembre en prisiones rumanas. Habían sido declaradas culpables en virtud del párrafo 1 de este artículo, el cual afirma que "la relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se castigarán con una pena de entre uno y cinco años de prisión".


Marius Aitai, preso de la cárcel de Gherla de 22 años de edad, fue condenado en 1992 por el tribunal de Dej a dos años y seis meses de prisión por mantener relaciones sexuales con otro preso. Cosmin Hutanu, de 21 años, fue condenado por el tribunal de FocÕanu a un año y dos meses de prisión y actualmente cumple su condena en la prisión de FocÕanu. Ovidiu Chetea, de 20 años, fue sentenciado en 1993 por el tribunal de TimiÕoara a un año y seis meses de prisión. Actualmente cumple su sentencia en la prisión de Oradea.


Amnistía Internacional había explicado a las autoridades rumanas que su trabajo en favor de la liberación de presos de conciencia incluye a individuos que han sido encarcelados sólo debido a su homosexualidad, incluida la práctica de actos homosexuales en privado entre adultos que actúan de común acuerdo. La organización ha instado a las autoridades rumanas a que tomen medidas apropiadas para la reforma legislativa del artículo 200 y ha recalcado que considera que las disposiciones de los párrafos 1 y 4 contravienen la Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que Rumanía firmó el 4 de noviembre de 1993.


Amnistía Internacional considera a Marius Aitai, Cosmin Hutanu y Ovidi Chetea presos de conciencia, y ha pedido su liberación inmediata e incondicional.


Índice AI: EUR 39/WU 02/93, del 21 de diciembre de 1993.


Rumanía: Actualización de preocupaciones de Amnistía Internacional


El código penal y el código de enjuiciamiento criminal, como en la mayor parte de los países de Europa Central y Oriental, no han sido aún reformados radicalmente. Aunque algunos artículos están derogados desde diciembre de 1989, el código penal rumano, en virtud del artículo 200, párrafo 1, castiga aún a cualquiera "que mantenga relaciones sexuales con una persona del mismo sexo" con una pena de entre uno y cinco años de prisión. En julio de 1992, las autoridades rumanas dijeron a unos representantes de Amnistía Internacional que nadie había sido procesado por este delito desde la caída de CeauÕescu en diciembre de 1989 y que la reforma propuesta del código penal suprimiría este delito. Amnistía Internacional instó al ministro rumano de Justicia, Petre Ninosu, a que garantizara que la reforma propuesta del código penal rumano no permitirá el encarcelamiento de personas debido únicamente a su homosexualidad.


PRESUNTOS MALOS TRATOS CONTRA HOMOSEXUALES


Amnistía Internacional ha recibido también recientemente informes según los cuales algunos hombres homosexuales o algunas personas supuestamente homosexuales han sido torturadas o maltratadas en comisarías de policía y prisiones de Rumanía y ha pedido a las autoridades que investiguen estas denuncias.




RUSIA


Trabajo en favor de presos de conciencia


El caso de Vladimir Mironov


Actualmente, las prácticas homosexuales masculinas, especialmente la sodomía, son ilegales en Rusia, incluso entre adultos que practican este tipo de sexo de mutuo acuerdo. El proyecto del Código Penal despenalizaría esta actividad, que actualmente se considera punible, hasta con cinco años de cárcel según el artículo 121, en tanto que seguirían penalizándose los actos homosexuales cometidos mediante el uso de la fuerza o de amenazas, y efectuados contra menores. En el periodo de referencia, Amnistía Internacional pidió más información sobre el caso de una persona que la organización cree puede haber sido encarcelada en virtud del artículo 121 (parte 1), sólo y exclusivamente por causa de sus prácticas homosexuales voluntarias con otro adulto que también consentía, y realizadas en privado. El 11 de octubre de 1990, Vladimir Mironovfue detenido y condenado a tres años de prisión por un tribunal de Moscú el 7 de mayo de 1991, pero quedó absuelto el 17 de marzo de 1992, tras darse la orden de efectuar una nueva investigación del caso. El tribunal aceptó la opinión de Vladimir Mironov de que los actos implicados no constituían delito de sodomía, y también la denuncia de que la policía había amenazado a los testigos con el fin de obtener testimonios durante la investigación preliminar.


Índice AI: EUR 01/03/93/s, Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa, Noviembre de 1991 - Abril de 1992, de junio de 1992.


Actualización sobre el caso de Vladimir Mironov, de diciembre de 1993


Vladimir Mironov, posible preso de conciencia condenado a tres años de prisión por un tribunal de Moscú en mayo de 1991 por sus actividades homosexuales (véase Informe 1992de Amnistía Internacional), fue anulada tras la vista de apelación, en marzo. Había sido sentenciado en aplicación del artículo 121 de Código Penal, que castiga la sodomía entre varones adultos, aunque sea con consentimiento de ambos; sin embargo, una nueva investigación sobre su caso concluyó que sus actos no constituían sodomía. Según las estadísticas oficiales, 10 personas fueron sentenciadas en virtud de este artículo durante los primeros seis meses del año, pero el estigma de los condenados hacía difícil obtener información detallada sobre los individuos o las circunstancias en que tuvieron lugar sus actos.


Del capítulo sobre Rusia, Informe 1993de Amnistía Internacional.


FEDERACIÓN RUSA: RESUMEN DE LOS RECIENTES CAMBIOS LEGISLATIVOS


1. INTRODUCCIÓN

r Desde el frustrado golpe de Estado de agosto de 1991 y el posterior desmembramiento de la antigua URSS, Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la aplicación de diversos cambios legislativos encaminados a poner su legislación en consonancia con la normativa internacional. Este informe expone a grandes rasgos algunos de los cambios que afectan a las preocupaciones actuales de derechos humanos incluidas en el mandato de Amnistía Internacional.


Antecedentes de las reformas


Rusia, como muchas de las repúblicas de la antigua URSS, ha expresado frecuentemente su deseo de ser un "estado basado en el respeto a la ley" (BD"&@&@,(@FJ*"DFH&@) y acabar con la práctica soviética según la cual las normas constitucionales y de otro tipo son derogadas o socavadas por órdenes secretas. Se ha trabajado periódicamente sobre diversas cuestiones legislativas básicas, como la redacción de una nueva constitución y un nuevo código penal, que reemplazarán a los modelos comunistas y reflejarán, entre otras cosas, las obligaciones contraídas por el país en virtud de las normas internacionales. No obstante, debido a diversos factores, estas tareas están llevando mucho tiempo. En este momento no se ha adoptado una nueva constitución ni un código penal totalmente revisado, y las reformas que se han introducido han sido enmiendas parciales a ambos.


La Declaración sobre los Derechos y Libertades del Individuo y del Ciudadano


Unos de los primeros actos del parlamento ruso tras el fallido golpe fue adoptar, el 22 de noviembre de 1991, una Declaración sobre los Derechos y Libertades del Ciudadano (),8:"D"P4bBD"&4F&@$@*R,:@&,8"4(D"0*">4>"). Esta declaración empieza reiterando que los derechos y libertades y el honor y dignidad de la persona son los máximos valores de la sociedad y del Estado, y señala la necesidad de poner la legislación rusa en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos (gran parte de su lenguaje, y los derechos que incluye, reflejan el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La Declaración fue incorporada posteriormente a la constitución rusa, en virtud de una ley que data del 21 de abril de 1992.

...

A principios de 1992, el ministro de Justicia emitió el borrador de un nuevo código de enjuiciamiento criminal para que fuera discutido en el parlamento. Según el entonces ministro, estaba pensado para "eliminar la ideología de las leyes" y contenía diversas propuestas bien recibidas por Amnistía Internacional. Entre ellas estaba la reducción a tres del número de delitos en tiempo de paz punibles con la pena de muerte; la de despenalización de los actos homosexuales entre varones adultos realizados de mutuo acuerdo; y una declaración explícita según la cual los que se negaran a realizar el servicio militar basándose en sus ideas religiosas o pacifistas estarían exentos de responsabilidad criminal. Si desean más información sobre este borrador, véase el apartado sobre Rusia del documento de Amnistía Internacional Preocupaciones en Europa: Noviembre de 1991 - abril de 1992.



2. LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS PREOCUPACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

No obstante, no se logró la aprobación del borrador en su conjunto y desde entonces las tensiones entre los poderes legislativo y ejecutivo del Estado han retrasado la adopción tanto de una nueva constitución como de un nuevo código de enjuiciamiento criminal.


Las enmiendas del código de enjuiciamiento criminal existente continúan aprobándose por separado y los cambios más recientes cambios de interés para Amnistía Internacional están incluidos en una ley, firmada por el presidente Boris Yelsin el 29 de abril de 1993, que entraron en vigor con su publicación en el periódico Rossiyskaya gazetael 27 de mayo de este año. Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción los cambios introducidos en dos áreas que preocupan a la organización, al reducir la aplicación de la pena de muerte y despenalizar la homosexualidad entre varones que actúan de mutuo acuerdo.

...


ii) Homosexualidad - enmienda al artículo 121


La posición de Amnistía Internacional


En la Reunión del Consejo Internacional (RCI) celebrada en Japón en septiembre de 1991, Amnistía Internacional decidió considerar presos de conciencia a las personas encarceladas únicamente debido a su homosexualidad, incluida la práctica de actos homosexuales en privado entre adultos que actúan de mutuo acuerdo.


Información general


En la antigua Unión Soviética los actos homosexuales entre varones (específicamente la sodomía) eran ilegales, y los códigos de enjuiciamiento criminal de cada una de las repúblicas que la integraban contenían una ley, dividida en dos partes, que penalizaba esa actividad. La primera parte de la ley castigaba con una pena de hasta cinco años de prisión la sodomía entre adultos que actuaban de mutuo acuerdo. La segunda parte penalizaba con una pena máxima de ocho años los actos cuando se llevan a cabo mediante el uso de la fuerza, amenazar a un menor con ese tipo de actos o usando la situación de dependencia de la otra parte.


Hasta entonces tabú, con el advenimiento de la «perestroika» la homosexualidad empezó a discutirse de una forma más abierta, y ocasionalmente de forma comprensiva, en la prensa oficial. Se formaron varios grupos no oficiales de lesbianas y gays, aunque seguía habiendo una gran hostilidad pública.


El caso de Vladimir Mironov


La ausencia de estadísticas oficiales y la estigmatización de los delincuentes hizo difícil determinar el número de hombres encarcelados por actos homosexuales realizados de mutuo acuerdo. Un caso que llegó a conocimiento de Amnistía Internacional tras la decisión de la organización en la RCI de septiembre de 1991 fue el de Vladimir Mironov, moscovita que tenía 43 años en aquel momento.


Vladimir Mironov fue detenido el 11 de octubre de 1990 y acusado en virtud de la primera parte del artículo 121 por actos homosexuales realizados de mutuo acuerdo. Fue juzgado el 7 de mayo de 1991 por el Tribunal del Pueblo del Distrito de Volgograd, en Moscú. A pesar de los informes según los cuales él y al menos otro testigo se retractaron de la declaración efectuada durante la detención previa al juicio basándose en que había sido extraída mediante coacción física, fue sentenciado a tres años de prisión. Presentó una apelación ante el Tribunal de la Ciudad de Moscú, que devolvió el caso al Tribunal del Distrito de Volgograd para que lo revisara. Amnistía Internacional, después de averiguar que los actos en cuestión se realizaron en privado, consideró a Vladimir Mironov preso de conciencia y solicitó su liberación inmediata e incondicional.


A finales de enero de 1992, Vladimir Mironov fue puesto en libertad por motivos de salud hasta que tuviera lugar la nueva vista, que tuvo lugar el 17 de marzo de ese año. Tanto él como su compañero admitieron haber mantenido relaciones sexuales, pero negaron haber practicado la sodomía, y el caso fue archivado por insuficiencia de pruebas. El tribunal aceptó también denuncias de testigos interrogados durante la investigación preliminar, según las cuales la policía había obtenido de ellos testimonios por medio de amenazas.


Despenalización de los actos homosexuales realizados mutuo acuerdo


Tras el frustrado golpe de Estado de agosto de 1991, Ucrania se convirtió en la primera república de la antigua URSS en enmendar su legislación sobre la sodomía cuando en diciembre de ese año derogó la primera parte, lo cual suponía la despenalización de los actos homosexuales realizados por adultos de mutuo acuerdo. La presión de los gays y las lesbianas forzaron a las autoridades rusas a hacer lo mismo con el artículo 121, relativo a la sodomía.


Los cambios legislativos necesarios se iniciaron el 29 de abril de 1993, cuando el presidente Boris Yelsin firmó la ley mencionada en el encabezamiento, sobre diversas enmiendas al código de enjuiciamiento criminal. En consonancia con esto, la primera parte del artículo 121 ha sido suprimida, y se ha dejado una forma revisada que sigue el modelo de la antigua segunda parte, en la que la sentencia máxima ha sido reducida un año. Ahora, el artículo dice:


"Artículo 121. Sodomía

Las relaciones sexuales entre dos hombres (sodomía), cometidas con el uso de la fuerza física, con amenazas, en relación con un menor o usando la situación de dependencia o desamparo de la víctima, son punibles con una pena de cárcel de hasta siete años."


La enmienda entró en vigor el 27 de mayo de 1993, cuando se publicó en el diario parlamentario Rossiskaya gazeta. En aquel momento Vladimir Zimonenko, portavoz del Ministerio de Justicia, dijo que la ley tenía carácter retroactivo y que los convictos en virtud de la primera parte del artículo serían puestos en libertad. Afirmó que 25 hombres habían sido encarcelados en virtud de esta parte de la ley en 1992.


Esta cifra fue aumentada en julio, cuando el ministro de Interior informó a la Comisión de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas que quedaban 73 hombres encarcelados únicamente por actos homosexuales entre adultos que actuaban de mutuo acuerdo, y 192 hombres más encarcelados por múltiples cargos, incluida la primera parte del artículo 121. Amnistía Internacional ha pedido más información sobre los progresos de las excarcelaciones que se están produciendo tras la introducción de la enmienda del artículo 121.




TURQUÍA


Trabajo en favor de los presos de conciencia y de oposición a los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes


Activistas gays y lesbianas detenidos y maltratados


TURQUÍA: Hüseyin Kuskaya

Cem Özipek

Onur Sarvaut

Y 28 delegados extranjeros en una conferencia


Amnistía Internacional siente preocupación por la detención arbitraria de los activistas en favor de los derechos de los gays Hüseyin Kuskaya

Cem Özipek, Onur Sarvaut, así como 28 defensores extranjeros de los derechos de los homosexuales. Amnistía Internacional cree que fueron detenidos únicamente por abogar por la igualdad de los homosexuales y debido a su orientación sexual real o supuesta. La organización siente también preocupación por el trato degradante y humillante del que fueron objeto algunos de los individuos mencionados más arriba mientras se encontraban detenidos.


Existe preocupación sobre la situación jurídica y sobre el trato recibido por los tres activistas turcos. Aunque Hüseyin Kuskaya y Onur Sarvaut han sido puestos en libertad, Cem Özipek continúa bajo custodia policial.


Amnistía Internacional siente preocupación porque estas detenciones representan un serio deterioro de la situación de los derechos humanos de los homosexuales en Turquía y de los que defienden sus derechos. Por ello, es necesario que se emprendan rápidamente acciones para hacer llegar a las autoridades turcas la preocupación internacional sobre la situación de los tres ciudadanos turcos detenidos inicialmente y los tratos que recibirán en el futuro personas que abogan por el respeto a los derechos de los homosexuales en Turquía.


El primer Congreso de Solidaridad Homosexual iba a celebrarse en Estambul durante el fin del semana del 2 al 6 de julio de 1993. No obstante, a pesar del permiso que inicialmente concedió el Ministerio de Interior, el congreso fue, según informes, prohibido en el último minuto por el gobernador de Estambul, basándose en que sería contrario a las "tradiciones y valores morales" de la sociedad turca y que podría alterar la paz. El 3 de julio unos delegados que iban a asistir al congreso decidieron celebrar una conferencia de prensa en protesta por la prohibición. Las tres personas mencionadas más arriba fueron detenidas cuando se dirigían a la conferencia de prensa; los delegados restantes fueron detenidos en su hotel.


Los detenidos turcos eran Hüseyin Kuskaya, presidente del comité organizador de la conferencia, Cem Özipek y Onur Sarvaut. No disponemos de información sobre el trato que recibieron bajo custodia.


La policía llevó inicialmente a los detenidos extranjeros a una comisaría de policía y allí les dijeron que los iban a desnudar para registrarlos. Pero, ante sus protestas, no llegaron a hacerlo. Los tuvieron encerrados en un autobús de la policía casi todo el día, hasta sacar a otros delegados del hotel en el que se albergaban. Después los llevaron al aeropuerto de Estambul y los deportaron esa misma noche. No obstante, de camino al aeropuerto, el autobús policial salió de la carretera del aeropuerto y llevó a los presos al hospital local; a los delegados los dijeron que tenían que someterse a un análisis de sangre para el VIH. Ellos se negaron y las autoridades desistieron finalmente. Después fueron deportados a Alemania.


La única motivación de los intentos de forzar a los detenidos a someterse a registros corporales desnudos y a análisis de sangre parece haber sido castigarles y humillarles por su orientación sexual real o supuesta. Al parecer, no había ningún motivo médico o de seguridad que justificara ninguna de las medidas: los delegados estaban bajo custodia policial y ya de camino hacia el aeropuerto de Estambul. Amnistía Internacional considera que estas medidas son un trato intencionadamente degradante encaminado a castigar e intimidar a los detenidos.


INFORMACIÓN GENERAL


Aunque la legislación turca no proscribe la homosexualidad, los defensores de los derechos de los gays han sido objeto de acoso, intimidación y malos tratos. En los últimos años, los homosexuales y los travestidos, especialmente en Estambul, han empezado a abordar estos problemas públicamente. Algunos han intervenido a nivel nacional e internacional en favor de los marginados de la sociedad turca.


De la Acción Urgente Índice AI: EUR 44/65/93/s, AU 221/93, Preso de Conciencia y Trato Degradante, del 8 de julio de 1993.


Actualización


Dos de los activistas turcos fueron puestos en libertad y otro fue detenido formalmente y acusado de posesión de marihuana.


UCRANIA


Trabajo en favor de la introducción de cambios en la legislación


En diciembre de 1991, Ucrania pasó a ser la primera república de la antigua URSS en despenalizar las prácticas homosexuales voluntarias (concretamente la sodomía) entre varones adultos. Antes, el artículo 122 del Código Penal consideraba estos actos punibles con penas de hasta tres años de cárcel. Las enmiendas a esta ley fueron aprobadas el 12 de diciembre, limitando la responsabilidad penal a los que hubieran cometido sodomía con un menor o haciendo uso de la violencia o de amenazas, o aprovechándose de la inferioridad de condiciones de la otra parte.


De: Ucrania: la pena de muerte; objeción de conciencia al servicio militar; homosexualidad. En: Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa, noviembre de 1991 - abril de 1992(EUR 01/03/92/s). Fecha: junio de 1992


UZBEKISTÁN


La primera visita de Amnistía Internacional a Uzbekistán tuvo lugar en abril. La delegación debatió las preocupaciones de Amnistía Internacional con algunas de las más importantes autoridades del Estado, además de mantener reuniones con otras personas...


...La primera parte del artículo 100 del Código Penal castiga las prácticas homosexuales voluntarias entre adultos varones. El ministro de Justicia declaró a Amnistía Internacional que sólo existe un reducido número de condenas en virtud de este artículo. También afirmó que, cuando ocupaba el cargo de presidente del Tribunal Supremo antes de ser nombrado ministro, había propuesto la anulación de esta parte del artículo, y que esperaba que el Soviet Supremo tuviera en cuenta la sugerencia.


La pena de muerte; revisiones legislativas; objeción de conciencia al servicio militar; homosexualidad; detención administrativa; ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En: Amnistía Internacional, Preocupaciones en Europa, noviembre de 1991 - abril de 1992(EUR 01/03/92/s), de junio de 1992.




ÍNDICE


Australia (Tasmania) 1


Bielorrusia 2


Brasil 2


China 4


Colombia 5


Costa Rica 6


Estados Unidos de América 7


Estonia 8


Georgia 8


Grecia 9


Irán 10


Irlanda (República de Irlanda) 11


Kazajstán 12


Kirguistán 12


Letonia 12


Lituania 13


n México 14


Nicaragua 16


Reino Unido (incluida la Isla de Man) 18


Rumanía 21


Rusia 27


Turquía 31


Ucrania 32


Uzbekistán 32



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