Document - Amnesty International Report 1996 updates

NO PUBLICAR ANTES DE LAS 11:00 HRS GMT DEL MARTES 18 DE JUNIO DE 1996











AMNISTÍA INTERNACIONAL

INFORME 1996




Actualizaciones del Informe 1996







Hechos más destacados ocurridos entre enero y abril de 1996










Índice AI: POL 10/05/96/s



Actualización sobre África



Hechos más destacados ocurridos en África entre enero y abril de 1996





Burundi y Ruanda


La persistencia de las violaciones generalizadas de los derechos humanos en Burundi ha provocado la huída del país de millares más de personas y que otras miles más se hayan visto desplazadas internamente a causa de los continuos e intensos combates.


El 17 de enero, unos 15.000 ruandeses huyeron de un campo de refugiados situado en el noreste de Burundi y cruzaron la frontera hacia Tanzania. Según los informes, su huida se produjo tras los combates registrados en las inmediaciones del campo de refugiados, al parecer entre fuerzas gubernamentales y grupos armados. A pesar de que el 31 de marzo de 1995 las autoridades tanzanias habían cerrado sus fronteras, en esta ocasión manifestaron que el haber permitido la entrada de refugiados había sido sólo una medida temporal, por lo que se teme que a algunos los devuelvan contra su voluntad a Burundi y Ruanda.


Los días 20 y 21 de enero se precipitaron hacia las fronteras de Tanzania otros 16.000 solicitantes de asilo ruandeses y burundeses. En un principio, las autoridades tanzanias los rechazaron en la frontera. A algunos los dejaron pasar más tarde, otros comenzaron su camino de vuelta a Ruanda y otros se quedaron en Burundi. El número de refugiados ruandeses en Burundi descendió significativamente a principios de 1996, a causa principalmente de la violencia existente en la propia Burundi y de la intimidación de los refugiados ruandeses llevada a cabo por las fuerzas de seguridad burundesas, así como de una campaña intensiva de fomento de las repatriaciones a Ruanda.


En Ruanda siguieron produciéndose gravísimas violaciones de los derechos humanos, si bien no en los niveles que se registraron durante el genocidio de 1994. La situación en las prisiones seguía siendo grave motivo de preocupación, dado que en ellas había aún casi 70.000 presos encarcelados sin cargos ni juicio en condiciones intolerables.


Más de 200.000 refugiados burundeses y aproximadamente 1.700.000 ruandeses se encuentran todavía en campos de refugiados de Zaire y Tanzania; en los campos de Burundi hay decenas de miles de refugiados ruandeses. Según los informes recibidos en febrero y marzo, las autoridades zaireñas tienen prevista la clausura progresiva de los campos de refugiados.


Los grupos armados ruandeses de los campos de refugiados de Zaire, Tanzania y Burundi han dado muerte a civiles inermes en el curso de los ataques que han realizado cruzando a la vecina Ruanda contra pueblos próximos a la frontera. Algunas de estas incursiones parecen tener como objetivo la eliminación de testigos de la matanzas de 1994 por temor a que puedan denunciar a quienes fueron responsables de ellas.


La guerra civil en Burundi y los abusos relacionados con ella entraron en una nueva fase en el mes de marzo cuando los grupos armados ampliaron sus ataques a las provincias meridionales. A lo largo de buena parte de los dos últimos años, los ataques del ejército preponderantemente hutu se habían limitado en gran medida a la región septentrional de Burundi y a las inmediaciones de la capital, Bujumbura. Según informes no confirmados del gobierno de Burundi y de fuentes militares, los grupos armados habían dado muerte en abril a centenares de civiles tutsis y hutus desde que comenzaron su ofensiva contra el sur del país. Otras fuentes afirman que las fuerzas gubernamentales han matado a decenas, quizás centenares, de civiles inermes. Según los datos disponibles, se calcula que hay ahora entre 55.000 y 100.000 personas desplazadas. Las autoridades no han mencionado que las fuerzas del gobierno hayan cometido violaciones de derechos humanos.


Guinea Ecuatorial


Durante la campaña para las primeras elecciones presidenciales celebradas desde la instauración de un sistema político multipartidista en 1992 se arrestó y torturó a opositores al gobierno. La represión se intensificó después de anunciarse que las elecciones se celebrarían en el mes de febrero y no en junio, como estaba previsto, y se arrestó a decenas de opositores políticos pacíficos, que estuvieron detenidos durante breves periodos. A la mayoría de estos detenidos se los sometió a tortura y malos tratos mientras se encontraban bajo custodia de la policía.


También se amenazó a los activistas políticos con arrestarlos si hacían uso de los medios de comunicación extranjeros para criticar el proceso de la campaña electoral. Entre quienes fueron objeto de estas amenazas había sacerdotes católicos, a quienes se prohibió que se desplazaran fuera de sus parroquias para desempeñar sus deberes.


Liberia


La brutal guerra civil que se desató en Liberia en diciembre de 1989 se ha caracterizado por la matanza de civiles y el desprecio más absoluto de las normas humanitarias internacionales y del derecho internacional relativo a los derechos humanos por parte de todos los implicados en el conflicto. Con el acuerdo de paz firmado en agosto de 1995 en Abuja, Nigeria, se logró reducir el grado de violencia, pero los actuales sucesos ponen en cuestión su vigencia.


En marzo, tras producirse graves desavenencias internas, fue sustituido Roosevelt Johnson, dirigente de una de las facciones de uno de los grupos armados beligerantes en la guerra civil liberiana, el Movimiento Unido de Liberación para la Democracia en Liberia (ULIMO), conocida como ULIMO-J. Con posterioridad ese mismo mes, Roosevelt Johnson fue destituido de su cargo gubernamental por el Consejo de Estado, la presidencia compartida de Liberia que había organizado en Abuja el acuerdo de paz y que estaba integrada por el líder del Frente Patriótico Nacional de Liberia, el líder de la otra facción del Movimiento Unido de Liberación para la Democracia en Liberia (ULIMO-K), y el dirigente de otro grupo armado.


A lo largo de abril la policía trató de arrestar a Roosevelt Johnson. El motivo que dio el Consejo de Estado para tratar de arrestarlo fue su presunta implicación en el asesinato de un asociado del nuevo líder de su propia facción del Movimiento Unido de Liberación para la Democracia en Liberia (ULIMO-J). Roosevelt Johnson se resistió al arresto alegando que la policía era aliada del Frente Patriótico Nacional de Liberia. Diversas unidades policiales fueron objeto de ataques y estallaron los combates abiertamente entre algunos miembros del grupo étnico krahn, leal a Roosevelt Johnson, los combatientes de la facción opuesta del Movimiento Unido de Liberación para la Democracia en Liberia, ULIMO-K, y del Frente Patriótico Nacional de Liberia.


Durante todo el mes de abril siguieron produciéndose en la capital, Monrovia, fuertes combates esporádicos entre las distintas facciones en los que resultaron muertos un número indeterminado de civiles. Las facciones armadas también tomaron rehenes y obstaculizaron todos los esfuerzos que se estaban realizando para evacuar a los civiles de Monrovia.


Desde el 8 de abril, los leales a Roosevelt Johnson retuvieron a unas 200 personas en el acuartelamiento de instrucción militar de Barclay, sede de las Fuerzas Armadas de Liberia. Entre los recluidos allí había civiles liberianos y de otros países de África occidental, miembros de la fuerza para el mantenimiento de la paz en África occidental, conocida como ECOMOG, y varios ciudadanos libaneses. Según los informes, los obligaron a entrar en las dependencias militares para tomarlos como escudos humanos contra los ataques de las facciones contrarias. Según parece, a fines de abril los habían liberado a todos.


Nigeria


Tras el escándalo internacional sin precedentes que se suscitó en torno a los abusos cometidos durante 1995, el gobierno de Nigeria se ha visto sometido a un mayor escrutinio. Las violaciones de derechos humanos en ese país alcanzaron en 1995 su máximo grado con la apresurada y brutal ejecución, el 10 de noviembre, de Ken Saro-Wiwa y otros ocho ogonis tras haber sido sometidos por un tribunal especial a un juicio que distó mucho de cumplir las debidas garantías procesales.


Si bien a fines de 1995 se excarceló en Nigeria a unas cuantas personas que mantenían posturas críticas hacia el gobierno, destacados dirigentes de la comunidad de activistas de derechos humanos continuaban, según informes, en el punto de mira de las autoridades, y se los seguía deteniendo sin cargos ni juicio o encarcelando tras haber sido sometidos a juicios injustos el año pasado.


El especial interés de la comunidad internacional en relación con Nigeria quedó de manifiesto con la visita que una delegación de las Naciones Unidas realizó al país entre marzo y abril de 1996. El objetivo de la delegación era investigar no sólo los juicios a que se había sometido a los ogonis sino también analizar los progresos realizados en la transición al régimen civil. Sin embargo, se recibieron informes según los cuales se detuvo a miembros de la comunidad ogoni y a otras personas para evitar que pudieran entrevistarse con los delegados de la onu. A fines de abril, los resultados de esta misión de las Naciones Unidas aún no se habían hecho públicos.


Hasta la fecha, la Commonwealth, que había expulsado a Nigeria de la organización en noviembre de 1995, no ha sido autorizada a enviar una delegación al país. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de la Unidad Africana está actualmente estudiando el envío de una delegación a Nigeria, también para investigar los abusos contra los derechos humanos.


Sierra Leona


El 16 de enero, el presidente del Consejo Nacional Provisional, capitán Valentine E. M. Strasser, fue sustituido como Jefe de Estado por su suplente, el brigadier Julius Maada Bio, mediante un «golpe palaciego».


Las elecciones presidenciales y parlamentarias se celebraron en febrero y marzo según lo previsto. A fines de marzo, el Consejo Nacional Provisional cedió el poder al nuevo gobierno civil del presidente Ahmad Tejan Kabbah. Durante las elecciones resultaron muertas unas 30 personas. Según algunos informes, las fuerzas rebeldes podrían haber sido las responsables de esos homicidios, aunque otras fuentes indican que soldados del gobierno opuestos a los comicios podrían haber estado implicados en las muertes.


Se celebraron en febrero en Costa de Marfil conversaciones preliminares entre miembros del Consejo Nacional Provisional y representantes de la oposición armada, el Frente Revolucionario Unido, que continuaron también en marzo. Para el 22 de abril había previstas nuevas conversaciones entre el presidente Ahmad Tejan Kabbah y el líder del Frente Revolucionario Unido, Foday Sankoh.


Durante febrero y marzo, las fuerzas rebeldes dieron muerte en diversos ataques a un número indeterminado de civiles. A pesar de que el 17 de mayo se firmó un armisticio, se recibió una información sobre un ataque contra civiles el 24 de marzo; la información aseguraba que las fuerzas rebeldes habían disparado contra un número no especificado de mujeres.




Actualización sobre América



Hechos más destacados ocurridos en América entre enero y abril de 1996





Bahamas


En marzo se llevó a cabo la primera ejecución en 12 años. Se procedió a ello a pesar del hecho de que Thomas Reckley, asesino convicto, había pasado más de cinco años en el corredor de la muerte, situación que infringe lo dispuesto en una resolución judicial aplicable a las Bahamas y otros países del Caribe angloparlante. La resolución establece que una demora de más de cinco años en la ejecución de un preso condenado a la pena de muerte constituye trato inhumano y degradante. Otro hombre, Dwayne McKinney, fue ejecutado poco después. Había sido declarado culpable de asesinato en 1992.


Se espera que en el próximo futuro se expidan nuevas órdenes de ejecución, dado que, según los informes, el Comité de Clemencia está examinando nuevos casos. En las Bahamas hay aproximadamente 36 presos en espera de su ejecución, de los cuales al menos 15 han pasado ya más de cinco años sentenciados a muerte.


Colombia


Durante los cuatro primeros meses del año siguieron produciéndose violaciones de derechos humanos de forma sistemática y generalizada en el contexto de la creciente crisis política suscitada por las investigaciones sobre el presunto apoyo económico de las organizaciones narcotraficantes a la campaña electoral de 1994 del actual presidente Samper. El estado de emergencia declarado en noviembre de 1995 se amplió noventa días más en enero, y de nuevo en abril, al recrudecerse ese mes la violencia política generada por los ataques lanzados por los grupos de oposición armada contra objetivos militares y económicos de diversas zonas del país. La respuesta del gobierno consistió en declarar varias áreas de Colombia en «estado de alerta» y en aprobar nuevas medidas de emergencia, entre ellas restricciones a la libertad de circulación.


Los grupos paramilitares siguieron ampliando su control del territorio mediante el desplazamiento, el sometimiento o la eliminación de la población civil. Estas fuerzas continuaron siendo las responsables de numerosas violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» y torturas en numerosas zonas del país.


Cuba


Desde el 15 de febrero se registró una oleada de arrestos por todo el país de miembros de la coalición Concilio Cubano, integrada por 140 grupos no gubernamentales, entre ellos grupos de oposición política, de defensa de los derechos humanos, de periodistas, abogados, sindicalistas, mujeres y de otros sectores sociales, que se había constituido en octubre de 1995.

El gobierno de Cuba asegura que Concilio Cubano, cuyos fines declarados son de carácter totalmente pacífico, cuenta con la financiación y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América. Desde el momento de su constitución, sus miembros han sido frecuente objeto de breves detenciones y de hostigamiento, así como de amenazas de violencia física. Existen también pruebas de una campaña deliberada por parte de las autoridades para tratar de desacreditar a esa organización mediante el intento de vincularla con los grupos cubanos en el exilio estadounidense, que abogan abiertamente por el derrocamiento violento del presidente Castro. Sin embargo, Amnistía Internacional no ha recibido hasta la fecha prueba convincente alguna que sugiera que Concilio Cubano ha participado en actividades violentas.


Guatemala


Siguieron imperando en Guatemala durante 1996 la impunidad y las violaciones de los derechos humanos, a pesar de las promesas formuladas por el nuevo presidente, que ocupó formalmente su cargo el 14 de enero, de que el Estado iba a luchar contra ellas. Tras ese anuncio se procedió a la destitución de 118 miembros de la policía nacional, que según los informes habían estado implicados en casos de corrupción y de violaciones de los derechos humanos, aunque ninguno de ellos fue arrestado ni acusado de delito alguno. Por otra parte, el gobierno y los grupos de oposición armada siguieron empeñados en el proceso de paz y, en marzo, se acordó un armisticio. Se amplió hasta fines de año la presencia de la Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala, MINUGUA.


Miembros de las fuerzas de seguridad siguieron implicados en ejecuciones extrajudiciales, secuestros y amenazas e intimidación de periodistas, defensores de los derechos humanos, políticos y sindicalistas. Según los informes, algunas de estas amenazas y violaciones de derechos humanos fueron llevadas a cabo por escuadrones de la muerte que ya habían sido muy activos en los primeros años ochenta.


El 28 de enero fue secuestrado el periodista Vinicio Pacheco, que había informado sobre casos en los que se implicaba a miembros de las fuerzas armadas en el robo de automóviles y en secuestros: le propinaron golpes, patadas y le quemaron los pies y el pecho con cigarrillos. Lo liberaron pocas horas después. A principios de marzo se citó a otros seis periodistas en sendas amenazas de muerte anónimas remitidas a sus domicilios y a algunos de los periódicos que los habían acusado de ser terroristas.


Haití


Según el informe que Amnistía Internacional publicó en enero, la situación en Haití ha mejorado considerablemente si se la compara con el anterior panorama de violaciones de derechos humanos que caracterizó al régimen militar del general Raoul Cédras. No obstante, el país seguía sumido en las contradicciones y en la confusión, lo que suponía grave riesgo de que volviera a alimentarse la extendida creencia entre buena parte de la sociedad haitiana de que el único modo de lograr justicia es tomarla cada uno por su mano.


Según los informes, en el curso de una sola semana de enero las muchedumbres enardecidas lincharon a siete personas. Los constantes problemas socioeconómicos agravaban el riesgo de que se incrementaran los actos de violencia. Además, escasas han sido las medidas que de hecho se han adoptado para desarmar a los que fueron miembros del ejército y de las fuerzas paramilitares )de muchos de los cuales se sospechaba su continuada implicación en actividades delictivas), como también pocas han sido las iniciativas para procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Se registraron nuevos incidentes violentos en los que se vio implicada la Policía Nacional de Haití, y en los que se sospechaba que habían cometido abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, se registraron también indicios de que se habían adoptado algunas medidas disciplinarias, y en algunos casos judiciales, contra algunos de los presuntos responsables. Amnistía Internacional estaba investigando las denuncias según las cuales al menos seis personas podrían haber sido ejecutadas extrajudicialmente durante un incidente ocurrido en Cité Soleil a principios de marzo en el curso de una importante operación que había organizado la Policía Nacional de Haití para sofocar los disturbios registrados en la zona donde actúa el Ejército Rojo (Armée Rouge), grupo armado cuyo origen y motivación no están claros.


Perú


La cifra de presos de conciencia experimentó durante los primeros meses del año un notable incremento: de los 26 encarcelados en 1995, ya en abril de 1996 se había llegado a los 65.


En marzo se aprobó una enmienda positiva a la legislación antiterrorista. Según la enmienda, contra quienes hubieran sido presos de conciencia, y a los que las Cortes Superiores hubieran absuelto de delitos relacionados con el terrorismo, «podrá dictarse orden de comparecencia para nuevo juzgamiento, en los casos en que la Corte Suprema declare la nulidad de la sentencia que absuelve al procesado». Con esta modificación, el encausado puede permanecer en libertad hasta la fecha del nuevo juicio, en vez de reingresar directamente en prisión.


Sin embargo, el gobierno no instituyó mecanismo alguno por el que los casos de los presos de conciencia pudieran ser revisados. Se siguió deteniendo a presuntos autores de delitos relacionados con el terrorismo en aplicación de procedimientos que distaron mucho de cumplir las normas internacionales para la celebración de juicios con las garantías debidas.




Actualización sobre Asia

y Oceanía



Hechos más destacados ocurridos en Asia y Oceanía entre enero y abril de 1996





Afganistán


En enero, los gobiernos de Irán y Paquistán acordaron apoyar los esfuerzos para acabar con el conflicto de Afganistán, que dura ya dieciséis años. Según los informes, este acuerdo se alcanzó durante la visita a Paquistán del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Ali Akbar Velayati, que se reunió con el presidente Farooq Ahmed Leghari, con la primera ministra Benazir Bhutto y con el ministro de Asuntos Exteriores Asef Ahmed Ali.

En las escasas semanas transcurridas entre el 23 de diciembre y el 11 de enero resultaron muertos al menos 50 civiles y heridos 172, entre ellos 14 niños, en lo que parece que fueron ataques indiscriminados de cohetes y artillería contra las zonas residenciales de Kabul, la capital. Según los informes, estos ataques los realizaron las fuerzas talibanes en un intento de apoderarse de la ciudad.


China


Amnistía Internacional lanzó en marzo su primera campaña mundial para llamar la atención sobre las violaciones que se cometen contra los derechos humanos en China. Una de las cuestiones más importantes abordadas en esta campaña ha sido el modo arbitrario en que las autoridades chinas utilizan la legislación del país y abusan de ella. En un informe de un centenar aproximado de páginas titulado Nadie está a salvo, la organización describe las violaciones generalizadas de los derechos humanos que se producen como consecuencia de una legislación represiva y de la aplicación arbitraria de la ley.


A mediados de diciembre de 1995 fueron detenidas diez personas de etnia mongol, al parecer acusadas de ser «separatistas nacionalistas», y en marzo aún seguían privadas de libertad sin cargos. Estas detenciones provocaron a finales de diciembre manifestaciones estudiantiles en Mongolia Interior en las que a su vez se detuvo brevemente a varios estudiantes. En marzo resultaron detenidas otras dos personas, al parecer por informar a «organizaciones extranjeras» sobre la detención de los que llevaban arrestados desde diciembre, uno de los cuales, según los informes, había sido acusado de delitos «contrarrevolucionarios».

A principios de 1996 seguían detenidos más de 50 monjes y seglares tibetanos, al parecer sin cargos, en relación con la controvertida elección del décimo Panchen Lama, segundo líder en importancia de la jerarquía religiosa tibetana. También a principios de 1996 seguía sin saberse nada del niño de seis años objeto de la controversia, Gendun Choekyi Nyima, ni de sus padres. Las autoridades chinas manifestaron en marzo que el niño y sus parientes no se encontraban detenidos, pero no revelaron su paradero.


India


Parece ser que en marzo policías indios propinaron patadas y golpes a 188 bhutaneses cuando los trasladaban para ponerlos bajo custodia en el distrito de Jalpaiguri, Bengala Occidental. Según los informes, diez resultaron heridos en la cabeza y uno quedó en estado muy grave. De acuerdo con la información disponible, a mediados de abril había en las cárceles de Bengala Occidental 792 bhutaneses.

Los bhutaneses, procedentes de los campos de refugiados de Nepal oriental, participaban en una marcha organizada a través de la India hacia Bhután. La marcha, que según los informes era pacífica, pretendía dar a conocer la precaria situación en que actualmente se encuentran los bhutaneses que viven en los campos de refugiados y la aparente falta de progreso en las conversaciones entre los gobiernos de Bhután y Nepal sobre el posible regreso de algunos de ellos a Bhután.


Durante ese mismo mes fue hallado en Jammu y Cachemira el cadáver de Jalil Andrabi, abogado y destacado activista en favor de los derechos humanos. Lo encontraron con las manos atadas a la espalda en el río Jhelum, en Srinagar. Jalil Andrabi, presidente de la Comisión de Juristas de Cachemira, «desapareció» tras ser detenido el 9 de marzo de 1996 por efectivos de los Rifles de Rashtriya )fuerza paramilitar bajo el control del Ministerio de Defensa)que iban acompañados de miembros de grupos armados.


Jalil Andrabi había condenado recientemente las violaciones cometidas por las autoridades estatales en una reunión de activistas de derechos humanos celebrada en Nueva Delhi. Su detención y posterior «desaparición» se produjo unos días antes de su prevista asistencia en Ginebra a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.


Indonesia y Timor Oriental


A comienzos del año fue liberada la activista laboral Roliati Harefa tras haber pasado 28 días detenida sin cargos. También fueron encarcelados cuatro soldados por su implicación en el asesinato de tres civiles en Irian Jaya. Quedaron sin investigar otros informes sobre ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones» ocurridas en Irian Jaya.

En abril, el gobierno indonesio violó los derechos de críticos y activistas pacíficos al arrestar la policía al menos a tres activistas estudiantiles que se manifestaban frente a la sede del tribunal en el que se juzgaba al político opositor Sri Bintang Pamunkas. Por su parte, el Tribunal Supremo de Indonesia rechazó los recursos de cuatro personas encarceladas por su participación en la publicación de revistas independientes.


Durante ese mismo mes, la agencia oficial de noticias indonesia,Antara, informó que seguían detenidas 39 personas que habían sido acusadas de instigar disturbios en la provincia de Irian Jaya. Habían sido arrestadas en marzo tanto por policías como por soldados y, según los informes, en el momento de su aprehensión los golpearon, a algunos con gran dureza. Los disturbios estallaron la mañana del 18 de marzo al llegar al aeropuerto de Jayapura, para su posterior inhumación, el cadáver del doctor Thomas Wainggai, preso de conciencia de Irian Jaya que había muerto la semana anterior en la prisión de Cipinang, en Yakarta.

Este año Amnistía Internacional siguió manifestando su preocupación por los derechos de los timoreses orientales. La organización expresó su temor por la seguridad de ocho )posiblemente nueve)timoreses expulsados el 16 de abril de 1996 de la Embajada Alemana directamente a manos de las autoridades militares, que les propinaron golpes, patadas y luego arrestaron al grupo. Se desconoce cuántos siguen detenidos, aunque dos podrían haber sido liberados con posterioridad ese mismo día.


Entre los grupos de oposición armada que este año han cometido abusos contra los derechos humanos figura el Movimiento Papúa Libre (Organisasi Papua Merdeka), grupo que lucha por la independencia de Irian Jaya. Miembros de este grupo tomaron como rehenes a 26 personas en enero; a 12 las liberaron ese mismo mes, pero a otra, un ciudadano alemán, la liberaron de forma temporal previo acuerdo de que regresaría al Movimiento Papúa Libre. En abril había aún 11 rehenes privados de libertad.




Actualización sobre Europa



Hechos más destacados ocurridos en Europa entre enero y abril de 1996





Bosnia-Herzegovina


Gracias al Acuerdo de Paz de Dayton quedaron en libertad muchos de los civiles que todas las partes implicadas en el conflicto habían detenido arbitrariamente, aunque no todos fueron liberados, y se registraron nuevos casos de civiles detenidos por todos los bandos. Gracias a la ley de amnistía promulgada en marzo quedaron en libertad los objetores de conciencia que habían sido detenidos en la Federación de Bosnia y Herzegovina.


Los civiles serbobosnios que deseaban permanecer en las áreas transferidas de la República Srpska a la Federación de Bosnia y Herzegovina fueron objeto de hostigamiento por parte de civiles y soldados serbobosnios con anterioridad a que se hicieran efectivas las transferencias en febrero y marzo. La policía de la Federación tampoco les facilitó protección adecuada contra el hostigamiento a que fueron sometidos por parte de musulmanes bosnios y otros civiles después de hacerse efectiva la transferencia de los territorios.


En enero y febrero se registraron algunos incidentes aislados de francotiradores que dispararon contra civiles, y de ataques con cohetes desde el bando serbobosnio.


Era preocupante que la Fuerza de Aplicación (ifor), de carácter multinacional, no asumiera el compromiso de buscar y detener a las personas contra las que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia había dictado órdenes de procesamiento. La Fuerza de Aplicación tampoco parecía muy dispuesta a proporcionar una protección general a los emplazamientos de presuntas fosas comunes.


Federación rusa


Siguieron registrándose violaciones de los derechos humanos en la República Chechena. En enero, un grupo de chechenos autodenominado «Lobo Solitario» capturó y tomó como rehenes aproximadamente a unos 150 civiles. El grupo irrumpió a primera hora de la mañana del 9 de enero en la localidad meridional rusa de Kizlyar, en Daguestán, y se apoderó del hospital central local y de una residencia de maternidad adjunta. A los vecinos de los edificios próximos al complejo médico se los obligó también a entrar en el hospital. Los combatientes chechenos acabaron retirándose a la localidad de Pervomaiskoye, llevándose con ellos a un centenar de rehenes para asegurarse el paso franco hasta Chechenia.


El ejército ruso emprendió entonces la ofensiva para tratar de rescatar a los rehenes, lo que llevó a que se produjeran posibles ataques indiscriminados por parte de las tropas rusas, que aseguraron posteriormente haber logrado liberar a 82 de los 100 rehenes. Los combatientes chechenos liberaron más tarde al resto.

El jefe checheno que había organizado esta toma de rehenes, Shamil Basayev, parece que también ordenó a un grupo de pistoleros que se apoderaran de un transbordador en el puerto turco de Trabzon y amenazaran con hacerlo explotar en el transitado Estrecho del Bósforo. El transbordador no resultó finalmente hundido y los pasajeros que habían permanecido como rehenes fueron liberados a los cuatro días.


En otro incidente distinto ocurrido en enero, los combatientes chechenos capturaron a más de 30 rehenes en una planta eléctrica próxima a la capital chechena, Grozny, y se los llevaron a un lugar desconocido.


El 15 de marzo, las fuerzas rusas comenzaron a atacar la localidad de Samashki con cohetes, granadas y fuego aéreo. Los civiles que el 19 de marzo lograron huir de este asentamiento informaron que en el lugar había aún entre 3.000 y 4.000 civiles ocultos en sótanos y refugios. Según sus cálculos, habían resultado muertas unas 600 personas. Los civiles que huían de la localidad aseguraban que las fuerzas rusas habían cerrado todo acceso o vía de salida de ella, manifestaciones que contradecían las de la dirección militar rusa según las cuales había quedado abierto un «corredor humanitario» para que los civiles pudieran salir de Samashki.


A fines de marzo, el presidente Yeltsin anunció su plan de paz para Chechenia en el que se declaraba el armisticio y la retirada del ejército ruso. Sin embargo, a mediados de abril no se había hecho efectivo el cese de las hostilidades ni la retirada de las tropas rusas, que se creía que continuaban bombardeando pueblos chechenos.


El 26 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó mediante votación la recomendación de que Rusia pasara a ser miembro del Consejo. Un mes después, Rusia se convirtió efectivamente en su trigesimonoveno miembro y, como tal, su gobierno ha firmado oficialmente el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con lo que se ha comprometido a aplicar una moratoria sobre las ejecuciones y a abolir la pena de muerte en el plazo de tres años.


Turquía


Durante los disturbios registrados el 4 de enero en la Prisión Tipo Especial de Ümraniye, en Estambul, cuatro presos resultaron muertos a consecuencia de heridas en la cabeza y de las palizas que les habían propinado las fuerzas de seguridad. El 8 de enero, la policía detuvo a centenares de personas en el funeral de dos de los presos muertos, entre ellos al periodista Metin Göktepe, a quien mataron posteriormente a golpes cuando lo tenían bajo custodia en el Centro Deportivo Cubierto de Eyüp, en Estambul. Once agentes de policía están siendo procesados por este homicidio.


Dieciséis personas que habían sido detenidas entre el 26 de diciembre y el 5 de enero )en su mayoría estudiantes adolescentes), y a quienes se había acusado de pertenencia a una organización armada ilegal, informaron que les habían vendado los ojos, les habían desnudado y les habían aplicado descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, especialmente en los genitales, mientras se encontraban bajo custodia en la Jefatura de Policía de Manisa.


En marzo quedó constituida una nueva coalición gubernamental entre el Partido de la Justa Vía y el Partido de la Madre Patria, con Mesut Y2lmaz como primer ministro. Quedó abolido el cargo de Ministro de Derechos Humanos.




Actualización sobre Oriente Medio y el Norte de África



Hechos más destacados ocurridos en Oriente Medio y el Norte de África

entre enero y abril de 1996





Bahrein


Según los informes, desde comienzos de año se han practicado arrestos en masa en un contexto de continuado enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Éstos protestaban contra la clausura, por parte de las fuerzas de seguridad, de varias mezquitas en las que destacadas dignidades musulmanas chiitas habían estado exhortando al gobierno a que restaurara los derechos democráticos. Las autoridades aprehendieron a centenares de personas, entre ellas mujeres y niños, y a muchas las recluyeron durante prolongados periodos en régimen de incomunicación. Se recibieron informes sobre torturas en el curso de las investigaciones. Los Tribunales de Seguridad del Estado sentenciaron a penas de hasta siete años de cárcel al menos a 24 personas, entre ellas dos colegialas, tras someterlas a juicios que no cumplieron las normas internacionales para la celebración de juicios con las debidas garantías procesales.

A principios de año estalló una nueva oleada de violencia en la que los atacantes arrojaron bombas incendiarias de fabricación casera contra restaurantes, hoteles y la sede de un periódico de propiedad estatal. Siete trabajadores bangladeshíes resultaron muertos en un atentado contra un restaurante, y un ciudadano de Bahrein murió al explotarle en las manos la bomba que preparaba para atentar contra un banco, según fuentes oficiales. Las autoridades han reaccionado aprehendiendo a decenas de jóvenes, con frecuencia haciendo un uso excesivo de la fuerza al irrumpir en domicilios particulares pasada la media noche y, según los informes, golpeando a los jóvenes al arrestarlos delante de sus familiares.

A fines de marzo se llevó a cabo la primera ejecución en casi 20 años, a pesar de los reiterados llamamientos formulados al gobernante de Bahrein para que conmutara la pena de muerte. Issa Ahmad Qambar había sido sentenciado a la pena capital tras ser sometido a un juicio que distó mucho de cumplir las debidas garantías procesales aceptadas internacionalmente. Le negaron acceso a un abogado mientras estuvo en detención preventiva, y sólo logró ver a su abogado por primera cuando compareció ante el tribunal acusado del cargo de asesinato de un sargento de policía. Las vistas del juicio se celebraron a puerta cerrada.


Egipto


En abril, tres presuntos miembros de al Gamaa al Islamiya, proscrito grupo islamista armado, fueron sentenciados a muerte en El Cairo por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (de Excepción) acusados de asesinar a tres policías y de herir a otros en Assuán en 1993.

Hasta la fecha, en 1996, Amnistía Internacional ha registrado 25 penas de muerte dictadas por los tribunales militares, penales y de seguridad del Estado, tras juicios que han distado mucho de cumplir las garantías mínimas internacionales para la celebración de juicios justos. En ese mismo periodo se ha ejecutado a cuatro personas que habían sido sentenciadas a muerte en años anteriores.

De acuerdo con la información disponible, en medio de un contexto de creciente violencia política, hombres armados que presuntamente pertenecían a al Gamaa al Islamiyamataron de forma deliberada al menos a 14 civiles, si bien las fuerzas de seguridad dieron muerte por su parte al menos a dos presuntos miembros de este grupo en circunstancias que inducen a pensar que fueron ejecutados extrajudicialmente. Además, este año también han sido arrestados centenares de presuntos miembros de grupos islamistas armados.

El 18 de abril de 1996, cuatro hombres armados dieron muerte de forma deliberada a 18 turistas griegos, 14 de ellos mujeres, a las puertas de un hotel en El Cairo. Al Gamaa al Islamiyareivindicó la responsabilidad de estas muertes.


Israel y los territorios ocupados y los territorios bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina


El proyecto de Ley de Prohibición de la Tortura, que de hecho habría legalizado esa práctica según su redacción original, se acabó enmendando de conformidad con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas. Se aplazó otro proyecto de ley, la Ley del Servicio General de Seguridad (SGS), que habría otorgado impunidad a los agentes de esos servicios que hubiesen realizado prácticas de tortura.


En febrero y marzo, los grupos islamistas de oposición armada contrarios al acuerdo de paz con Israel cometieron diversos atentados suicidas que se saldaron con la muerte de 59 personas y 80 más heridas, en su mayoría civiles.


Tras los atentados suicidas con explosivos, el gobierno israelí y la Autoridad Palestina practicaron arrestos en gran escala, que se saldaron con la aprehensión de aproximadamente un millar de palestinos. Se recibieron frecuentes informes sobre torturas a los detenidos. Más de 150 de los detenidos en poder de las autoridades israelíes, entre ellos menores de edad, fueron puestos en régimen de detención administrativa. A la mayoría de los detenidos por la Autoridad Palestina se los encarceló sin ningún tipo de procedimiento legal. Sólo se ha tenido noticia de uno que se sabe que fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua en un juicio manifiestamente injusto celebrado por la noche ante un Tribunal de Seguridad del Estado. El gobierno israelí destruyó o selló al menos ocho viviendas como castigo contra las familias de los que habían cometido los atentados suicidas, o de sus presuntos partidarios.


En abril, Hezbolá (Partido de Dios), grupo islamista armado que lucha contra la presencia israelí en el sur del Líbano, incrementó sus ataques con cohetes Katyushacontra zonas pobladas del norte de Israel en represalia por la muerte de civiles en los ataques que Israel había lanzado a su vez contra el sur del Líbano. Aproximadamente unos 400.000 libaneses huyeron hacia el norte tras hacerse públicas las advertencias de Israel a la población para que abandonara sus hogares. Los aviones y la artillería israelíes bombardearon objetivos del sur del Líbano, Beirut y el Valle de la Bekaa, dando muerte a más de 170 civiles e hiriendo a unos 350 en los ataques, algunos de los cuales parece que se llevaron a cabo de forma directa e indiscriminada. En uno de esos ataques, los proyectiles de la artillería israelí hicieron blanco en unas dependencias de las Naciones Unidas que albergaban refugiados, y resultaron muertos más de un centenar de civiles.

Varios centenares de israelíes abandonaron sus viviendas y más de 30, según los informes, resultaron heridos en los ataques realizados por Hezbolá contra las zonas de población civil. El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 27 de abril establece que los civiles no deben ser objetivo de los ataques y crea además una fuerza de movilización.

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