Document - Worldwide Appeals November 2008

Llamada internacional

(extracto de The Wire)

Noviembre de 2008

Índice AI: NWS 22/003/2008

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Equipo de The Wire

LLAMADA INTERNACIONAL

SRI LANKA – Periodista silenciado por la legislación antiterrorista

Jayapraksah Sittampalam Tissainayagam (conocido como J.S. Tissainayagam) lleva más de siete meses detenido en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo debido a su trabajo legítimo de periodista. Amnistía Internacional

lo considera preso de conciencia. Padece una enfermedad ocular grave y podría perder la vista si no recibe el debido tratamiento médico especializado.

J. S. Tissainayagam fue detenido el 7 de marzo, cuando acudió al centro de detención del Departamento de Investigación Terrorista, en Colombo, para preguntar por la detención, el día anterior, de un colega suyo y su esposa. No se dictó ninguna orden de detención contra él, en contra de lo dispuesto por las Normativas de Emergencia de Sri Lanka, por lo que impugnó su detención arbitraria ante el Tribunal Supremo. En una vista celebrada el 27 de marzo, éste citó un fallo anterior de su presidente según el cual el Departamento de Investigación Terrorista no podía retener más de una semana a las personas detenidas, y ordenó una revisión del caso, que tuvo lugar el 31 de marzo. Sin embargo, el gobierno presentó posteriormente al presidente del Tribunal Supremo una orden de detención en la que se afirmaba que J.S. Tissainayagam actuaba en nombre de los Tigres de Liberación de Elam Tamil y podía permanecer recluido legalmente hasta 90 días. El 7 de junio se determino qué continuara detenido durante tres meses más.

El 25 de agosto, J.S. Tissainayagam fue acusado ante el Tribunal Superior de delitos tipificados en la Ley de Prevención del Terrorismo núm. 49 de 1979 por unos artículos que había escrito en la Revista Mensual del Noreste sobre los efectos que la agitación en Sri Lanka estaba teniendo en la vida civil y política de la ciudadanía. Entre los cargos presentados figuraba el de instigar a organizaciones terroristas recaudando fondos para la revista e incitar a la discordia étnica. La Ley de Prevención del Terrorismo es incompatible con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y se ha utilizado contra miembros de la oposición política. Este caso forma parte de los constantes intentos del gobierno de silenciar a los defensores de los derechos humanos de Sri Lanka con medidas como su detención sin cargos ni juicio.

Escriban expresando preocupación por el hecho de que se haya detenido específicamente J.S. Tissainayagam por su trabajo de periodista y pidiendo que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones ya que es preso de conciencia.

Envíen llamamientos a:

Presidente

His Excellency the President Mahinda Rajapaksa

Presidential Secretariat

Colombo 1

Sri Lanka

Fax: + 94 11 2446657

Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente

(Foto: Jayapraksah Sittampalam Tissainayagam © Particular)

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS – Adolescentes recluidas sin cargos ni juicio

Salwa Salah y su prima Sara Siureh, ambas de 16 años, se encuentran sometidas a detención administrativa y están recluidas en Israel sin cargos ni juicio desde junio.

Ambas niñas, que cumplen 17 años este mes, fueron detenidas por soldados israelíes la noche del 4 al 5 de junio de 2008 en sus casas, en Belén, en la Cisjordania Ocupada. El jefe militar israelí dispuso que quedaran sometidas a detención administrativa, sin cargos ni juicio, durante cuatro meses.

El 5 de octubre vencieron su órdenes de detención administrativa, pero se prorrogaron tres meses más, hasta el 3 de enero de 2009. El ejército israelí afirma que Salwa y Sara participaban en actividades que constituían una “amenaza para la seguridad”, pero no ha presentado ninguna prueba de ello, por lo que se les niega la posibilidad de impugnar tales acusaciones ante un tribunal de justicia.

Los niños y niñas palestinos no están protegidos por las salvaguardias jurídicas y de procedimiento de que gozan los israelíes (menores de 18 años), sino que están sujetos a órdenes y procedimientos militares israelíes que incumplen la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, en la que Israel es parte. El Comité de los Derechos del Niño ha expresado su preocupación por el hecho de que la legislación israelí discrimine entre los niños y niñas palestinos y los israelíes.

Ambas niñas se hallan recluidas en la prisión de Damoun, en el norte de Israel, lo que constituye una violación del cuarto Convenio de Ginebra, según el cual los palestinos detenidos deben ser recluidos en los Territorios Palestinos Ocupados, no en Israel. Figuran entre un total de unos 275 menores palestinos que se encuentran recluidos en cárceles israelíes, 13 de ellos sometidos a detención administrativa, sin cargos ni juicio. Las órdenes de detención administrativa las dictan los jefes militares israelíes por periodos de hasta seis meses, prorrogables indefinidamente.

Escriban pidiendo que se deje a Salwa Salah y Sara Siureh en libertad si no están acusadas de ningún delito común reconocible ni van a ser juzgadas con prontitud y de acuerdo totalmente con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Israel.

Envíen llamamientos a:

Presidente

Shimon Peres

President of the State of Israel

The Office of the President

3 Hanassi Street, Jerusalem 92188, Israel

Fax: +972 2 561 1033

+972 2 566 4838

+972-3-5627265

Correo-e: info@peres-center.org

public@president.gov.il

president@president.gov.il

s_peres@netvision.net.il

MOZAMBIQUE – Dado por muerto por la policía

Abranches Afonso Penicelo murió en el hospital el 15 de agosto de 2007 tras haber sido agredido por agentes de policía. El día anterior se habían presentado en su casa cinco policías, que lo obligaron a subir a un automóvil que esperaba fuera. Lo llevaron a una zona aislada, situada a unos 140 kilómetros, donde lo golpearon hasta dejarlo inconciente. Luego le dispararon en la nuca, le prendieron fuego y lo dejaron allí, dándolo por muerto. Sin embargo, Arranches Afonso Penicelo sobrevivió y consiguió llegar a rastras a una carretera, donde lo encontraron unos vecinos de la zona, que lo llevaron al hospital. Su familia informó de lo ocurrido a la policía esa misma noche, tras trasladarlo a un hospital de Maputo. Entonces se presentaron allí varios oficiales de la policía para escuchar el testimonio de Abranches Penicelo, que la familia había grabado en un teléfono móvil.

La muerte de Abranches Penicelo es el colofón de 10 años de hostigamiento policial. En septiembre de 1997, unos agentes registraron la casa de su familia, llevándose joyas, dinero, automóviles y otros bienes. Él y sus hermanos fueron detenidos, acusados de ser salteadores. Sus hermanos quedaron en libertad sin cargos, pero Abranches Penicelo continuó detenido durante un año y cinco meses. En diciembre de 1999 fue absuelto. El tribunal ordenó también la restitución de los bienes de la familia, pero no se les ha devuelto ninguno.

Abranches Penicelo fue detenido de nuevo el 13 de febrero de 2007 y acusado de asalto por el agente sospechoso posteriormente de haberlo asesinado. Según informes, fue golpeado bajo custodia. Su caso se sobreseyó el 13 de marzo de 2007, pero estuvo recluido cinco días más a pesar de haber ordenado el juez que fuera puesto en libertad de inmediato. El entonces fiscal general abrió una causa contra la policía, que tenía que haberse visto el 7 de agosto de 2007, pero que, por razones que la familia de Arranches Penicelo ignora, no llegó a celebrarse. Una semana después mataron a Abranches Penicelo.

Escriban al fiscal general resumiendo el caso de Abranches Afonso Penicelo y expresando preocupación por el hecho de lo mataran miembros de la policía. Pidan que se abra de inmediato una investigación imparcial y exhaustiva sobre su muerte y que se ponga a los responsables a disposición judicial.

Envíen llamamientos a:

Fiscal general

Exmo. Sr. Dr. Augusto Paulino

Procurador Geral da República

Procuradoria Geral da República

Maputo

Mozambique

Fax: +258 21 492 758/80

Tratamiento: Excelência (Your Excellency)

/ Señor Fiscal General

TURKMENISTÁN – Desaparición forzada tras juicio injusto

Boris Shikhmuradov, ex ministro de Asuntos Exteriores de Turkmenistán, fue condenado a 25 años de prisión en un juicio celebrado a puerta cerrada el 29 de diciembre de 2002. Según informes, el Consejo Popular (Khalk Maslakhaty) aumentó la condena a cadena perpetua al día siguiente. A su hermano, Konstantin Shikhmuradov, le impusieron también una pena de 17 años de prisión. Ambos fueron condenados, junto con al menos 57 personas más, por su presunta participación en un ataque armado perpetrado en 2002 contra el entonces presidente Saparmurad Niyazov.

Poco después del juicio de Boris Shikhmuradov, su esposa, Tatiana, dijo a Amnistía Internacional: “Es imposible saber si se permitió a los abogados hablar, si se interrogó a algún testigo [y] quién presidió la vista”. Desde la detención de su esposo, ha escrito periódicamente a las autoridades del gobierno en favor de él y de su cuñado. No ha recibido jamás repuesta. La esposa de Konstantin Shikhmuradov, Ayna, también ha enviado peticiones a las autoridades y ha ido periódicamente al Departamento de Ejecución de Condenas para pedir información sobre su esposo y Boris Shikhmuradov. Tampoco ha recibido ninguna respuesta.

Cuando el presidente Gurbanguly Berdymukhamedov habló en la Universidad de Columbia de Nueva York, Estados Unidos, en 2007, le preguntaron si Boris Shikhmuradov y otros presos estaban todavía vivos. Contestó: “Estas cuestiones no son de mi incumbencia [...] pero estoy seguro de que lo están”. Esta información es lo único que permite a Tatyana y Ayna Shikhmuradova abrigar esperanzas.

Escriban al presidente Berdymukhamedov pidiéndole que revele de inmediato la suerte y el paradero de Boris y Konstantin Shikhmuradov, así como de otras personas objeto de desaparición forzada. Ínstenle a que garantice que todas las personas a las que se impusieron largas penas de cárcel tras el presunto ataque de 2002 son sometidas de nuevo a juicio con las debidas garantías y que los responsables de las desapariciones forzadas son puestos a disposición judicial.

Envíen llamamientos a:

Presidente

President Berdymukhamedov

744000, g. Ashgabat

Apparat Prezidenta,

Prezidentu Turkmenistana,

Turkmenistán

Fax +993 12 35 51 12

Tratamiento: Dear President Berdymukhamedov

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