Document - Amnesty International News, December 1995. Vol.25, No.12.

Amnistía Internacional: Boletín, diciembre de 1995

Noticias



Pie de foto:Los delegados médicos de AI examinan a uno de los cuatro jóvenes que habían sido atados a árboles y golpeados por agentes de la Brigada Especial. Los cuatro han quedado lisiados permanentemente.


KENIA


Las vidas que la tortura ha destrozado


El 22 de septiembre, Wang’ondu Kariuki, abogado y ex preso de conciencia, fue detenido e incomunicado durante siete días. Según parece, le quitaron la ropa, lo golpearon y, durante los tres primeros días, lo privaron de alimentos. Cuando su caso fue llevado ante los tribunales, el juez se negó a investigar su denuncia de tortura.

Su caso es similar al de muchos sospechosos de delitos comunes y detenidos políticos en Kenia, donde las torturas y los malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad son generalizados. Las condiciones penitenciarias son duras. Más de 800 presos han muerto este año en las cárceles de Kenia, donde al parecer se tortura rutinariamente a los presos para obtener confesiones. Muchos sufren lesiones graves, pero con frecuencia les niegan tratamiento médico o tardan en administrárselo. Los médicos que intentan prestar asistencia a los torturados son hostigados por la policía y funcionarios penitenciarios. Rara es la denuncia sobre tortura policial que se investiga —más rara aun la que llega a juicio—, y muchos policías parecen actuar con impunidad.

Las torturas, que habitualmente tienen lugar poco después de la detención, suelen ser sumamente brutales, y consisten en golpes con palos, puños, mangos de azadas o culatas de fusil. También suspenden a los detenidos cabeza abajo de un palo colocado detrás de las rodillas y delante de los codos y les dan golpes en las plantas de los pies. Algunos presos pasan días en celdas sumergidas en casi cinco centímetros de agua; a otros les arrancan las uñas de manos y pies, o los llevan por la noche a un bosque, los cuelgan de un árbol y les dan una paliza.

La tortura también reviste la forma de humillaciones sexuales sumamente violentas: a los hombres les punzan los órganos genitales con alfileres gruesos o se los atan con cuerdas y tiran de éstas; a las mujeres les insertan objetos en la vagina. En enero, una inspectora de la policía insertó un frasco de pimienta en la vagina de Alice Mariga Ashioya. Al probarse que la confesión le había sido arrancada mediante tortura la absolvieron pero, que AI sepa, no se investigó la presunta tortura.

En diciembre de 1994, cuatro jóvenes quedaron permenentemente lisiados a consecuencia de haber sido atados a unos árboles en el bosque de Dundori, vecino a Nakuru, y sometidos a una paliza por los agentes de la Brigada Especial. Pese a la gravedad de sus heridas, demoraron seis días en llevarlos a un hospital. Dos días después, hubo que amputarle el brazo a uno debido a la gangrena. Los delegados médicos de AI que examinaron a tres de estos hombres constataron que todos habían «sufrido lesiones permanentes en el cuerpo, principalmente en los brazos... que no podían ser autoinfligidas». Nunca se formalizaron cargos contra estos cuatro hombres, según parece para evitar que saliera a relucir públicamente la brutalidad policial ante los tribunales. Los mantuvieron hospitalizados con guardia policial durante siete meses, y después los dejaron en libertad. Los cuatro formaban parte de un grupo de 67 hombres acusados de celebrar una reunión no autorizada. Unos 17 parecen haber sido torturados. La causa contra los otros 63 hombres en custodia sigue su curso.

Pese a las pruebas que lo corroboran, las autoridades kenianas se han negado a reconocer que existe un cuadro sistemático de torturas. AI ve con temor esta situación y las ha instado a tomar medidas efectivas para impedir la tortura y los malos tratos bajo custodia.



COREA DEL NORTE


El gobierno niega que los presos hubieran sido detenidos


El gobierno de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) afirma que la mayoría de los presos de conciencia y presos políticos del país nunca han sido detenidos, o que han muerto. AI ha pedido al gobierno de Corea del Norte que aclare la suerte de unos 50 presos.

Kim Duk Hwan es uno de los presos de conciencia cuya suerte sigue sin esclarecerse. En la década de los 50, Kim Duk Hwan cursó estudios en la antigua Unión Soviética, donde se casó con una mujer rusa, Valentina Kurashova. Después de su regreso a Corea del Norte, a finales de la década de los 50, las relaciones entre la URSS y Corea del Norte se fueron deteriorando rápidamente. Su esposa e hijos tuvieron que abandonar Corea del Norte.

Meses después, Valentina Kurashova recibió una carta de su esposo en la que éste le comunicaba que había sido enviado a un campo de “reeducación” por haberse negado a divorciarse de ella y por haber cursado estudios en la URSS. La pareja mantuvo correspondencia hasta 1966, cuando Kim Duk Hwan cesó súbitamente de responder a las cartas de su esposa. Las averiguaciones sobre su suerte sólo merecieron breves respuestas de las autoridades norcoreanas diciendo que no lograban localizarlo.

Las autoridades de Corea del Norte han comunicado a AI que Kim Duk Hwan nunca estuvo detenido. Afirman que trabajó como ingeniero en un instituto de la construcción y en el Ministerio de Obras Públicas, y que en 1985 falleció a consecuencia de un cáncer pulmonar.

Hay pruebas convincentes de que Kim Duk Hwan ha estado detenido, y AI continuará tratando de averiguar la suerte de éste y otros presos.



REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA


Funcionarios de policía de etnia albanesa denuncian torturas bajo custodia


Pie de foto:Avdi Mehmedovigi, Sheremet Ahmetiy, Blerim Olloni (de izquierda a derecha) recibieron penas de 6 a 7 años de prisión. Los tres continúan detenidos en espera del resultado de la apelación.


Entre abril y septiembre condenaron en cinco juicios a 139 hombres, casi todos ex agentes de policía de origen étnico albanés oriundos de la provincia de Kosovo. Los acusaron de estar organizando la formación de una fuerza policial clandestina con el fin de lograr la secesión de la provincia (cuya población es principalmente de origen étnico albanés) de la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro); y recibieron penas de hasta ocho años de cárcel. La mayoría quedó en libertad a la espera de una apelación, pero 22 siguieron detenidos.

Los acusados se encontraban entre unos 4.000 funcionarios policiales de etnia albanesa despedidos de sus cargos por negarse a reconocer y acatar medidas introducidas por el gobierno serbio en 1990 que tienen el efecto, en la práctica, de abolir la autonomía de la provincia.

Durante el juicio, los acusados negaron los cargos y alegaron que sus actividades habían consistido en labores sindicales en representación de la agrupación de (ex) funcionarios policiales. Casi todos afirmaron que, después de su aprehensión (en noviembre y diciembre de 1994), la policía los sometió a torturas y otros malos tratos a fin de arrancarles “confesiones” falsas. Varios tuvieron que ser hospitalizados debido a la gravedad de sus lesiones.

En julio, un tribunal de Priština condenó a 69 personas. Entre ellas se encontraba Avdi Mehmedoviqi, ex comisario, quien dijo al tribunal que en cinco o seis oportunidades la policía le había dado golpes hasta hacerle perder el conocimiento, y que también habían golpeado a su padre, a quien habían traído, sangrante, a verlo en su lugar de detención. Otro de los encausados, Sheremet Ahmeti, declaró que lo habían torturado con descargas eléctricas. Los peritos forenses han confirmado las lesiones de algunas de las víctimas.

En septiembre, 38 encausados fueron condenados en un juicio en Prizren, cuyas actuaciones sufrieron numerosos aplazamientos debido a la mala salud de los encausados atribuida por sus abogados a torturas. Tres juicios más, en Péc y Grijilane condenaron a otras 332 personas.

Durante las actuaciones, los abogados defensores se quejaron repetidamente de infracciones del procedimiento que, habían socavado gravemente el derecho de defensa. AI ha solicitado que se investiguen las denuncias de tortura y malos tratos, y ha expresado su preocupación por la falta de imparcialidad de los juicios.


BOLIVIA


Comisión denuncia los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en ofensiva policial


Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados boliviana ha documentado las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad de Bolivia entre junio de 1989 y abril de 1993. Las violaciones tuvieron lugar durante una ofensiva policial contra grupos armados de oposición surgidos en 1989 a quienes se imputaban actividades violentas.

El informe, “Denuncia de Torturas a Ciudadanos Sindicados de Alzamiento Armado”, presentado en julio, contiene testimonios sobre torturas y malos tratos sufridos por 35 detenidos políticos. También incluye pruebas presentadas por los familiares de éstos y por miembros de la judicatura, así como pruebas que constan en documentos legales y forenses y pruebas publicadas en informes preparados por organizaciones locales y por AI. El informe pone en tela de juicio la imparcialidad de los procedimientos seguidos contra los presos, quienes, en su gran mayoría, siguen privados de libertad.

El documento también contiene información sobre la probable ejecución extrajudicial de cinco personas asesinadas durante las operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad para rescatar un rehén secuestrado por uno de los grupos armados.

La postura enérgica de la Comisión frente a la cuestión de la tortura y la impunidad es encomiable. El informe aguarda la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados. AI cree que el respaldo pleno del Congreso a la recomendación de que se someta a juicio a los perpetradores proclamaría inequívocamente que aquéllos que violan los derechos humanos deben comparecer y rendir cuentas ante la justicia.


Pie de foto:El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Dr. Juan del Granado (izq.) presenta su informe al vice-presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Jaime Ponce Caballero. © Presencia.



BURUNDI


Maestros, estudiantes y clérigos: el campo de batalla


Las comunidades tutsi y hutu de Burundi han convertido la educación en el campo de batalla por la supremacía política. Estudiantes, maestros y clérigos han sido atacados con explosivos, quemados, apuñalados y abatidos a tiros. Los grupos políticos armados también han enlistado a estudiantes, quienes han procedido a su vez a convertirse en incitadores o autores de homicidios deliberados y arbitrarios.

La educación es una esfera tradicionalmente reconocida en Burundi como base de la creación de una élite de gobierno, y las personas con formación académica han sido blanco de la mayoría de las matanzas periódicas que han tenido lugar en el país en los últimos 30 años. Esto se ha evidenciado aun más en el conflicto que se desencadenó en octubre de 1993 con el intento de golpe de Estado de las fuerzas armadas —dominadas por la etnia tutsi— contra el primer gobierno encabezado por un presidente perteneciente a la mayoría hutu.

Desde esa fecha, los asesinatos han sido innumerables. El 11 de junio de este año, cuatro personas, al menos dos de ellas estudiantes, que asistían a una fiesta en el liceo « Espíritu Santo», de Bujumbura, fueron abatidos a tiros y cinco resultaron heridas por un pistolero que entró por la fuerza en el recinto del colegio. La fiesta había sido organizada como demostración de que hutus y tutsis podían y debían vivir juntos.

Ese mismo día, el violento incidente ocurrido en el liceo «Espíritu Santo» desencadenó el asesinato de más de 15 estudiantes hutus desarmados por estudiantes tutsis de la misma Universidad de Burundi, también en Bujumbura. En julio, volvió la violencia a la Universidad cuando una banda que, según parece, estaba compuesta de ex estudiantes hutus, dio muerte a cuatro estudiantes tutsis y a dos funcionarios.

También se ha atacado a sacerdotes, obispos y otros líderes de la Iglesia Católica, especialmente de la etnia hutu, aparentemente debido a su influencia sobre la comunidad hutu. El 7 de julio de 1995, el padre Anastase Bivugure, párroco de Cibitoke, en la diócesis de Bubanza, y otras cinco personas fueron asesinados en la vecindad de un puesto militar por una banda armada de etnia tutsi. Ese mismo mes, un sacerdote resultó gravemente herido y otros dos sacerdotes y una monja sufrieron lesiones cuando unos pistoleros abrieron fuego contra el vehículo en que se trasladaban en dirección al seminario de Kanyosha, en las afueras de Bujumbura.

Las autoridades burundesas no han ordenado una investigación independiente de éstos ni de otros asesinatos. AI ha exhortado a la comunidad internacional a que ayude a poner punto final a los abusos en Burundi y ha pedido que se someta a juicio a los autores de las violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional: Boletín, diciembre de 1995

Llamada



SIRIA


Khalil Brayez, ex oficial del ejército sirio, lleva 25 años detenido. Parece que ya estuvo detenido brevemente en 1962-1963. En 1964 huyó al Líbano, donde posteriormente publicó dos libros que criticaban al ejército sirio, La Caída de Golán y De los Archivos de Golán.

El 1º de noviembre de 1970 lo secuestraron en Beirut las fuerzas de seguridad sirias.

Inicialmente lo encerraron en la prisión militar de al-Mezza, donde, al parecer, fue sometido a torturas. En 1973 le comunicaron que un año antes, en marzo de 1972, había sido condenado “en rebeldía”(sin estar presente en el juicio) a una pena de 15 años de trabajos forzados por, entre otras cosas, “incitar al asesinato y al terrorismo” y “revelar secretos de Estado”.

Pese a que la pena quedó cumplida en octubre de 1985, Khalil Brayez continúa en prisión. AI lo considera “preso de conciencia”, y ha pedido sea puesto en libertad de inmediato e incondicionalmente.

Khalil Brayez, que hoy cuenta 62 años de edad, está casado y tiene cuatro hijos. Sus familiares sólo han sido autorizados a visitarlo esporádicamente durante los largos años pasados en varios establecimientos carcelarios. Se cree que actualmente está recluido de nuevo en la prisión militar de al-Mezza, en Damasco.

+ Por favor, escriban al Presidente, pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Khalil Brayez: His Excellency President Hafez al-Assad/ President of the Republic/ Presidential Palace/Abu Rumanah/ al-Rashid Street/Damasco/República Árabe Siria.


Pie de foto:Khalil Brayez



PERÚ


La presa de conciencia Myriam Guadalupe Gálvez Vargas, de 30 años, estudiante y madre de dos hijos, cumple hoy una pena de 20 años de cárcel en Perú por “delitos de terrorismo” .

Le formalizaron cargos en abril de 1993, y un año después fue condenada por un tribunal superior. Los cargos se fundaron en la afirmación de la policía de que Myriam Gálvez había asistido a un curso universitario junto con un presunto miembro del Partido Comunista del Perú (“Sendero Luminoso”), y que se había encontrado una libreta de su propiedad que, según sus acusadores, contenía anotaciones manuscritas sobre “guerra de baja intensidad”.

Myriam Gálvez ha declarado que la libreta no le pertenecía y ha denunciado repetidamente la violencia política. El 26 de mayo de 1994, un fiscal adscrito a la Corte Suprema de Justicia afirmó que no había prueba alguna de que Myriam Gálvez hubiese tenido vínculos con el PCP. Pese a ello, el 8 de noviembre de 1994 la Corte Suprema de Justicia confirmó la pena que le había impuesto el tribunal superior. Su abogado defensor ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que revise su decisión de confirmar la pena de 20 años.

Myriam Gálvez está recluida en el Establecimiento Penal de Alta Seguridad para Mujeres, Chorrillos, Lima.


+ Por favor, escriban pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Myriam Guadalupe Gálvez Vargas al: Presidente Alberto Fujimori/Palacio de Gobierno/Plaza de Armas/Lima 1/ Perú.


COREA DEL SUR


Eun Su-mi, presa de conciencia de 31 años de edad, cumple una pena de cinco años impuesta en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de Corea del Sur. No goza de buena salud desde su detención en abril de 1992.

La encarcelaron por pertenecer a Sanomaeng (Liga de Trabajadores Socialistas), que las autoridades califican de organización “anti-Estatal” que conspiró para derrocar al gobierno. Desde 1990, muchos miembros de Sanomaeng han sido encarcelados por las mismas razones sin haber usado ni propugnado la violencia.

La Ley de Seguridad Nacional se ha empleado para encarcelar a personas que ejercitan pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación. AI lleva años pidiendo que se enmiende la ley conforme a las normas internacionales de derechos humanos, pero el gobierno surcoreano se niega, argumentando que tal ley es imprescindible para contrarrestar lo que percibe como una amenaza de Corea del Norte.

Eun Su-mi se enfermó de gravedad en abril y fue internada en un hospital de Kangnung, donde fue intervenida quirúrgicamente. Los médicos recomendaron su transferencia a otro hospital, pero en mayo ingresaba de nuevo en la cárcel de Kangnung.


+ Por favor, escriban pidiendo su libertad inmediata e incondicional y asistencia médica mientras esté detenida: Mr Ahn Woo-man/ Minister of Justice/Ministry of Justice/1 Chung-dong/Kwachon-myon/Shihung-gun/ Kyonggi-do/República de Corea.


Pie de foto:Eun Su-mi

Amnistía Internacional: Boletín, diciembre de 1995

Enfoque


Pie de foto: Guerreros del grupo armado Talebán con tanques T-62 de fabricación rusa, usados ahora por las facciones en guerra, Kabul, 1995. © Steve Dupont


Afganistán: un país en ruinas


Afganistán es un país en ruinas. Dieciséis años de guerra civil han fragmentado su territorio y desgarrado a su pueblo. Sin una autoridad central efectiva, la ley ha perdido todo significado. Comandantes militares y guardias armados aliados con decenas de grupos políticos han cometido abusos generalizados y sistemáticos contra los derechos humanos, abusos que se han visto facilitados por un aprovisionamiento ilimitado de armas. Una generación entera de afganos ha quedado destrozada, sin que el mundo prestara mayor atención.

Cuando el país se hundió en una encarnizada guerra civil tras la invasión soviética de 1979, los gobiernos del mundo se apresuraron a ofrecer apoyo político, económico y militar a las facciones en pugna.

A lo largo de una década fue entrando en Afganistán un arsenal: de la URSS, los EE UU y sus aliados europeos, China, Paquistán, Arabia Saudita, Egipto, Irán. Todos le vendieron armas a Afganistán, o facilitaron la transferencia de armas por sus territorios.

Para la población civil de Afganistán, las consecuencias han sido catastróficas. Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), unos 400.000 niños han muerto durante la guerra civil. Pueblos enteros, hogares, ganado y cosechas han sido arrasados por proyectiles, fuego de mortero y bombas. El terror ha obligado a más de cinco millones de personas —un tercio de la población— a abandonar el país, acabando, en su gran mayoría, en la marea de campos para refugiados de Paquistán e Irán. Otros cientos de miles han quedado sin hogar en Afganistán.

La crisis de los derechos humanos se ha agravado desde que, en abril de 1992, los grupos muyahidines se apoderaron de zonas de la capital, Kabul, y otras ciudades. Decenas de miles de civiles han sido asesinados, y muchos otros han resultado heridos, en ataques de artillería. En algunos casos, al parecer, los ataques han sido dirigidos deliberadamente contra zonas residenciales cuyos ocupantes, en opinión de los agresores, apoyaban a un grupo rival. Otros miles han sido asesinados a quemarropa por guardias armados en redadas de domicilios. Se desconoce el paradero de varios millares de personas secuestradas por grupos armados.

La tortura es endémica. Las mujeres y las niñas se consideran botín de guerra; los guardias armados las violan o las venden como esclavas-prostitutas. A los prisioneros los han obligado a comer carne diciéndoles que era humana, los han torturado con electricidad, les han apretado los testículos con tenazas. A casi todos los golpean, los privan de alimentos por periodos prolongados y los exponen a temperaturas extremas. Las celdas están atestadas de gente por la sola razón de sus convicciones políticas, su religión o su origen étnico. En algunos casos son rehenes.

Los miembros de ciertos grupos políticos afganos cometen abusos sin temor a sanción. Los países que han prestado apoyo militar, económico y político a las facciones bélicas afganas han contribuido a crear un clima de violencia y desacato a la ley en el que los derechos humanos son tratados con desdén. Sin embargo, dichos países se han negado repetidamente a asumir la responsabilidad que les cabe por las consecuencias de sus acciones.

El mundo parece haber relegado a Afganistán al olvido. Pero si decide darse por enterado de la situación trágica de Afganistán y toma medidas constructivas, la nueva generación de afganos podrá edificar una sociedad en la que se respeten sus derechos humanos.


Pie de foto:Hajera Zeray, esposa del Dr. Saleh Mohammed Zeray, Jamina, su hija de 8 años, y Arsala, su hijo de 10, aparecieron degollados en su hogar el 3 de febrero. El Dr. Zeray es un político afgano que ocupó altos cargos gubernamentales entre 1978 y 1985.


Pie de foto:Ahmad Ershad Manjal (derecha) pasó a detención secreta en noviembre de 1989 en Peshawar.



LOS HOMICIDIOS

Kabul, 1993. Un día como cualquier otro, un grupo de personas aguardaba el autobús. Un instante después estalló el caos. Una andanada de bombas llovió sobre la parada. El suelo quedó sembrado de cadáveres. La cabeza de un hombre, separada de su cuerpo. En unos segundos, más de 80 personas habían resultado muertas o heridas.

En sólo un mes, del 12 de septiembre al 12 de octubre de 1994, 800 personas perdieron la vida y más de 17.000 resultaron heridas en el fuego de artillería y de mortero que varias facciones combatientes descargaron contra zonas residenciales de Kabul. La justificación: que la población local había estado apoyando a sus rivales políticos. Las víctimas: niños y mujeres desarmados.

El bombardeo de domicilios particulares ha continuado casi sin interrupción. En marzo de este año, las fuerzas del presidente Rabbani Borhannudin lanzaron un intenso ataque con cazabombarderos contra las zonas de población chiita de Karte Seh, en Kabul. Después arrasaron Karte Seh, saqueando casas, golpeando y asesinando a personas desarmadas, y violando a las mujeres.

Los guardias armados de las facciones en pugna han dado muerte a miles de civiles, a quemarropa, deliberada y arbitrariamente. Muchas personas han muerto tratando de proteger a sus familiares o su propiedad. Mujeres y niños han sido abatidos por resistirse al secuestro o a la violación.

Algunos asesinatos tienen como único motivo la venganza. Otros obedecen a la hostilidad hacia ciertos grupos étnicos o religiosos, o al odio por las personas con formación académica o por los funcionarios del gobierno anterior. No hay a quien acudir para pedir protección.

En mayo de 1992, un hombre sospechoso de pertenecer al antiguo partido de gobierno fue detenido en el Ministerio del Interior por guardias armados de Shura-e Nezar (Consejo Supervisor). Los testigos dijeron que un guardia armado ató a la víctima y, a puntapiés, la echó escaleras abajo. En la planta baja, un combatiente muyahidín aliado al nuevo gobierno le dio golpes con la culata de un fusil. Después le disparó al menos 10 balas. No contento con eso, trató de degollar al muerto con una espada ceremonial sin filo.

Pronunciarse contra los grupos políticos armados o trabajar en pro de la paz es arriesgarse a ser asesinado. Uno de los casos más conocidos fue el de Najmuddin Musleh, uzbeko que trabajaba como ayudante personal del presidente Rabbani. El 31 de diciembre de 1993 fue enviado a negociar con el general Dostum un día antes de que estallaran intensos enfrentamientos. Pese a ser un emisario, las fuerzas aliadas del general Dostum y del primer ministro Gulbuddin Hekmatyar lo detuvieron. Después lo entregaron a las fuerzas de Hezb-e Wahdat (Partido de Unidad Islámica) en la zona occidental de Kabul y, al parecer, en abril de 1994, éstas pidieron a la familia un rescate de 5 millones de dólares. La familia de Najmuddin Musleh no pudo pagar esta suma. En marzo de este año, cuando las fuerzas del presidente Rabbani capturaron posiciones controladas por Hezb-e Wahdat en la zona occidental de Kabul, encontraron un centro de detención en el que ocho presos, entre ellos Najmuddin Musleh, habían sido fusilados.

AI no ha sabido de un solo caso en el que un guardia armado o un comandante militar hayan sido obligados a rendir cuentas de la comisión de tan graves abusos.


LA TORTURA

Todas las facciones torturan y maltratan a sus prisioneros. Los guardias armados incluso torturan a las víctimas en los propios domicilios de éstas o en la calle, exhibiendo su brutalidad a los ojos de todos.

Gul Nabi Khan, ex oficial del ejército afgano, fue interceptado a principios de 1994 por guardias de Harekat-e Inqilab e Islami (Movimiento para la Revolución Islámica), que lo golpearon, en presencia de terceros, hasta que no dio más señales de vida. Uno de los testigos dijo a AI: «Los guardias, creyéndolo muerto, lo abandonaron en un rincón. Ha quedado completamente paralizado.»

En los centros de detención de varios grupos políticos armados de Afganistán, la tortura y los malos tratos forman parte de la rutina cotidiana: palizas brutales, privación de agua y alimentos, exposición a temperaturas extremas. A las mujeres, por añadidura, las violan o someten a otros abusos sexuales.

Se tortura para castigar o humillar a la víctima por su identidad étnica o religiosa, o por sospecharse que trabaja para un grupo rival. O para obligar a sus familias a pagar un rescate.

Durante el interrogatorio, los prisioneros son sometidos a formas de tortura calculadas para causar un dolor extremo. Un hombre aprehendido en Kabul refirió a AI las torturas que unos funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado le infligieron durante el interrogatorio: «Colocaron uno de mis testículos entre un par de tenazas y apretaron... Un día me golpearon con la culata de un Kaláshnikov y me fracturaron el cráneo. Las descargas eléctricas en las manos y en los pies no cesaban. Me torturaron durante dos semanas en noches alternas.»




LA VIOLACIÓN SEXUAL

Nafisa, una mujer de 25 años, subió al último piso del edificio donde vivía y se arrojó desde un balcón. Los hombres armados de Shura-e Nezar habían venido a buscarla. Sabía perfectamente lo que se proponían hacer con ella, y prefirió la muerte. Nafisa no murió en su caída, pero se quebró la espalda y las piernas.

Las mujeres y las niñas de todo Afganistán viven con el temor constante de que los guardias armados las violen. Todos los días llegan a sus oídos los ataques sexuales de los grupos políticos armados a quienes se permite cometer tales abusos sin temor a que los disciplinen. Es más, la mayoría de sus líderes parecen tolerar la violación sexual, como un medio de aterrorizar a las poblaciones conquistadas y recompensar a los combatientes.

La juventud no representa una barrera para la crueldad de algunos guardias armados. En marzo de 1994, una joven de 15 años fue obligada a presenciar el fusilamiento de su padre, y después fue violada repetidamente por guardias armados en su propio hogar en el distrito Chel Sotoon de Kabul. Al relatar su historia a AI, la adolescente dijo que las palabras no resultaban suficientes para describir lo que había vivido. El temor a la violación ha obligado a muchas familias a abandonar Afganistán.


LOS SECUESTROS

La puerta de la vivienda de Assadullah Wakilzadeh, en Kabul, se abrió de golpe, e irrumpió en la casa un grupo de hombres armados que, según parece, pertenecían a Jamiat-e Islami (Sociedad del Islam). Assadullah trató de resistirse, pero lo golpearon hasta que perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, su hijo de 15 años, Rahmatullah, había desaparecido. Dos días después, el 22 de noviembre de 1993, otros dos hijos, Ahmadreza, de 13 años, y Mustafa, de 11, también fueron secuestrados en una redada similar. No se ha vuelto a ver a ninguno de los tres niños.

El terror especial que provocan los secuestros seguidos de un silencio total atormenta al pueblo de Afganistán desde hace más de una década. Por lo general, los amigos, familiares o testigos saben quién se llevó a la víctima, pero los responsables niegan tenerla cautiva. Los familiares sólo descubren la suerte de sus seres queridos cuando se les pide un rescate. Algunas familias llevan años esperando noticias.

Son millares las personas secuestradas cuyo paradero se desconoce. La mayoría de las detenciones no reconocidas son las de sospechosos de simpatizar con una facción rival o de haber tenido vínculos con gobiernos anteriores.

Algunas personas están detenidas en secreto porque poseen conocimientos útiles para algún comandante militar, como médicos y personas con entrenamiento militar. Otros prisioneros cavan trincheras, despejan terrenos minados, transportan armamento o trabajan como sirvientes. Jóvenes y niñas han sido capturadas como objetos sexuales o para venderlas como esclavas-prostitutas. Sus familiares no han conseguido descubrir su paradero.




RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR EL LEGADO DE GUERRA

Desde 1979, gobiernos como los de Arabia Saudita, EE UU, Irán, Paquistán, la URSS y los Estados que sucedieron a ésta trataron de aumentar su influencia en la región sin reparar en las consecuencias para la población civil de Afganistán. Dichos gobiernos han prestado apoyo político, económico y militar a todas las partes en la guerra civil sabiendo que estaban cometiendo graves y generalizados abusos. La abundancia de armamento se nutre cada día con inyecciones de los mercados de armas de las zonas fronterizas de Paquistán. Allí se ofrece equipo militar de China, Europa Oriental y la antigua URSS. A través de Paquistán han llegado armas de países europeos y de Oriente Medio.

Hasta la fecha y según los informes, Arabia Saudita, India, Irán, Libia, Paquistán, Sudán, Tayikistán y Uzbekistán siguen suministrando armas y municiones a las facciones afganas.

AI no se pronuncia frente a la guerra civil o la posesión o el comercio de armas. Pero sí se opone a la transferencia de equipo militar, de seguridad y policial de un país a otro y a la prestación de personal, entrenamiento o apoyo logístico, cuando tiene motivos fundados para creer que dichas transferencias contribuyen a la comisión de abusos.


Pie de foto:Armas como éstas entran en Afganistán por los países vecinos. © Steve Dupont


Pie de foto:Entre el 12 de septiembre y el 12 de octubre de 1994, unas 800 personas perdieron la vida y más de 17.000 resultaron heridas cuando diversas facciones combatientes descargaron fuego de artillería y de mortero contra zonas residenciales de Kabul.

© Seamus Murphy


«Colocaron uno de mis testículos entre un par de tenazas y apretaron... Un día me golpearon con la culata de un Kaláshnikov y me fracturaron el cráneo.»


Víctima torturada por funcionarios del Ministerio de Seguridad

del Estado


Pie de foto:Una familia de refugiados afganos se dirige a Paquistán huyendo del terror de la guerra.

© David Stewart-Smith/Katz Pictures


Los gobiernos del mundo han traicionado a Afganistán. Han dado rienda suelta a sus rivalidades en suelo afgano. Han suministrado armas a grupos políticos armados con el pleno conocimiento de que las están usando para cometer abusos contra los derechos humanos. Y ahora, poco o nada están haciendo para poner fin a este cuadro de abusos. Hoy mismo, pese a la evidencia abrumadora de que todos los días se cometen abusos en Afganistán, los gobiernos siguen ofreciendo apoyo político y militar a los grupos afganos que cuentan con su respaldo.

Dichos grupos, incluyendo aquellos que tienen representación oficial en el gobierno provisional, han declarado que desean “restaurar” los principios religiosos y humanitarios. En la práctica, lo que han hecho es matar, torturar, violar, secuestrar y detener en secreto a decenas de miles de civiles empleando armas obtenidas del extranjero. Estos abusos han sido perpetrados con total libertad de acción por todos los grupos políticos armados, que han aterrorizado a la población a fin de asegurar sus bases de poder.

Es hora de que los gobiernos ejerzan presión sobre sus aliados afganos para que respeten los derechos humanos fundamentales y el derecho humanitario. Deben comunicarles un nuevo mensaje: deben decirles claramente que, de cometer abusos, se quedarán sin amigos en el mundo exterior.

Las naciones que han estado vinculadas con la guerra afgana deben dejar de anteponer sus intereses particulares a los derechos humanos del pueblo afgano. En especial, los EE UU y los Estados sucesores de la Unión Soviética deben reconocer la responsabilidad que les cabe en la catástrofe de derechos humanos que aflige a la nación afgana y deben tomar medidas apropiadas. También está en su poder velar por que la ONU tome en consideración más seriamente la crisis en Afganistán. Ellos pueden suministrar a la ONU los recursos y los fondos que necesita para que su intervención resulte más efectiva. En estos momentos, los distintos órganos de asistencia que participan en la ayuda a la población afgana parecen carecer de suficientes fondos y coordinación. Los esfuerzos de la ONU para servir de mediadora con miras a un acuerdo de paz se han visto frustrados porque tanto las facciones enfrentadas como los Estados que las apoyan no han demostrado la voluntad política de transigir con vistas a llegar a un arreglo.

Los poderes regionales también deben asumir la parte que les toca en la obligación de poner fin a la carnicería. La Organización de la Conferencia Islámica ha iniciado varias discusiones sobre Afganistán, pero en cada una de esas ocasiones el debate ha derivado en punto muerto. Muchos de los miembros de la Organización parecen tener más interés en ganar influencia en el país que en conseguir sin dilación una solución justa para los problemas con que se enfrenta el grueso de la población.

Afganistán no es una causa perdida. Hay esperanzas, porque la semilla de un futuro mejor ya está sembrada. Está allí, encarnada en los defensores de los derechos humanos que todos los días arriesgan su vida al denunciar los abusos, y en todos aquéllos que trabajan para dar una solución justa y pacífica al conflicto.

Para hacerse oír, esas voces necesitan el apoyo de la comunidad internacional. Necesitan el respaldo de aquellos que comparten la responsabilidad de la actual catástrofe de derechos humanos. No es cierto que las voces de los afganos estén amordazadas. Es que el mundo les ha hecho oídos sordos.


LAS PARTES EN CONFLICTO

*Que respeten los derechos humanos y el derecho humanitario;

*Revelen la verdad sobre los abusos contra los derechos humanos;

*Ejerzan un control efectivo para impedir los abusos;

*Pongan fin a los homicidios deliberados y arbitrarios;

*Impidan la tortura y el maltrato de detenidos;

*Impidan la toma de rehenes, el encarcelamiento de presos de conciencia y la detención secreta;

*Aclaren la suerte de las personas cuya detención no se ha reconocido;

*Den libre acceso a las organizaciones internacionales.


LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

*Que comunique su preocupación a los gobiernos de los países que han suministrado armas a Afganistán durante la última década sin tomar medida alguna para impedir que se emplearan para cometer abusos;

*Vele por que dichas armas no se usen para cometer o facilitar abusos;

*Inicie programas de educación y capacitación en Afganistán con miras a promover los derechos humanos.


LOS ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES

*La ONU debe velar por que su Misión Especial en el país y el relator especial sobre Afganistán reciban recursos suficientes para trabajar juntos y con efectividad contra los abusos.

*La ONU debe tomar medidas apropiadas, incluso de tipo preventivo, para atajar el problema de los abusos en el país.

*Organizaciones intergubernamentales como la Organización de la Conferencia Islámica deben condenar la situación de los derechos humanos en Afganistán y participar activamente en la lucha contra los abusos.

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