Document - le fil d'AI. Decembre 2005, vol. 35, nº 11.

The Wire


Noviembre de 2005 Vol. 35. No. 11

Índice AI: NWS 21/011/2005


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"Entran disparando"


La actuación policial alimenta la violencia en las comunidades socialmente excluidas de Brasil


La noche del 31 de marzo de 2005, un grupo de hombres, algunos enmascarados y encapuchados, atravesaron en automóviles el barrio Baixada Fluminense de Río de Janeiro. Disparaban de forma indiscriminada según pasaban, a veces frenando y bajando de sus vehículos para ejecutar a sus víctimas a corta distancia. El colegial de catorce años Douglas Brasil de Paula estaba jugando con una máquina de pinballcuando lo mataron de un tiro; a Elizabeth Soares de Oliveira la asesinaron mientras trabajaba en el bar de su esposo; João da Costa Magalhães estaba sentado en el umbral de su casa cuando los hombres armados dispararon sobre él; a Rafael da Silva Couto, de 17 años de edad, lo alcanzaron las balas mientras iba en bicicleta por la Via Dutra.


A las once de la noche había 29 personas muertas. Diez agentes de policía y un ex agente están implicados en los asesinatos, en lo que parece ser el resultado de una violenta guerra territorial. "La Baixada," explicó un coronel de la policía al diario brasileño O Dia, "tiene características medievales. Lo que quiere la aristocracia local es levantar muros para proteger sus feudos, y esperan contar con la protección exclusiva de la policía.."


Ésta ha sido la peor masacre de la historia de Río de Janeiro, pero no fue un fenómeno nuevo o aislado. Para los millones de brasileños que viven en favelas(barrios marginales), la violencia es una parte ineludible de la vida cotidiana. Están atrapados entre las bandas de narcotraficantes, la policía y los "escuadrones de la muerte" parapoliciales, en partes de la ciudad en las que no se aplica el imperio de la ley. El año pasado, la policía dio muerte a unas 1.500 personas en Río de Janeiro y São Paulo, una abrumadora mayoría en barriadas pobres que a todos los efectos han sido abandonadas por el Estado. Una política de incursiones de tipo militar en las favelasno sólo no ha logrado poner freno a la violencia, ha puesto en peligro las vidas de algunas de las personas más vulnerables de la sociedad. Según una expresión muy generalizada, la violencia selectiva en zonas socialmente excluidas ha "criminalizado la pobreza".


El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció la urgente necesidad de reforma cuando presentó un Plan Nacional de Seguridad Pública en 2003. El plan incluía directrices que de manera explícita vinculaban los derechos humanos con una actuación policial eficaz. No obstante, se han realizado pocos intentos por aplicarlo, y en abril de este año el presupuesto federal para la seguridad pública se redujo de 412 millones a 170 millones de reales (aproximadamente, de 180 a 75 millones de dólares estadounidenses).

La sumamente prometedora campaña del gobierno en pro del desarme, por desgracia, también se ha paralizado. En diciembre de 2003, el gobierno aprobó el Estatuto de Desarme, un importante paso hacia el control del uso de armas de fuego en Brasil. Pero el referéndum del 23 de octubre a favor de la prohibición total de la venta de armas en el país obtuvo una abultada derrota, perdiendo por amplio margen en los 26 estados, así como en el propio Distrito Federal. Muchos analistas han atribuido el resultado a la sensación de desesperación de la gente sobre la situación de la seguridad pública y la falta de confianza en la capacidad de la policía para protegerlos.


Por otra parte, sin embargo, algunos proyectos de seguridad más inclusiva han hecho progresos. Diadema, una comunidad de 350.000 habitantes en el cinturón industrial de São Paulo, es un ejemplo de un proyecto social integrado, bien planificado, que ha logrado reducir radicalmente los niveles de violencia. La magistratura, la Oficina del Fiscal, así como la guardia municipal y la policía militar, trabajaron estrechamente en los lugares de mayor incidencia delictiva, regulando el horario de apertura de los bares e introduciendo patrullas nocturnas. El ayuntamiento también invirtió en educación, deportes, y programas de ocio y culturales, dirigidos en particular a los jóvenes. En un período de cuatro años, los índices de homicidio han descendido un 47 por ciento.


Amnistía Internacional pide al gobierno brasileño que adopte un Plan de Acción Nacional para la reducción de la violencia criminal. Dicho plan debería incluir la introducción de una actuación policial basada en el respeto de los derechos humanos, un programa para reducir y evitar los homicidios de la policía y un compromiso para controlar el tráfico de armas a través del Tratado de Comercio de Armas: una medida más vital que nunca tras el resultado del referéndum.


Véase: Brasil: "Entran disparando". La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas (AMR 19/025/2005).


Los derechos de los migrantes no se respetan en España y en Marruecos


"No sois más que negros. No hagáis preguntas".

C.M., procedente de Mali, le contó a Amnistía Internacional que esto es lo que le dijo un agente de la ley de Melilla, España.


P.J., un hombre de entre 20 y 30 años, huyó de una pobreza extrema en Camerún y se dirigió a Marruecos con la esperanza de hallar una vida mejor en Europa. Ha hecho tres intentos de entrar en el enclave español de Melilla. En su segunda tentativa la Guardia Civil española le golpeó y le disparó con balas de goma a escasa distancia antes de expulsarlo. En el tercer intento, él y otros migrantes fueron devueltos a Marruecos, y trasladados a una desértica zona fronteriza entre Marruecos y Argelia, cerca de la localidad marroquí de Oujda.


Al menos 12 personas han resultado muertas y decenas heridas en los últimos meses mientras intentaban entrar en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos. Cuando trataban de escalar la muy reforzada valla de alambre de cuchillas que separa los dos países, agentes de la ley tanto españoles como marroquíes se enfrentaron a ellos haciendo uso de una fuerza desproporcionada, entre la cual había armas mortíferas, para impedir que entraran en los enclaves. Muchos de los que resultaron gravemente heridos dentro del territorio español fueron obligados a retroceder a través de las puertas de la valla sin ninguna oportunidad legal de recusar esta decisión ni acceso a asistencia médica.


Cientos de personas procedentes del África subsahariana, entre ellas solicitantes de asilo, han sido detenidas por las fuerzas marroquíes en los últimos meses. Algunas han quedado bajo custodia, otras o bien deportadas a Argelia o llevadas a remotas zonas desiertas a lo largo de la frontera con Argelia y Mauritania y abandonadas con poca o ninguna comida o agua y ningún medio de transporte. Amnistía Internacional habló con un migrante que dijo haber visto morir de agotamiento a un compatriota suyo mientras caminaba a través del desierto de vuelta a Marruecos. Otros declaran que las fuerzas de seguridad marroquíes los golpearon y les robaron.


Durante una visita a la zona en octubre, Amnistía Internacional recogió testimonios de personas que huían de la pobreza y la represión, en su mayor parte de África central y occidental, e intentaban llegar a Europa. Algunas de ellas son solicitantes de asilo con derechos definidos y establecidos en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, que tanto España como Marruecos han ratificado. Amnistía Internacional pide a las autoridades de ambos países para que investiguen de forma independiente las muertes y los casos de lesiones que se han producido en las vallas de Ceuta y Melilla o en sus cercanías, así como otras que pueden haber ocurrido a consecuencia de malos tratos a los migrantes y solicitantes de asilo expulsados a la fuerza de la zona por las fuerzas marroquíes. La carga de la prueba debe recaer sobre las autoridades de ambos países y no sobre las víctimas o sobre las organizaciones no gubernamentales que trabajan en su nombre.


Aunque Amnistía Internacional reconoce que los países tienen derecho a proteger sus fronteras, los derechos de los migrantes deben ser protegidos. Los migrantes tienen derechos humanos claramente establecidos en el derecho internacional, incluida la Convención de Trabajadores Migratorios, que Marruecos ha ratificado, pero España no.


El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, véase página 2.


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Un futuro incierto para Costa de Marfil


Costa de Marfil se enfrenta a su peor crisis política desde la insurrección armada de septiembre de 2002, que condujo a la división del país entre el norte y el sur. La presidencia de Laurent Gbagbo oficialmente concluyó el 30 de octubre, pero al no haber cooperación entre los partidos en conflicto, la elección presidencial prevista para ese día se ha retrasado de manera indefinida.


A comienzos de octubre de 2005, la comunidad internacional y en particular la Unión Africana acordaron que Laurent Gbagbo siguiera siendo presidente pasado el 30 de octubre. Propusieron el nombramiento de un primer ministro que fuese "aceptable para todos", con objeto de avanzar hacia una elección presidencial. No obstante, con la discrepancia de los bandos políticos sobre los poderes efectivos de dicho primer ministro, y la negativa de algunos a reconocer a Laurent Gbagbo como presidente, ninguna resolución política del conflicto parece a la vista.


Con el proceso de desarme, desmovilización y reintegración en punto muerto y las violaciones del alto el fuego, especialmente en la parte occidental del país, muchos temen un rápido deterioro de la situación.


Ha habido preocupantes informes de que el embargo sobre el transporte de armas impuesto por la ONU en noviembre de 2004 ha sido violado tanto por el gobierno como las Forces nouvelles(FN), que controlan el norte del país. La ONU parece tener insuficientes recursos para hacer un seguimiento eficaz del embargo.


La atmósfera del país, que ha sufrido conflictos interétnicos durante más de una década, está siendo inflamada por una retórica xenófoba difundida por algunos políticos y medios de comunicación. A los ciudadanos extranjeros que viven en Costa de Marfil – y en mayor medida a todos los marfileños oriundos del norte y de cultura musulmana – se les acusa de ser responsables de las crisis económicas y políticas, que ha atravesado el país.


Los Jeunes Patriotes(Jóvenes Patriotas), un movimiento vagamente definido que declara su apoyo al presidente Gbagbo, ha empleado una retórica xenófoba y ha instigado ataques repetidos a la libertad de expresión. Desde septiembre de 2002, varios periodistas y profesionales de los medios de comunicación han sufrido agresiones verbales y físicas e intentos de intimidación, así como la destrucción de sus locales en Abiyán y también en Bouaké, el baluarte de las FN.


En vista de esta situación, la comunidad internacional – que ya ha hecho esfuerzos importantes para resolver el conflicto marfileño y ha desplegado unas fuerzas de paz de 10.000 soldados – debe aumentar sus esfuerzos por hacer cumplir y asegurar que se aplican las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, con el objeto de impedir una reanudación del conflicto que de forma inevitable provocaría graves abusos contra los derechos humanos.


Para más información véase: Côte d´Ivoire: Threats hang over the future(AFR 31/013/2005).


Sadam Husein es sometido a juicio


El muy esperado juicio del depuesto presidente iraquí, Sadam Husein, comenzó el

19 de octubre cuando él y otros siete ex funcionarios del Estado y del partido Baás comparecieron ante el Tribunal Supremo Iraquí de lo Penal (el anterior Tribunal Especial Iraquí) en Bagdad. Los ocho están encausados en relación con los homicidios de 148 personas en 1982, en represalia por un intento de asesinar a Sadam Husein en Al Dujail, un pueblo al norte de Bagdad. Los acusados son Taha Yassin Ramadhan, ex vicepresidente de Irak; Barzan Ibrahim al-Tikriti, medio hermano de Sadam Husein y ex jefe del servicio de información (Mukhabarat); el ex presidente del Tribunal Revolucionario, ‘Awad Hamed Bandar al-Sa’doun; y cuatro funcionarios del partido Baás procedentes de Al Dujail. Si son declarados culpables, los ocho podrían ser condenados a muerte.

Wesley Gryk, un abogado de derechos humanos con sede en el Reino Unido, asistió a la apertura del juicio como observador en nombre de Amnistía Internacional. Asimismo asistieron observadores de otras dos organizaciones internacionales. La sesión de apertura duró unas tres horas, durante las cuales Sadam Husein y sus coacusados se declararon inocentes, y fue luego aplazada hasta el 28 de noviembre. El caso está siendo oído ante un tribunal de cinco jueces, de los cuales sólo uno, el juez kurdo iraquí que lo preside, ha sido identificado debido a razones de seguridad.

El juicio comenzó bajo fuertes medidas de seguridad y con una prohibición de acceso al público, aunque fue retransmitido por la televisión local.


Inmediatamente después del inicio del juicio, dos abogados de la defensa fueron asesinados en incidentes distintos, subrayando de modo evidente la necesidad de una estricta seguridad. Sa’doun al-Janabi, abogado del ex presidente del Tribunal Revolucionario, fue secuestrado a las 24 horas de la primera sesión del juicio y hallado al día siguiente con una bala en la cabeza. Otro abogado defensor, Adel Mohammed Abbas, que representaba al ex vicepresidente Taha Yassin Ramadhan, fue abatido a tiros el 8 de noviembre por hombres armados no identificados. Tras este segundo asesinato, el resto de los abogados pidieron que el juicio se trasladase a otro sitio debido a la persistencia de la inseguridad en Irak. Incluso han amenazado con boicotear el proceso el 28 de noviembre.


Quizá todavía se presenten más cargos contra Sadam Husein relacionados con otros graves abusos cometidos en los 24 años que duró su régimen, antes de ser derrocado por las fuerzas encabezadas por Estados Unidos en 2003. Entre ellos la llamada operación Anfal (botín) para suprimir a la minoría kurda del norte de Irak en la cual 100.000 kurdos o más "desaparecieron" o fueron víctimas de homicidio, alrededor de 4.000 aldeas y pueblos kurdos fueron arrasados y la ciudad de Halabja fue atacada con bombas químicas, matando a unas 5.000 personas.


Véase también Irak: Tribunal Especial para Irak. La imparcialidad de los juicios no está garantizada.(MDE 14/007/2005).


Preso de conciencia indonesio hace campaña por otros desde la cárcel


El estudiante activista Ignatius K. Mahendra Wardhana fue excarcelado el 17 de agosto como parte de las celebraciones del Día de la Independencia Indonesia. Tenía sólo 21 años de edad cuando lo condenaron a tres años de prisión en abril de 2003 por "insultar a la presidenta" durante una manifestación pacífica en Yogyakarta contra la subida de los precios de la gasolina. Su juicio, según los informes disponibles, fue desvirtuado por tales intimidaciones que su abogado se vio obligado a dimitir. Cuando lo condenaron, Mahendra no estaba representado por ningún abogado.


Tras su excarcelación, Mahendra describió lo pésimas que eran las condiciones y la comida de la cárcel, pero también que era "un lugar muy solitario". Dijo que las cartas que recibió de miembros de Amnistía Internacional fueron un gran consuelo. "Sabíamos por las cartas que muchas personas nos apoyaban y que no se olvidaban de nosotros," dijo.


Mahendra llenaba gran parte de su tiempo en la cárcel respondiendo a miembros de Amnistía Internacional y leyendo al completo el Manual de Juicios Justos de Amnistía Internacional (POL 30/02/98), que se le hizo llegar de forma clandestina. Activista incontenible, Mahendra piensa que es muy importante mostrar solidaridad con los defensores de los derechos humanos porque están luchando por un mundo mejor para todos. Por tanto, cuando Mahendra figuró en la campaña de tarjetas de felicitación que Amnistía Internacional realizó en el Reino Unido el año pasado, para él no bastaba con recibir cartas, aunque estaba sumamente agradecido por las que le enviaron. Desafiando las dificultades logísticas, solicitó un folleto de campaña, escribió a otros presos que figuraban en ésta e hizo que las cartas salieran de la cárcel de manera clandestina. También envió el folleto a su organización estudiantil, que luego abrió un sitio web para presos de conciencia de todo el mundo.


La pasión de Mahendra de luchar por un mundo mejor se mantiene incólume pese al tiempo que ha pasado en la cárcel. Celebró su excarcelación encabezando en seguida una manifestación contra la detención de activistas pacíficos, arguyendo que "hay mucho trabajo por hacer."


Mahendra ha vuelto a ocupar su puesto como jefe del Ejecutivo regional de la Asociación Nacional de Estudiantes para la Democracia. Piensa que Amnistía Internacional puede cumplir un papel importante en Indonesia. "Hay muchas cosas que todavía es necesario cambiar, especialmente en Indonesia," afirma. "Eso significa que el deber de luchar por los derechos humanos no se ha terminado." "La cuestión," dice, "es cómo usamos nuestro conocimiento… para hacer un mundo mejor para otras personas. Creo que es en eso donde se puede juzgar la nobleza de un hombre."


Mahendra extiende sus sinceros agradecimientos a la solidaridad que le han prodigado los miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo.


Proteger los derechos de los trabajadores migratorios


Este año, Amnistía Internacional señala el Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre, exhortando a que los Estados ratifiquen la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (la Convención de los Trabajadores Migratorios) que recientemente entró en vigor. La Convención es una herramienta fundamental para proteger los derechos de todos los migrantes. Hasta ahora sólo la han ratificado 34 Estados.


Se calcula que 90 millones de personas migrantes viven y trabajan fuera de su país de origen, tras abandonar sus hogares en busca de seguridad y un sustento estable. Desde los obreros agrícolas birmanos en Tailandia a los trabajadores domésticos indios en Kuwait, los trabajadores migratorios de todo el mundo deben hacer frente a la explotación y el abuso.


Muchos trabajadores migratorios carecen de permiso para quedarse legalmente en el país anfitrión y por tanto es probable que acaben realizando trabajos sucios, degradantes o peligrosos. Se exponen a sufrir malos tratos por parte de sus empleadores, y a menudo son obligados a trabajar en condiciones indignas e insalubres, mientras el Estado hace la vista gorda. Si llaman la atención de las autoridades, se arriesgan a ser detenidos de forma arbitraria y expulsados del país que les da empleo sin ninguna oportunidad de apelar.


Así pues, ¿por qué sólo un puñado de países ha ratificado la Convención?


Los que tienen poder de decisión tal vez no estén informados sobre el contenido de la Convención, malinterpreten sus implicaciones o sencillamente sean indiferentes a la cuestión. Proteger los derechos de los trabajadores migratorios, en particular los de aquellos que carecen de permiso para permanecer de forma legal en el país de acogida, es un tema secundario en la agenda política de la mayoría de los Estados. Muchos son reacios a crear un marco legislativo para protegerlos, o a tener que rendir cuentas a la comunidad internacional.


La Convención no crea nuevos derechos para las personas migrantes sino que pretende garantizar una igualdad de trato y de condiciones laborales para los migrantes y los naturales. Proporciona una interpretación más precisa de los derechos humanos de los migrantes, subrayando el principio de que todo migrante, al margen de su condición social, tiene derecho a disfrutar de sus derechos humanos fundamentales.


La ratificación es una importante afirmación del compromiso de un Estado con el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos de todos dentro de su territorio. Los Estados que no lo hacen niegan la universalidad de los derechos humanos, transmitiendo el mensaje de que, para los trabajadores migratorios, los derechos humanos se detienen en la frontera.


¡ACTUEMOS AHORA!

¡Pidamos la ratificación y la aplicación de la Convención de Trabajadores Migratorios ya!

Diríjanse a www. amnesty.org/refugees para participar en nuestra acción web internacional a partir del 16 de diciembre.


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Ex presidente del Chad detenido en Senegal


Hissène Habré, ex presidente del Chad, fue detenido en Dakar el 15 de noviembre de 2005, después de que las autoridades belgas cursaran una orden internacional de detención solicitando su extradición desde Senegal, donde está exiliado. Hissène Habré ha sido acusado por un tribunal belga de crímenes contra la humanidad, entre ellos tortura, cometidos en el Chad durante su presidencia. La justicia senegalesa decidirá ahora si extraditarlo o no.


La administración de Hissène Habré (1982-1990) fue responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones", detenciones arbitrarias y actos de tortura. Muchas de las violaciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Dirección de Documentación y de Seguridad (DDS), una unidad que se utilizaba para aterrorizar a la población chadiana dentro y fuera de sus fronteras. Se cree que muchos de los miles de presos políticos que "desaparecieron" tras su detención han fallecido en el cuartel general de la DDS: muertos por tortura, inanición o ejecución extrajudicial.


Los documentos legales muestran que Hissène Habré, que creó la DDS cuatro meses después de llegar al poder, fue directamente responsable de su funcionamiento. De acuerdo al derecho internacional, a los superiores militares y civiles se les puede considerar penalmente responsables de delitos cometidos por sus subordinados si tenían conocimiento de dichos delitos, o debían haberlo tenido, y no tomaron medidas para evitarlos o reprimirlos o para asegurar que fueran investigados y perseguidos.


Los intentos efectuados en 2001 de procesarle en los tribunales senegaleses fracasaron porque Senegal no había cumplido sus obligaciones según la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para promulgar una ley que autorizase el procesamiento por torturas cometidas en otro país. Las víctimas y sus familias pidieron entonces a Bélgica que investigara en nombre de la comunidad internacional. Ahora que Bélgica ha cursado una orden internacional de detención y solicitud de extradición, la Convención contra la Tortura exige a Senegal la entrega de Hissène Habré.


Escriban, instando al gobierno de Senegal a que cumpla la promesa del presidente Abdoulaye Wade de acceder a la solicitud y extradite a Hissène Habré a Bélgica sin demora.


Envíen sus llamamientos a: Monsieur Abdoulaye Wade, Président de la République, La Présidence, Avenue Roume, BP 168, Dakar, Senegal.

Fax: +221 823 17 02.


Llamada Internacional – Diciembre 2005


Egipto

Especialista detenido por cuestionar opiniones religiosas dominantes


"Exijo su liberación", dice Um Saleh, esposa de Mitwalli Ibrahim Mitwalli Saleh. Hablando con AI en julio de 2005, Um Saleh explicó que su esposo estaba en huelga de hambre desde junio para protestar por su reclusión en la prisión de Wadi El-Natroun, a unos 100 km. al noroeste de El Cairo. "Mitwalli no ha recibido atención médica, pese a que sufre hipertensión –manifestó–. Las autoridades penitenciarias demoraron veinte días en informar a la Fiscalía de su huelga de hambre." La salud de Mitwalli Ibrahim Mitwalli Saleh se deterioró tan rápidamente que tuvieron que transferirlo al hospital de la prisión. Actualmente está recluido en la cárcel de Al-Wadi al-Gadid, en el sur de Egipto.


Mitwalli Ibrahim Mitwalli Saleh, padre de tres hijos, fue detenido el 18 de mayo de 2003 en su domicilio de Giza por agentes del Servicio de Información y Seguridad del Estado tras descubrirse la existencia de un estudio religioso que había escrito y que permanecía inédito. El estudio cuestionaba las opiniones de los eruditos islámicos sobre la apostasía y el matrimonio entre mujeres musulmanas y hombres no musulmanes. Graduado en derecho islámico y lengua árabe, Mitwalli Ibrahim Mitwalli Saleh utilizó las disciplinas de la lingüística y la jurisprudencia islámica (fiqh) para refutar dos opiniones corrientes entre los especialistas musulmanes de la corriente dominante: que es un deber religioso matar a los "apóstatas" que rechazan el islam, y que una mujer musulmana no puede casarse con un hombre que no sea musulmán.


Dos meses después de su aprehensión, lo acusaron formalmente de "desprecio de la religión islámica", tipificado como delito en el Código Penal egipcio y que acarrea una pena de seis meses a cinco años de prisión.


El 29 de octubre de 2003, la Fiscalía decidió retirar los cargos y poner en libertad a Mitwalli Ibrahim Mitwalli Saleh. Sin embargo, el Ministerio del Interior lo sometió a detención administrativa. Desde entonces, el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado ha fallado varias veces en su favor, ordenando su liberación, pero ninguna de sus decisiones se ha ejecutado.


Escribanpidiendo la libertad inmediata y sin condiciones de Mitwalli Ibrahim Mitwalli Saleh, detenido únicamente debido a sus creencias religiosas.


Envíen sus llamamientosal ministro del Interior:

General Habib Ibrahim El Adly

Minister of the Interior

Ministry of the Interior

Al-Sheikh Rihan Street

Bab al-Louk, Cairo

Egipto


Fax: +20 2 579 2031.

Correo-e: moi@idsc.gov.eg/ moi2@idsc.gov.eg/ moi1@idsc.gov.eg



Guinea Ecuatorial

"Desaparición" tras juicio injusto


Según los informes disponibles, el ex comandante de marina Juan Ondó Abaga, el ex teniente coronel Florencio Elá Bibang [el original no pone "ex", pero según las AU y otros doc anteriores de AI y la web los dos son ex] y el soldado Felipe Esono Ntumu, alias "Pancho", han "desaparecido" bajo custodia.


Los tres hombres, juzgados por un tribunal militar de Bata, Guinea Ecuatorial, en septiembre, fueron condenados in absentiaa sendas penas de 30 años de prisión. Formaban parte de un grupo de unas 70 personas sometidas a un juicio colectivo carente de garantías por un intento golpista presuntamente realizado en octubre de 2004. Al anunciar las sentencias, la radio estatal ecuatoguineana dijo que los tres hombres, así como otros también procesados in absentia, estaban fuera del país.


No obstante, parece que Juan Ondó Abaga fue secuestrado en Benín en febrero de 2005 por personal de seguridad de Guinea Ecuatorial. Asimismo, según los informes, en julio de 2005 Florencio Elá Bibang, Felipe Esono Ntumu ("Pancho") y otro hombre, Antimo Edú, fueron secuestrados en una prisión de Abuja, Nigeria, con la aparente connivencia de las autoridades penitenciarias. Los tres habían sido detenidos a finales de abril en Lagos, Nigeria. La membresía de AI escribió a las autoridades nigerianas exhortándolas a que protegieran a estos hombres y no los devolvieran a Guinea Ecuatorial.


Se cree que, tras su secuestro, los cuatro hombres fueron llevados a la prisión de Black Beach en la capital ecuatoguineana, Malabo, y que allí los recluyeron en régimen de incomunicación y los han sometido a brutales torturas. Se sabe que Florencio Elá Bibang está gravemente enfermo de hepatitis C, y es posible que no esté recibiendo el tratamiento médico que necesita.


Escribana las autoridades instándolas a hacer público de inmediato el lugar de detención del ex comandante de marina Juan Ondó Abaga, el ex teniente coronel Florencio Elá Bibang, Felipe Esono Ntumu ("Pancho") y Antimo Edú. Pidan que todas las denuncias sobre tortura y malos tratos en sus casos sean sometidas a una investigación independiente.


Envíen sus llamamientosal presidente:

Presidente General Teodoro Obiang Nguema Mbasogo

Presidente de la República

Gabinete del Presidente de la República

Malabo

Guinea Ecuatorial


Fax: + 240 09 3313/3334



Vietnam

Encarcelan a ciberdisidente


El Dr. Pham Hong Son, médico y hombre de negocios, fue detenido en marzo de 2002 por escribir artículos sobre democracia y derechos humanos y publicarlos en Internet. Quince meses después lo acusaron de espionaje en relación con un juicio a puerta cerrada que duró apenas medio día. Le impusieron una pena de 13 años de prisión seguida de 3 años de arresto domiciliario; en agosto, la pena fue reducida a 5 años de prisión en apelación.


Entre las acciones que le valieron la detención estaban traducir un artículo titulado "¿Qué es la democracia?", publicado en el sitio web de la embajada estadounidense en Vietnam, y escribir un artículo titulado "Perspectivas prometedoras para la democracia en Vietnam", que había enviado a sus amistades y a altas autoridades del partido.


El acta de acusación contra el Dr. Pham Hong Son afirma que mantuvo contactos por correo electrónico con varios disidentes en Vietnam y en el seno de la comunidad vietnamita en el exilio y que distribuyó información destinada a "acusar falsamente al Estado de violar los derechos humanos".


Desde su reclusión, el Dr. Pham Hong Son ha sufrido graves problemas de salud para los que no ha recibido atención médica adecuada. Actualmente está internado en el remoto campo penitenciario de Yen Dinh, en la provincia de Thanh Hoa, lo que dificulta las visitas de sus familiares.

Escribanpidiendo la libertad inmediata y sin condiciones del Dr. Pham Hong Son, por tratarse de un preso de conciencia; y exhortando a que, mientras no le devuelvan la libertad, lo mantengan recluido en condiciones que se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos y le den acceso a cuidados médicos adecuados.


Envíen sus llamamientosal primer ministro:

Prime Minister Phan Van Khai

Office of the Prime Minister

Hoang Hoa Tham

Ha Noi

Vietnam


Fax: +844 823 4137

Correo-e: bc.mfa@mfa.gov.vn



Actualizaciones


Preso mongol muy debilitado

Hada, encarcelado en 1995 en China por su labor pacífica de promoción de los derechos humanos y la cultura mongola, sigue estando muy débil y su familia teme que no viva hasta cumplir la totalidad de su pena, que concluye en el año 2010. Las lesiones que sufrió como consecuencia de la tortura y los malos tratos que le infligieron no se han curado debidamente.


No le permiten hablar con otros reclusos ni hacer ejercicio al aire libre. Han limitado las visitas de sus familiares y no le dejan recibir las llamadas telefónicas de éstos. Según los informes recibidos, su familia tuvo que cerrar la librería que tenía debido al continuo hostigamiento de la policía. No obstante, de acuerdo con los informes, ahora se permite que Hada lea y, en ocasiones, escriba un diario. Antes, al parecer, no le permitían leer ni escribir. Continúen enviando llamamientos. Véase la Llamada Internacionalde noviembre de 1997.


Liberan a disidente chino

Wang Wanxing quedó en libertad el 16 de agosto cuando llevaba 13 años internado contra su voluntad en un centro psiquiátrico. En junio de 1992 lo habían recluido en el tristemente célebre hospital psiquiátrico de Ankang por enarbolar una pancarta en la plaza de Tiananmen en la que se conmemoraba el aniversario de las protestas en pro de la democracia de junio de 1989.


En Ankang lo obligaban a tomar clorpromazina, medicamento antipsicótico, tres veces al día. Durante los últimos cinco años de su confinamiento estuvo alojado en un pabellón junto con entre 50 y 70 internos violentos que sufrían trastornos psicóticos. No obstante, su condición de preso político lo salvó de recibir un trato peor.


El expediente médico de Wang Wanxing sigue diciendo que sufre problemas psiquiátricos "peligrosos" relacionados con su activismo político, entre ellos "manía de litigar" y "una voluntad patológica manifiestamente exaltada". A petición suya, lo están sometiendo a una evaluación médico-psiquiátrica independiente. Los resultados de este examen pondrán a prueba la afirmación de que sufría "trastornos psiquiátricos peligrosos", que le valió la pérdida de su libertad durante más de un decenio.


Véase la Llamada Internacionalde febrero de 2001.

La CPI libra sus primeras órdenes de detención

La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado orden de detención contra cinco líderes principales del Ejército de Resistencia del Señor acusados de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Uganda. Se trata de las primeras órdenes de captura que libra la CPI y con ello se ha dado un paso importante hacia el establecimiento de principios globales de justicia. AI está haciendo un llamamiento a todos los Estados para que cooperen en la detención y entrega a la Corte de estos cinco hombres.


El 28 de octubre se marcó otro hito histórico en materia de justicia internacional cuando México se convirtió en el 100º Estado en ratificar el Estatuto de Roma, documento constituyente de la CPI.


Día Mundial contra la Pena de Muerte

El 10 de octubre, unas 40 Secciones y Estructuras de AI participaron en la celebración del tercer Día Mundial contra la Pena de Muerte. El mensaje de este año fue "África en ruta hacia la abolición", porque los últimos acontecimientos muestran que hay una oportunidad auténtica de avanzar hacia la abolición en la región: Senegal y Liberia acaban de abolir la pena capital.


[pìe de foto:] La membresía de AI en Jalpaiguri, Bengala Occidental, India, celebra una vigilia a la luz de las velas.


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Es cruel. Es inhumano. Degrada a todas las personas.

No más tortura y malos tratos en la "guerra contra el terror"


Los derechos humanos están amenazados. La prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes está siendo socavada. Los gobiernos no sólo hacen uso de la tortura y los malos tratos, sino que declaran que el uso es justificable y necesario en la "guerra contra el terror".


Nos encontramos ante una crisis en la lucha por la eliminación de la tortura y otras formas de malos tratos. Por este motivo, AI va a redoblar sus esfuerzos para combatir este tipo de tratos.


Ya se está escuchando la voz de los activistas. El 2 de septiembre quedaron en libertad dos ex detenidos rusos de Guantánamo que "desparecieron" después de ser detenidos en Moscú. Ambos expresaron su agradecimiento a AI y afirmaron estar convencidos de que su liberación se debió a la atención que los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos prestaron a su caso.


Entre los días 19 y 21 de noviembre, AI y Reprieve, una organización benéfica del Reino Unido, celebraron una conferencia sobre la lucha global contra la tortura. Fue la congregación más numerosa de ex detenidos de la "guerra contra el terrorismo", sus familiares y abogados, así como expertos y activistas de derechos humanos. Todos ellos se reunieron con la finalidad de compartir experiencias y conocimientos, formar alianzas para actuar y llamar la atención de los medios sobre el precio humano que se está pagando por la "seguridad".


No se protegerá mejor la seguridad sometiendo a los detenidos a torturas y malos tratos, sino respetando los derechos humanos de todas las personas. Todos los gobiernos deben denunciar públicamente estos abusos de la forma más contundente posible y no permitir nunca que se produzcan ni dentro ni fuera de sus fronteras.


La tortura no detiene el "terror". La tortura es "terror".


Si desean más información y saber cómo pueden unirse a la campaña de AI, visiten la página http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-esl


Ataque a los derechos humanos en la "guerra contra el terror"


"La claudicación en materia de derechos humanos no puede contribuir a la lucha contra el terrorismo." Kofi Annan, secretario general de la ONU, marzo de 2005


Las autoridades británicas han organizado un ataque sostenido contra los derechos humanos, el Estado de derecho y la independencia del poder judicial en nombre de la lucha contra el terrorismo.


Se han apresurado a tomar medias antiterroristas que socavan un gran abanico de garantías de derechos humanos y que han dado lugar a abusos. En virtud de estas leyes, hombres catalogados como "sospechosos de terrorismo" permanecen detenidos durante años en duras condiciones por acusaciones secretas que ni a ellos ni a sus abogados se les permite conocer y, por tanto, no pueden refutar.


Cuando el tribunal de más alta instancia del país dictaminó la ilegitimidad de la detención, el gobierno encontró nuevas formas para restringir la libertad de esas personas, primero imponiendo "órdenes de control" para reducir su libertad de circulación y limitar sus actividades y, posteriormente, encarcelándolos en virtud de la ley de inmigración, a la espera de ser expulsados con el argumento de que suponían una "amenaza para la seguridad nacional".


Esas personas no han sido nunca declaradas culpables en el Reino Unido de ningún delito relacionado con el "terrorismo". Muchas de ellas, y sus familiares, han sufrido un grave deterioro de su salud mental y física.


Justificación de la tortura

El gobierno del Reino Unido ha utilizado la "guerra contra el terror" como excusa para socavar la prohibición absoluta de la tortura.


En agosto de 2004, el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales aceptó los argumentos del gobierno y dictaminó que los "testimonios" extraídos mediante tortura en el extranjero no sólo serían admisibles en las actuaciones judiciales seguidas en el Reino Unido, sino que, además, podrían considerarse como pruebas fiables. La única condición era que los funcionarios británicos no hubieran sido cómplices de los actos de tortura ni hubieran tomado parte en ellos. Se apeló contra la sentencia, que otorga a los torturadores extranjeros el sello de aprobación del Reino Unido, y está pendiente la decisión de los jueces lores. Amnistía Internacional lidera una coalición de 14 organizaciones que ha presentado un informe conjunto a los jueces lores en el que se destaca cómo el uso de testimonios extraídos mediante tortura en las actuaciones judiciales viola el derecho internacional de los derechos humanos.


Ha habido denuncias bien fundamentadas de que soldados británicos han cometido crímenes de guerra y otras violaciones serias de derechos humanos en Irak, como, por ejemplo, homicidios ilegítimos y torturas. El gobierno británico ha intentado eludir su obligación de investigar esas denuncias como corresponde, afirmando que el derecho de los derechos humanos no es de aplicación a las tropas destinadas en Irak.


Al parecer, funcionarios británicos han participado o han sido cómplices en interrogatorios en los que se infligía tortura u otras formas de malos tratos a sospechosos del Reino Unido bajo custodia de otros países, como, por ejemplo, Estados Unidos, Pakistán y Marruecos. El Reino Unido también ha sido acusado de participar en el traslado ilegal y a menudo secreto de sospechosos de terrorismo a países en los que la tortura está extendida (véase "entregas" infra).


El gobierno intenta eludir el derecho de los derechos humanos que prohíbe la expulsión de personas que considera una "amenaza para la seguridad nacional" a países con antecedentes de tortura u otras formas de malos tratos. Para ello, recurre a acuerdos diplomáticos con esos países según los cuales los expulsados no podrán ser torturados. Estos acuerdos no pueden ofrecer una verdadera protección, ni descargar al Reino Unido de sus obligaciones.


Nuevas leyes suponen una amenaza para los derechos humanos


Desde los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres se ha propuesto un nuevo proyecto de Ley Antiterrorista, el cual contiene disposiciones amplias que socavan los derechos a la libertad de expresión y asociación, así como el derecho a un juicio justo y a la libertad. Amnistía Internacional se opone a la intención del gobierno de ampliar el ya largo periodo de 14 días de detención bajo custodia policial sin cargos antes de pasar a disposición judicial, ya sea a 90 ó 28 días.


Las nuevas medidas introducidas o propuestas por las autoridades británicas desde septiembre de 2001 incluyen el castigo (ya se trate de privación de libertad o de expulsión) a personas que las autoridades estiman que suponen una amenaza, aunque afirmen que no existen pruebas suficientes contra ellas para hacerlas comparecer ante un tribunal. Tales prácticas no son ni imparciales ni justas ni legítimas.


El mensaje de AI es sencillo. El respeto de los derechos humanos es el camino hacia la seguridad, no un obstáculo. El gobierno británico debe responder a los ataques contra los derechos humanos defendiendo los derechos humanos.

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"Jamás pensé que el gobierno británico permitiría que me hicieran cortes con una cuchilla de afeitar durante un año entero. Jamás pensé que dejaría que me transportaran a la Prisión Oscura de Kabul para que me sometieran a nuevos abusos antes de ser trasladado a Guantánamo."


Benyam Mohammed al-Habashi, solicitante de asilo etíope que había recibido permiso para permanecer en el Reino Unido, se encuentra detenido en la Bahía de Guantánamo, Cuba. Tras ser aprehendido en Pakistán, fue trasladado por la fuerza de Pakistán a Marruecos, después a Afganistán y, posteriormente, a Guantánamo. En todos esos países fue sometido a torturas o malos tratos.


Red de detención global de Estados Unidos


Desde que se declaró la "guerra contra el terror", Estados Unidos y sus aliados han detenido a miles de hombres, mujeres y niños durante operaciones militares y de seguridad en Irak y Afganistán. Al menos 13.000 personas se encuentran actualmente recluidas en centros de detención militar estadounidenses en Afganistán, la bahía de Guantánamo (Cuba) e Irak, algunos de los cuales han sido trasladados a esos centros desde lugares tan lejanos como Albania, Malasia o Zambia.


Sin embargo, aunque la prisión de Abu Ghraib en Irak, la base aérea de Bagram en Afganistán y Guantánamo se han hecho tristemente famosas en todo el mundo por los abusos psíquicos y físicos que allí se infligen a los detenidos, estos lugares no son sino una parte de una red global de centros de detención, incluidas prisiones secretas, que Estados Unidos utiliza en su "guerra contra el terror".


Estados Unidos ha secuestrado a sospechosos en suelo extranjero o ha asumido la custodia de detenidos procedentes de otros países, en operaciones de traslado que obvian todo procedimiento legal o protección de los derechos humanos. Algunas de las víctimas han aparecido posteriormente en Guantánamo; otras simplemente han "desaparecido", lo que suscitan más inquietud.


Según informes recibidos de numerosas fuentes, Estados Unidos tiene recluidos entre veinte y treinta detenidos de "gran valor"en centros secretos dirigidos por la CIA ubicados fuera de sus fronteras. Estados Unidos admite que estos hombres están bajo su custodia, pero no accede a revelar el paradero. No obstante, los casos de Muhammad al-Assad y otros dos ciudadanos de Yemen, Salah Nasser Salim ‘Ali y Faraj Ahmed Bashmilah (véase the Wire, agosto de 2005), sugieren la existencia de una red extensa y bien organizada de centros de interrogatorio clandestinos que no están reservados exclusivamente para detenidos de gran valor.


Los tres hombres permanecieron detenidos en régimen de incomunicación durante muchos meses en un mínimo de cuatro centros secretos distintos, situados probablemente en países diferentes, a juzgar por la duración de los vuelos en los que se los trasladaba. De sus descripciones del último centro se deduce que no era un campamento militar improvisado, sino un centro diseñado expresamente. El régimen de detención fue diseñado claramente para provocar en los detenidos un grado máximo de desorientación, dependencia y estrés. Las descripciones de los hombres concuerdan con un reportaje del Washington Postsobre el sistema de cárceles secretas dirigidas por la CIA, en el que se hace referencia a los centros de detención secretos ubicados en ocho países como "lugares negros".


Además, Estados Unidos ha entregado detenidos a países en los que se sabe que se practica la tortura de forma sistemática. Se estima que la CIA ha enviado a cientos de hombres a Egipto, Jordania, Marruecos, Pakistán, Arabia Saudí y Siria. Esta práctica que el gobierno estadounidense denomina "entrega extraordinaria", es conocida por otros como "externalización de la tortura".

El patrón de detenciones arbitrarias, aprehensiones ilegales, traslados secretos, detenciones en régimen de incomunicación y entregas extraordinarias viola los derechos más fundamentales de los detenidos, es decir, el derecho a no ser arrestado arbitrariamente; el derecho a tener acceso a un abogado, a la familia, a un médico; el derecho a comunicar a los familiares la detención o el lugar en el que se encuentran recluidos; el derecho a comparecer sin demora ante un juez u otra autoridad judicial; el derecho a impugnar la legalidad de la detención y el derecho a no sufrir torturas ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.


Con el aumento de la presión para que Estados Unidos reforme Abu Ghraib, devuelva los centros de detención de Afganistán al gobierno afgano y cierre Guantánamo, se presenta un riesgo real de que el gobierno estadounidense recurra cada vez más a medidas secretas para continuar con la "guerra contra el terror", medidas que sólo pueden originar nuevas violaciones de derechos humanos.


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"No podía soportarlo más... Aunque fuera un animal, no habría podido con ello."

Salah Nasser Salim ‘Ali, refiriéndose a su detención en un centro secreto por parte de las autoridades estadounidenses.


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Muhammad al-Assad, yemení residente en Tanzania, fue detenido en su casa en Dar es Salam, el día 26 de diciembre de 2003. Fue encapuchado, esposado y trasladado en avión a un destino desconocido. Así comenzó una odisea de 16 meses de encarcelamiento e interrogatorio durante los que no tuvo contacto con el exterior ni supo dónde se encontraba. En dos ocasiones más, lo volvieron a encapuchar, esposar y enviar a otro nuevo destino, simplemente para meterlo en una nueva celda e interrogarlo de nuevo. Los interrogadores eran de habla inglesa.


Permaneció detenido durante un año en un centro secreto en el que fue sometido a un grado extremo de privación sensorial. Los guardias que lo custodiaban llevaban la cara tapada y nunca dijeron una palabra, le comunicaban las instrucciones utilizando gestos. Había ruido blanco en forma de un zumbido constante de baja intensidad. Una luz artificial permanecía encendida las 24 horas del día.


Unos funcionarios tanzanos comunicaron al padre de Muhammad al-Assad que su hijo había sido puesto de nuevo bajo custodia estadounidense y que nadie conocía su paradero. La familia no tuvo noticias suyas hasta que fue devuelto en avión a Yemen en mayo de 2005, donde continúa bajo custodia sin cargos ni juicio.


Al menos, la familia sabe que está vivo y puede visitarlo en la prisión.********



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