Document - Amnesty International News, February 1993. Vol.23, No.11.

Amnistía Internacional - Boletín Febrero de 1993

Noticias


@COUNTRY = BRASIL

@BRASIL = «Nosotros somos la tierra»

@BIGFIRST2L = LOS miembros de las comunidades indígenas del Brasil son blanco habitual de secuestros, torturas y asesinatos cometidos con casi total impunidad por personas que codician sus tierras o los recursos naturales que éstas contienen. Al aumentar la demanda de minerales, madera y tierras, las comunidades indígenas se han vuelto más susceptibles de caer víctimas de los ataques armados de agentes privados, entre ellos pistoleros contratados por demandantes de tierras, <%2>comerciantes madereros o intereses mineros.<%0>

En enero, AI publicó Nosotros somos la tierra: La lucha de los pueblos indígenas de Brasil, un informe en el que pide se ponga fin a la impunidad que ha caracterizado a estos abusos. Se trata del primer informe publicado por AI para celebrar el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. En 1992, en el marco de su campaña contra las violaciones de derechos humanos en la región, AI publicó Los pueblos indígenas de América siguen sufriendo.

Nosotros somos la tierra, basado en seis meses de intenso trabajo sobre el terreno, recopila cientos de casos de asesinatos y malos tratos contra miembros de las comunidades indígenas de todas partes del Brasil --desde los macuxíes en las llanuras de Roraima, los ticunas en las riberas del Solimões y los pataxó-hã-hã-hães en Bahía hasta los guaraníes en Mato Grosso do Sul. Dichos grupos no poseen antecedentes históricos comunes: algunos se han mantenido en contacto con sectores no indígenas de la sociedad desde 1500, y otros permanecen aislados en las profundidades de la Amazonia. Pero todos hacen frente a la amenaza que representan para su seguridad y sus fuentes de sustento aquellos que codician sus tierras o sus recursos naturales.<%-2> La propia policía ha realizado redadas ilegales en las zonas indígenas, maltratando a hombres, mujeres y niños por igual.<%0>

El 1 de diciembre de 1992, Domingo Paulino, de la comunidad gavião pukbye, conocido por su oposición a la concesión de permisos de explotación forestal, fue asesinado a tiros en Maranhão; había sido amenazado de muerte por los leñadores que atravesaban sus tierras para llegar a otras zonas indígenas. En Mato Grosso y Rondonia, la falta de acción por parte de la policía para poner coto a las incursiones violentas de los madereros contra la <%-2>comunidad nambicuara ha expuesto a las amenazas y la agresión de los comerciantes madereros a los propios funcionarios <%0>del la Fundação Nacional do Indio, organismo oficial, por defender a los nambicuaras. Otros casos, como por ejemplo la matanza de 14 ticunas en 1988, han quedado estancados ante los tribunales, poniendo en duda la voluntad de las autoridades de defender los derechos de los pueblos indígenas.

Las autoridades no han hecho nada para prevenir los abusos ni para mitigar las tensiones existentes entre los sectores indígenas y no indígenas de la población. Tampoco han resuelto los conflictos de tierras con prontitud e imparcialidad, ni han logrado hacer responder ante la justicia a los responsables de los abusos. De las amplias garantías instituidas por <%-2>la Constitución brasileña para proteger a las poblaciones indígenas se ha hecho en gran parte caso omiso, y la impunidad de que han gozado constantemente los agresores ha contribuido a que escalara la violencia, poniendo en grave peligro a comunidades enteras.<%0> <P7M><$B0><P255D>

@COUNTRY = CAMERÚN

@CAMERUN = Detenciones masivas

@FIRSTPAR = CENTENARES de personas resultaron detenidas en octubre, tras las protestas contra la reelección del presidente Paul Biya, en el poder desde 1983. Muchos detenidos fueron golpeados y torturados sistemáticamente.

La mayoría de las detenciones tuvieron lugar en Bamenda, capital de la Provincia del Noroeste, bajo estado de excepción desde el 27 de octubre hasta finales de 1992. Casi todos los detenidos eran simpatizantes de John Fru Ndi, del Frente Democrático y Social, principal rival electoral del presidente Biya. John Fru Ndi y unos 150 simpatizantes fueron sometidos a arresto domiciliario en Bamenda; otros quedaron bajo custodia de la policía de seguridad. (El estado de excepción autoriza la detención hasta por cuatro meses sin cargos ni juicio y sin derecho de apelación.) La mayoría fueron puestos en libertad incondicional o bajo fianza a finales de año, después de que el Tribunal de Seguridad del Estado revisara sus casos.

En noviembre murió uno de los detenidos, Ghandi Che Ngwa, como resultado de las torturas de que fue objeto durante los cuatro días que pasó a disposición de la policía de seguridad de Bamenda: al ingresar al hospital, su cuerpo presentaba tumefacciones y contusiones y le faltaban algunas uñas de los pies. Nyo Wakai, ex presidente del Tribunal Supremo, recibió una paliza durante su detención. También detuvieron a un líder de la oposición que visitaba a detenidos políticos en Nkongsamba, Provincia Central, y que había instado a las autoridades a que hospitalizaran a los reclusos maltratados. Ambos permanecieron detenidos sin cargos hasta diciembre.

En noviembre, la Comisión <%-2>Nacional sobre Libertades y Derechos Humanos, nombrada por el gobierno, visitó a algunos detenidos en Bamenda y encontró pruebas de palizas y torturas sistemáticas, pero las autoridades no anunciaron medida alguna para poner fin a estas prácticas ile<%0>gales. <P7M><$B0><P255D>

@LIBIA = Libia: vuelve la horca

@FIRSTPAR = EL 10 de noviembre de 1992, seis <%2>hombres fueron a la horca en Libia --las primeras ejecuciones anunciadas oficialmente en el país en más de cinco años. Esta foto pertenece a las secuencias transmitidas por la televisión libia el día siguiente a la ejecución. AI teme que preludien el retorno de la pena de muerte en Libia. La organización manifestó su inquietud al coronel Mu'ammar al-Gaddafi e hizo un llamamiento en pro de la abolición de la pena capital. <P7M><$B0><P255D%0>

@COUNTRY = TURQUÍA

@HEAD 18 = La muerte de Resul Sakar

@FIRSTPAR = EL 2 de noviembre de 1992, poco después de la medianoche, unos 20 agentes de las fuerzas de seguridad, vestidos de civil, irrumpieron en el patio de la casa de Resul Sakar en Cizre y amenazaron con echar la puerta abajo de negarse a abrirla los ocupantes. Resul Sakar, que estaba en cama, enfermo, pidió a su esposa e hijo que dejaran entrar a la policía. Tres agentes penetraron en la habitación e insultaron repetidamente a los<%-2> familiares, amenazándolos con dispararles y con dar una paliza al hijo de 18 años. Dijeron que se llevaban a Resul Sakar para interrogarlo, y lo arrastraron fuera de la casa sin dejar que se vistiera.<%0>

Posteriormente, los vecinos declararon que la policía había estado averiguando el camino a la casa de Resul, y había roto las luces de la calle para oscurecerla. A eso de las 3 de la mañana se oyeron disparos. El cuerpo de Resul Sakar, acribillado a balazos, fue encontrado aproximadamente a las 7 de la mañana. El informe de la autopsia indicó que le habían disparado por la espalda.

Resul Sakar era miembro del Partido de los Trabajadores (Içi Partisi) y había sido presidente de la rama local del Partido Socialista, proscrito en julio de 1992. Ambos partidos apoyan, de forma pacífica pero abierta, la emancipación política de los kurdos.

La ciudad de Cizre está situada <%-2>en el sur del país, en el punto donde convergen las fronteras de Iraq, Siria y Turquía. Está sometida a una vigilancia sumamente rigurosa y, durante el último año, se han cometido en ella numerosos asesinatos políticos. Éstos se han convertido en moneda corriente en el sudeste de Turquía. Entre las víctimas se han contado dirigentes políticos locales, activistas de derechos humanos, periodistas y vecinos sospechosos de tener vínculos con los guerrilleros del <%-4>Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Las autoridades turcas no han respondido a las repetidas exhortaciones de AI para que se creen comisiones de investigación que se ocupen de estas muertes.<%0>

También en 1992 hubo más de 100 asesinatos aparentemente <%-3>deliberados y arbitrarios de prisioneros y otras personas no combatientes a manos de grupos armados de la oposición, el PKK inclusive.<%0>

AI ha exhortado a las autoridades turcas a que realicen una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de la muerte de Resul Sakar. <P7M><$B0><P255D>

@COUNTRY = SRI LANKA

@SRI = Hacen falta garantías

@FIRSTPAR = LOS delegados de AI que visitaron Sri Lanka en octubre de 1992 observaron que las autoridades, a pesar de mostrarse mejor dispuestas hacia la realización de indagaciones por parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos, no habían puesto en práctica muchas de las garantías para los derechos humanos recomendadas por AI y aceptadas por el gobierno a finales de 1991. Se han creado mecanismos encargados de vigilar e investigar ciertos tipos de abuso, pero todavía no funcionan las principales salvaguardias destinadas a proteger de la tortura o de la desaparición forzada a las personas que se hallan bajo custodia. Lo que es más, no se estaban cumpliendo en la práctica las nuevas órdenes militares que reformaban los procedimientos para la detención y el encarcelamiento. No se disponía de un registro central y completo de detenidos, ni se había publicado la lista oficial de los lugares de detención.

En 1992 se registró un número bastante más reducido de "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales que en años anteriores. No obstante, continuaron los abusos, especialmente en la zona este del país, donde se denunciaron decenas de "desapariciones". Militares de alto rango han reconocido que el ejército puede mantener a ciertas personas en detención secreta varios días y hasta varias semanas, sin hacérselo saber al Comité Internacional de la Cruz Roja. Los reclusos siguen siendo víctimas de torturas y malos tratos, tanto bajo custodia militar como policial. A esto se suma que varios millares de personas permanecen detenidas sin juicio por vía administrativa en relación con el conflicto armado.

Desde mediados de 1991, el gobierno se ha mostrado más dispuesto a reconocer que el ejército y la guardia nacional han cometido ejecuciones extrajudiciales en la zona este, y ha ordenado i<%2>nvestigar estos incidentes. Sin embargo, el seguimiento que se da a estas investigaciones sigue siendo lento, y varios casos anteriores contra miembros de las fuerzas de seguridad siguen aún sin resolverse.<%0>

En la zona nordeste, el grupo armado secesionista Tigres de Liberación de Eelam Tamil (TLET) continúa perpetrando graves abusos. En octubre, por ejemplo, los TLET atacaron y asesinaron a más de 190 civiles musulmanes en el distrito de Polonnaruwa. <P7M><$B0><P255D>

@COUNTRY = NEPAL

@NEPAL = Torturan a opositores

@FIRSTPAR = OCHO miembros y simpatizantes del partido comunista, que integra la oposición parlamentaria, fueron torturados por la policía de Sindhuli mientras se encontraban detenidos e incomunicados.

<%-2>Según informes, la policía los detuvo en noviembre para interrogarlos acerca de dos homicidios, al no localizar al principal sospechoso, también simpatizante de la oposición. La mayoría de los detenidos fueron llevados por la fuerza a la comisaría de policía por miembros del Partido del Congreso Nepalí, quienes los atacaron en el camino.<%0>

Mientras estaban detenidos, seis de los ocho fueron sometidos a palizas brutales por la policía, para que firmaran declaraciones incriminatorias de sí mismos o de otras personas. Varios requirieron asistencia médica. <%-2>Posteriormente, los ocho fueron acusados formalmente de homicidio: dos quedaron en libertad bajo fianza, y seis fueron transferidos a la cárcel.<%0>

<%-2>Son varios los casos en que se ha torturado o incomunicado a miembros de partidos de la oposición.<%0> En enero de 1992, 10 miembros del partido comunista fueron detenidos y torturados en Baglung. Las autoridades no han investigado ninguno de estos incidentes. AI ha exhortado al gobierno a que inicie investigaciones independientes de todas las denuncias de tortura y a que lleve ante la justicia a los responsables. <P7M><$B0><P255D>

@COUNTRY = JORDANIA

@JORDAN = Decreto real de amnistía

@FIRSTPAR = EN noviembre, unos 150 presos políticos, entre ellos personas que habían sido juzgadas sin garantías, se beneficiaron de una amnistía general decretada por el rey Hussein bin Talal que dejó en libertad a más de 1.480 presos.

Entre los excarcelados figuraron los parlamentarios Leith Shubeilat y Ya'qub Qarrash, y dos comerciantes --Ahmad al-Ayubi y 'Abd al-Hamid Idkedek-- condenados a penas de hasta 20 años de cárcel dos días antes del decreto de amnistía. Los encausados no gozaron del derecho de apelación.

También fueron excarcelados Muhammad Abu Maidan y Tareq Qubi'ah, presos de conciencia y miembros del islámico Partido de Liberación de Jordania, detenidos en 1991. Cumplían condenas de 18 meses de cárcel por pertenecer a una organización ilegal. <P7M><$B0><P255D>

@COUNTRY = BELICE

@BELICE = Cuatro condenados a muerte

@FIRSTPAR = ESTÁ pendiente en Belice la ejecución de cuatro hombres declarados culpables de asesinato, delito para el que está prescrita la pena de muerte.

Dean Edwardo Vasquez fue declarado culpable en 1990 del homicidio de la mujer con la que cohabitaba, y el Tribunal Supremo lo condenó a muerte en junio de 1991. Su solicitud de apelación al Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina (CJCP) en el Reino Unido, última instancia de apelación de Belice, le fue denegada, y se fijó la fecha de su ejecución para el 30 de octubre de 1992. En el último momento el CJCP lo autorizó a interponer un recurso de apelación, lo que i<%-2>nvalidó la orden de ejecución. Durante la misma sesión, el CJCP también autorizó el recurso de apelación de Catalino O'Niel, condenado a la horca por asesinato.<%0>

Las apelaciones fueron autorizadas después de que los abogados que representan en Londres a los dos hombres adujeran que la definición del concepto de "extrema provocación" en el Código Penal de Belice es demasiado vaga y contradictoria. También se puso en tela de juicio la validez de las instrucciones que recibió el jurado, <%-2>pues no aclaraban las definiciones contradictorias que da la legislación de este concepto.

En septiembre de 1992, el Tribunal de Apelaciones de Belice desestimó la apelación de Ellis Taibo, condenado a muerte en agosto por violación y asesinato. Ellis Taibo ha solicitado la conmutación de su pena.

La vista de la apelación de Francisco Conorquie, condenado a muerte en mayo de 1992 por asesinato, está fijada para principios de 1993. <P7M><$B0><P255D>

@COUNTRY = ANGOLA

@ANGOLA = Homicidios deliberados y arbitrarios

@FIRSTPAR = LAS elecciones nacionales de septiembre de 1992 fueron seguidas de una ola de violencia política entre las fuerzas del gobierno y de la oposición, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). Centenares de personas perdieron la vida en la capital, Luanda, en enfrentamientos armados entre la policía y las fuerzas de la UNITA a finales de octubre.

<%-2>La policía y los grupos de civiles armados por el gobierno llevaron a cabo redadas domiciliarias y ejecutaron a centenares de miembros o simpatizantes de la UNITA, y detuvieron a cientos más, entre ellos presos de conciencia.<%0>

La tensión se agudizó cuando la UNITA acusó al partido gobernante, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), de haber triunfado en los comicios gracias a maniobras fraudulentas, lo que los observadores internacionales descartaron. La UNITA volvió a concentrar sus tropas --que deberían haber <%-2>depuesto las armas en observancia de los acuerdos de paz de mayo de 1991-- y se hizo con el control de más de la mitad del país.<%0>

<%-2>Desde noviembre los enfrentamientos han escalado, y se han recibido más denuncias de homicidios arbitrarios por ambas partes. Durante el periodo pre-electoral se habían producido asesinatos políticos; la falta de investigación de los mismos y de castigo a los culpables parece haber contribuido a fomentar la impunidad y la total falta de respeto por los derechos humanos demostradas recientemente por ambos bandos. AI ha instado repetidamente al gobierno y a la UNITA a poner fin a la matanza. <P7M><$B0><P255D>

@COUNTRY = KUWAIT

@KUWAIT = Policía acusada de torturar a un detenido

@FIRSTPAR = LAS autoridades kuwaitíes han decidido investigar el caso de tortura bajo custodia policial sufrida por un ciudadano de Sri Lanka, Colompurage Asoka Pathmakumara, el año pasado (véase Boletín de enero de 1993).

El 1 de junio, Colompurage ingresó sin vida en el hospital, donde se constataron señales de brutales palizas. En respuesta a las indagaciones de AI, el Ministerio de Justicia de Kuwait manifestó que Colompurage, detenido el 30 de mayo en relación con un robo de lingotes de oro, había muerto al día siguiente, al caer de una altura de 4,25 m durante un intento de fuga. Los amigos y familiares de Colompurage afirman que la víctima del robo había sido el propio Colompurage; dicen que la policía lo detuvo al acudir a la comisaría para dar parte del robo y, una vez bajo custodia, lo sometió a palizas que le causaron la muerte.

En diciembre de 1992, las autoridades kuwaitíes admitieron que los agentes de seguridad castigaron "levemente" a Colompurage durante el interrogatorio, infligiéndole lesiones "menores". También manifestaron que la Fiscalía Pública había ordenado se enjuiciara a siete agentes de la policía por torturar al sospechoso a fin de obtener una confesión. AI ha pedido a las autoridades detalles de las actuaciones y una investigación independiente con miras a averiguar la causa de la muerte de Colompurage. <P7M><$B0><P255D>

@COUNTRY = ISRAEL/TERRITORIOS OCUPADOS

@ISRAEL = Fuerzas israelíes y palestinas continúan matando

@BIGFIRST = Desde el comienzo de la intifada en 1987, las fuerzas israelíes han abatido a tiros a unos 900 civiles palestinos. Miembros de grupos palestinos y otros civiles palestinos han dado muerte a unos 70 civiles israelíes, así como a unos 650 palestinos sospechosos, en su gran mayoría, de "colaborar" con las autoridades israelíes.

AI ha instado repetidamente a las autoridades israelíes a revisar sus directrices sobre el uso de armas de fuego, que parecen autorizar el uso injustificado de la fuerza mortífera, y a tomar medidas efectivas para impedir las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas israelíes.

En 1992, unos 120 palestinos fueron abatidos por disparos de las fuerzas israelíes, algunos en circunstancias que hacen sospechar ejecuciones sumarias o algún otro empleo injustificable de armas de fuego. Por ejemplo, en marzo de 1992, Jamal Ghanem estaba jugando al fútbol cuando llegaron cuatro policías vestidos de civil, que lo mataron a tiros. En mayo, dos policías de fronteras detuvieron a Anton al-Shumali en un camino de la localidad de Beit Sahur. Los testigos dicen que uno de los agentes le disparó a quemarropa con balas de caucho y lo dejó agonizando a la vera del camino.

AI también ha instado a la Organización de Liberación de Palestina y al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) a que impidan la tortura y el homicidio arbitrari de presuntos "colaboradores" palestinos, y a que pongan freno a los ataques contra civiles israelíes. En diciembre, AI censuró la acción del Hamas al tomar como rehén y asesinar a Nissim Toledano, agente de la policía de fronteras israelí. El Hamas declaró haberlo hecho prisionero con la intención de canjearlo por el jeque Ahmad Yasin, dirigente del Hamas encarcelado por las autoridades israelíes.

Los líderes palestinos han condenado la tortura y el asesinato indiscriminado de sospechosos de "colaboración". Sin embargo, por lo general han dado su aprobación a la práctica de castigar con la muerte a los "colaboradores", de ello contar con la venia de sus líderes políticos supremos. <P7M><$B0><P255D>

Amnistía Internacional - Boletín Febrero de 1993

Llamada


@WWACOUNTRY = LAOS

@WWAFIRST = Thongsouk Saysangkhi, Latsami Khamphoui, Feng Sakchittaphong: partidarios del sistema democrático pluralista, fueron condenados a 14 años de cárcel el 4 de noviembre de 1992. Llevaban más de dos años detenidos sin cargos ni juicio.

@FIRSTPAR = Según parece, los tres hombres, de unos 50 años, fueron acusados de formar un "Club Social-demócrata" para propugnar la democracia. Thongsouk Saysangkhi había sido viceministro de Ciencia y Tecnología, pero dimitió en agosto de 1990 tras criticar al gobierno por «restringir las libertades populares y la democracia». Al parecer, Latsami Khamphoui, también antiguo viceministro, había hecho circular cartas que criticaban la "corrupción" del gobierno y la "persecución" de sus críticos. Feng Sakchittaphong, funcionario del Ministerio de Justicia, habría colaborado con los otros dos en la redacción de un artículo que propugnaba la introducción de la democracia pluralista.

En noviembre de 1990, las autoridades anunciaron que se acusaría formalmente a los tres presos de "traición". En agosto de 1991 manifestaron que los tres habían «actuado en contra de la ley para derrocar al gobierno»; sin embargo, no se han anunciado acusaciones formales.

Según fuentes oficiosas, los tres hombres comparecieron el 4 de noviembre ante un tribunal de Sam Neua, capital de la remota provincia norteña de Houa Phanh. Los cargos no se hicieron públicos, y los encausados no dispusieron de representación letrada. Al parecer, cumplen sus condenas en la Prisión Central de Sop Hao, donde los mantienen en régimen de incomunicación.

@FIRSTPAR =

@FIRSTPAR = Rogamos escriban cortésmente, pidiendo la libertad inmediata e incondicional de estos presos: M. Nouhak Phoumsavan/ Président/Bureau du Président/Vientiane/República Democrática Popular de Laos.



@WWACOUNTRY = HAITÍ

@JEAN = Jean-Robert Jean-Baptiste, de 40 años, "desapareció" el 1 de octubre de 1991, al día siguiente del golpe militar que derrocó al gobierno del presidente Jean-Bertrand Aristide.

@FIRSTPAR = Durante la administración del presidente Aristide, Jean-Robert Jean-Baptiste había sido vicedelegado del gobierno para el Departamento del Suroeste, representando al Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (FNCD), coalición electoral que había apoyado al presidente Aristide. Jean-Robert Jean-Baptiste se convirtió inmediatamente en blanco después del golpe debido a la destacada posición que había ocupado durante el gobierno de Aristide y por su afiliación al FNCD.

En marzo de 1992, los familiares de Jean-Robert Jean-Baptiste comunicaron a una delegación de AI que, según testigos presenciales, lo había detenido la policía de la Compañía Núm. 46 de Lamentin. Inicialmente, las autoridades les habían dicho que había sido abatido a tiros por las fuerzas de seguridad, y los familiares visitaron infructuosamente la morgue y distintos hospitales para localizarlo. Después, la familia oyó rumores de que se lo había visto en diversos centros de detención, pero la policía siguió negando que estuviera bajo custodia. Sigue "desaparecido", y sus familiares han recibido amenazas e intimidación.

Al menos 10 personas "desaparecieron" en Haití tras el golpe militar de septiembre de 1991. El número real de "desapariciones" es probablemente mucho más elevado, pero resulta imposible calcular la cifra exacta debido a las dificultades que entraña la vigilancia de los derechos humanos en Haití. La suerte de muchos de los detenidos por el ejército no ha quedado aclarada, y se han multiplicado las denuncias de tortura.

Desde el golpe, el ejército ha escogido como blanco sistemático a los simpatizantes políticos del presidente Aristide, entre ellos a los miembros del FNCD, que se han convertido en víctimas de ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones", tortura, amenazas e intimidación.

@FIRSTPAR = Rogamos escriban al primer ministro, instándole a iniciar una investigación exhaustiva e imparcial del paradero de Jean-Robert Jean-Baptiste y a llevar ante la justicia a los responsables de su detención y "desaparición": M. Marc Bazin/Premier Ministre/Présidence de la République/Palais National/Puerto Príncipe/Haití.



@WWACOUNTRY = SUDÁN

@WWAFIRST = El comandante Simon Jada, miembro de la guardia paramilitar adscrita a la Dirección de la Fauna, el comandante Pitia Kenyi Lado, funcionario penitenciario, y Joseph W.D.Wai, geólogo, figuraban entre los cientos de personas "desaparecidas" tras ser detenidas por las fuerzas de seguridad entre junio y agosto de 1992 en la ciudad de Juba. Se teme que hayan sido torturados o ejecutados en secreto.

@FIRSTPAR = Las detenciones se produjeron después de que se librara una lucha encarnizada en Juba, ciudad asediada desde hace años por el Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS). La forma en que éste penetró las defensas de la ciudad durante sus incursiones de junio y julio despertó la sospecha de que hubiera contado con la colaboración de algunos de sus habitantes.

Entre los detenidos hubo civiles, soldados, policías y miembros de las fuerzas paramilitares. Tras la primera acometida del EPLS, en junio de 1992, 40 soldados del gobierno sospechosos de "colaborar" fueron ejecutados extrajudicialmente, y siete soldados del EPLS fueron fusilados. Parece que en julio las fuerzas gubernamentales dieron muerte a unos 200 civiles durante una redada domiciliaria.

En noviembre de 1992, las autoridades nombraron una comisión, presidida por un juez del Tribunal Superior, para que investigara los incidentes de Juba. AI desconoce el alcance que se pretendió dar a la investigación. La creación de esta comisión fue resultado de la protesta internacional por las ejecuciones --realizadas en agosto en Juba-- de Andrew Tombe, sudanés empleado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y Mark Laboke Jenner, funcionario de la Comisión Europea. Las autoridades alegaron que a ambos se los sometió a juicio y se los condenó a muerte antes de ejecutarlos, pero no está claro que ello haya ocurrido ni en este caso ni en otros. Las dos ejecuciones, sumadas al hecho de que las autoridades no han dado cuenta de la mayoría de las personas detenidas en Juba, han ahondado los temores por su suerte.

@FIRSTPAR = Rogamos envíen cartas cortésmente redactadas, en inglés o en árabe, al jefe del Estado, expresando inquietud por las "desapariciones" e instándole a dar cuenta de la suerte y paradero de las personas nombradas más arriba y de todos los detenidos: His Excellency Lieutenant General Omar Hassan al-Bashir/Head of State and Chairman of the National Salvation Revolutionary Command Council/People's Palace/PO Box 281/Jartum/Sudán.

Amnistía Internacional - Boletín Febrero de 1993

Enfoque


@BIGFIRST = Un ciudadano de Benín, residente en Francia, es derribado de su motocicleta: el conductor del auto que lo atropelló se baja y le da una paliza. En Alemania, a un joven turco de 14 años, solicitante de asilo, lo tiran al suelo con tanta fuerza que le quiebran un brazo. A un joven africano radicado en Portugal lo atacan a puñetazos y puntapiés y lo someten a un "baño" --como lo llaman sus agresores-- con una manga de alta presión.

Estos ataques violentos no son obra de las organizaciones racistas cada vez más activas en Europa Occidental. En todos y cada uno de los casos se ha tratado de agentes de la policía --aquellos a quienes se encomienda, precisamente, la protección del público contra ataques de esta índole.

El comportamiento de los agentes encargados de hacer cumplir la ley es sintomático de la ola de racismo que avanza por Europa. AI ha observado, en numerosos informes que recibe de Europa Occidental, un número creciente de casos en que la raza de la víctima parece ser uno de los factores determinantes de las torturas y malos tratos por parte de policías y otros agentes del gobierno.

No obstante, pocos gobiernos europeos reconocen que las prácticas racistas de la policía constituyen una creciente amenaza para los derechos humanos. Casi nunca se castiga a los agentes del gobierno por perpetrar ataques, incluyendo casos de aparente racismo. Rara vez se investigan tales casos con el cuidado que exigen, y es común que las víctimas tropiecen con grandes dificultades para obtener reparación. Aun en caso de ataques graves --o de consecuencias fatales--, los responsables quedan con frecuencia sin castigar.

La situación resulta doblemente peligrosa en momentos en que los ataques racistas se multiplican en toda la región. Las actitudes racistas de la policía dan lugar a violaciones de derechos humanos y dejan además sin protección a quienes constituyen los blancos más probables de éstas. Al no pedir cuentas a sus propios agentes de los abusos que cometen, los gobiernos dan el visto bueno, en la práctica, a los ataques racistas que se perpetran en la sociedad.

Las víctimas se ven sometidas a insultos de tono racista y amenazas de deportación hasta a palizas brutales y otras formas de tortura. Muchos son ciudadanos extranjeros, ya sea turistas, estudiantes, solicitantes de asilo, inmigrantes o trabajadores invitados, y rara vez se quejan a las autoridades por temor a perder el frágil estatus de que gozan en el país donde residen. Otros, también numerosos, son ciudadanos del país.

En ocasiones los prejuicios raciales parecen constituir el único motivo de la brutalidad policial. En Francia, en septiembre de 1989, el beninés Lucien Djossouvi fue arrojado de su motocicleta por un vehículo policial sin identificación y, a continuación, golpeado con porras por agentes de policía, que lo llamaron «negro sucio». Cuando les dijo que se proponía denunciarlos, lo amenazaron con hacerlo deportar y lo dejaron tirado en el suelo, desangrándose. Unas horas después fue ingresado, inconsciente, en un hospital, donde le diagnosticaron un traumatismo de cráneo producido por un fuerte golpe, acompañado de numerosos hematomas faciales.

A pesar de las amenazas recibidas, Lucien Djossouvi presentó una queja oficial contra la policía. En 1990 se inició una investigación judicial, aún sin concluir en diciembre de 1992.

Según los informes, en España, en septiembre de 1991, los turistas árabes Mohamed Hegazy y Raed Shibli fueron detenidos y sometidos a una paliza brutal. Mohamed Hegazy se había dirigido en lengua italiana a un guardia civil a quien, equivocadamente, había creido reconocer. Éste respondió de inmediato agrediendo a los desconcertados turistas, al grito de: «¡Italianos, italianos!» Llegaron refuerzos, que detuvieron a los dos hombres, los golpearon brutalmente con porras y les dieron puñetazos y puntapiés. Al comparecer ante un juez, acusados de resistirse a la detención, se quejaron del trato recibido, pero no se sabe que se hayan investigado sus denuncias.

La policía atacó a un hombre cuando éste solicitaba su protección. Babür Partener, un ciudadano turco residente en Austria, entró a un bar de Viena para comprar cigarrillos. En el bar, dos hombres le amenazaron. Llamó a la policía para hacer la denuncia pertinente, pero los dos agentes que acudieron al lugar no detuvieron a los agresores sino al denunciante. Al parecer, mientras estaba bajo custodia lo golpearon, le dieron rodillazos en los testículos, lo llamaron «turco de mierda» y lo amenazaron con hacerlo deportar. Nadie atendió su solicitud de un abogado y un intérprete. Una vez en libertad, lo examinó un médico, que constató la presencia de tumefacciones y hematomas en la cabeza, brazos y tórax.

Babür Partener presentó una demanda de malos tratos contra la policía. Ésta rechazó sus acusaciones y le imputó resistirse a ser detenido y herir a un agente. Durante el juicio, en octubre de 1989, lo absolvieron de todos los cargos después de que el fiscal describiera las pruebas presentadas por la policía como «contradictorias e inverosímiles». Una investigación judicial tuvo como resultado la imposición de cargos a cuatro agentes de policía, que fueron juzgados, y absueltos, en mayo de 1992.

Marcelino Baessa, un joven caboverdeño residente en Portugal, fue víctima de un ataque sin motivo aparente. En agosto de 1990 se hallaba en su domicilio escuchando música con unos amigos cuando unos miembros de la Guardia Nacional Republicana penetraron en la vivienda y les pidieron los documentos de identidad. Según parece, a pesar de que el dueño de casa les mostró sus documentos, lo insultaron, le dieron bofetadas y lo detuvieron. Marcelino Baessa dijo que, mientras estaba bajo custodia, un grupo de agentes le dieron puñetazos y puntapiés y lo sometieron a un "baño" con una manga de alta presión. Cuando recuperó la libertad --sin que se le hubieran formulado cargos--, presentó una demanda contra la Guardia por el trato recibido. La Fiscalía General archivó la demanda pero, tras una apelación, volvió a abrir el caso.

Éstos son apenas algunos de los muchos casos documentados por AI en los que insultos racistas o actos de violencia racistas han formado parte de las torturas o malos tratos infligidos por agentes de los gobiernos. En toda Europa se puede observar un panorama de ataques y torturas de claro sesgo racista. En cambio, no resulta tan evidente que los gobiernos hayan tomado medidas para impedir estas violaciones de derechos humanos.

La investigación pronta, exhaustiva e independiente de todos los casos de torturas y malos tratos por motivos raciales representa el eslabón fundamental en la cadena que lleva al enjuiciamiento y castigo de los responsables. Es sólo identificando y pidiendo cuentas a los culpables que los gobiernos pueden dar los primeros pasos con vistas a poner fin a los abusos racistas. Sin embargo, en el programa de las autoridades destaca por su ausencia la voluntad sincera de llevar a cabo dichas investigaciones. En junio de 1992, por ejemplo, el francoargelino Jacques Cherigui fue detenido en su domicilio de Argenteuil sin la orden pertinente y sin un motivo claro. Quedó en libertad 19 horas después, con el cuerpo cubierto de cortes y contusiones y una lesión permanente en la mano derecha. No se investigó ninguna de las dos denuncias oficiales que presentó, respaldadas por informes médicos.

Según Jacques Cherigui, los agentes le exigieron la entrada en su apartamento sin explicar de qué se trataba, lo esposaron y lo arrojaron escaleras abajo cuatro pisos. Una vez en la furgoneta policial, un agente se le sentó en el cuello, obligándolo a doblarse en dos y casi asfixiándolo, mientras, al parecer, decía a sus colegas: «Éste es un buen truco, los calma rápidamente a estos cerdos. Los agentes le pegaron en el estómago y lo insultaron repetidamente. En la comisaría, según dijo, lo llamaron «cerdo» y "sugirieron" que regresara a su país.

Jacques Cherigui fue puesto en libertad después de que se le acusara formalmente de resistirse a ser detenido e insultar a la policía. Necesitó tratamiento médico para sus heridas, que incluían cortes y contusiones en brazos, piernas, tronco y cuello. Los médicos también constataron la presencia de lesiones permanentes en los nervios de la mano derecha, causadas, al parecer, por esposas apretadas. Se ha aplazado su juicio hasta marzo de 1993, a la espera del informe de una investigación interna de la policía sobre los malos tratos denunciados por Jacques Cherigui.

Son raras las investigaciones exhaustivas que llevan al enjuiciamiento de agentes del gobierno. Habitualmente, la policía niega que se hayan infligido malos tratos racistas o alega que las víctimas resultaron heridas al atacar a sus agentes o al intentar escaparse. Aun cuando se imponen cargos a miembros de la policía, las actuaciones judiciales rara vez resultan en una condena. Esto puede determinar que las víctimas, aun en los casos de ataques graves, se vean obligadas a procurar reparación fuera del sistema penal judicial.

Algunas víctimas han acudido a los tribunales civiles. En el Reino Unido, en varios casos recientes, la policía ha pagado compensación --que alcanza actualmente a cientos de miles de libras esterlinas--, sin admitir responsabilidad, a personas que la demandaron por detención injusta o malos tratos.

En julio de 1991, la Policía Metropolitana de Londres pagó 40.000 libras esterlinas como compensación a Leslie Burnett, arquitecto de jardines, de raza negra, sin admitir responsabilidad. Leslie Burnett fue detenido en abril de 1988 por tratar de forzar un auto, acusación que rechazó. La policía lo golpeó brutalmente con una porra, le dio puntapiés y lo llamó «negro cabrón». En diciembre de 1988 lo enjuiciaron y lo absolvieron de los cargos, que incluían herir a dos agentes. Tras haber sido compensado, Leslie Burnett declaró a la prensa: «¿Y los agentes que me enviaron a la cárcel?... Deberían despedirlos o imponerles cargos».

En marzo de 1991, la policía británica, sin admitir responsabilidad, pagó al ciudadano iraní Mohammed Hajiazim 25.000 libras esterlinas como compensación por una lesión grave.

Mohammed Hajiazim fue detenido en Londres, Gran Bretaña, en septiembre de 1987, tras una disputa con agentes de la policía sobre una infracción de tráfico. Los agentes lo metieron en un automóvil policial, y lo insultaron mientras lo trasladaban a la comisaría. Una vez allí: «Me arrastraron fuera del auto. Perdí el equilibrio y caí al suelo, y comenzaron a golpearme en el costado y en la espalda. Después [un agente] me dio un puntapié entre las piernas. No podía respirar, y sentí como si alguien me hubiera cortado adentro. Me arrastraron a la comisaría y me tiraron en un banco. Rogué que me trajeran un médico, pedí agua, pero no me hicieron caso. El dolor era horrible.»

Dos días después, Mohammed Hajiazim tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para extirparle un testículo. La queja que presentó del trato recibido tuvo como resultado que se realizara una investigación oficial. Se enjuició a dos agentes por causar lesiones graves; fueron absueltos en enero de 1990.

En Austria, una conspiración de silencio tramada por la policía impidió el enjuiciamiento de los agentes que habían golpeado y empujado a un detenido a través del vidrio de una ventana. La víctima, Mustafa Ali, ciudadano austriaco de origen egipcio, había sido detenido junto con un amigo en Viena, en marzo de 1989, por "imprudencia peatonal". Según su abogado defensor, los dos hombres eran los únicos peatones de origen no europeo que estaban cruzando la calle en ese momento. Los agentes les pidieron los documentos de identidad, los sometieron a insultos racistas y les impusieron una multa de pago inmediato. Cuando Mustafa Ali se negó a pagarla, los detuvieron y les dieron una paliza. Mientras estaba bajo custodia, Mustafa Ali fue golpeado brutalmente, y lo empujaron a través de una ventana: perdió el conocimiento, y lo llevaron, desangrándose, a un hospital.

Mustafa Ali presentó una demanda, pero en marzo de 1990 la fiscalía de Viena archivó las actuaciones penales contra los responsables, aduciendo falta de pruebas. No obstante, la investigación que realizó el Tribunal Constitucional austriaco estableció que las lesiones sufridas por Mustafa Ali habían sido causadas por un agente de la policía no identificado. Al parecer, las inadecuadas pesquisas realizadas para averiguar su identidad habían resultado infructuosas. Como resultado, un agente de la policía responsable de graves malos tratos eludió el castigo.

Muchas víctimas carecen de los recursos económicos necesarios o de suficientes conocimientos de la lengua o del sistema legal de un país como para pedir justicia por sí mismas. A menudo, sus casos se llegan a conocer sólo cuando la insistencia de sus familiares y simpatizantes despierta el interés público.

En Italia, un grupo de parlamentarios exigieron que se investigara el caso de Daud Addawe Ali, un solicitante de asilo somalí que, en marzo de 1992, había ingresado de urgencia en un hospital de Roma. Anteriormente, lo habían detenido al producirse disturbios en una oficina de registro de extranjeros a la que había ido a renovar su permiso de residencia. Bajo custodia, Daud Addawe Ali fue golpeado hasta perder el conocimiento. En el hospital le diagnosticaron una lesión en la cabeza y hematomas en el pecho y pierna derecha. Después lo transfirieron a la cárcel, donde, al día siguiente, lo encontró su hermana. Ésta declaró a la prensa que Daud Addawe Ali padecía dolores agudos, cojeaba, estaba cubierto de contusiones y parecía desorientado. Lo habían acusado de resistirse a ser detenido y de herir a un agente de la policía.

Posteriormente, Daud Addawe Ali fue puesto en libertad. El médico que lo examinó constató la presencia de lesiones concordantes con sus declaraciones de que los agentes le propinaron golpes y puntapiés y le dieron con la cabeza en la pared. Según parece, ha presentado una demanda oficial. En abril de 1992, el gobierno italiano declaró ante el Comité de la ONU contra la Tortura que Daud Addawe Ali había resultado herido al resistirse a ser detenido.

Cuando los agentes del gobierno creen que pueden cometer impunemente actos racistas y ataques sin provocación, no hay nada que les sirva de aliciente para respetar los derechos humanos. La convicción de que pueden actuar con impunidad tiene como frecuente resultado más violaciones de derechos humanos.

En el Reino Unido, en 1987, Trevor Monerville, joven de 19 años, de raza negra, desapareció durante tres días mientras se hallaba bajo custodia policial en Londres. Mientras la policía aseguraba a sus padres que no lo habían detenido, el joven estaba sometido a prisión preventiva, sin acceso a un abogado, y tan enfermo que no podía salir de su celda en el edificio de los tribunales. Finalmente, su padre descubrió que lo habían internado en la enfermería de una cárcel de Londres, con una fractura de cráneo. Posteriormente, la policía retiró todos los cargos.

Trevor Monerville presentó una demanda contra la policía por causarle una lesión grave, acto que cree le valió a él y a su familia ser blanco sistemático del hostigamiento policial. Durante los 23 meses posteriores a su detención, lo volvieron a aprehender en cinco ocasiones por cargos que oscilaron de delitos menores a ataques graves. Lo absolvieron de todos, excepto de una infracción de tráfico de la que se había declarado culpable. Finalmente, se sintió obligado a abandonar el país temporalmente para escapar del hostigamiento. Ninguna investigación logró determinar la causa de su lesión.

En marzo de 1992, la abuela de Trevor Monerville, Marie Burke, de 70 años, recibió 50.000 libras esterlinas como compensación tras presentar una demanda oficial contra la policía por agresión física. En enero de 1989, había sido detenida y sometida a malos tratos junto con su esposo Edgar, de 76 años, tras dar parte de un leve accidente de tráfico.

Aïssa Ihich, ciudadano francés de 18 años, hijo de inmigrantes marroquíes, murió de un ataque de asma en una comisaría de policía en las afueras de París, Francia, en mayo de 1991. La policía le había negado los medicamentos que necesitaba para aliviar su condición. Cuando sucumbió al ataque fatal, después de 36 horas bajo custodia, el inhalador que siempre llevaba consigo estaba vacío.

Al joven lo habían detenido y, según parece, golpeado con porras durante los disturbios ocurridos el 25 de mayo en Mantes-la-Jolie, barrio periférico del oeste de París. La autopsia constató la presencia de «traumatismos menores» causados por golpes en la cabeza y zona pélvica. En febrero de 1992, el médico de la policía que había examinado a Aïssa Ihich y certificado que estaba en suficientemente buen estado físico como para permanecer detenido fue acusado formalmente de homicidio involuntario. No se ha tomado medida alguna contra los agentes que presuntamente agredieron a Aïssa Ihich, que siguen sin ser identificados. La investigación judicial del caso ha declarado imposible determinar qué unidad policial detuvo al joven.

Los gobiernos también deben asegurarse de que las personas que son los blancos más probables de ataques racistas reciban la mayor protección posible. En agosto de 1992, se supo que la policía se había retirado durante más de 90 minutos en los momentos más críticos de los disturbios racistas ocurridos en Rostock, en el este de Alemania, dejando sin protección a más de 100 vietnamitas. Éstos corrieron gran peligro cuando el edificio en que vivían fue incendiado.

En septiembre, un tribunal de distrito del este de Alemania condenó a cinco jóvenes a penas de dos a cuatro años de cárcel por dar muerte a golpes a Amadeu Antonio Kiowa, angoleño de 28 años. Durante el juicio se supo que se estaba investigando a tres agentes de la policía por no acudir en ayuda de Amadeu Kiowa.

También en 1992, AI recibió varios informes sobre ataques policiales contra solicitantes de asilo en distintas partes de Alemania. En marzo de 1992, según parece, la policía le quebró el brazo a un joven de 14 años en la ciudad de Bremen, en el oeste de Alemania, al detenerlo por delitos relacionados con narcóticos. El joven, kurdo turco solicitante de asilo, ha presentado una demanda contra la policía. En mayo de 1992, AI hizo saber a las autoridades de Bremen que había recibido informes sobre malos tratos y torturas infligidos por la policía local a solicitantes de asilo africanos de raza negra. Los informes indicaban que la policía había sometido a los detenidos a golpes, puntapiés y descargas eléctricas.

En junio de 1992, la policía allanó un albergue para solicitantes de asilo en Gränitz, en la vecindad de Freiberg, ciudad del este de Alemania. Parece que durante la redada, realizada antes del amanecer, los agentes derribaron puertas, arrastraron a la gente de la cama y la golpearon con puños y porras. Se están investigando las denuncias sobre malos tratos.

Ningún gobierno puede declararse comprometido de forma seria e inequívoca con la lucha contra las violaciones de derechos humanos a menos que se asegure de que los responsables de dichas violaciones son llevados ante la justicia. Cuando la culpabilidad oficial resulta evidente y las autoridades optan por no investigar ni procesar a nadie, no hacen sino reforzar la aparente convicción de la policía de que se encuentra por encima de la ley.

Hacen falta medidas urgentes y enérgicas. La tolerancia oficial de los malos tratos racistas dispensados por agentes del gobierno puede legitimar --y hasta fomentar-- los delitos racistas en todos los estratos de la sociedad. En el clima actual de crecientes ataques de motivación racial en toda Europa, es de importancia primordial que los gobiernos se aseguren de que no haya razón para que sus propios agentes sean acusados de actos racistas. De no hacerlo, los gobiernos demostrarán su falta de voluntad política para abordar este problema en la sociedad en general.


@HEAD-BIGBOX = «Diferentes hábitos culturales»

@TEXT-BIGBOX = En mayo de 1991, respondiendo a las preguntas de la prensa sobre denuncias de malos tratos sistemáticos a los presos, el director de una prisión italiana dijo: «El 40 por ciento de los presos son marroquíes, argelinos y tunecinos, gente con diferentes hábitos culturales, a menudo rebeldes y violentos».

@BODY-BIGBOX = La prensa había sido alertada sobre la situación en la cárcel de Sollicciano, vecina a Florencia, por los propios reclusos, quienes habían escrito a los periódicos locales y nacionales declarando que los guardias de la prisión regularmente los sometían a amenazas y palizas. Aproximadamente la mitad de los 600 presos son inmigrantes de países no pertenecientes a la Comunidad Europea. El 18 de diciembre de 1991, tras una investigación interna, el Fiscal General declaró que no existían pruebas de responsabilidad penal y archivó el caso. Tres días después, el diario nacional La Repubblica publicó una carta escrita por reclusas de Sollicciano, en la que decían que tanto ellas como los internos masculinos eran sometidos a palizas regulares por los guardias, sin motivo aparente.


@HEAD-BIGBOX = «¿Por qué lo están golpeando?»

@TEXT-BIGBOX = «¿Por qué lo están golpeando?», preguntó a sus subordinados un oficial de alto rango de la policía. «Es turco», le respondieron. Cuando el superior intervino, Sehmus Ukus, kurdo turco, llevaba más de 24 horas en custodia policial y aún no había sido interrogado. Además de las palizas, le habían quemado los pies y los órganos genitales.

@BODY-BIGBOX = La Brigada Antinarcóticos detuvo a Sehmus Ukus en Atenas, en Grecia, en julio de 1990. Lo acusaron formalmente de delitos relacionados con narcóticos y lo condenaron a 30 meses de cárcel. Cuando compareció ante el tribunal, se quejó del trato recibido, pero el fiscal rechazó su denuncia, calificándola de «sin fundamento», y ni ordenó un examen médico ni lo citó para declarar.

@BODY-BIGBOX = En enero de 1991, en otro incidente grave en que también participó la Brigada Antinarcóticos de Atenas, Süleyman Akyar, refugiado turco, murió en el hospital ocho días después de ser detenido. La autopsia, que constató la presencia de numerosas lesiones causadas por golpes, atribuyó la muerte a una pulmonía. El certificado del hospital indicaba que Süleyman Akyar había muerto a consecuencia de fallo respiratorio, renal y hepático y debido al deterioro de múltiples órganos. También describó lesiones en la cabeza y en los órganos genitales, ruptura del intestino y fractura de costillas.

@BODY-BIGBOX = Según el gobierno griego, Süleyman Akyar resultó lesionado durante una pelea con unos policías a quienes había atacado con un destornillador: cuando lo esposaron «perdió el control y comenzó a darse con la cabeza en el suelo». No se ha disciplinado a los agentes; se aguarda el resultado de investigaciones internas y judiciales.


@HEAD-BIGBOX = «Pobre de ti si te vuelvo a ver»

@TEXT-BIGBOX = En diciembre de 1991, cuando Luis Gravanita, un estudiante de 19 años, se disponía a cruzar la calle en Setúbal, Portugal, un agente de la Policía de Seguridad Pública (PSP) lo paró, le pidió los documentos de identidad y le ordenó que lo acompañara a la comisaría de policía.

@BODY-BIGBOX = Luis Gravanita dijo que, una vez allí, el agente procedió a darle puñetazos y puntapiés, gritando «¡No vales nada, angoleño de mierda! ¡Eres un negro miserable!». Luis Gravanita es un ciudadano portugués, nacido en Angola, de raza blanca.

@BODY-BIGBOX = Según el joven, el agente lo amenazó, diciéndole:

@BODY-BIGBOX = «Pobre de ti si te vuelvo a ver: si tienes la mala suerte de cruzarte conmigo en la calle, pobre de ti!».

@BODY-BIGBOX = Luis Gravanita quedó en libertad sin cargos, y acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Distrital de São Bernardo, donde le descubrieron cortes y contusiones consistentes con la presunta paliza. El 10 de diciembre presentó una denuncia ante la fiscalía, acusando a un determinado agente de la PSP de amenazarlo y causarle heridas intencionalmente. En diciembre de 1992 seguía sin anunciarse investigación alguna de sus denuncias.

Amnistía Internacional - Boletín Febrero de 1993

Captions


@CAPTION = España: Un turista árabe, Mohamed Hegazy, fue brutalmente golpeado por la Guardia Civil.

@CAPTION = "No más racismo policial". Manifestación en un complejo de viviendas estatales de Londres, Reino Unido.

@CAPTION = Agentes encapuchados de la policía antidisturbios francesa detienen a un manifestante cerca de Lyon. La violencia estalló en la zona tras un incidente entre un vehículo de la policía y un joven del barrio.

@CAPTION = Jacques Chirigui sufrió una lesión permanente en la mano derecha cuando la policía francesa lo arrojó escaleras abajo cuatro pisos.

@CAPTION = Alemania: Amadeu Antonio Kiowa fue asesinado a patadas mientras tres policías que podrían haberle prestado socorro hicieron al parecer caso omiso del incidente.

@CAPTION = Francia: Lucien Djossouvi fue arrojado de su motocicleta por un vehículo policial sin identificación y agredido por agentes de la policía.

@CAPTION = Rostock, Alemania: Más de 100 trabajadores vietnamitas fueron al parecer abandonados sin protección policial mientras su hostal era atacado con bombas incendiarias por la extrema derecha.

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