Document - The Wire, November 2005. Vol. 35, No. 10.

The Wire


Noviembre de 2005 Vol. 35. No. 10

Índice AI: NWS 21/010/2005


Petróleo e injusticia en Nigeria

Diez años después de la ejecución de Ken Saro-Wiwa, continúa la lucha por la justicia para los habitantes del delta del Níger


La ejecución el 10 de noviembre de 1995 del escritor y defensor de los derechos humanos Ken Saro-Wiwa y de otros ocho activistas (los "nueve ogoni"), levantó una ola de indignación en todo el mundo. Sus muertes pusieron de relieve el sufrimiento del pueblo ogoni en el delta del río Níger, rico en petróleo. El gobierno nigeriano fue muy censurado y la empresa petrolera Shell condenada por sus ambiguas y tardías intervenciones.

Pero diez años más tarde, ¿cuánto han cambiado las cosas para los habitantes del delta del Níger?


Ken Saro-Wiwa luchó para poner fin al daño medioambiental que estaba convirtiendo a su patria en lo que él describió como un "erial", poniendo en peligro la salud y el sustento de las personas. Todavía hoy los vertidos de crudo ennegrecen la tierra y contaminan las vías navegables. Cientos de llamaradas de gas arden día y noche, llenando el cielo de hollín y humo. Prácticas operacionales como éstas, tan próximas a las casas de las personas, las granjas y las vías navegables, no se tolerarían en los países en los que las empresas petroleras tienen sus oficinas centrales.


Los habitantes del delta del Níger siguen estando entre las comunidades con petróleo más desheredadas del mundo: el 70 por ciento vive con menos de un dólar estadounidense al día. A pesar de un inesperado aumento de los beneficios, pues el precio mundial del crudo ha subido más del doble en los últimos dos años, el gobierno nigeriano no ha proporcionado servicios, infraestructuras o empleos a la región.


El gobierno militar que ejecutó a Ken Saro-Wiwa y sus compañeros fue sustituido en 1999 por un gobierno civil. Sin embargo, las fuerzas de seguridad gubernamentales continúan asesinando a personas en el delta del Níger con impunidad. Se emplea una fuerza excesiva para proteger la industria del petróleo e imponer la ley y el orden: y los derechos humanos de las comunidades se violan de forma habitual.


Las poderosas empresas petroleras que actúan en la zona son vistas por las comunidades y muchos activistas que trabajan sobre el terreno como cómplices de los pasados abusos contra los derechos humanos. Algunas petroleras han admitido que sus actividades han contribuido a alimentar el conflicto. En años recientes, bajo la presión ejercida para demostrar la responsabilidad corporativa, las petroleras han desarrollado códigos de conducta voluntarios, pero no han podido reducir el impacto negativo de sus actividades en la zona.


"Es como el paraíso y el infierno. Ellos lo tienen todo. Nosotros no tenemos nada… Si protestamos, envían soldados. Firman acuerdos con nosotros y luego nos ignoran. Tenemos licenciados que pasan hambre, sin empleo. Y ellos traen gente de Lagos para trabajar aquí," dice Eghare W.O. Ojhogar, jefe de la comunidad ugborodo del estado del Delta.


El 4 de febrero de 2005, unos soldados dispararon a unos manifestantes en la terminal petrolífera de la compañía Chevron en Escravos, en la costa del delta occidental del Níger. Un hombre resultó muerto y al menos otros 30 heridos. El motivo de la protesta era que la compañía había incumplido un acuerdo para proporcionar empleos y proyectos de desarrollo a la comunidad local ugborodo.


Sólo dos semanas después, según informes, en el curso del ataque sorpresa llevado a cabo por soldados contra el pueblo de Odioma resultaron muertas al menos 17 personas y dos mujeres fueron violadas. El ataque, aparentemente, se efectuó para detener a miembros de un grupo parapolicial, sospechosos de dar muerte a 12 personas, entre ellas cuatro concejales. De acuerdo con la información disponible, un subcontratista de la filial de Shell en Nigeria reclutó, a pesar de sus antecedentes penales, a miembros de ese grupo, responsables de la seguridad en una zona donde se llevaban a cabo prospecciones petrolíferas. Los sospechosos no fueron capturados, pero el 80 por ciento de los hogares de Odioma quedaron arrasados.


Los marginados habitantes del delta carecen de recursos eficaces contra semejantes abusos de los derechos humanos. Es hora de que el gobierno nigeriano ponga fin a la impunidad de la que han gozado las fuerzas de seguridad para cometer las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes. Es hora de que las empresas petroleras y la comunidad internacional aseguren que el negocio tiene lugar dentro del marco de las normas internacionales sobre los derechos humanos para las empresas, como las Normas de Derechos Humanos de la ONU para Empresas. Diez años después de que los "nueve ogoni" fueran ejecutados, es hora de que se haga justicia con los habitantes del delta del Níger.



Atrapados en el fuego cruzado

El conflicto interno destruye las vidas de los niños y niñas de Nepal


Sushi Karki, 8 años de edad: muerta durante un tiroteo entre el Partido Comunista de Nepal (PCN) (Maoísta) y fuerzas de seguridad, mientras se encontraba en el balcón de su casa, diciembre de 2004; Santosh Bishwarkarma, 15 años de edad: según informes murió por disparos de las fuerzas del PCN (Maoísta), agosto de 2004; Maina Sunuwar, 15 años de edad: miembros del ejército la secuestraron, torturaron y mataron, febrero de 2005.


Éstos son sólo unos pocos de entre los centenares de niños y niñas que han perecido desde el comienzo del brutal conflicto entre los rebeldes del PCN (Maoísta) y las fuerzas del gobierno, hace nueve años. Atrapados entre los dos bandos, a los menores los matan de forma deliberada o en ataques indiscriminados, o los torturan, violan, detienen ilegalmente, secuestran y alistan para el servicio militar. Muchos más mueren de indigencia y enfermedad, exacerbadas por el conflicto.


Los niños no están seguros en sus hogares, ni en la escuela. Muchas escuelas han sido obligadas a cerrar por las fuerzas del PCN (Maoísta). Se calcula que desde el inicio del conflicto, las fuerzas del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) han secuestrado a decenas de miles de escolares, junto con sus docentes, para sesiones de "educación política". Aunque la mayoría de los niños y niñas secuestrados regresan a casa al cabo de unos días, unos pocos no lo hacen y se sospecha que pueden haber sido alistados en las fuerzas del PCN (Maoísta).


Incluso tras la declaración unilateral el 3 de septiembre de alto el fuego por parte del PCN (Maoísta) siguen recibiéndose denuncias sobre nuevos abusos y sobre el secuestro de centenares de escolares y docentes a los que el PCN (Maoísta) somete a campañas de adoctrinamiento.


En febrero de 2003, delegados de AI se reunieron con dos muchachos de 15 años de edad que habían sido alistados contra su voluntad en las fuerzas del PCN (Maoísta) y duramente golpeados por su comandante. Los menores dijeron a los delegados de AI que habían participado en la comisión de actos extremadamente violentos. Los gerentes del hogar de acogida donde estaban viviendo informaron a AI de que estaban muy trastornados y tenían que mantenerlos separados del resto de internos.


Incluso los más pequeños son vulnerables. Según informes, el 14 de junio de 2005 dos mujeres y un bebé de un año de edad fueron secuestrados por las fuerzas del PCN (Maoísta). Sus cuerpos mutilados se encontraron en un bosque dos días después. Chandra Malla relató a AI cómo en 2001, tras matar unos miembros de las fuerzas de seguridad a su esposo, la policía fue a su casa y detuvo a su hijo de 10 años. Le golpearon con la culata de una pistola y, durante los seis días que permaneció bajo custodia, con una tubería de plástico. En febrero de 2005, según informes, una muchacha de 11 años de edad fue violada por tres miembros de una "fuerza de defensa rural" patrocinada por el Estado durante un ataque en el cual murió una persona y 600 viviendas quedaron reducidas a cenizas.


Las cifras del gobierno han revelado que aproximadamente la mitad de los niños y niñas de Nepal sufren atrofia del crecimiento debido a la malnutrición, mientras que 30.000 menores de cinco años mueren cada año de diarrea. El conflicto, y los frecuentes bloqueos por parte de las fuerzas del PCN (Maoísta), están exacerbando la situación e interrumpiendo el acceso de los niños y niñas a vacunas, vitaminas y medicinas fundamentales.


El gobierno de Nepal ha declarado de forma reiterada su compromiso con los derechos humanos, y los dirigentes de las fuerzas del PCN (Maoísta) afirman someterse al derecho internacional humanitario. No obstante, continúan los asesinatos, la tortura, la violación y el secuestro del futuro del país: de sus niños y niñas.



Los centros de reclusión de menores de Brasil desasisten a los jóvenes


La tortura, los malos tratos y los castigos colectivos son parte de la vida cotidiana de los 6.000 detenidos del centro de reclusión de menores de São Paulo, la Fundación Estatal para el Bienestar del Menor (FEBEM).


En septiembre de 2005 la madre de M., adolescente recluido en la Unidad de Vila Maria de la FEBEM, informó de que los guardianes habían golpeado a su hijo con tal intensidad que orinaba sangre. Otro menor recluido, D., mostró a su madre contusiones y señales de tortura. Le dijo que el director de la FEBEM había ordenado personalmente que no se le diese comida. Un guardia del centro lo sacó a rastras del aula en que se encontraba tras disparar cinco veces al techo para intimidarle y quedó luego recluido cuatro días en régimen de aislamiento.


La FEBEM declara que su objetivo es rehabilitar a los menores a través de la educación para posibilitar su reintegración en la sociedad. Sin embargo, los detenidos reciben poca o ninguna ayuda educativa. Las condiciones de detención con frecuencia son inhumanas y los motines y la violencia entre los detenidos son muy corrientes.


Entre 2001 y 2004 aumentaron las esperanzas de mejora de la situación tras las declaraciones de culpabilidad dictadas en 17 casos de tortura, que afectaban a 227 guardias de la FEBEM. Ello se debió en gran parte al trabajo de los fiscales públicos encargados del seguimiento del sistema. El presidente de la FEBEM reaccionó a las denuncias sobre las palizas de los guardianes a detenidos con un conjunto de reformas, pero encontró una fuerte resistencia. Aumentó el número de motines y fugas, muchos de ellos al parecer instigados por los propios guardias, y ante el caos desatado en la FEBEM, el presidente presentó su dimisión.


Con la nueva presidencia de la FEBEM, continúan los informes sobre malos tratos. En septiembre de 2005, el presidente publicó un decreto que daba a los directores el poder de limitar el acceso a los detenidos por parte de los defensores de los derechos de la infancia y miembros de la sociedad civil. Es de vital importancia que abogados, familiares y organizaciones de derechos humanos tengan acceso a los detenidos para salvaguardar su integridad física.


AI ha recibido informes de que las autoridades de la FEBEM están utilizando la Unidad de Vila Maria como centro de castigo donde al parecer se encierra y tortura todo el día a los detenidos. Según informes, para aplicar castigos se ha hecho venir a guardias de la "unidad de choque" de la cárcel de adultos. Esto es contrario a las estipulaciones del Estatuto del Niño y el Adolescente (Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA), adoptado en Brasil en 1989, el cual, entre otras disposiciones, reconoce los derechos legales de los menores encarcelados. Se han denunciado casos de detenidos con miembros fracturados, marcas de estrangulamiento y sangre en la orina.


La sensibilidad electoral ha convertido el sistema de reclusión de menores de São Paulo en una cuestión que los políticos evitan. La percepción pública de los menores presos es abrumadoramente negativa. De forma periódica se hacen llamamientos para que se reduzca la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años y para que se apliquen un régimen de reclusión más duro, condenas más largas e incluso traslados al sistema penitenciario común una vez que los menores privados de libertad alcanzan la mayoría de edad.


Pero las autoridades deben reconocer los derechos de los presos jóvenes y acatar el derecho internacional y brasileño.


AI exhorta al gobernador estatal de São Paulo, Geraldo Alckmin, a que ordene la investigación de los incidentes de tortura y malos tratos en la Unidad de Vila Maria de la FEBEM, a que persiga a los que se halle responsables según la ley contra la tortura y a que asegure que todas las unidades de la FEBEM cumplan las mínimas normas dispuestas en el Estatuto del Niño y el Adolescente.



Revés al sistema de justicia de menores en Pakistán


Los derechos de la infancia en Pakistán sufrieron un importante revés en diciembre de 2004: El Tribunal Superior de Lahore revocó la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores, según informes, por encontrarla "irracional, inconstitucional e impracticable".


Aunque la Ordenanza, que entró en vigor en julio de 2000, no era una herramienta legislativa perfecta, significaba un importante paso para hacer que Pakistán respete sus obligaciones internacionales respecto de los derechos de la infancia. Incluía disposiciones tales como la definición de menor como todo menor de 18 años de edad, la institución de tribunales de menores, la regulación de las detenciones de niños sospechosos efectuadas por la policía, la prohibición de la pena de muerte para los menores de edad, la prohibición del uso de esposas y grilletes, y el nombramiento de grupos especiales de abogados para representar a los menores.


En cualquier caso, ya antes de la resolución del Tribunal de Lahore la aplicación de la Ordenanza había sido lenta y parcial. Los tribunales seguían imponiendo duras condenas y multas de elevada cuantía a los menores. Las condiciones de privación de libertad, en particular para las menores, seguían siendo inadecuadas. Pakistán es uno de los últimos países del mundo que todavía impone la pena de muerte a menores, en flagrante violación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la ONU, que Pakistán ratificó en 1990.


Ziauddin, muchacho discapacitado de 13 años de edad, y Abdul Qadir, de 16, fueron condenados a muerte en la provincia de Baluchistán en 2003. El tribunal no remitió su caso a un tribunal de menores. Mientras esperaban a que se viera su recurso, ambos estuvieron recluidos en la cárcel de Much, en una celda que medía 1,8 x 2,4 metros, con seis hombres que habían sido condenados a muerte. Había temores de que pudiesen ser sometidos a abusos sexuales por parte de otros presos en la superpoblada prisión. A mediados de agosto de 2005, los miembros de AI que habían apelado al gobernador de Baluchistán en su nombre fueron informados de que ahora se los había recluido en dependencias separadas para menores.


Algunas áreas de Pakistán, como la Zona Tribal bajo Administración Federal, conservan sistemas legales que funcionan de forma independiente de las leyes habituales del país. La Ordenanza no se ha aplicado completamente en estas áreas y en ellas no se han organizado las necesarias infraestructuras para su funcionamiento. No hay ninguna disposición para limitar la responsabilidad penal de los menores ni para protegerlos contra la imposición de sentencias severas. Es posible imponer penas colectivas a menores por delitos cometidos por sus parientes. A veces familias enteras son encarceladas durante años. Según los informes disponibles, en 2004 cumplían condenas de cárcel en la Prisión Central de Dera Ismail Khan 13 menores de entre 2 y 13 años por estar relacionados con un presunto delincuente en busca y captura.


Tras una reunión con la secretaria general de AI, Irene Khan, en 2001, el presidente Pervez Musharraf aceptó conmutar todas las condenas de muerte a menores impuestas antes de que la Ordenanza entrase en vigor. Se calcula que el número exacto de menores bajo pena de muerte en esas fechas era de entre 125 y 350. Aunque algunos se han beneficiado de estas conmutaciones, muchos aún permanecen bajo condena de muerte porque no han podido demostrar la edad que tenían cuando se cometió el delito.


AI exhorta al gobierno a restablecer la Ordenanza de acuerdo con su obligación de introducir las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño en el derecho nacional. El gobierno debe garantizar que se tomen las disposiciones necesarias para aplicarla por completo en todo el país.


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AI levanta la alarma sobre los menores detenidos en Burundi

Los sistemas judicial y penitenciario de Burundi dejan a los menores a merced de las violaciones de los derechos humanos


R. de 14 años de edad, fue detenido el 12 de enero 2004, acusado de robo. En los seis meses en los que permaneció bajo custodia un agente de la policía judicial lo golpeaba con una barra de metal y un palo. El muchacho fue condenado en mayo de 2004 a dos años y medio de prisión. Cuando los delegados de AI lo vieron aún tenía marcas en las manos y en uno de los brazos.


T. de 17 años de edad, fue detenido el 21 de octubre de 2002 por presunto robo. Mientras estaba bajo custodia le pegaban y mantenían atado. Todavía sufre la consecuencia de las heridas. Ha pasado más de dos años en prisión sin haber sido declarado culpable ni condenado por delito alguno. Su juicio está en curso.


R. y T. son dos de los 48 menores detenidos con los cuales se entrevistaron los delegados de AI durante sus visitas a cuatro de las 11 cárceles de Burundi en el mes de enero.


Es motivo de honda preocupación para Amnistía Internacional el trato que reciben los menores de edad en los sistemas judicial y penitenciario del país.


En la mayoría de las cárceles, los niños soportan condiciones duras y de hacinamiento: algunos niños detenidos han denunciado actos de abuso sexual en las prisiones, muchos padecen malnutrición y han perdido el contacto con sus familias. Las actividades educativas y recreativas apropiadas a su edad y a sus necesidades especiales, en general, no se les proporcionan.


Veinte de los entrevistados por AI llevaban bajo custodia más tiempo del establecido legalmente para la prisión preventiva. Varios habían sufrido trato cruel, inhumano y degradante durante ese período.


Al menos una cuarta parte de los menores entrevistados habían estado detenidos durante más de un año sin juicio, a menudo en condiciones que suponían trato cruel, inhumano y degradante. De los que han sido procesados, pocos contaron con la asistencia de un abogado.


En algunos casos, determinados menores a los que visitó AI se encontraban privados de libertad en violación de los procedimientos de detención nacionales e internacionales. Burundi ha ratificado los principales instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos. El 28 de junio de 2004 ratificó la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño. Además, la legislación nacional burundesa incluye especificaciones relacionadas con los menores de edad. Pero no se respetan las leyes internacionales ni las nacionales.


Las autoridades no están teniendo en cuenta la condición especial de la infancia. Los magistrados y las autoridades penitenciarias no reciben la necesaria formación y les falta conocimiento de las leyes que se aplican a los menores. Esto a veces conduce a sentencias que contravienen los procedimientos penales nacionales.


L. de 16 años de edad, fue detenido el 10 de junio de 2003. Se le condenó a 20 años de cárcel aunque la legislación nacional especifica que una condena de cárcel para un menor no puede exceder los 10 años.


Según el derecho burundés, un preso condenado tiene derecho a la libertad condicional tras cumplir una cuarta parte de su condena. Sin embargo, pocos menores se han beneficiado de esta medida legal.


A pesar de la evidente franqueza con que los funcionarios del gobierno reconocen algunos de los graves fallos endémicos del sistema penitenciario, no se toma ninguna medida concreta para abordarlos.



China: defensora de los derechos humanos liberada de un campo de trabajo pero todavía en peligro


Mao Hengfeng, a quien las autoridades chinas habían impuesto una pena de 18 meses de "reeducación por el trabajo", recuperó la libertad el pasado 12 de septiembre.


Desde su puesta en libertad ha seguido protestando por los abusos contra sus derechos, a pesar de que, según informes, los funcionarios de la "reeducación por el trabajo" la amenazaron con "graves consecuencias" si lo hacía. Mao Hengfeng ha sufrido abusos, junto con su esposo, Wu Xuewei, a quien le han propinado palizas y tal vez deba hacer frente a cargos. Ambos están en peligro de sufrir más violaciones de los derechos humanos.


Las personas condenadas a "reeducación por el trabajo" no tienen acceso a un abogado ni comparecen ante ningún tribunal. La "sentencia" normalmente es decisión única de la policía. Pueden quedar retenidos en dependencias para la "reeducación por el trabajo" durante periodos de hasta cuatro años y corren el peligro de ser golpeados o torturados, sobre todo si se niegan a retractarse de sus "delitos".

AI continúa su campaña para proteger los derechos de Mao Hengfeng y de su esposo, y reclama que se investiguen las denuncias sobre las torturas y malos tratos que se les han infligido.


Véase la Llamada Internacionalde marzo de 2005.


Llamada internacional - Noviembre


Libia

Detenido sin juicio


Fathi al-Jahmi, activista político y preso de conciencia, ha permanecido encarcelado sin juicio desde su detención en el mes de marzo de 2004, tras haber concedido entrevistas a medios de comunicación internacionales en las que criticó al dirigente libio, el coronel Muamar al Gadafi, y pidió reformas internas. Actualmente se encuentra recluido en un lugar desconocido que podría ser un centro especial de la Agencia de Seguridad Interna situado a las afueras de Trípoli. Fathi al-Jahmi ha rechazado ver a un abogado libio y solicita representación internacional, pero entiende que se le acusa de tres cargos: intentar derrocar al gobierno, difamar al líder de la revolución y contactar con autoridades extranjeras. Se teme que no esté recibiendo el tratamiento adecuado para las varias enfermedades crónicas que sufre y que podrían poner su vida en peligro.


El escritor y periodista Abdurrazig al-Mansouri se encuentra detenido sin cargos ni juicio desde enero de 2005. Tras un periodo inicial de detención en régimen de incomunicación en un lugar desconocido, que se cree que podría ser un centro de la Agencia de Seguridad Interna, fue trasladado, según informes, a la prisión Abu Salim de Trípoli. Según informes, no se le ha permitido el acceso a un abogado, ni se le ha informado oficialmente de los cargos de los que se le acusa. Fuentes cercanas a las autoridades han indicado que está acusado de poseer un arma sin licencia. Sin embargo, los informes indican que el arma fue encontrada en el domicilio de Abdurrazig al-Mansouri el día siguiente a su arresto, lo que plantea dudas sobre los verdaderos motivos de su detención. En opinión de AI, Abdurrazig al-Mansouri puede haber sido detenido por escribir sobre temas políticos y de derechos humanos, como algunos artículos críticos con las autoridades libias que aparecen publicados en un sitio web. AI opina que Abdurrazig al-Mansouri puede ser un preso de conciencia detenido únicamente por el ejercicio no violento de su derecho a la libertad de expresión.


Escriban pidiendo la excarcelación inmediata e incondicional de Fathi al-Jahmi y Abdurrazig al-Mansouri en el caso de que estén recluidos únicamente por la expresión no violenta de sus opiniones. Hagan un llamamiento a las autoridades para garantizar que se concede a Fathi al-Jahmi acceso inmediato a un tratamiento médico adecuado para las enfermedades que ponen en riesgo su vida.


Envíen sus llamamientos al coronel Muamar al Gadafi:

Colonel Mu’ammar al-Gaddafi, Leader of the Revolution

Office of the Leader of the Revolution

Tripoli

República Árabe Libia Popular y Socialista

Télex: 70 0901 20162 ALKHASU LY


EE. UU.

Torturados estando bajo custodia estadounidense


Abdullah al-Noaimi, un bahreiní de 23 años, fue arrestado en la frontera entre Afganistán y Pakistán en noviembre de 2001 y fue entregado a la custodia estadounidense. Noaimi había viajado a Afganistán para buscar a un primo suyo desaparecido y volvía a Bahréin vía Pakistán.


Mientras estuvo preso en Kandahar, Afganistán, Abdullah al-Noaimi fue, según informes, torturado, humillado sexualmente por el personal estadounidense, además de negársele la atención médica. En junio de 2002 fue trasladado en avión al campo de reclusión de la bahía de Guantánamo, Cuba. Abdullah al-Noaimi padecía una infección del aparato urinario, había estado orinando sangre y sufría diarrea. Se han tenido noticias de que durante el traslado se le negó el agua y el acceso al baño.


Al llegar a Guantánamo su calvario continuó. Según los informes disponibles, en lugar de recibir tratamiento para sus dolencias, se le suministraron sustancias alucinógenas y psicotrópicas y fue forzado a firmar confesiones según las cuales él era miembro de Al Qaeda. Abdullah al-Noaimi contó a su abogado que un guardia se burlaba de él y lo amenazó con violarlo.

En 2004, un agente del FBI determinó mediante una prueba de polígrafo que Abdullah al-Noaimi "no representaba ninguna amenaza". Fue trasladado al Campo IV, el menos duro de Guantánamo. A pesar de ello, siguieron considerándolo como "combatiente enemigo."


En un intento desesperado de protestar por su detención continuada y el tratamiento tan duro recibido durante años, Abdullah al-Noaimi inició una huelga de hambre en julio de 2005, junto con otros 200 detenidos aproximadamente. Después de 11 días, perdió el conocimiento y le administraron líquidos por vía intravenosa para mantenerlo con vida.


Los abogados de Abdullah al-Noaimi creen que también ha participado en una segunda huelga de hambre que comenzó en agosto y AI siente preocupación por su bienestar físico y mental.


Escriban pidiendo a las autoridades que investiguen las denuncias de que Abdullah al-Noaimi fue torturado estando bajo custodia estadounidense y que creen una comisión independiente de investigación de todos los aspectos de las políticas y prácticas de detención de EE. UU. en el contexto de la "guerra contra el terrorismo". Pidan que se clausure el centro de detención de la bahía de Guantánamo y que los detenidos sean bien puestos en libertad o, bien, acusados y juzgados de acuerdo con las normas internacionales.


Envíen sus llamamientos al presidente de EE. UU.:

President George W. Bush

The White House, 1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington DC 20500

Estados Unidos

Fax: + 1 202 456 2461. Correo-E: president@whitehouse.gov


Federación Rusa

"Desaparecen" dos hermanos en Chechenia


Amnistía Internacional teme que la "desaparición" de Yakub Adamovich Magomadov pueda estar relacionada con los esfuerzos que ha realizado para encontrar a su hermano menor, Aiubkhan Adamovich Magomadov.


Aiubkhan Magomadov fue detenido por las fuerzas federales rusas el 2 de octubre de 2000 y desde entonces nadie ha vuelto a verlo. La familia lo buscó por toda la Federación Rusa y en 2001 presentó finalmente una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


En marzo de 2004, Yakub Magomadov comunicó a los delegados de AI la "desaparición" de su hermano y la intimidación que sufrió su familia después de presentar la denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


Por ejemplo, hacia finales de 2003, Yakub Magomadov visitó una prisión de la región de Rostov, en Rusia, porque había oído que su hermano podría estar allí detenido. Según informes, cuando salió de la prisión, unos hombres de uniforme lo metieron a empujones en un coche, le robaron el dinero, lo golpearon y le advirtieron de que "desaparecería" si continuaba buscando a su hermano. Su familia lo vio por última vez en abril de 2004, cuando salió de Chechenia para dirigirse a Moscú.


Según informes, el 16 de mayo, un miembro de la guardia de seguridad del presidente checheno comunicó a la familia que Yakub Magomadov estaba detenido en el cuartel general de las fuerzas federales rusas en Jankala, Chechenia, y les dio una nota escrita por Yakub Magomadov y una fotocopia de la fotografía de su pasaporte. Sin embargo, las autoridades rusas negaron que hubieran detenido a Yakub Magomadov y sostienen que se ha ocultado porque está acusado de haber cometido un delito.


En septiembre de 2005, AI supo, según informes, que Yakub Magomadov había sido visto con vida en agosto de 2005, detenido en Jankala, donde podría estar recluido en secreto.


Escriban para pedir a las autoridades una investigación completa de las "desapariciones" de Yakub y Aiubkhan Magomadov. Exijan que se dé a conocer el paradero de los dos hombres, que sean puestos en libertad inmediatamente o que se les acuse de un delito común reconocible y se les permita el acceso al abogado que elijan y a sus familias.

Insten a las autoridades a proteger a aquellas personas que presenten una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra hostigamientos y otras formas de abusos.


Envíen sus llamamientos al fiscal General:

Vladimir Ustinov, Procurator General

Procuracy of the Russian Federation

Ul. B. Dimitrovka 15a

103793 Moskva K-31

Federación Rusa

Fax: + 7 095 292 8848 (si contesta una voz, digan "fax please").


Camboya

Encarcelamiento de un parlamentario

Cheam Channy, miembro electo del parlamento de Camboya por el Partido de Sam Rainsy, la oposición, fue detenido en febrero, inmediatamente después de que se le retirase la inmunidad parlamentaria, acusado de "delincuencia organizada" y "fraude."

Esta detención guarda relación con las acusaciones formuladas en julio de 2004 en relación con las actividades del Comité número 14 del Partido de Sam Rainsy, que Channy presidía, y la supuesta creación de una fuerza armada extremista o un "ejército a la sombra". Sin embargo, el Comité número 14 se creó con la única intención de observar la actuación de los ministros del gobierno que se ocupan de la defensa nacional, los asuntos relativos a los veteranos, la desmovilización y la seguridad pública, siguiendo el modelo de "ministros a la sombra" de partidos de la oposición de todo el mundo.


A pesar de que Cheam Channy es un civil acusado de delitos no relacionados con asuntos militares, fue detenido en una prisión militar y llevado ante un Tribunal Militar, contraviniendo así tanto el derecho nacional, como internacional. En el juicio celebrado el día 9 de agosto no se presentaron pruebas creíbles que respaldaran las acusaciones formuladas, además de que no se respetaron las normas internacionales básicas de imparcialidad procesal. Fue sentenciado a siete años de prisión.


AI considera que Cheam Channy es un preso de conciencia sentenciado a un largo periodo de encarcelamiento como parte de un intento de sofocar una oposición política legítima en Camboya y de reducir la libertad de expresión y asociación. Su caso es otro ejemplo de los graves fallos del sistema judicial camboyano, como son la injerencia política en el sistema judicial y la vulneración de las normas internacionales para un juicio justo.


Escriban pidiendo la puesta en libertad inmediata e incondicional de Cheam Channy como preso de conciencia y que se ponga fin a la práctica de levantar cargos penales de motivación política con el fin de coartar la libertad de expresión y asociación y reprimir la oposición política en Camboya.


Envíen sus llamamientos al viceprimer ministro y coministro del Interior:

Sar Kheng

Deputy Prime Minister and Co-Minister of Interior

Ministry of Interior

275 Norodom Blvd

Phnom Penh

Camboya

Fax: + 855 23 726 052. Correo-E: moi@interior.gov.kh



Actualizaciones


Estudiantes palestinos liberados en Irak


Los estudiantes palestinos Jayab Mahmood Hassan Humeidat y Ahmad Badran Faris fueron excarcelados en agosto tras permanecer recluidos durante más de dos años, sin cargos ni juicio, en Camp Bucca, una prisión dirigida por EE. UU. y situada en el sur de Irak. Fueron trasladados a la prisión Abu Ghraib poco antes de ser puestos en libertad y devueltos a sus lugares de residencia en Cisjordania. Otros diez estudiantes palestinos detenidos al mismo tiempo fueron liberados después de varios meses de detención.


Tras su excarcelación, Jayab Mahmood Hassan Humeidat contó a AI que se le había negado el acceso a un abogado, a pesar de haberlo pedido repetidamente. Relató que en Camp Bucca habían sufrido humillaciones y torturas, como el estar de pie durante horas expuestos al calor del sol. Los jóvenes agradecieron a AI los esfuerzos realizados por ellos.


Véase la Llamada Internacionalde abril de 2005.


Liberación de un preso de conciencia en Vietnam


El preso de conciencia hermano Nguyen Thien Phung (Huan) fue puesto en libertad en septiembre tras permanecer 18 años en prisión. Su excarcelación se ha contemplado dentro de la amplia amnistía de presos promulgada para conmemorar el Día Nacional de Vietnam, celebrado el día 2 de septiembre. Según se ha informado, su estado de salud es razonable. Este acontecimiento se ha producido poco después de la liberación de un compañero de prisión, el reverendo Pham Ngoc Lien (Tri), en virtud de la amnistía anterior, que tuvo lugar en marzo.


El hermano Nguyen Thien Phung (Huan) y el reverendo Pham Ngoc Lien (Tri) son miembros de la Congregación de la Madre Corredentora. Fueron detenidos en mayo de 1987 y condenados a 20 años de prisión por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de religión, expresión y asociación como parte de sus actividades como miembros de la Congregación. La Congregación de la Madre Corredentora de EE. UU. ha agradecido a AI los esfuerzos realizados para su liberación.


Véase la Llamada Internacionalde septiembre de 1997.


Libia excarcela a presos de conciencia


Cinco presos de conciencia que se encontraban detenidos desde 1998 fueron puestos en libertad en septiembre. Ramadan Shaglouf, Tariq al-Dernawi, Tawfiq al-Jehani, Ali Be’aou y Musa al-Ziwi fueron condenados por pertenecer al Movimiento Alianza Islámica, un grupo político prohibido, con penas incluso de cadena perpetua. Sin embargo, a AI le preocupa que su libertad pueda estar sujeta a la condición de no volver a participar en ninguna actividad política en el futuro, lo que infringiría su derecho a la libertad de expresión. AI hace también un llamamiento al gobierno para que investigue las denuncias de torturas realizadas por al menos uno de los cinco liberados.


México excarcela a un activista medioambiental


El preso de conciencia y activista medioambiental Felipe Arreaga Sánchez fue puesto en libertad el 15 de septiembre tras pasar más de 10 meses en prisión. AI opina que su detención y juicio fueron represalias por su lucha pacífica para evitar la tala excesiva de los bosques de la región.


Tras su excarcelación, Felipe Arreaga Sánchez declaró a los medios de comunicación que continuaría su activismo a favor del medioambiente y expresó su agradecimiento a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos por el apoyo mostrado. Dijo que durante el tiempo que estuvo en prisión no se sintió solo en ningún momento puesto que las manifestaciones de apoyo no cesaron.


Véase la Llamada Internacional de mayo de 2005.


Solidaridad en los Territorios Ocupados

Activistas palestinos e israelíes se reúnen todas las semanas para protestar pacíficamente en Cisjordania.


En el pueblo palestino de Bil’in la construcción por parte del ejército israelí de la valla/muro a través de Cisjordania ha tenido consecuencias desastrosas. Aislará a la población de dos terceras partes de sus tierras, su principal fuente de subsistencia.


Durante los últimos años, los habitantes de este pueblo se han manifestado pacíficamente todas las semanas para protestar por la construcción de la valla/muro. A ellos se han unido activistas israelíes y de otros países. Las manifestaciones palestino-israelíes semanales y otras actividades realizadas en Bil’in han pasado a convertirse en símbolo de la protesta no violenta y la solidaridad entre dos comunidades.


El ejército israelí ha respondido haciendo uso injustificado de la fuerza. Los soldados disparan gases lacrimógenos, granadas paralizantes y balas metálicas revestidas de goma y, a menudo, golpean y detienen a manifestantes. A los pacifistas israelíes se les impide cada vez más llegar al pueblo. El ejército israelí ha estado imponiendo toques de queda, declarando la zona "área militar cerrada" y obligando a los pacifistas israelíes a dar la vuelta en las carreteras que conducen al pueblo. En consecuencia, hay menos personas foráneas que puedan presenciar los abusos contra los derechos humanos que sufren diariamente los habitantes del pueblo.


En plena temporada de recolección de la oliva, los pacifistas israelíes se han sumado a los habitantes palestinos de Bil’in para hacer la recolecta en los campos que la valla/muro separa del pueblo. El trazado de la valla se ha realizado con la intención de apropiarse de amplias zonas del territorio palestino y extender así los asentamientos israelíes, construidos en los Territorios Ocupados, vulnerando el derecho internacional.


Aunque las autoridades israelíes aseguran que la valla/muro se está construyendo para "separar" Israel de Cisjordania, más del 80 por ciento se está erigiendo en territorio palestino dentro de la parte ocupada de Cisjordania.


La Corte Internacional de Justicia ha instado a Israel a detener la construcción de la valla/muro en Cisjordania y demoler las partes que ya están construidas. Israel continúa haciendo caso omiso a esta recomendación.


Niños de campamentos kosovares corren peligro de muerte por intoxicación con plomo


Alrededor de 530 personas de origen romaní, ashkalí y egipciano viven en campamentos contaminados de plomo en el norte de Mitrovica, Kosovo. La mayoría de ellos, incluidos 138 niños menores de seis años, presentan niveles peligrosos de plomo en sangre. Algunos de los niños han sufrido síntomas de la intoxicación por plomo, como, por ejemplo, convulsiones y coma, indicadores de niveles muy altos de exposición.


De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, los niños que viven en estos campamentos "corren el riesgo de padecer encefalopatías [trastornos cerebrales] y, posiblemente, de morir". En los adultos, la exposición a niveles altos de plomo puede provocar un aumento de la presión arterial y una disminución de la función renal y del sistema nervioso central.


La mayor parte de los habitantes de los campamentos viven allí desde que tuvieron que huir de sus hogares en el sur de Mitrovica tras el conflicto de Kosovo en 1999. Los campamentos, establecidos por la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) en 1999, están situados en un terreno donde anteriormente hubo una planta de fundición de plomo operada por la Compañía Minera Trepca. Las Naciones Unidas forzaron la clausura de la planta en 2000 a raíz de recibir información sobre la alta concentración de plomo; aunque, según informes, el día 22 de agosto de 2005 se volvió a abrir la mina. Las autoridades de la Unión Europea y las Naciones Unidas han acogido la noticia como un paso hacia adelante en el desarrollo económico de Kosovo.


El 24 de junio de 2005, tras una visita al emplazamiento, el representante especial del Secretario General en los Derechos Humanos de los Desplazados Internos declaró que se trata de "una situación de emergencia. No actuar supondría una violación del derecho de los niños afectados a la protección de su salud e integridad física".


Como resultado de la presión ejercida por AI y otras organizaciones no gubernamentales, las autoridades competentes han delimitado recientemente un emplazamiento para la reubicación de los residentes. Dado que el lugar que eligieron en primer término parece presentar altas concentraciones de plomo y otras sustancias tóxicas, se ha escogido un segundo emplazamiento, aunque la financiación sigue planteando problemas.


Un miembro de AI Países Bajos que ha visitado recientemente el lugar considera que la comunidad internacional no ha informado plenamente a los residentes de la situación actual ni los ha consultado sobre el traslado. AI continuará ejerciendo presión sobre las autoridades para asegurarse de que se consulta plenamente a la comunidad local y para garantizar que sea trasladada a un lugar seguro tan pronto como sea posible.


Derechos humanos: "Uno de los pilares de las Naciones Unidas"


En la Cumbre Mundial 2005, celebrada en septiembre, las Naciones Unidas admitieron sin ambigüedad que los derechos humanos constituyen uno de sus tres pilares, junto con el desarrollo y la paz y la seguridad.


Una de las decisiones más importantes de la Cumbre ha sido crear un Consejo de Derechos Humanos. Los Estados decidieron además doblar el presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a lo largo de los próximos cinco años.


Otros resultados positivos de la Cumbre han sido la aceptación incondicional por parte de todos los Estados de su responsabilidad colectiva e internacional de proteger a la población del genocidio, los crímenes de guerra, las limpiezas étnicas y los crímenes contra la humanidad; el firme compromiso de poner fin a la discriminación de las mujeres y la impunidad de la violencia contra las mujeres; y la decisión de afianzar todavía más los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas.


Estos resultados positivos reflejan el compromiso de un número creciente de Estados de todas las regiones de mejorar la capacidad de las Naciones Unidas para fomentar y proteger los derechos humanos. No debe perderse el impulso que emana de la Cumbre. AI insta ahora a la Asamblea General a que cree el nuevo Consejo de Derechos Humanos sin dilación. Los dirigentes mundiales han dado el primer paso, crear el Consejo, pero han dejado la negociación de prácticamente todos los detalles en manos de la Asamblea General, bajo la dirección de su presidente.


El nuevo Consejo debe gozar de credibilidad ante los ojos del mundo y especialmente de aquellas personas que necesitan ayuda. Debe conservar todas las cualidades de la Comisión de Derechos Humanos, pero, además, debe ser capaz de proteger los derechos humanos con más autoridad, más credibilidad y mayor eficacia que la Comisión. Aquellos gobiernos que han apoyado en silencio una mejor maquinaria de derechos humanos para las Naciones Unidas deben ahora, en la Asamblea General, respaldar los derechos humanos y defender enérgicamente un Consejo de Derechos Humanos fuerte.


Si desean más información, consulten el documento de la ONU: Los gobiernos deben actuar sin demora y de forma efectiva sobre los importantes compromisos en materia de derechos humanos alcanzados en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005(IOR 41/062/2005).


Atentado contra la libertad de expresión en Túnez

Durante la sesión de apertura de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra en 2003, Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, describió las tecnologías de información y comunicación como "instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia". Resulta irónico que Túnez se prepare para ser sede de la segunda fase de la Cumbre, que tendrá lugar en noviembre, al mismo tiempo que toma medidas drásticas precisamente contra los derechos a la libertad de expresión e información que dichas tecnologías ofrecen.


En sólo algunas semanas de agosto y septiembre, se cerraron las puertas de la Asociación de Magistrados Tunecinos (AMT), se prohibió al Sindicato de Periodistas Tunecinos (SJT) celebrar su primer congreso y se entregó un requerimiento judicial a la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH) impidiéndole que prepare y celebre su sexto congreso nacional. Además, la policía rodeó las oficinas de la LTDH y negó el acceso a todas las personas que no pertenecían al comité ejecutivo.


Privar a la AMT de sus oficinas forma parte de una serie de medidas que han adoptado las autoridades y que parecen estar destinadas a intimidar a los jueces, así como a restringir sus actividades legítimas y su libertad de expresión. A raíz de que la magistratura pidiera recientemente más independencia, las autoridades han cortado con frecuencia la línea de teléfono, de fax y el acceso a Internet de las oficinas de la AMT. Se dice que muchos jueces han sido trasladados arbitrariamente a lugares remotos del país, lejos de sus familias, aparentemente como parte de las acciones realizadas para intimidarlos y silenciarlos.


Desde la creación del SJT en mayo de 2004, su presidente ha sido citado en varias ocasiones al Departamento de Seguridad del Ministerio del Interior para ser interrogado.


La LTDH y otras organizaciones de derechos humanos también constituyen con frecuencia el blanco de las autoridades.


El gobierno de Túnez debe terminar inmediatamente con el acoso y la persecución de defensores de los derechos humanos, jueces y periodistas, además de asegurarse de que todos los tunecinos pueden ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asociación.


AI ofrece una conferencia sobre la tortura


AI y Reprieve, una organización no gubernamental que lucha por los derechos humanos, ofrecerán entre los días 19 y 21 de noviembre una conferencia sobre el uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en la "guerra contra el terror".


La conferencia, que recibe el nombre de La lucha global contra la tortura: la bahía de Guantánamo, Bagram y más allá, reunirá a ex detenidos, miembros de sus familias, abogados y expertos.


La finalidad que se persigue es respaldar el trabajo de todas aquellas personas comprometidas en la lucha contra la tortura y otras formas de violación de los derechos humanos empleadas en la "guerra contra el terrorismo", así como fomentar las alianzas entre ellas.


Si desean más información, diríjase a: TortureWoT@amnesty.org


Iluminar el mensaje de AI


La Sección Neerlandesa intenta vencer el récord mundial de la imagen de fuego más grande con una versión gigante del logotipo de AI. El pasado 7 de septiembre, miembros de AI y activistas estudiantiles encendieron 10.100 velas para crear la imagen, de 9 x 13 metros, en la plaza Vredenburg de Utrecht.


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