Document - Amnesty International News, October 1995. Vol.25, No.10.

Amnistía Internacional: Boletín, octubre de 1995

Noticias





ANTIGUA YUGOSLAVIA

Los “desaparecidos” no deben ser olvidados


Millares de personas han “desaparecido” durante los cuatro años de conflicto armado en la antigua Yugoslavia. Durante la conferencia bienal de AI, celebrada en agosto en Liubliana, la capital eslovena, los delegados de más de 70 países firmaron una declaración pidiendo a los gobiernos del mundo que se pronunciaran a favor de resolver la cuestión de los “desaparecidos” y de las “personas de paradero desconocido” en la antigua Yugoslavia.

Es patente la falta de voluntad para encontrar a las personas “desaparecidas” y “de paradero desconocido” en la antigua Yugoslavia. Todas las partes en conflicto han ignorado las peticiones de información de los familiares. En algunos casos, las familias que han solicitado información se han vuelto, ellas también, blanco de la persecución. La comunidad internacional no ha ejercido presión sobre las autoridades para que den a conocer el paradero de estas personas, cuyo número se estima en más de 20.000. Una proporción considerable de éstas son civiles que se convirtieron en víctimas por su origen étinico o por encontrarse en determinado lugar en determinado momento. Y, corren peligro de que el mundo las olvide.

En mayo de 1992, el Ejército Nacional Yugoslavo (JNA) se retiró de la zona oriental de Bosnia, abandonando mucho armamento en manos de las fuerzas servias locales. Se desencadenó entonces una ola de detenciones, encarcelamientos y asesinatos. Dos meses después, Vahda Ibisevic, de 19 años, y su hermano Salih, de 13, fueron secuestrados por hombres armados en Vlasenica. Se los llevaron a un campo de detención cercano, donde permanecieron 10 días, y después los enviaron en un autobús, junto con otros niños y mujeres musulmanes, con rumbo a Kladanj, localidad controlada por las fuerzas gubernamentales. En el camino, unos hombres armados interceptaron el autobús, seleccionaron a 13 jóvenes y adolescentes de entre 14 y 20 años, y se las llevaron a punta de fusil diciendo: «A éstas les vamos a hacer unos lindos hijos serbios». Vahda Ibisevic fue una de ellas.

Bronka Magdic es una refugiada oriunda de Vukovar, localidad de Croacia oriental que cayó en poder del JNA en 1991 tras un encarnizado combate. Desde el 14 de octubre de 1991 no ha visto a su esposo, Mile Magdic, a quien llamaron a las armas para participar en la defensa de Vukovar. La propia Bronka Magdic fue detenida por soldados serbios. De uno de ellos, a finales de noviembre, recibió las primeras noticias de su esposo. El soldado dijo haberlo visto entre un grupo de pacientes que fueron trasladados de un hospital de Vukovar a una granja cercana. Después, el Comité Internacional de la Cruz Roja comunicó a Bronka Magdic que su esposo había sido puesto en libertad en un intercambio de prisioneros, pero resultó no ser cierto. Todos sus intentos de averiguar la suerte de su esposo han sido en vano. Ella misma ha sido detenida e interrogada por soldados serbios.

En Croacia también han “desaparecido” serbios. A Bogdan Grgic, conductor de camiones serbio nacido en Sadilovac, cerca de Slunj, se lo llevó de su domicilio en Zagreb la policía croata en un vehículo sin identificación. Lo interrogaron sobre un ataque lanzado por fuerzas serbias contra Slunj, y después lo pusieron en libertad. Al parecer, fue detenido únicamente debido al lugar donde residía. Tres semanas después, fue secuestrado en su domicilio por dos hombres armados que dijeron ser policías pero que no enseñaron sus documentos de identidad. De Bogdan Grgic no se ha vuelto a saber nada. En el cuartel de la policía, su esposa, Sofija, fue informada de que no lo habían llevado allí.

AI cree que la investigación y el esclarecimiento de la suerte de estas personas es parte imprescindible de un proceso de reconciliación.

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[Los términos “desaparecido” y “persona de paradero desconocido” se emplean respectivamente cuando la responsabilidad cabe a un gobierno o a otra parte en conflicto. No obstante, en lo que atañe a las víctimas y sus familiares, las repercusiones no cambian.]

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[pie de foto:]Una mujer enciende una vela durante la vigilia semanal por los “desaparecidos” en Zagreb, Croacia. © Panos Pictures



ESPAÑA

Agentes del orden, culpables de causar daños a dos turistas


Cinco agentes de orden público han sido declarados culpables de causar daños físicos y mentales a dos turistas daneses en Ibiza. Casi cuatro años después del ataque, el tribunal condenó a los funcionarios a penas de hasta 30 días y otorgó una compensación a los turistas. AI había realizado una vigorosa campaña para que se investigase exhaustivamente el incidente.

Mohamed Hegazy y Raed Shibli fueron detenidos en septiembre de 1991 y llevados al retén de la policía local, al parecer, tras resistirse a la detención y lesionar a los agentes del orden. En julio de 1993 los absolvieron de este último cargo pero los declararon culpables de resistirse a la autoridad. En la comisaría, fueron agredidos y golpeados con porras mientras estaban esposados, y Mohamed Hegazy, en especial, sufrió lesiones en los brazos, glúteos, espalda y piernas. Un agente admitió ante el tribunal haber golpeado a Mohamed Hegazy con una porra durante unos 15 minutos para «que se calmase».

Dos días después, los ciudadanos daneses interpusieron querella judicial, pero el juez suspendió su pesquisa a las seis semanas pese a que ninguno de los dos querellantes había sido interrogado y a que había abundantes pruebas médicas y fotográficas.

El caso recibió extensa publicidad en España y, como resultado, el Fiscal General del Estado intervino personalmente y pidió que se reanudase la investigación. Finalmente, en marzo de este año, los cinco agentes del orden fueron sometidos a juicio.

AI censuró la falta de una investigación judicial pronta y exhaustiva de la queja, los retrasos inaceptables en las actuaciones judiciales y el hecho de que se dictaran sentencias nominales por delitos graves que habían sido reconocidos por sus autores.



GUINEA

Presos en condiciones degradantes


Se cree que varios cientos de presos están recluidos en Guinea en condiciones que distan mucho de ajustarse a las normas internacionales y que equivalen a trato cruel, inhumano y degradante. Los detenidos duermen desnudos en el suelo, que, en su mayoría, está cubierto de orín y heces. Se les priva regularmente de alimentos y no tienen acceso a tratamiento médico; para recibir visitas deben sobornar a los guardias. En algunas cárceles, como la de N’Zérékoré, se usan grilletes para restringir el movimiento de los presos.

AI ha recibido alarmantes estadísticas que revelan cientos de muertes en detención en Guinea durante los últimos seis años, algunas de ellas a causa de torturas. En agosto de 1993, Liman Kourouma murió como resultado de torturas mientras estaba recluido en la cárcel de Conakry, la capital. Se le practicó una autopsia a petición de sus familiares, y el perito forense del Estado dictaminó que la causa de la muerte había sido un ataque al corazón. No obstante, el examen también reveló la presencia de marcas circulares alrededor de las muñecas y de quemaduras de primer grado en los tobillos.

La noche del 31 de diciembre de 1994, 16 detenidos murieron en circunstancias controvertidas en la cárcel de Conakry. Figuraron entre un grupo de personas detenidas como parte de una ofensiva contra la delincuencia.

El Fiscal General de la República anunció que se había iniciado una pesquisa judicial, sin explicar su alcance y ámbito, y que un equipo médico de la policía había recogido pruebas para esta investigación. No obstante, se desconoce qué avances han hecho las diligencias y no se han hecho públicos sus resultados. Algunos informes locales indican que las muertes pueden haber sido causadas por el hacinamiento y la falta de ventilación en la celda, pero otras fuentes dicen haber oído disparos en la cárcel la noche en que murieron las víctimas. Trece de éstas fueron sepultadas de inmediato.

La dureza de las condiciones carcelarias parece ser fruto de grave negligencia por parte de las autoridades guineanas. AI ha pedido se investiguen todas las muertes bajo custodia y todas las denuncias de tortura y se procuren condiciones carcelarias adecuadas a todos los presos.



NOTICIAS BREVES


* El pasado 3 de agosto, el parlamento de Mauricio votó en favor de la abolición legal de la pena de muerte. De un total de 66 parlamentarios, una mayoría de 52 eligió la abolición, y muchos de ellos citaron en sus discursos la labor de AI. Este voto inclinó brevemente la balanza mundial en favor de la abolición: una mayoría de 98 países habían abolido la pena capital en la legislación o en la práctica. Sin embargo, 9 días después el gobierno de Gambia reinstauró la pena de muerte, que había sido abolida en abril de 1993. AI ha pedido al Consejo Provisional de Gobierno de las Fuerzas Armadas, en el poder desde el golpe de julio de 1994, que reconsidere su decisión.


* El 21 de junio, el Dr. Nasr Abu Zeid fue amenazado de muerte por el grupo político armado egipcio Yihad (Guerra Santa). La amenaza le llegó tras una resolución del Tribunal de Apelaciones de El Cairo ordenándole separarse de su esposa debido a que ésta, una “buena musulmana”, no podía estar casada con un apóstata, en estricta aplicación de la ley islámica Shari’a. AI hace un llamamiento a Yihad para que retire su amenaza de forma inmediata e incondicional.


* Amnistía Internacional ha solicitado al gobierno de Nepal que ponga en libertad a 11 cristianos condenados el 21 de agosto a dos años de cárcel por proselitismo. Entre los detenidos figuran un ciudadano nepalí, un ciudadano indio y nueve refugiados bhutaneses de habla nepalí. La organización cree que son presos de conciencia y ha pedido sean puestos en libertad de inmediato e incondicionalmente.



NIGERIA

Catorce condenas a muerte en juicios por traición provocan la alarma internacional


La noticia de que 14 acusados han sido condenados a muerte en Nigeria tras ser juzgados por traición ha causado un grado de alarma sin precedentes entre gobiernos, jefes de Estado y ex jefes de Estado de todas partes del mundo. Amnistía Internacional teme que las condenas a muerte sean confirmadas y ejecutadas en un futuro próximo, y ha pedido al jefe de Estado, general Sani Abacha, que conmute las sentencias. AI también teme que algunos de los acusados, o todos ellos, puedan ser presos de conciencia.

Los 14 presos que, al parecer, han sido condenados a muerte incluyen al ex jefe de Estado adjunto, general de división retirado Shehu Musa Yar’Adua. El ex jefe de Estado, general retirado Olusegun Obasanjo, figura entre 11 presos que se cree han sido condenados a cadena perpetua. Al menos otros 15, al parecer, han recibido penas de dos a 25 años de cárcel.

Las autoridades nigerianas anunciaron en julio que un Tribunal Militar Especial había condenado a 40 personas acusadas de participar en un supuesto intento de golpe de Estado. Se cursaron órdenes de detención contra otras tres personas condenadas en rebeldía. Los juicios fueron a todas luces injustos. Más que un órgano de justicia, este Tribunal es una rama del poder ejecutivo.

Las detenciones y las condenas no han cesado. En julio, el Dr. Beko Ransome-Kuti, presidente de la Campaña por la Democracia, figuró entre un grupo de cuatro activistas de derechos humanos detenidos, al parecer, por haber criticado los juicios por traición. Los informes recibidos indicaron que el Dr. Ransome-Kuti habría sido juzgado y condenado a cadena perpetua. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia encarcelados por expresar pacíficamente sus opiniones políticas. La organización ha solicitado su libertad inmediata e incondicional.


[pie de foto:]El Dr. Beko Ransome-Kuti, uno de los cuatro activistas de derechos humanos detenidos en julio. © Panos Pictures



HONDURAS

Miembros del ejército acusados por “desapariciones”


Por primera vez en la historia de Honduras, se ha atribuido oficialmente la autoría de “desapariciones” a miembros de las fuerzas armadas. Diez agentes del ejército y la policía fueron acusados el 25 de julio por la Fiscal Especial de Derechos Humanos en relación con la “desaparición” temporaria de seis personas durante la década de los 80. No obstante, sólo uno ha sido detenido, y ello por cargos que no están relacionados con este caso. Los que aún permanecen en el servicio activo no han sido suspendidos de sus cargos.

La cuestión de los “desaparecidos” volvió a surgir durante las elecciones presidenciales de noviembre de 1993, tras muchos años de silencio, y llevó al Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos a emprender un estudio de las “desapariciones” pasadas. El informe resultante representa el primer reconocimiento oficial de que las fuerzas armadas hayan participado en la práctica sistemática, clandestina y organizada, común durante toda la década de los 80, de hacer “desaparecer” a los opositores políticos del gobierno.

Durante muchos años, AI ha venido solicitando a las autoridades hondureñas que investiguen el paradero de al menos 184 personas “desaparecidas” durante este periodo, y que lleve a los responsables ante los tribunales. Pese a los intentos de la administración del presidente Carlos Roberto Reina de reducir el poder de la policía y las fuerzas armadas, AI teme que la intimidación de los defensores de los derechos humanos y de los familiares de los “desaparecidos” pueda hacer peligrar estos intentos de erradicar la impunidad. La organización ha solicitado al gobierno de Honduras que se mantenga firme en su resolución de llevar ante la justicia a los perpetradores de “desapariciones” y de proteger a los testigos de graves violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional: Boletín, octubre de 1995

Llamada



TÚNEZ

Tourkia Hamadi, de 29 años de edad y madre de dos niños pequeños, fue detenida y encarcelada el 10 de julio cuando su pena de seis meses de cárcel fue confirmada tras una apelación ante un tribunal de Gabes, al sur del país. El 5 de mayo la habían juzgado y condenado por cargos de pertenecer al proscrito partido islamista al-Nahda y de ayudar a su esposo a abandonar Túnez.

Éste, simpatizante de al-Nahda, pasó a la clandestinidad en 1991, durante una ola de detenciones de partidarios de al-Nahda, y abandonó Túnez al año siguiente para pedir asilo político. Desde entonces, y especialmente a partir de octubre de 1994, las autoridades han detenido a Tourkia Hamadi con frecuencia para interrogarla sobre el paradero y las actividades de su esposo. Los familiares, y especialmente las esposas, de simpatizantes de al-Nahda encarcelados o exilados han sido creciente blanco de hostigamientos. Decenas de mujeres han ido a la cárcel por cargos de prestar ayuda económica a familias de presos; otras, por recibir pequeñas sumas de dinero de amigos o familiares. En su gran mayoría, se las ha acusado de pertenecer a una asociación ilegal (al-Nahda) y de participar en reuniones no autorizadas.

Entre mayo y julio de este año, al menos siete mujeres fueron encarceladas por cargos similares. Entre ellas figuró Aicha Dhaouadi, profesora de enseñanza secundaria de Bizerte y madre de una niña de cuatro años, cuyo esposo abandonó Túnez en 1992. Fue detenida el 19 de mayo, y actualmente cumple una pena de nueve meses de cárcel por apoyar a un partido político ilegal y recaudar fondos sin autorización.


* Por favor, escriban al ministro de Justicia, pidiendo la libertad inmediata e incondicional de las presas de conciencia Tourkia Hamadi y Aicha Dhaouadi: M. Sadok Chaâbane/Ministre de la Justice/Ministère de la Justice/ Boulevard Bab Benat/Ciudad de Túnez/Túnez.


[pie de foto:]Tourkia Hamadi con sus dos hijos.



TURQUÍA

Atilay Ayçin, presidente de Hava-Is, sindicato de trabajadores de la industria aeronáutica turca, cumple una pena de 20 meses en la cárcel de Saray, cerca de Tekirdag, en el nordeste de Turquía. Fue detenido el pasado mayo y acusado en virtud del artículo 8 de la Ley contra el Terror por diseminar «propaganda separatista» en un discurso sobre “Los Derechos y las Libertades Fundamentales”. El acto había sido organizado en septiembre de 1991 por la Asociación Turca de Derechos Humanos en Estambul.

Atilay Ayçin tiene un historial de persecución por disidencia. En 1973, mientras cursaba estudios en la Escuela de Aeronáutica, pasó cuatro meses en una cárcel militar por exigir mejoras en los derechos de los suboficiales. En 1981 fue detenido por sospecharse su pertenencia a una organización ilegal, pero posteriormente lo absolvieron y quedó en libertad.

Desde 1991, el gobierno ha venido prometiendo que reformará el notorio artículo 8, que castiga la expresión pacífica de opiniones separatistas con prolongadas penas de prisión. Pero las reformas propuestas se enfrentan con la oposición del presidente y de militares de alta graduación, así como de algunos parlamentarios del Partido de la Justa Vía, el más importante en la coalición de gobierno.


Por favor, escriban al presidente pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Atilay Ayçin y medidas urgentes para reformar el artículo 8 de la Ley contra el Terror: President Süleyman Demirel/Cumhurbaskanligi/ 06100 Ankara/Turquía.



LAOS

Thongsouk Saysangkhi, Latsami Khamphoui y Feng Sakchittaphong fueron detenidos en octubre de 1990 por criticar al gobierno de Laos y propugnar el pluralismo democrático. Recluidos sin cargos hasta noviembre de 1992, recibieron sendas penas de 14 años de cárcel tras un juicio que careció de garantías. No se les permitió contar con representación letrada. Los cargos en su contra incluyeron «hacer preparativos para lanzar una rebelión y diseminar propaganda en contra de la República Popular Democrática Lao». AI los considera presos de conciencia.

Thongsouk Saysangkhi había ocupado el cargo de viceministro de Ciencia y Tecnología, al que renunció en agosto de 1990 después de criticar al gobierno por «restringir las libertades populares y la democracia». Latsami Khamphoui, ex viceministro de Agricultura y Recursos Forestales, escribió al gobierno en enero de 1990 criticando el sistema político y económico. Feng Sakchittaphong es un ex funcionario del ministerio de Justicia que, junto con Thongsouk y Latsami, escribió un artículo en favor del pluralismo democrático. Los tres también celebraron reuniones en las que se propugnó este sistema político.

Según los últimos informes, estaban recluidos en el Campo de Reeducación 7, situado en una zona remota de la provincia de Houa Phanh, en condiciones insatisfactorias, y prácticamente sin atención médica. Los tres detenidos son casi sexagenarios y su salud está quebrantada. Las últimas noticias decían que Thongsouk Saysangkhi padecía diabetes, cataratas y problemas del aparato urinario. Feng Sakchittaphong también sufría problemas urinarios y, según se cree, epilepsia. Latsami Khamphoui padece hepatitis crónica.


Por favor, escriban al presidente, pidiendo la libertad inmediata e incondicional de los tres: Nouhak Phoumsavan/President/Office of the President/Vientián/ República Popular Democrática Lao (Laos).


ACTUALIZACIÓN

Thich Quang Do, preso de conciencia cuyo caso publicamos en la LLamada Internacional de agosto, fue condenado a cinco años de cárcel el 15 de ese mes. AI ha pedido su puesta en libertad de forma inmediata e incondicional.

Amnistía Internacional: Boletín, octubre de 1995

Enfoque





La primera línea de defensa


[pie de foto:]La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, pide que se investiguen los abusos del pasado y se ponga fin a las violaciones de derechos humanos del presente. Sus integrantes son objeto constante de amenazas, hostigamiento y agresiones.


Los defensores de los derechos humanos forman la primera línea en la lucha por hacer realidad la aspiración a un mundo en el que todas las personas estén liberadas «del temor y de la miseria», como proclama la Declaración Universal. Cuando se sufre persecución y represión, cuando los derechos humanos se ven coartados o amenazada la dignidad de la persona humana, cuando se hostiga a las minorías o se oprime a los pueblos, son los defensores los que protegen al débil y piden cuentas al poderoso.

Con frecuencia, quienes defienden los derechos humanos deben pagar un alto precio por su valentía: cuando protestan contra la violencia del Estado, los asesinan; cuando reivindican los derechos de los presos, los encarcelan; cuando investigan secuestros y homicidios políticos, los hacen “desaparecer”. Para entorpecer su labor, las autoridades recurren a vías aparentemente legales: prohíben o censuran sus publicaciones, imponen restricciones que les impiden obtener recursos para su trabajo, les niegan el derecho a organizarse o les impiden representar a las víctimas. También los amenazan de muerte, intervienen sus teléfonos, vigilan sus hogares e intimidan a sus familias. La mayor amenaza la constituyen aquellos gobiernos que más tienen que encubrir: cuando un Estado no tolera ninguna forma de disidencia, pronunciarse públicamente en defensa de los derechos humanos es firmar la propia orden de detención o de muerte.

No obstante, el movimiento de derechos humanos se nutre de personas de casi todos los países del mundo. Se adhiere a principios universales, encarnados en los instrumentos de derechos humanos internacionales. La comunidad de derechos humanos es una combinación de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones (como sindicatos y grupos religiosos y populares), y de particulares. Los defensores de los derechos humanos son abogados, periodistas, dirigentes campesinos, sindicalistas, estudiantes, de los familiares de las víctimas y de muchos otros que denuncian e investigan los abusos, apoyan y protegen a las víctimas, luchan por poner fin a la impunidad, promueven la educación en derechos humanos y movilizan a sus comunidades para terminar con los abusos. La labor de AI y de otras organizaciones de derechos humanos internacionales se vería paralizada sin el apoyo, la cooperación y la información que ellos prestan.

Ni siquiera los gobiernos que parecen haber refinado al máximo los mecanismos para la protección de los derechos humanos han conseguido erradicar por completo los abusos. En estas sociedades, los defensores suelen trabajar con los desposeídos, las minorías y otros sectores vulnerables. Al investigar y denunciar las violaciones de derechos humanos, los defensores obligan al Estado a rendir cuentas de sus actos y contribuyen a frenar las tendencias autoritarias que pueden florecer en cualquier gobierno, por más transparente y democrático que parezca.

En aquellos países que sufren las consecuencias de conflictos violentos o dictaduras, y en los que los funcionarios del Estado se sienten libres para actuar con impunidad, los defensores desempeñan un papel vital. Cuando los sindicatos y los partidos políticos han sido proscritos, los órganos parlamentarios disueltos, y la prensa libre clausurada, cuando los disidentes han sido asesinados, encarcelados u obligados a exilarse, los defensores de los derechos humanos constituyen a menudo la única fuerza que media entre el grueso de la población y el poder desenfrenado del Estado. Los activistas locales son a menudo la única fuente de información concreta sobre lo que realmente sucede en un país; ellos alertan a las ONG y a los medios de comunicación internacionales y denuncian los abusos ante los organismos pertinentes de la ONU, ayudando, con sus acciones, a derribar el muro de silencio que los gobiernos culpables tratan por todos los medios de mantener en pie.

También tienen un papel clave en aquellos países embarcados en reformas profundas o que atraviesan periodos de transición. Están entre los primeros en aprovechar los menores signos de apertura democrática, y contribuyen a crear una atmósfera propicia para ejercitar y proteger el derecho a la disidencia pacífica y la libertad de expresión. Porque se movilizan por causas que trascienden las fronteras políticas partidarias, los defensores pueden facilitar las expresiones de consenso civil que frecuentemente suceden a los gobiernos dictatoriales. Los defensores velan por que los responsables de abusos pasados rindan cuentas de sus actos, pero su presencia también constituye una garantía de que la justicia no se transformará en venganza contra los antiguos opresores.


POR LA DECLARACIÓN

Con frecuencia, los defensores de los derechos humanos quedan solos, sobreviviendo a base de pura garra y coraje. El sector gubernamental de la comunidad internacional ha fallado singularmente a la hora de dar los pasos necesarios para protegerlos. Durante los últimos diez años, los representantes de los Estados ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han sido incapaces de llegar a un acuerdo sobre el texto de una declaración básica con vistas al reconocimiento y fortalecimiento del derecho a defender los derechos humanos.

El debate sobre la Declaración se ha caracterizado por tensiones constantes entre quienes tratan de fortalecer los derechos necesarios para la labor de los defensores y los gobiernos que desean imponer limitaciones y obligaciones que desvirtuarían tal labor.

La mayoría de los derechos que hacen posible la defensa de los derechos humanos ya han sido garantizados para todas las personas: el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, o a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Pero, visto que los gobiernos se las ingenian para encontrar maneras de coartar el ejercicio de los derechos humanos, y visto que los instrumentos internacionales existentes ya contienen suficientes restricciones, el propósito de esta Declaración debería ser fortalecer los derechos de los defensores frente a la represión real, y a veces violenta, a que los someten los gobiernos y sus agentes. Por otra parte, los Estados no necesitan protección especial contra aquéllos que ejercitan pacíficamente sus derechos y libertades fundamentales.

El grupo de trabajo encargado de redactar el proyecto funciona por consenso, y su avance se ha visto entorpecido por unos pocos Estados que se han aprovechado de este procedimiento para impulsar enmiendas que hacen hincapié en los deberes y las responsabilidades de los defensores de los derechos humanos y no en sus derechos y libertades. Durante los dos últimos periodos de sesiones se han multiplicado las propuestas restrictivas, especialmente de Cuba, China, Siria y México.

Otros Estados, como EE UU, el Reino Unido y Grecia, han formulado valiosas propuestas sobre numerosas cuestiones pero han objetado a cláusulas que permitirían recurrir a la vía judicial para proteger los derechos humanos de terceros. Esto podría dejar sin protección a quienes más la necesitan, como por ejemplo los “desaparecidos”.

Un reducido número de gobiernos desearía ver las actividades de los defensores subordinadas a la legislación nacional, que a menudo dista mucho de ofrecer los derechos y garantías prescritos en las normas internacionales de derechos humanos. También se han producido intentos de limitar la libertad de los defensores de recibir apoyo económico y materiales del extranjero. Y, pese a que el papel primario de los defensores de los derechos humanos es actuar en favor de terceros, Cuba, apoyada por China, ha propuesto un texto que podría restringirlos a la defensa de sus propios derechos.

La protección de quienes defienden y fomentan los derechos humanos es una cuestión de alta prioridad para AI, quien ha exhortado a los gobiernos a ponerse de acuerdo sobre un texto enérgico de declaración y a adoptarlo sin dilación.



La Declaración deberá garantizar el derecho a defender los derechos humanos y, como mínimo, incluir:

- el derecho a defender los derechos de otras personas;

- el derecho a formar organizaciones de derechos humanos;

- el derecho a propugnar libre y públicamente ideas relativas a los derechos humanos;

- el derecho a elegir la defensa de todos o cualquiera de los derechos humanos;

- el derecho a obtener y utilizar los recursos necesarios para esta labor;

- el derecho a comunicarse con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, y a tener acceso, sin restricciones, a las organizaciones intergubernamentales pertinentes;

- el derecho a participar en actos pacíficos para promover la observancia de los derechos humanos;

- el derecho a recurrir a la ley, y a ser protegido por ella, en el curso de la defensa de los derechos humanos.


[pie de foto:]El 14 de mayo de 1989, primer día de la huelga de hambre estudiantil en la Plaza Tiananmen de Pekín. Otros estudiantes se acercan a ofrecer su apoyo y distribuyen folletos. La huelga culminó con manifestaciones en favor de la democracia que las autoridades chinas reprimieron brutalmente. © Patrick Zachmann/Magnum Photos



COLOMBIA

Los defensores de los derechos humanos en Colombia no tardan en aprender a esperar amenazas y hostigamientos, y a vivir con el peligro constante de que los asesinen o los hagan “desaparecer”. «...todos sabemos que defender los derechos humanos nos pone personalmente en peligro», dijo el abogado de derechos humanos Rafael Barrios, «pero tenemos que hacer frente al desafío».

La mayoría de los atentados contra los activistas de derechos humanos se atribuyen a grupos paramilitares que reciben órdenes de las fuerzas armadas colombianas. A los ataques físicos y las amenazas se suma una campaña de calumnias orquestada para desacreditarlos y socavar su trabajo por los derechos humanos. En una vasta gama de organizaciones colombianas trabajan muchas personas valerosas que arriesgan sus vidas por los derechos humanos.

Una de ellas fue Alirio de Jesús Pedraza Becerra, abogado y activista de derechos humanos secuestrado de un centro comercial de Bogotá la noche del 4 de julio de 1990. Los testigos dicen que estaban presentes en el lugar unos policías que observaron, sin intervenir, cómo ocho hombres vestidos de civil y fuertemente armados se apoderaban del Dr. Pedraza, quien se resistió y gritó pidiendo auxilio. El Dr. Pedraza trabajaba en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; cuando “desapareció” representaba a los familiares de decenas de campesinos asesinados en una marcha de protesta contra la que las tropas abrieron fuego. También representaba a sindicalistas detenidos y torturados por el ejército.

Dos miembros de la policía judicial fueron detenidos en octubre de 1992 por sospecharse su participación en la “desaparición” del Dr. Pedraza, pero en julio de 1993 quedaron en libertad sin cargos. Al parecer, uno de los agentes había confesado su parte en el secuestro y había dicho que el Dr. Pedraza había sido narcotizado de tal forma que había sufrido un desequilibrio nervioso durante el interrogatorio y lo habían abandonado en una calle de Barranquilla. Los rumores esporádicos de que se lo ha visto en la zona han precipitado a sus familiares en un ciclo penoso de esperanza y desolación pero, a cinco años de su “desaparición”, aún no saben si está vivo o muerto.


EE UU

El 15 de septiembre de 1994, el presidente Bill Clinton manifestó a la población estadounidense que la intervención militar en Haití había sido necesaria a los efectos de proteger los derechos humanos de los haitianos. El objetivo principal de las fuerzas multinacionales invasoras, declaró, era «impedir las brutales atrocidades». El error que cometió el capitán del ejército Lawrence Rockwood fue tomar a su comandante en jefe al pie de la letra. En mayo, Rockwood fue sometido a un consejo de guerra que puso fin a sus 15 años de carrera militar: lo acusaron de haber desafiado órdenes al penetrar en una de las cárceles más notorias de Haití a fin de tratar de impedir las violaciones de derechos humanos que sospechaba se cometían en sus dependencias.

A su llegada a Puerto Príncipe el 23 de septiembre, Rockwood ya tenía conocimiento de las condiciones brutales que imperaban en las cárceles haitianas, y temía que los detenidos políticos pudieran sufrir represalias a manos de las autoridades penitenciarias leales al líder militar saliente. Después de que las tropas estadounidenses entraran en la cárcel local de Les Cayes y encontraran a unos 30 hombres desnutridos encerrados en la misma y maloliente celda, Rockwood solicitó autorización para investigar las condiciones en la cárcel de Puerto Príncipe. Como le denegaran el permiso una y otra vez durante una semana, el capitán decidió «pasar a la acción a fin de impedir la continua e imperdonable pérdida de vidas humanas».

Rockwood abandonó el cuartel, pagó a un haitiano para que lo condujera en un vehículo al centro penitenciario, forzó su entrada a las puertas de la cárcel y comunicó al oficial haitiano encargado del establecimiento, comandante San Justice, que se disponía a efectuar una inspección. Rockwood apenas había pasado unos minutos en el edificio cuando llegó un agregado militar estadounidense a llevárselo. Estuvo detenido bajo la custodia de su propia unidad, y al día siguiente lo enviaron de regreso a los EE UU.

Durante el consejo de guerra que le instruyeron en mayo, Rockwood fue licenciado del ejército de los EE UU tras ser declarado culpable de cargos que incluían «conducta impropia de un oficial». No obstante, sigue convencido de que sus actos fueron justificados, y hasta necesarios, en razón de que la falta de acción lo habría convertido en cómplice de las violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo en esos momentos. Sigue decidido a apelar contra su licenciamiento, dice, porque «no se puede dejar a las fuerzas armadas en manos de cínicos que creen que la fuerza tiene razón».


CHINA

Ding Zilin insiste en que no es una activista política, pero la policía vigila su apartamento y ha intervenido su teléfono. Su único delito: que su hijo pereciera en la matanza de la plaza de Tiananmen en 1989 y que reitera el derecho a llorar a su hijo públicamente. Ding Zilin es también catedrática universitaria, pero por haberse pronunciado abiertamente sobre la matanza y ayudar a las familias de otras víctimas, las autoridades no le asignan tareas educativas y le han rebajado el sueldo. La recolección de los nombres de las víctimas y la identificación de sus familias es una tarea penosa; la mayoría de los familiares están demasiado atemorizados para hablar con Ding Zilin. Los periodistas extranjeros que se entrevistan con ella han sido interrogados, sus amigos han recibido instrucciones de no visitarla, y ella misma ha sido detenida. Pero su labor continúa.

Recientemente, Ding Zilin firmó dos importantes peticiones. Una de ellas pide a la Asamblea Nacional Popular que investigue los incidentes del 4 de junio de 1989, y que haga públicos los resultados. La otra pide a las autoridades chinas más tolerancia y mayor libertad de expresión.

Las experiencias de Ding Zilin se insertan en un vasto panorama de hostigamiento, intimidación e intentos de aislamiento de aquéllos que critican sin ambages a las autoridades chinas.


CUBA

En Cuba se imponen serias restricciones a la vigilancia de la situación de los derechos humanos y a la diseminación de información sobre el tema; el gobierno ejerce un grado superlativo de control sobre la acción voluntaria colectiva. Durante los últimos diez años, varios grupos de derechos humanos independientes han tratado, sin éxito, de legalizar su existencia ante el Ministerio de Justicia. Pese a que se toleran algunas de sus actividades, los miembros de estas organizaciones nunca están seguros de hasta dónde pueden llegar sin provocar una reacción de las autoridades. Se enfrentan con hostigamientos sistemáticos, y a menudo han ido a la cárcel sólo por tratar de enviar al extranjero informes sobre presuntos abusos.

Sebastián Arcos Bergnes es vicepresidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH), una organización no oficial formada en 1976 por reclusos cubanos. Lo detuvieron en enero de 1992 en La Habana y lo procesaron 10 meses después por hacer «propaganda enemiga». Fue condenado a una pena de 4 años y 8 meses de cárcel. El 31 de mayo de este año lo pusieron en libertad sin condiciones.

Sebastián Arcos había estado preso en la década de 1980 y, al quedar libre, se había unido al CCPDH. Desde entonces, ha sufrido frecuentes hostigamientos.

Las restricciones legales han hecho prácticamente imposible que los grupos de derechos humanos cubanos puedan vigilar los abusos, proporcionar educación en derechos humanos o diseminar información. Aunque en mayo se puso en libertad a seis presos políticos, este acontecimiento no se ha visto seguido de un cambio concreto en la política oficial. Hasta tanto no se opere una transformación fundamental en la actitud de las autoridades y no se reformen las leyes relativas a la libertad de expresión, asociación y reunión, los defensores de los derechos humanos cubanos no podrán desarrollar sus tareas sin temor a ser hostigados o encarcelados.


RUANDA

Los defensores de los derechos humanos ruandeses siguen arriesgándose a que los asesinen, golpeen, torturen, detengan o hagan desaparecer. Muchos han sufrido amenazas y hostigamiento, y algunos de los que sobrevivieron las matanzas de 1994 han tenido que huir del país.

A principios de este año, el gobernador Pierre-Claver Rwangabo denunció públicamente las condiciones penitenciarias y las detenciones arbitrarias en su provincia. Unas semanas después, unos hombres sin identificar le tendieron una emboscada cuando se trasladaba en su automóvil y lo abatieron a tiros junto con su hijo y su chófer. No se han publicado los resultados de ninguna investigación sobre su muerte. Rwangabo era conocido como un político moderado, que había criticado los excesos de todas las partes en conflicto.

El diario Le Messager (El Mensajero) denuncia desde hace muchos años las violaciones de derechos humanos en Ruanda. A principios de 1995 su director, Édouard Mutsinzi, publicó un artículo que criticaba las atrocidades actuales de las fuerzas gubernamentales. Poco después fue agredido en un bar por unos hombres con insignias militares que lo atacaron con machetes, dejándolo por muerto; su esposa consiguió llevarlo a un hospital y, apenas fue posible trasladarlo, Mutsinzi abandonó Ruanda con su familia. Sigue recibiendo atención médica, y no ha recobrado el habla: se teme que pueda haber sufrido lesiones cerebrales permanentes.

La legitimidad de la defensa de los derechos humanos en Ruanda se ve socavada por las autoridades y, en particular, por las fuerzas armadas, cuyas críticas a los defensores de los derechos humanos, tanto pertenecientes a organismos oficiales como independientes, se han vuelto cada vez más estridentes.


SIRIA

A finales de 1991, la situación de los derechos humanos en Siria parecía haber mejorado. Más de 2.000 presos políticos que nunca habían sido juzgados fueron puestos entonces en libertad, indicio de un posible aflojamiento de las restricciones de la Ley Marcial, en vigor desde 1963. Un grupo de personas decidió que había llegado la hora de pronunciarse abiertamente sobre la política y los derechos humanos.

En colaboración con el Comité para la Defensa de las Libertades Democráticas y los Derechos Humanos en Siria (CDF), el abogado Aktham Nu’aysa y otras 16 personas publicaron un folleto de protesta por los abusos que se cometían en el país. Los 17 fueron rápidamente detenidos e incomunicados. Los acusaron de delitos que incluían publicar información falsa y recibir dinero del extranjero y, a principios de 1992, los enjuiciaron ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. Al parecer, Aktham Nu’aysa no pudo entrar en la sala del juicio por sus propios medios porque había sido brutalmente torturado. Tras un juicio a todas luces falto de garantías, en el que las pruebas consistieron principalmente en “confesiones” arrancadas mediante torturas, 14 de los encausados recibieron penas de 3 a 10 años de cárcel. Aktham Nu’aysa fue condenado a 9 años de cárcel.

En Siria no existen medios legales de promover y proteger los derechos humanos, por lo cual estas actividades han de realizarse clandestinamente. El CDF, por ejemplo, consigue transmitir alguna información a su red de simpatizantes en el extranjero, quienes difunden la situación de los derechos humanos en Siria. Pero es únicamente gracias a la actividad de aquellos defensores dispuestos a arriesgar penas de cárcel prolongadas, o una suerte aun peor, que se mantiene encendida la llama de la lucha por los derechos humanos en este país.


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Carmenza Vélez, activista de derechos humanos de Colombia, muestra una fosa común que contiene los cuerpos de 18 hombres, que se cree fueron asesinados por fuerzas paramilitares. © David Browne/Parachute Pictures


Lawrence Rockwood, capitán del ejército de EE UU, fue sometido a consejo de guerra por haber intentado poner freno a violaciones de derechos humanos. © AP/M. Okoniewski


Édouard Mutsinzi con su familia

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