Document - Amnesty International News, August 1995. Vol.25, No.8.

Amnistía Internacional: Boletín, agosto de 1995

Noticias




BURUNDI

Justicia y no más matanza


El catálogo de asesinatos deliberados y arbitrarios que cometen las tropas del gobierno y los grupos de oposición armados de Burundi es diario. Es preciso ponerle fin.

Una delegación de AI que regresó en junio de una visita al país ha exhortado a que se establezca de inmediato una comisión investigadora internacional. El hecho de que nadie haya sido llevado ante los tribunales por estos asesinatos alienta a los responsables a seguir perpetrando atrocidades, seguros de que podrán actuar impunemente.

Desde enero, millares de burundeses han sido asesinados y muchos otros han “desaparecido” debido a su origen étnico o filiación política. A finales de marzo y principios de abril, al menos 1.000 personas murieron, la mayoría sólo por pertenecer a determinado grupo étnico. A principios de abril, en el suceso singular más sangriento que haya llegado al conocimiento de AI, más de 400 pobladores rurales de la etnia hutu fueron abatidos a disparos, apuñalados y apaleados de muerte por soldados y militantes tutsis en Gasorwe, en el nordeste del país.

En otras partes, grupos armados hutus han asesinado, a su vez, a civiles tutsis. Muchos refugiados ruandeses hutus, que habían huído del baño de sangre que anegaba a su país desde 1994, han muerto a manos de soldados y civiles armados tutsis en los campos para refugiados del norte de Burundi.

A finales de 1993, tras el intento de golpe de Estado del 21 de octubre que se cobró la vida del presidente y de otros líderes políticos, las matanzas segaron unas 50.000 vidas en Burundi. Los responsables de estas muertes y de los otros cientos de miles de asesinatos políticos cometidos en la historia reciente de Burundi nunca han sido identificados mediante una investigación oficial ni han comparecido ante la justicia.

Muchos de los victimarios son miembros de las fuerzas de seguridad, dominadas por la etnia tutsi, que han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos contra la mayoría hutu. En el centro de la crisis actual está la falta de una investigación del golpe por parte de la comunidad internacional, solicitada por el presidente de Burundi Sylvestre Ntibantunganya, y que es imprescindible para romper el ciclo de la impunidad.

AI ha recomendado que la Organización de la Unidad Africana y la ONU establezcan la comisión internacional de investigación conforme a las directrices internacionales, y que la integren investigadores profesionales independientes. La comisión deberá investigar todos los aspectos del intento de golpe de 1993 y los abusos subsiguientes, y deberá obligar a prestar declaración a todos los testigos de los hechos, tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad. También deberá recomendar medidas para impedir más asesinatos y otros abusos en el país, y medidas para reformar el aparato judicial —actualmente dominado por los tutsis— a fin de que se someta a los perpetradores a juicios justos, cualquiera sea su origen étnico o su filiación política.


[pie de foto:]Una mujer, con profundas heridas de machete en el cuello, amamanta a su hijo recién nacido. La matanza de la que escapó con vida ocurrió en el mes de marzo en la zona de Muyinge, en Burundi, y en ella perecieron 400 campesinos.

© Hulton Deutsch/Corinne Dufka/Reuters



PAQUISTÁN

La ley debe poner fin al uso de grilletes y cadenas


AI ha exhortado al gobierno de Paquistán a que revise la legislación que dispone el uso de grilletes y cadenas para restringir el movimiento de los presos y como instrumento de castigo en las cárceles.

Los grilletes con barras, que consisten en aros de hierro en los tobillos unidos a barras que se juntan en la cintura, causan gran incomodidad y limitan el movimiento. Todas las barras son del mismo tamaño, y los presos de estaturas diferentes a la media sufren aun más.

La legislación paquistaní permite el uso de este tipo de grilletes en circunstancias concretas, como durante traslados o en castigo a infracciones de la disciplina penitenciaria.

También se ha sabido que se usan grilletes cruzados, cuyo empleo es ilegal. Éstos tienen una barra de hierro adicional, de 50 cm. de largo, que une horizontalmente los dos aros y mantiene los pies permanentemente separados, con lo que cualquier movimiento causa dolor. Parece ser que tanto los grilletes con barras como los grilletes cruzados se usan ilegalmente como instrumentos de tortura, para obtener dinero o información, o para humillar e intimidar a los presos.

También es común el uso de cadenas en las piernas para restringir el movimiento de los presos condenados a trabajos forzados, especialmente cuando trabajan fuera del recinto carcelario.

AI ha instado al gobierno de Paquistán a proscribir en la legislación y en la práctica el uso de tales trabas, y a llevar ante la justicia sin dilación a todos los funcionarios penitenciarios que las empleen para infligir torturas.


[pie de foto:]Grilletes con barras: restricción y castigo en las cárceles de Paquistán.



IRÁN

El secreto oficial no oculta los abusos


Pese a la cortina de humo con que las autoridades de Irán tratan de ocultar de la atención extranjera su pésimo historial en materia de derechos humanos, AI ha observado un cuadro sistemático de graves abusos.

Las detenciones se practican sin explicación, y pueden pasar meses y hasta años sin que se comuniquen los cargos a un detenido. Rara vez se permite que consulten a un abogado, y algunos detenidos políticos han pasado 10 años entre rejas sin que sus familiares supieran su paradero.

El gobierno ha rechazado todas las solicitudes de AI para observar juicios, realizar visitas de investigación o mantener conversaciones oficiales.

En diciembre de 1979, el ex viceprimer ministro Abbas Amir Entezam fue detenido, acusado de espiar para los EE UU y condenado a cadena perpetua por un Tribunal Islámico Revolucionario. Pasaron más de tres años sin que se le permitiera recibir visitas de sus familiares y, según informes, está enfermo, posiblemente debido a las torturas.

En 1994, escribió desde la cárcel: «...pasé 15 meses preso antes de que me comunicaran por qué me habían privado de la libertad... Mi juicio se celebró en la cárcel de Evin [donde está recluido]; se me negó representación letrada y juicio ante un jurado... Me han infligido diversos métodos de tortura... en varias ocasiones me anunciaron que mi ejecución era inminente, y me ordenaron escribir mi testamento».

AI ha expresado honda preocupación y ha pedido repetidamente que se revise el proceso a la luz de las normas internacionales. De no presentarse pruebas de que haya cometido un delito penal concreto, debe devolvérsele la libertad.

La organización ha exhortado una vez más al gobierno iraní a que tome las medidas necesarias, en la legislación y en la práctica, para poner fin a estos abusos, y a que ponga en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia. AI también ha pedido que se estudien los casos de todos los presos políticos detenidos sin juicio o tras juicios injustos, y que se realicen investigaciones inmediatas, exhaustivas e independientes de todas las denuncias de tortura y de las presuntas ejecuciones extrajudiciales realizadas tanto dentro como fuera de Irán.




NOTICIAS BREVES


* Entre febrero y mayo de 1995, las tropas del gobierno de Myanmar y de la Organización Budista Democrática Kayin (OBDK) —facción desprendida de la Unión Nacional de Karen— secuestraron y asesinaron a refugiados de la etnia karen en la frontera entre Myanmar y Tailandia. Corrían peligro más de 70.000 personas oriundas del estado de Karen refugiadas en campos tailandeses. Los ataques forman parte del conflicto que enfrenta actualmente al gobierno myanmaro con varios grupos étnicos minoritarios. AI ha exhortado a las autoridades a que impidan que sus propias tropas y las de la OBDK sigan cometiendo abusos.


* Desde la adopción de un sistema político pluralista en 1992, el gobierno de Guinea Ecuatorial ha prometido repetidamente mejorar la situación de los derechos humanos. No ha cesado, sin embargo, la represión de actividades políticas pacíficas, y es común que se detenga a quienes critican al gobierno y se los someta a torturas o malos tratos. AI reseña la actuación del gobierno en materia de derechos humanos desde mayo de 1994 en un informe publicado en julio con el título Guinea Ecuatorial: El historial de promesas incumplidas (Índice de AI:

AFR 24/09/95/s).


* Corrección al Boletín de julio, página 8, artículo sobre Etiopía: Tras la victoria del Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope en las elecciones celebradas en mayo de este año, el nuevo gobierno aún no ha sido formado. Hasta que así ocurra, el gobierno de transición del presidente Meles Zenawi seguirá en funciones.



CUBA

Excarcelan a presos de conciencia tras la visita de una delegación internacional


Cuatro presos de conciencia adoptados por AI fueron puestos en libertad un mes después de la visita a Cuba, en mayo, de una delegación de organizaciones de derechos humanos.

Los presos eran Sebastián Arcos Bergnes, Pedro Castillo Ferrer y Agustín Figueredo Figueredo —condenados por hacer “propaganda enemiga”—, e Yndamiro Restano Díaz, detenido en diciembre de 1991 y condenado a 10 años de cárcel por “rebelión”. Los cargos contra Yndamiro Restano Díaz se relacionan con sus actividades pacíficas como presidente del grupo político no oficial Movimiento de Armonía.

La visita se hizo posible cuando el presidente Fidel Castro aceptó la solicitud de Danielle Mitterrand, presidenta de la organización France-Libertés y esposa del ex presidente de Francia, de que se autorizase la entrada al país de una delegación de derechos humanos para investigar los casos de 43 presos de conciencia nombrados en una lista compilada por AI. La organización estima que hay unos 600 presos de conciencia en Cuba.

Yndamiro Restano Díaz, que recobró la libertad el 1º de junio, viajó a Francia dos días después por invitación de Danielle Mitterrand. Reconociendo que su excarcelamiento había sido consecuencia directa de la intervención de la presidenta de France-Libertés, el ex preso de conciencia manifestó a la Sección francesa de AI que éste no hubiera sido posible sin la campaña continua que AI y otras organizaciones de derechos humanos habían librado desde el momento de su detención, y encareció a la organización que no cejase en su labor.

Las autoridades han indicado a Yndamiro Restano Díaz que en el futuro su grupo será respetado. Su puesta en libertad no tuvo condiciones, y se propone regresar a Cuba.


[pie de foto:]El ex preso de conciencia Yndamiro Restano Díaz, en la Sección francesa de AI.



RUMANÍA

Derechos humanos: compromisos rotos


Cinco años después del derrocamiento del presidente Ceausescu sigue habiendo graves violaciones de derechos humanos en Rumanía.

Dos personas están detenidas desde 1993 como resultado del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Otra pasó 18 meses recluida por pintar en su automóvil un letrero que, según el fiscal, ofendía a las autoridades. En ese periodo, al menos 11 personas han sido encarceladas en aplicación de una ley que penaliza la práctica, entre adultos del mismo sexo, de actos sexuales realizados en privado y con pleno consentimiento.

Son comunes los malos tratos a detenidos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la falta de remedios legales para las víctimas. Las investigaciones de los abusos rara vez son exhaustivas o imparciales.

Al parecer, las autoridades han detenido a miembros de la comunidad minoritaria romaní debido únicamente a su origen étnico. El 27 de noviembre de 1993, cuatro agentes de la policía interceptaron a Costel Moldovan, romaní, cuando regresaba a su hogar en Hadareni, y le propinaron una paliza, según cree, porque había estado reparando viviendas de romaníes dañadas en recientes estallidos racistas.

Después del incidente acudió a la comisaría con su madre, Maria Moldovan, para presentar una queja. Mientras ésta regresaba a su casa en busca de sus documentos de identidad, Costel recibió otra paliza. Se impusieron a madre e hijo sendas multas de 10.000 lei por perturbar el orden público. Cuando Maria Moldovan presentó recurso, el tribunal expidió una orden de detención en su contra, convirtiendo la multa en una pena de 33 días de cárcel. La detuvieron el 15 de junio de 1994 y la recluyeron dos días en la Penitenciaría de Tirgu Mures para después ponerla en libertad. Fue absuelta el 7 de octubre.

Los agentes que golpearon a Costel Moldovan siguen en sus cargos en Hadareni, y no se ha abierto una investigación. La organización ha expresado al ministro de Justicia su fundado temor de que Maria Moldovan haya sido una presa de conciencia, encarcelada debido a su origen étnico, y le ha pedido que revise el caso.


Véase Índice AI EUR 39/09/95

Amnistía Internacional: Boletín, agosto de 1995

Llamada




TURQUÍA


El 1 de junio, la abogada y defensora de los derechos humanos Eren Keskin comenzó a cumplir una pena de dos años de cárcel impuesta en aplicación del artículo 8 de la Ley contra el Terror, que penaliza la difusión de “propaganda separatista”. Los cargos se debieron a la publicación de un mensaje que había enviado al Parlamento de Bélgica, recogido el 14 de junio de 1993 por el periódico Özgür Gündem (Agenda Libre) bajo el titular: «La deuda del mundo con el pueblo kurdo».

El artículo, sin la más mínima apología de la violencia, hace un apasionado llamamiento al cese del fuego en el conflicto que enfrenta desde hace años a las fuerzas de seguridad turcas y al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) en el sudeste del país. El combate se ha cobrado 16.000 vidas desde 1984.

Eren Keskin, ex secretaria de la sección de Estambul de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía, ha sufrido hostigamiento y amenazas de muerte.

POR FAVOR, ESCRIBAN al presidente pidiendo la derogación o revisión del artículo 8 de la Ley contra el Terror y la inmediata libertad de Eren Keskin: President Süleyman Demirel/Cumhurbaskanligi/06100 Ankara/Turquía. Pueden enviar mensajes de apoyo y copia de sus cartas al presidente a: Eren Keskin/C-Blok/ Kadinlar Kogusu/Sagmalcilar Cezaevi/ Bayrampasa/Estambul/Turquía.



ARABIA SAUDITA


Cinco ciudadanos somalíes han sido condenados a muerte tras juicios sin garantías: ‘Abd al-’Aziz Muhammad Isse, ‘Abd al-Qadir Muhammad Muqtar, Muhammad Jamal ‘Ali, Faqay Haji Cusman y Muhammad ‘Abu ‘Abd al-Qadir Ade fueron declarados culpables de delitos entre los que figuraba el homicidio, y su ejecución podría ser inminente. Según parece, el primero llegó al país después de la fecha en que se cometió el delito que se le imputa.

Los somalíes, Sa’id F. Yacqub y Muhammad Nur Muhammad, al parecer condenados con los otros cinco, fueron ejecutados el 31 de mayo.

La preocupación de AI se ha redoblado ante el incremento alarmante de las ejecuciones (un total de 102) en el país entre enero y finales de mayo. Los condenados son ejecutados tras juicios que suelen carecer de las garantías reconocidas internacionalmente para presos acusados de delitos capitales. Los encausados carecen del derecho a representación letrada, y las confesiones se aceptan como prueba, aun cuando puedan haber sido obtenidas con tortura. Además, no siempre se ofrece interpretación adecuada a las personas que no entienden la lengua árabe.

POR FAVOR, PIDAN la conmutación de estas condenas de muerte y la suspensión de todas las ejecuciones a: The Custodian of the Two Holy Shrines/King Fahd bin ‘Abdul-’Aziz/ Office of H.M. the King/Riad/ Reino de Arabia Saudita.



VIETNAM


El Venerable Thich Quang Do, monje budista y destacado estudioso y escritor de 68 años de edad, fue aprehendido el 4 de enero tras denunciar que desde el pasado octubre las autoridades habían detenido a 23 monjes y seglares budistas. Thich Quang Do es secretario general de la Iglesia Budista Unificada de Vietnam, proscrita en 1981.

Las autoridades negaron su detención para después anunciar que sería sometido a juicio «como a un delincuente vietnamita y no como a un budista» por «provocar disturbios de oposición a la legislación vietnamita».

Posteriormente lo acusaron de «destruir la unidad nacional» y de «abusar de los derechos democráticos para usurpar los derechos de los ciudadanos y del Estado». Aún no lo han sometido a juicio. Se cree que está recluido en la pagoda de Vu Ban, provincia septentrional de Nam Dinh.

Cuando lo detuvieron por primera vez en febrero de 1982, lo confinaron en su localidad natal en el norte de Vietnam por protestar contra la persecución oficial, las violaciones de derechos humanos y la creación, en 1981, de la Iglesia Budista de Vietnam, bajo control gubernamental hasta que, en 1992 lo confinaron a la pagoda de Thanh Minh Thien Vien, en la Ciudad de Ho Chi Minh.

AI considera a Thich Quang Do “preso de conciencia”.

POR FAVOR, ESCRIBAN al primer ministro, pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Thich Quang Do: Vo Van Kiet/Prime Minister/Hoang Hoa Tham/Hanoi/ República Socialista de Vietnam.

Amnistía Internacional: Boletín, agosto de 1995

Enfoque



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La otra cara de la ley


Con frecuencia, los Estados Unidos de América infringen las normas internacionales de derechos humanos: la pena de muerte, la brutalidad y el uso excesivo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y la tortura y los malos tratos en las cárceles son algunos de los abusos, y tienen como víctimas más habituales a los miembros de las minorías raciales.

EE UU ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1992, pero desde entonces las violaciones no han dejado de aumentar. En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila la aplicación del Pacto, se reunió para estudiar el informe inicial de los EE UU sobre su observancia del Pacto. AI presentó un documento* que detalla las violaciones generalizadas que se cometen en el país.

En sus Comentarios, emitidos el pasado 6 de abril, el Comité expresó inquietud en relación con el excesivo número de delitos punibles con la pena de muerte en cierto número de estados y la expansión de ésta bajo la legislación federal; también deploró la práctica de ejecutar a delincuentes que eran menores de 18 años cuando se cometió el delito, y lamentó que se impusiese la pena de muerte a enfermos mentales.

Se señalaron asimismo como motivos de grave inquietud las muertes bajo custodia y los malos tratos policiales; la discriminación racial; las condiciones de detención en las cárceles de máxima seguridad; y la grave violación de la intimidad en los estados del país que criminalizan la práctica, entre adultos del mismo sexo, de actos sexuales realizados en privado y con pleno consentimiento.


RESERVAS

El Comité recomendó que EE UU retirase sus reservas al Pacto, por considerarlas incompatibles con la intención y propósito del instrumento. Se refirió en particular a las formuladas al artículo 6(5) —que reservan el derecho del gobierno estadounidense a ejecutar a delincuentes juveniles— y al artículo 7 (sobre la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes) —que afirman que el país sólo se considera vinculado por dicho artículo en la medida en que el concepto de trato cruel, inhumano o degradante concuerde con la definición de «penas crueles y excepcionales» que prohíbe su Constitución.

AI considera que las restricciones descritas cohartan gravemente los derechos que protegen estos tratados. Si los gobiernos ratificasen los tratados sólo después de formular reservas que asegurasen que no se les obligará a cambiar su práctica interna, el concepto global de la protección internacional de los derechos humanos, y la autoridad de dichos tratados, carecerían de sentido. AI ha instado al gobierno estadounidense a retirar las condiciones que limitan la aceptación de las obligaciones que se derivan del Pacto y de la Convención contra la Tortura, y a demostrar un compromiso genuino con los derechos humanos. Este Enfoque reseña los motivos de preocupación de AI en los EE UU y sugiere cómo abordar los problemas de derechos humanos de este país.


* Véase EE UU: Violaciones de derechos humanos: Resumen de los motivos de preocupación de AI (AMR 51/25/95/s).



Desde que, en la década de 1970, se reinstauró la pena de muerte en EE UU, más de 280 presos han sido ejecutados y casi 3.000 están esperando la ejecución en las cárceles del país.

Numerosos estudios de casos de asesinato realizados en el país han demostrado que cuando la víctima es de raza blanca hay más posibilidades de que se imponga una condena a muerte. También se tienen datos de que en algunos distritos judiciales se condena a muerte a delincuentes negros en una proporción mucho mayor. Asimismo, muchos presos de raza negra fueron condenados a muerte por jurados compuestos íntegramente de blancos, después de que los fiscales excluyeran deliberadamente a todas las personas de raza negra durante el proceso de selección del jurado. Aunque en 1985 esta práctica se declaró inconstitucional, la ley no se aplica retroactivamente a los numerosos presos cuyas sentencias se confirmaron antes de esa fecha.


EJECUTADOS POR ERROR

Las salvaguardias legales actuales para evitar y subsanar los errores en los casos de pena capital no alcanzan para garantizar que los inocentes no serán condenados a muerte ni ejecutados. Un informe del Congreso elaborado en octubre de 1993 por el Subcomité de Derechos Civiles y Constitucionales de la Cámara de Representantes incluía una lista de 48 revocaciones de condenas a muerte dictadas desde 1972. El informe atribuía la situación a la falta de salvaguardias jurídicas adecuadas para prevenir las ejecuciones injustas y hacía una relación de los numerosos defectos inherentes al sistema de justicia penal, como prejuicios raciales, conducta impropia de funcionarios, asistencia letrada mínimamente cualificada, revisión inadecuada de las declaraciones de inocencia después del juicio y politización del proceso de indulto. El informe llegó a la siguiente conclusión: «A juzgar por lo ocurrido en el pasado, un número considerable de las personas condenadas a muerte son, en realidad, inocentes, y el riesgo de que algunas de ellas sean ejecutadas es elevado».


BRUTALIDAD POLICIAL

Se han producido casos graves de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía —muchas veces hacia minorías raciales— en varias ciudades principales del país, como Nueva York, Detroit, Miami y Los Ángeles. Cada año las autoridades de municipios y condados de los EE UU pagan millones de dólares en daños a las víctimas de presuntos abusos policiales.

Sin embargo, y pese a que tanto en la legislación federal como en la de los estados se prevén sanciones para los funcionarios que hacen uso excesivo de la fuerza o violan de cualquier otra forma los derechos civiles de los ciudadanos, rara vez se ha enjuiciado a agentes de la policía por este tipo de delitos.

Se han recibido numerosas denuncias sobre brutalidad policial en la ciudad de Nueva York, donde, en los últimos años, un cierto número de sospechosos han muerto bajo custodia policial como resultado de presuntos malos tratos. En diciembre de 1994, Anthony Baez murió por asfixia durante un forcejeo con agentes de la policía cuando su pelota de fútbol golpeó accidentalmente dos vehículos patrulla que estaban estacionados en el lugar. Uno de los agentes —que había figurado en once denuncias previas por empleo excesivo de la fuerza— fue acusado formalmente de homicidio por negligencia criminal y, en el momento de redactarse este artículo, su juicio estaba pendiente. Desde 1977 no se ha condenado a ningún agente de la policía por la comisión de un homicidio estando de servicio. Según los informes, entre 1993 y 1994 las quejas contra la policía en esta ciudad han aumentado un 30 por ciento.

La práctica de atar al detenido «como a un cerdo» (“hogtying”), con muñecas y tobillos juntos en la espalda, se emplea en numerosas ocasiones en los EE UU. Los expertos médicos han señalado que este procedimiento, especialmente cuando se coloca a la víctima boca abajo, puede limitar gravemente la actividad respiratoria y es peligroso por naturaleza, especialmente para personas que se encuentran bajo la influencia de narcóticos o en estado de gran agitación; puede, incluso, causar la muerte por “asfixia posicional”. Un estudio de las muertes bajo custodia realizado por el Departamento de Policía de San Diego en 1992 registró más de 90 muertes en los EE UU desde 1992 a causa de esta práctica, aunque el estudio no fue exhaustivo, por lo que la cifra real puede ser más elevada. Según los informes, algunos departamentos de policía han prohibido esta forma de coerción, pero la siguen utilizando varios organismos encargados de hacer cumplir la ley. Durante 1993, en Los Ángeles, al menos dos personas murieron como consecuencia de ella. Una fue Michael Bryant, peluquero de raza negra que iba desarmado cuando lo detuvo la policía en marzo de 1993 tras una persecución en automóvil. Sus aprehensores le dispararon dos veces con una pistola eléctrica paralizante, lo golpearon con porras, lo inmovilizaron «como a un cerdo» y, así reducido, lo colocaron boca abajo en un vehículo policial. El Departamento de Policía de Los Ángeles (DPLA) ya era objeto de atención debido a la existencia de un vídeo que mostraba cómo varios de sus funcionarios propinaban una paliza a Rodney King, un automovilista de raza negra, en marzo de 1991. Un informe publicado por AI en 1992 indicaba que los miembros de los departamentos de Policía y del Sheriff de Los Ángeles empleaban habitualmente la fuerza de forma excesiva, especialmente en los barrios negros e hispanos, y que no se había puesto freno a esta práctica desde hacía muchos años.

En Nueva Jersey, entre 1990 y 1992 más de 12 jóvenes negros, la mayoría adolescentes, murieron o fueron heridos por disparos de agentes de policía —en su mayoría, blancos— en circunstancias controvertidas. Uno de estos jóvenes fue Phillip Pannell, de 16 años, que falleció a consecuencia de los disparos que recibió en la espalda cuando escapaba desarmado de unos agentes de policía de la localidad de Teaneck en abril de 1990. En 1992, un jurado formado en su totalidad por personas de raza blanca absolvió al agente del cargo, formulado según la legislación del estado, de homicidio culposo. El Departamento de Justicia revisó el caso y en 1994 decidió no formular cargos contra el agente por violación de los derechos civiles según la legislación federal.

Aunque la mayoría de los incidentes con empleo de armas de fuego se refieren a las fuerzas de policía de los estados, sobre las que recae el mayor peso de las labores policiales en el país, también se han dado casos en los que agentes federales han sido acusados de hacer un uso excesivo de la fuerza. Se ha expresado preocupación por las tácticas empleadas por los agentes del FBI, la policía federal, en 1993 durante los 51 días que duró el cerco a los miembros de la comunidad religiosa de los Davidianos en Waco (Texas), de la que se pensaba que había hecho un acopio inusitado de armas. En el asalto final al recinto, los agentes federales atravesaron los muros con tanques y bombearon gas CS y gas líquido al interior durante tres horas y media. El sitio se saldó con la muerte de 75 davidianos, 24 de ellos niños y lactantes, en un incendio que, según las autoridades, habían provocado algunos miembros del culto durante el ataque con gas CS. Las investigaciones realizadas por los departamentos de Justicia y del Tesoro criticaron el primer ataque al recinto pero no culparon al FBI por lo sucedido durante el cerco y el asalto final. AI escribió al Departamento de Justicia expresando su preocupación por el empleo prolongado del gas CS durante el asalto final al recinto, pero no ha recibido respuesta.


MALOS TRATOS EN PRISIÓN

Los malos tratos son práctica generalizada en las cárceles de todo el país. En diciembre de 1994 se supo que las autoridades penitenciarias de Texas estaban investigando denuncias según las cuales unos 30 guardias penitenciarios habían maltratado sistemáticamente a los reclusos de cuatro cárceles del estado.

Según parece, Michael McCoy, preso de la Unidad Terrell, en las cercanías de Livingston, murió como consecuencia de la paliza que le propinaron unos guardias el 7 de noviembre de 1994. AI ha recibido una carta de los presos en la que se denuncia que dos guardias entraron en la celda de McCoy y le dieron puntapiés hasta matarlo como represalia porque aquel día había escupido a una guardia; nadie intervino y no se encontró el cadáver hasta que comenzó el servicio del siguiente turno de guardias. Dos guardias fueron acusados posteriormente de asesinato y su juicio estaba pendiente en el momento de redactarse este artículo. Cuatro guardias más de la Unidad Terrell fueron acusados de agredir a otro preso ese mismo día.

El pasado enero, un juez federal emitió una sentencia de 345 páginas en la que condenaba lo que describió como una constante de brutalidad y abandono en la cárcel estatal de Pelican Bay (California), complejo penitenciario de alta seguridad que empezó a funcionar en 1989. El juez disponía que las autoridades del estado debían poner fin a prácticas como las agresiones reiteradas a los presos, los castigos violentos durante el procedimiento conocido como “cell extraction” (desalojo forzoso de la celda), mediante encadenamiento a retretes u otros elementos fijos de las celdas y los deficientes niveles de atención médica y psiquiátrica. También observaba que los guardias recurrían a las armas de fuego con demasiada rapidez y en circunstancias que no justificaban el uso de la fuerza letal. La sentencia hacía referencia a varios casos concretos, como el de Vaughn Dortch, recluso con trastornos mentales que sufrió quemaduras de tercer grado en un tercio del cuerpo cuando unos guardias lo metieron en un baño de agua hirviendo con las manos esposadas a la espalda. El juez también señaló que a los guardias casi nunca se les imponían sanciones disciplinarias por empleo excesivo de la fuerza y que la versión que ofrecían de los hechos era admitida al pie de la letra sin que se tuvieran en cuenta otros testimonios o indicios.

Las mujeres bajo custodia también han sido víctimas de graves abusos. En 1993, el Departamento de Justicia de los EE UU inició una investigación de las denuncias de abusos sexuales generalizados contra las internas de la Institución Correccional para Mujeres de Georgia. Según informes, los abusos se habían producido a lo largo de varios años hasta que quedaron al descubierto en un proceso en 1992, e incluían el obligar a las reclusas a mantener relaciones sexuales con los guardias y a trabajar para redes de prostitución dirigidas por guardias. Al menos 12 funcionarios fueron acusados penalmente según la legislación del estado, y otros fueron destituidos o trasladados.

Otro motivo de preocupación es la proliferación, durante los últimos años, de instituciones de super máxima seguridad, en muchos casos como módulos especiales dentro de las prisiones de máxima seguridad. Los presos de estos módulos de super máxima seguridad están confinados, por lo general, 23 horas al día en celdas selladas, a veces sin ventanas, y no cuentan con programas de trabajo, de formación ni de otro tipo. Las instalaciones están diseñadas para reducir al mínimo el contacto entre el personal y los reclusos, y éstos se encuentran sujetos a regímenes de extrema privación social y, muchas veces, sensorial. En mayo de 1994, AI publicó un informe sobre el Pabellón “H” de Oklahoma, recinto de super máxima seguridad que entró en funcionamiento en noviembre de 1991 como parte de la Penitenciaría del Estado de Oklahoma, en McAlester. Según los informes, al menos 36 estados han construido recintos de este tipo desde 1994, AI considera que las condiciones en estos recintos violan las normas internacionales y constituyen trato cruel, inhumano o degradante.

AI cree que la prevención de los abusos podría reforzarse con medidas como la mejora del seguimiento y la investigación de quejas de malos tratos, y la imposición de sanciones disciplinarias más severas contra quienes los cometen. La organización ha instado a las autoridades federales a que den pasos enérgicos para velar por que las condiciones en los establecimientos carcelarios estatales y federales se ajusten a las normas internacionales mínimas para el trato humano de los reclusos.


PRESOS DE CONCIENCIA

La legislación de EE UU contempla plenamente el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. A pesar de ello, AI ha trabajado con regularidad en favor de presos de conciencia del país.

AI ha investigado casos en que presos condenados por delitos comunes cometidos en los EE UU han denunciado haber sido falsamente incriminados a causa de sus convicciones u origen étnico. Aunque el sistema estadounidense de justicia penal cuenta con numerosas salvaguardias procesales para asegurar juicios justos, se ha denunciado en algunos casos que la fiscalía había falsificado las pruebas, había presentado pruebas testimoniales a sabiendas de que eran falsas o había ocultado indebidamente pruebas favorables a la defensa. En octubre de 1981, AI publicó un informe en el que se pedía una comisión de investigación sobre ciertas actividades de contraespionaje del FBI por creer que habían socavado las garantías de justicia en los procesos de varios miembros del Partido de las Panteras Negras y del Movimiento Indígena Americano durante los años setenta. Más recientemente, en 1991 y 1992, AI hizo campaña por la liberación de más de 30 militares encarcelados por su objeción de conciencia a participar en la guerra del Golfo Pérsico.

Los esfuerzos de AI en favor de la liberación de presos de conciencia abarcan también a las personas encarceladas únicamente en razón de su homosexualidad. AI ha hecho campaña en favor de la derogación de la legislación discriminatoria en contra de la sodomía en los estados de Arkansas, Kansas, Missouri, Montana y Tennessee, que establecen penas de prisión para los actos sexuales de este tipo.

AI ha exhortado continuamente al gobierno de EE UU a que proceda a la abolición de estas leyes y retire las reservas que ha formulado al Pacto. Mientras no lo haga, los derechos humanos de sus ciudadanos continuarán sufriendo un grave menoscabo.



[fotografía pág. 3:]Miembros de la Guardia Nacional de Florida "reducen" a un hombre a la puerta de una tienda en agosto de 1994. La entrada del establecimiento había quedado abierta a causa de los efectos de un huracán y, según informes, los agentes sospecharon que había sido saqueada.

© Associated Press



[fotos págs. centrales]August Brown denunció que, en febrero de 1991, cinco agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles le habían propinado golpes y patadas después de haberse entregado.


La cámara de la muerte en la prisión de Huntsville (Texas), marzo de 1983. En marzo de 1995, Texas era uno de los 24 estados de los Estados Unidos que habían adoptado la inyección letal como método de ejecución único u opcional.

© Gamma-Liaison/Spooner


Dalton Prejean fue declarado culpable de haber asesinado, a los 17 años, a un policía de raza blanca en 1978. Lo ejecutaron mediante electrocución en mayo de 1990 en Luisiana. El jurado, íntegramente de raza blanca, no tuvo en cuenta una niñez de abandono y abusos ni su historial de problemas psíquicos.

© Howard Zehr


[fotos pág. 6:]La cámara de gas de San Quintín, penitenciaría del estado de California, abril de 1992.

© Reuters


La puerta de una celda en la cárcel del estado de Oklahoma, diseñada para impedir todo contacto con el exterior.

© Alan Hailey

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE