Document - Amnesty International News, July 1995. Vol.25, No.7.





Amnistía Internacional: Boletín, julio de 1995

Noticias

ALEMANIA

Brutalidad policial en alza

Durante los últimos tres años ha aumentado de forma alarmante el número de denuncias de malos tratos infligidos por la policía alemana a extranjeros y miembros de minorías étnicas. Entre enero de 1992 y marzo de 1995, AI supo de más de 70 incidentes en los que, al parecer, la policía alemana hizo un uso excesivo o innecesario de la fuerza para inmovilizar o detener a sospechosos, o sometió a detenidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Un reciente informe* de AI reseña que las víctimas han sufrido roturas de ligamentos y de dientes, hematomas y en varios casos fracturas, a consecuencia de puntapiés, puñetazos o palizas, a menudo propinadas con porras. En dos incidentes por lo menos, el trato produjo lesiones de tal gravedad que constituye tortura.

A muchas presuntas víctimas de malos tratos se les han negado derechos fundamentales, como el derecho a ser informado del motivo de la detención, el de ponerse en contacto con un familiar, y el de recibir asistencia médica o presentar quejas sobre el trato recibido. En su gran mayoría, los afectados han sido extranjeros, incluyendo solicitantes de asilo, refugiados y miembros de minorías étnicas, y muchos han afirmado que la policía les dirigió insultos de carácter racista.

En abril de 1994, un policía vestido de civil agredió a Bülent Demir, ciudadano alemán de origen turco, cerca del domicilio de sus padres en Berlín. Cuando Bülent Demir se echó a correr, su agresor se identificó como agente de la policía y amenazó con dispararle si no se detenía. En ese momento apareció otro agente, y Bülent Demir se echó al suelo para entregarse. Uno de los agentes lo esposó y comenzó a darle puñetazos en los riñones y en la cara. El otro policía le dio dos puntapiés en la cabeza: el golpe contra el pavimento fue tan fuerte que le rompió dos dientes. Según parece, los agresores acompañaron sus acciones de insultos.

Después se lo llevaron a una calle principal, obligándole a yacer en la senda para ciclistas mientras verificaban su identidad. Finalmente, le dijeron que podía marcharse. En una radiografía que le practicaron después se constató la presencia de una fractura complicada en uno de los dedos, y Bülent Demir pasó varios días internado en un hospital. También sufrió hemorragias nasales y pérdida de audición tras el incidente.

En julio de 1994, Bülent Demir fue acusado formalmente de causar daño intencional y resistirse a la autoridad. En mayo de 1995 ya había concluido una investigación de su denuncia de malos tratos, si bien se desconocían los resultados, pero aún no lo habían enjuiciado.

Aunque se han iniciado investigaciones penales de todas las denuncias de malos tratos que AI conoce, no siempre han sido exhaustivas, prontas o imparciales. Muchos agentes nombrados en las denuncias no han sido enjuiciados, y pocos o ninguno han merecido sanciones disciplinarias. Ninguno de los ciudadanos extranjeros o miembros de minorías étnicas afectados han recibido compensación por las lesiones sufridas.

AI ve con alarma que, pese a disponer de pruebas, las autoridades alemanas se han negado a reconocer la existencia de una constante de malos tratos. AI ha instado al gobierno alemán a que vele por que se respeten los derechos de todas las personas detenidas por la policía, se realicen investigaciones prontas e imparciales de todas las denuncias de malos tratos, y se enjuicie a los responsables.

(pie de foto): Agentes de la comisaría nª 11 de Hamburgo detienen a un hombre de raza negra en mayo de 1993. En marzo de este año, un agente de la misma comisaría denunció que algunos colegas maltrataban a los detenidos de origen africano.

INDIA

Aumentan las muertes de detenidos

Pese a las positivas declaraciones y recomendaciones del gobierno y la judicatura de la India, los casos de tortura y de muerte bajo custodia siguen aumentando.

En 1994, AI registró 68 muertes bajo custodia policial como resultado de torturas o de falta de asistencia médica. Se trata de un incremento considerable comparadas con las 36 registradas por la organización en 1993, incremento que indica que la violencia contra detenidos sigue siendo endémica en todo el país.

Según informes, el 11 de junio de 1994 Satish Kumar, de 13 años, hijo de Kabil Kumar, residente de Kapali Thottam, murió debido a las torturas sufridas en la comisaría de policía de Mylapore. Junto con otros cuatro niños, Satish había sido detenido la noche del 8 de junio en el comercio donde trabajaba por presunta participación en un robo. Su padre no pudo pagar las 2.000 rupias ($60) que exigió la policía para ponerlo en libertad.

El cadáver de Satish Kumar fue hallado frente al domicilio familiar el 11 de junio de 1994. Un conductor de rickshaw afirma que la policía lo obligó a transportar a Satish Kumar desde la comisaría hasta su hogar. Con la ayuda de la policía, abandonó el cuerpo en un rickshaw próximo a la casa. A la mañana siguiente, el cuerpo fue encontrado y llevado de inmediato a un hospital, donde los médicos dictaminaron que llevaba muerto tres horas. Los otros cuatro muchachos detenidos junto con Satish Kumar declararon que la policía los había golpeado y que habían visto que Satish Kumar vomitaba sangre.

Se detuvo a tres agentes de la policía, incluyendo a un subinspector, y se ordenó una investigación judicial. También parece que se practicó una autopsia. Los informes indican que la familia recibió compensación. Se desconocen los resultados de la investigación o de la autopsia.

Las investigaciones independientes e imparciales de muertes bajo custodia son escasas. Los responsables rara vez son enjuiciados y, cuando se los somete a juicio, las sentencias no se hacen eco de la gravedad del delito.

El gobierno indio debe asegurar que todas las denuncias de muertes bajo custodia y otros abusos se investigan inmediata e imparcialmente, y se procesa a los responsables sin dilación. (pie de foto):Protestas ante la comisaría de Mylapore al conocerse la muerte de Satish Kumar.©Frontline



(pie de foto):En abril, durante la visita de AI a Brasil, el secretario general de la organización, Pierre Sané, se entrevistó con las “madres de Acarí”, cuyos niños “desaparecieron” en julio de 1990 en el conocido caso de “los 11 de Magé”. Los habitantes de Acarí han protestado recientemente contra la violencia policial en la zona.

Hablando con Pierre Sané en la fotografía (de derecha a izquierda): Vera Lucia Flores, Leite Marilene Lima de Souza, Ana Maria da Silva y Tereza de Souza Costa.


SIERRA LEONA

Fuerzas rebeldes secuestran a escolares

Las fuerzas rebeldes de Sierra Leona han secuestrado a un elevado número de civiles, incluyendo más de 100 escolares.

Durante una visita a la vecina Guinea en marzo y abril, los delegados de AI se entrevistaron con refugiados de Sierra Leona que habían cruzado la frontera huyendo de los ataques armados del Frente Unido Revolucionario. Entre los refugiados estaban los padres de más de 100 escolares secuestrados en enero en Kambia, en el norte de Sierra Leona. Una familia había perdido a cuatro, de entre 13 y 16 años. Se cree que los niños aún están en poder de los rebeldes, quienes, durante el ataque contra Kambia, mataron a tiros a más de 15 personas.

Siete religiosas extranjeras secuestradas en esa misma ocasión quedaron libres en marzo, y otros 10 extranjeros, dos de ellos cautivos desde noviembre de 1994, en abril. Se cree que el Frente todavía mantiene prisioneros a muchos civiles, y que algunos han sido obligados a unirse a las fuerzas rebeldes.

El combate entre fuerzas rebeldes y gubernamentales, acompañado de cientos de asesinatos de civiles por ambas partes, comenzó en 1991, cuando el Frente lanzó un ataque desde la vecina Liberia. Los ataques contra ciudades, pueblos y caminos principales se han extendido a todo el país y cada vez más cerca de la capital, Freetown.

Las tropas del gobierno han torturado y ejecutado sumariamente a presuntos rebeldes y simpatizantes, y desde 1994 hay indicios de que algunos de los asesinatos que el gobierno atribuye a los rebeldes fueron perpetrados, en realidad, por soldados del gobierno.

Reconocer a los agresores empieza a ser difícil. Una persona refugiada en Guinea declaró a AI: «Es muy difícil distinguir entre un rebelde y un soldado porque usan las mismas armas y munición, y los mismos uniformes.»

AI ha pedido al gobierno y a las fuerzas rebeldes que pongan fin a los asesinatos, y ha instado al Frente a que deje en libertad a todos los prisioneros civiles.

Amnistía Internacional: Boletín, julio de 1995

Llamada Internacional

CHIPRE

El 3 de mayo, el Tribunal Militar de Nicosia condenó a Iosif Kosta Kourides a 15 meses de cárcel por objeción de conciencia al servicio militar. En 1992 había recibido otra pena de 15 meses —reducida tras una apelación a 10— por el mismo delito.

Iosif Kosta Kourides figura entre unos 15 objetores de conciencia que cumplen actualmente penas de hasta 15 meses por negarse a cumplir el servicio militar o a participar en ejercicios de la reserva militar en Chipre. Según parece, todos son testigos de Jehová y se oponen a realizar cualquier tipo de servicio militar.

La objeción de conciencia al servicio militar es un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y culto. Los objetores de conciencia tienen derecho a un servicio civil de duración no punitiva. AI considera presos de conciencia a Iosif Kourides y a los demás objetores encarcelados, y ha instado a los autoridades chipriotas a que los pongan en libertad y a que introduzcan la alternativa de un servicio civil conforme a las normas internacionales pertinentes.


+ Por favor escribaN a: Mr Glafcos Clerides/President of the Republic of Cyprus/Presidential Palace/Nicosia/Chipre, y al: Dr. Konstantinos Iliadhis/Minister of Defence/Ministry of Defence/ Emmanouil Roidi 4/Nicosia/Chipre.

COLOMBIA

El 20 de abril, el Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, que actuaba en este departamento de Colombia, anunció que se disponía a cerrar temporalmente su sede de Villavicencio. Desde 1992, cuatro miembros del Comité han sido ejecutados extrajudicialmente, tres han “desaparecido” y 25 se han visto obligados a huir de la región.

Los miembros del Comité han recibido repetidas amenazas de muerte y han sido sometidos a vigilancia encubierta, como la hermana Nohemí Palencia —religiosa católica que tuvo que abandonar Colombia en marzo de 1995 tras recibir amenazas de muerte— y Josué Giraldo, secretario general del Comité, quien ha sido amenazado y sometido a vigilancia constante.

El Meta cuenta con una fuerte presencia guerrillera. Con frecuencia, las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares perciben a los que allí viven como subversivos o posibles colaboradores de los guerrilleros y, a consecuencia de ello, los han hecho objeto de graves abusos.

El Comité presta ayuda a las familias desplazadas de sus hogares por el conflicto armado y denuncia las violaciones de derechos humanos.


+ POR FAVOR, ESCRIBAN al presidente pidiendo: medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los miembros del Comité, permitiéndoles reanudar su legítima tarea de defensa de los derechos humanos; investigaciones exhaustivas e imparciales de las amenazas de muerte, “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales de miembros del Comité; y el enjuiciamiento de los responsables. Escriban a: Excmo. Sr. Ernesto Samper Pizano/ Presidente de la República/Palacio de Nariño/ Bogotá/Colombia.Fax: + 57 1 286 7434/287 7939

(pie de foto): Defensores de los derechos humanos del Meta, y miembros del Comité Cívico.

INDONESIA

Cinco personas han sido condenadas a penas de 18 meses a 2 años por sus actividades políticas pacíficas.

El 9 de enero, el estudiante José Antonio Belo, de 23 años, fue detenido junto con otros 24 jóvenes timoreses durante una breve manifestación independentista realizada en la Universidad de Timor Oriental en la ciudad de Dili. Al parecer, los manifestantes llevaban carteles y voceaban lemas contra la ocupación indonesia de su país.

Poco después de comenzar la protesta, llegaron al lugar agentes de la policía antidisturbios y otros agentes vestidos de civil, y los testigos dicen que al menos dos de los manifestantes —uno de ellos José Antonio Belo— fueron obligados a subir a vehículos de las fuerzas de seguridad y golpeados por los agentes que vestían de civil.

Mientras estaba bajo custodia, parece que los agentes de seguridad torturaron y golpearon a Belo. No se le permitió elegir a un abogado.

El 8 de mayo Belo fue condenado por el Tribunal de Distrito de Dili a 18 meses de cárcel por «expresar hostilidad contra el gobierno».


+ POR FAVOR, ESCRIBAN al Col. Kiki Syanhakri Y.K./Commander/ Resort Military Command (Korem) 164/ Wiradharma/Markas KOREM 164/ Wiradharma/Dili/Timor Oriental/ Indonesia. Expresen preocupación por el hecho de que José Antonio Belo y otros hayan sido condenados por actividades políticas pacíficas, y manifiesten inquietud por los informes de que algunos —incluyendo a José Antonio Belo— puedan haber sido sometidos a malos tratos mientras estaban detenidos. Exhorten a las autoridades a poner en libertad inmediata e incondicional a José Antonio Belo y a otras personas detenidas por expresar pacíficamente sus opiniones.



ETIOPÍA

Los abusos de hoy socavan

el procesamiento de los de ayer

En un informe reciente AI ha advertido que la iniciativa del gobierno de transición etíope de enjuiciar a algunos de los 1.750 ex funcionarios del gobierno anterior que cometieron graves violaciones de derechos humanos peligra de persistir la impunidad de los abusos actuales.

Tras 17 años de represión brutal bajo el régimen del teniente coronel Mengistu Haile-Mariam (actualmente en Zimbabue), el gobierno de transición entró en funciones en 1991 y encarceló a miles de opositores —algunos de los cuales participaban en actividades de oposición armada—, sin acusarlos ni juzgarlos. Aunque la mayoría han sido puestos en libertad, quedan varios centenares en prisión, entre ellos presos de conciencia. Decenas de opositores del gobierno “desaparecieron” durante estos años y podrían estar todavía en centros de detención secretos. Algunos detenidos fueron torturados. También se denunciaron numerosos asesinatos de presos y civiles desarmados por las fuerzas de seguridad.

Finalmente, en mayo se celebraron elecciones que fueron boicoteadas por los principales grupos de oposición.

AI ha instado al nuevo gobierno del primer ministro Meles Zenawi, líder del Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope y ex presidente de la transición, a que actúe con firmeza para poner fin a los abusos, exhortándole a no detener a opositores pacíficos y a velar por que todos los detenidos políticos sean juzgados con prontitud e imparcialidad, o puestos en libertad. También ha repetido los llamamientos que hizo al gobierno de transición para que se investiguen con imparcialidad las “desapariciones”, torturas y asesinatos políticos atribuidos a las fuerzas de seguridad, y ha señalado que cualquier juicio debe ofrecer todas las garantías legales y no producir ejecuciones.

(pie de foto):Miembros del régimen de Megistu, en el banquillo, el pasado diciembre.


ARGENTINA

Los jefes del Estado Mayor admiten la culpabilidad

de las fuerzas armadas en la “guerra sucia”

Doce años después de restablecido el gobierno civil, varios oficiales de alto rango han admitido por primera vez que las fuerzas armadas argentinas fueron culpables de secuestros, torturas y asesinatos en la llamada “guerra sucia” librada durante los regímenes militares que rigieron el país de 1976 a 1983, y han manifestado pesar por lo ocurrido.

El 25 de abril de 1995, el general Martín Antonio Balza, jefe del Estado Mayor del Ejército, aceptó la responsabilidad que cupo a su fuerza en tales actos. Balza reconoció que se habían empleado «métodos ilegítimos que llegaron incluso a la supresión de la vida». Posteriormente, el brigadier Juan Paulik y el almirante Enrique Molina Pico, jefes del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y la Armada, formularon similares admisiones de culpa.

Los familiares de los “desaparecidos” han vuelto a pedir que se averigüe su suerte.

Balza indicó que el ejército no disponía de una lista de las víctimas ni de información alguna sobre la suerte de los “desaparecidos”, pero exhortó a cualquier miembro del ejército que recordase hehos que permitieran reconstruir el pasado a que se presentase a las autoridades, «asegurándole públicamente la reserva correspondiente».

AI ha instado continuamente a los sucesivos gobiernos argentinos a que investiguen y aclaren la suerte y el paradero de los “desaparecidos”. En 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) catalogó 8.960 casos no resueltos de “desaparición”, advirtiendo que el número real podía ser más elevado.

Las recientes confesiones del ex sargento Víctor Ibáñez sobre el centro de detención clandestino que operaba en el cuartel del ejército “Campo de Mayo” confirman las declaraciones anteriores del ex capitán de la Armada Adolfo Francisco Scilingo. Los dos ex oficiales manifestaron que, después de torturados, muchos detenidos “desaparecidos” habían sido arrojados al Atlántico desde aviones militares.

Esta práctica fue confirmada por una declaración independiente de Federico Talavera, un gendarme que había desempeñado funciones de guardia en los centros de detención secretos “Campo de Mayo” y “Olimpo”.

Pese a haber rechazado inicialmente las confesiones de los ex militares, el presidente Carlos Menem reconoció que las acusaciones hechas por Víctor Ibáñez «tenían que investigarse por ser una denuncia muy grave».

En 1989 y 1990, Menem aprobó amnistías que beneficiaron a los líderes de los gobiernos militares y a oficiales de alto rango. Otros oficiales de rango inferior al de coronel fueron amnistiados en virtud de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” promulgadas en la década de 1980 por un gobierno civil anterior.

Amnistía Internacional: Boletín, julio de 1995

Enfoque

Siria: las víctimas olvidadas

En las celdas de Siria hay miles de hombres y mujeres encerrados por motivos políticos. Algunos hasta son “presos de conciencia”. Muchos llevan años encerrados sin haber sido nunca acusados. A otros les impusieron largas condenas en juicios a todas luces injustos. Y a otros, al finalizar sus condenas, las autoridades les han negado la libertad.

La tortura es rutinaria para arrancar confesiones o infligir castigos a los detenidos, y no es raro que se produzcan muertes bajo custodia. Muchas personas han “desaparecido”, y se teme que a algunas las hayan ejecutado en secreto. Las detenciones se practican sin orden judicial y sin informar a los familiares del paradero de los detenidos. Éstos no pueden recibir visitas de abogados, médicos de su elección ni familiares. Semejantes abusos exigen una acción urgente. Aunque en los últimos años, las autoridades sirias han excarcelado a varios miles de presos políticos, habrá que tomar medidas mucho más radicales para mejorar el desastroso historial de derechos humanos del país.

Desde que Hafez al-Assad asumió la presidencia en 1970, las violaciones de derechos humanos, facilitadas por poderes especiales de emergencia, han sido persistentes y endémicas. Al amparo del estado de emergencia en vigor, sin interrupción, desde el 8 de marzo de 1963, las diferentes ramas de las fuerzas de seguridad han podido actuar a su antojo para detener y encarcelar arbitraria e indefinidamente a cualquier sospechoso político.

Decenas de miles de personas han caído en sucesivas redadas contra posibles miembros de organizaciones izquierdistas, grupos militantes musulmanes o movimientos nacionalistas árabes, o contra cualquiera que que se oponga de alguna forma al gobierno. Entre las víctimas hay centenares de presos de conciencia. La suerte de miles se ha ocultado a sus familiares. Algunos temen lo peor, ya que sus seres queridos “desaparecieron” justo después de ser detenidos. Pero por temor a las represalias, pocos se hayan atrevido a levantar la voz.

Durante la década actual se han producido algunos avances. Varios miles de presos políticos, entre ellos presos de conciencia, han quedado en libertad. Desde 1992, los juicios políticos son más abiertos —algunos han sido presenciados por observadores internacionales de derechos humanos, incluyendo AI—, aunque todavía distan mucho de ajustarse a las normas internacionales de imparcialidad judicial. Las autoridades también han mantenido discusiones con organizaciones internacionales de derechos humanos. Pero AI sigue insistiendo en que dichas medidas, aunque positivas, no son en absoluto suficientes.

No se conocen investigaciones independientes de la muerte bajo custodia de detenidos políticos, ni siquiera de las que se atribuyen a torturas o malos tratos. La suerte y el paradero de decenas de sospechosos políticos detenidos sigue sin conocerse: han “desaparecido”. Informes recientes indican que algunos presos fueron condenados a muerte hace años y posiblemente ejecutados en secreto.

La vasta gama de abusos reseñada en este Enfoque viola claramente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales que Siria se ha comprometido solemnemente a observar. También contraviene la propia legislación siria, especialmente la Constitución de 1973 y el Código de Procedimiento Penal.

(pie de foto): La imagen del presidente Hafez al-Assad sobre una calle de Damasco.© Chris Stowers/Panos


El ahorcamiento de tres palestinos en Damasco, 1976. En los últimos veinte años, el gobierno sirio ha incrementado el uso de la pena de muerte, ejecutando a centenares de personas.

La mayoría de las detenciones arbitrarias en Siria se practican contra personas sospechosas de haber participado en actividades de oposición al gobierno o de ser miembros de organizaciones políticas no alineadas con el Frente Progresista Nacional (FPN), coalición de gobierno encabezada por el Partido Baasista Socialista Árabe. Desde 1992, centenares han sido detenidos arbitrariamente: decenas de ellos siguen en prision.

Habitualmente las detenciones se practican sin la orden judicial pertinente y sin comunicar a los familiares los motivos de la detención. Una persona que aún continúa detenida relató un incidente ocurrido en 1986 cuando intentaron detenerla:

«...en la madrugada, una patrulla de agentes y otras personas de Fara’ Falastin [centro de detención de Damasco ...] allanaron mi domicilio para detenerme [...] Al no encontrarme allí, golpearon a mi esposa en presencia de su hija, de apenas cuatro años de edad, y se la llevaron a Fara’ Falastin. La separaron de sus dos hijas, y la más pequeña apenas tenía dos meses de edad.»

Los periodos de incomunicación pueden ser de semanas o años. Algunas familias no han tenido información sobre el lugar de detención de sus parientes hasta años después. En la mayoría de los casos que han llegado al conocimiento de AI, a los sospechosos políticos detenidos se les niega el derecho a un juicio público e imparcial, o simplemente se les niega el derecho a juicio. Se dispone de escasa información sobre los juicios políticos celebrados antes de 1992 ya que, casi sin excepción, tuvieron lugar en un secreto total ante tribunales militares especiales y ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (TSSE). Se sabe, no obstante, que los derechos de los acusados fueron violados rutinariamente: se les negó el derecho a un abogado y el derecho a impugnar la inculpación y la pena ante un tribunal superior. Ni siquiera se informó a los familiares de los acusados de la realización del juicio: en la mayoría de los casos, se enteraron mucho después de concluido éste. Los juicios políticos ante tribunales militares especiales siguen rodeados de un secreto total. Desde 1992, los juicios celebrados ante el TSSE han experimentado ligeras mejoras, pero tampoco se han ajustado a las normas internacionales de imparcialidad judicial.

La mayoría de los condenados lo son por “terrorismo” y por oponerse al sistema socialista del Estado y a la unidad árabe. Reciben penas de cárcel de cuatro a 15 años y, en su gran mayoría, ya han pasado de cinco a 12 años en la cárcel cuando comparecen ante un tribunal. Durante el curso del juicio, muchos presos han reconocido su afiliación a sus organizaciones respectivas, mateniendo, sin embargo, que no propugnaban el “terrorismo” ni se oponían al socialismo o a la unidad árabe.

Es común que los familiares no se enteren en absoluto de los juicios ni de su resultado. Bara al-Sarraj, de 30 años, ex estudiante de ingeniería de la Universidad de Damasco, fue detenido el 5 de marzo de 1984 por presuntos vínculos con la Hermandad Musulmana. Su familia no lo ha vuelto a ver desde el día de su detención y no sabe dónde lo tienen recluido. AI ha recibido informes que indican que en 1989 fue condenado a 20 años de cárcel tras un juicio secreto.

Los presos políticos han sido retenidos después de que se emitieran órdenes judiciales de excarcelación o después de haber cumplido la totalidad de su pena de cárcel, aunque no se les imputara ningún otro cargo. AI considera a tales detenidos “presos de conciencia”. Entre los que continúan actualmente detenidos pese a haber cumplido sus penas figuran tres militares detenidos en 1970 y posteriormente condenados a 15 años de cárcel. Dos de ellos se encontraban entre los 350 civiles y militares que en agosto de 1971 fueron juzgados en masa ante el TSSE por “delitos contra la seguridad del Estado y contra el orden público”.

(pie de foto): Wafa Fahmi ‘Ali Hussain ‘Abidat

(pie de foto): Hani Fahmi ‘Ali ‘Abidat

(pie de foto): Al-Bara Al-Sarraj

(pie de foto): Usama Bahir Hassan Batayna

La detención arbitraria y la incomunicación por tiempo indefinido han creado una atmósfera en la que la tortura es práctica habitual. Ésta se emplea para obtener información o “confesiones” y también como castigo.

Los métodos de tortura más frecuentes parecen ser: golpear a la víctima por todo el cuerpo; falaqa (golpes en las plantas de los pies); dullab (la rueda), que consiste en colgar a la víctima de un neumático suspendido y golpearla con palos o cables; y arrojarle agua fría a la víctima. Otros métodos incluyen el de al-Kursi al-Almani (la silla alemana), que consiste en atar a la víctima a una silla metálica que tiene partes móviles. El respaldo de la silla se dobla hacia atrás, extendiendo brutalmente la columna vertebral y causando extrema presión en el cuello y los miembros de la víctima. Al parecer, produce dificultades respiratorias hasta practicamente asfixiar, pérdida del conocimiento y, en algunos casos, fractura de las vértebras.

La mayoría de los 500 o más acusados enjuiciados ante el TSSE desde julio de 1992 declararon durante el juicio que los habían torturado pero, que se sepa, ninguno fue examinado por un médico ni se investigaron las denuncias. Un encausado manifestó:

«Tras detenerme en 1987, me infligieron torturas extremas a fin de obtener información. Me flagelaron, me sometieron a al-Kursi al-Almani, me quemaron partes del cuerpo con ácido y me trituraron los dedos. También me torturaron psicológicamente, flagelando e insultando a mi esposa en mi presencia [...] y trayendo a mi madre [al centro de detención] y amenazando con torturarla. Después me golpearon con pies y puños fracturándome el caballete de la nariz [...] y me separaron las piernas hasta fracturarme la pelvis.»

Cuando finalmente lo internaron en el Hospital Militar de Harasta, el médico que lo atendía sucumbió a la presión e interrumpió el tratamiento antes de tiempo. Lo dieron de alta con un impedimento físico que aún padece.

Munir Francis, ingeniero civil de unos 30 años, murió, al parecer como resultado de la tortura, en abril de 1990, habiendo ingresado en el Hospital Civil “al-Muwassat”, en Damasco, con una hemorragia interna. Cuando su ataúd fue entregado a su familia el cuerpo presentaba al parecer señales de golpes. Según parece, Munir Francis fue detenido junto con otras personas en Yabrud (al-Nabk), al norte de Damasco, a finales de marzo de 1990, después de que aparecieran lemas contra el gobierno pintados en los muros de la ciudad. Las detenciones habrían sido practicadas por miembros del Departamento de Seguridad Política Idarat al-Amn al-Siyassi.

Las “desapariciones” siguen líneas similares. La víctima es detenida por una de las ramas de las fuerzas de seguridad, y nunca se vuelve a saber de ella. Las autoridades no reconocen la detención y niegan saber el paradero de la víctima. Los familiares viven tratando de obtener información.

Wafa Fahmi ‘Ali ‘Abidat, estudiante de cuarto año de odontología en la Universidad de Damasco, “desapareció” en noviembre de 1986. Se alojaba en la residencia femenina de la Universidad. Al parecer, no estaba vinculada con ninguna organización política ni participaba en actividades políticas. Es posible que la detuvieran simplemente porque su hermano, Hani Fahmi ‘Ali ‘Abidat, había sido aprehendido un mes antes por pertenecer al Consejo Revolucionario de Fatah, facción del movimiento palestino encabezada por Abu Nidal. Los familiares desconocen la suerte y el paradero de los hermanos.

Otras “desapariciones” han sido las de palestinos y jordanos que tenían lazos de sangre con los activistas de las luchas políticas de los años ochenta, en las que participaron diversas facciones del movimiento palestino y distintos Estados de Oriente Medio. Usama Hasan Batayna, estudiante de secundaria nacido en 1968, fue detenido el 10 de septiembre de 1986 en Dar’a de camino a Siria desde Jordania. Se desconocen los motivos concretos de su detención. Al parecer, tres meses antes de dirigirse a Siria había visitado Iraq, y su pasaporte tenía un visado iraquí. Su familia sospecha que éste pueda haber sido el motivo de su “desaparición”.

Las familias de los “desaparecidos” viven angustiados por la incertidumbre de su suerte. «Hace nueve años que no logro comer ni dormir bien»— le dijo a AI una mujer cuyo hijo “desapareció” hace nueve años. Otra manifestó: «Necesito saber la suerte de mi hijo, vivo o muerto... Si está vivo, necesito saber dónde, y que me permitan visitarlo... si ha cometido alguna ofensa, deberían decírmelo y dejarme visitarlo... si está muerto, necesito que me lo digan para poder llorarlo».

Los motivos de preocupación de AI en Siria se han acentuado en las últimas dos décadas con la extensión de la aplicación de la pena capital. De los centenares de condenados a muerte en este periodo, especialmente a finales de los años 70 y principios de los 80, la mayoría han sido ejecutados. Las víctimas eran principalmente opositores políticos del gobierno, pero también ha habido militares condenados por intentos de golpe de Estado, y personas condenadas por espionaje. Las condenas las han impuesto distintos tribunales, pero especialmente los tribunales militares y el TSSE.

La imposición de la pena capital por cargos exclusivamente políticos ha disminuido considerablemente en la década actual. Pero siguen registrándose casos de ejecuciones de presos condenados por delitos comunes como homicidio, violación, contrabando e incendio. En 1993 se llevaron a cabo por lo menos 14 ejecuciones de este tipo, el número más elevado registrado por AI en un solo año desde 1985. AI no dispone de información detallada sobre las actuaciones judiciales en estos casos, pero al menos en uno de ellos, se dispuso de pruebas convincentes de que no tuvieron un juicio imparcial: los cinco encausados acusados de incendiar la prisión de al-Hasaka el 24 de marzo de 1993, fueron ejecutados el 20 de mayo. Esta celeridad despierta graves dudas sobre la imparcialidad del juicio y sobre la observancia de las garantías y salvaguardias internacionales.

En julio de 1994, AI presentó a las autoridades una lista de más de 1.000 casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en Siria. Entre ellos había 959 presos políticos (incluyendo presos de conciencia), 59 “desaparecidos” y nueve muertes bajo custodia. En octubre de 1994, el gobierno manifestó que estudiaría estos casos. En abril de 1995 aún no se había recibido respuesta.

Cientos de personas han sido excarceladas desde que AI presentó esta lista, entre ellas un gran número de detenidos sospechosos de vinculación con la Hermandad Musulmana, que quedaron en libertad a principios de año. Pero millares siguen sometidos a todo tipo de abusos graves, que AI ha puesto de relieve una y otra vez en sus comunicaciones con el gobierno sirio sin conseguir atajar el problema.

AI exhorta al gobierno a tomar medidas claras y concretas con urgencia, y recomienda:

1. poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia;

2. poner en libertad a todos los presos políticos detenidos sin juicio a menos que se los acuse formalmente y se los someta a un juicio pronto e imparcial, y a todos aquellos que sigan detenidos después de cumplida su condena;

3. revisar los casos de todos los presos políticos que cumplan penas impuestas tras juicios injustos;

4. poner fin a la tortura;

5. aclarar la suerte de los “desaparecidos” y de los que se teme han sido ejecutados en secreto;

6. suspender las ejecuciones y abolir la pena de muerte;

7. crear un órgano independiente e imparcial para investigar todas las denuncias de tortura, muertes bajo custodia y “desapariciones”, y publicar los resultados de las pesquisas;

8. asegurar que los responsables de torturas y “desapariciones” comparezcan ante los tribunales;

9. asegurar que todas las víctimas de torturas y “desapariciones”, o sus familias, obtengan reparación y gocen de derecho legal de recibir una compensación justa y adecuada;

10.velar por que las detenciones se practiquen con orden judicial y sean supervisadas por el poder judicial;

11.asegurar que las personas detenidas o encarceladas tengan acceso pronto y regular a sus familiares y abogados y a los médicos de su elección;

12.asegurar que los detenidos políticos comparecen ante un juez sin dilación;

13.asegurar que las autoridades que practican las detenciones y las distintas ramas de las fuerzas de seguridad sepan que torturar y maltratar a cualquier persona que se halle bajo su custodia está estrictamente prohibido, y que se sancionará cualquier abuso;

14.ratificar la Convención de la ONU contra la Tortura;

15.promulgar una ley que permita impugnar la legalidad de una detención ante un tribunal y obtener la libertad en caso de ilegalidad;

16.promulgar una ley que reconozca el derecho a apelar contra la sentencia ante un tribunal superior en todos los casos sin excepción.

(pie de foto): En 1986, tras enfrentamientos violentos con la Hermandad Musulmana, el ejército y las fuerzas de seguridad bombardearon Hamma, causando miles de muertes.

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