Document - Amnesty International News, June 1995. Vol.25, No.6.

Amnistía Internacional: Boletín, junio de 1995

Noticias



BAHREIN

Una brutalidad sin precedentes


Durante los últimos meses, el gobierno de Bahrein ha desatado una ola de represión para aplastar la disidencia, provocando violaciones de derechos humanos sin precedentes. Desde el pasado diciembre, el país ha presenciado detenciones arbitrarias masivas, homicidios de manifestantes, tortura de detenidos, encarcelamientos sin juicio y destierros.

Desde diciembre, manifestaciones y actos de protesta generalizados se han venido sucediendo tanto en la capital, al-Manama, como en los municipios de Jidd Hafs, Sitra y la Región Norte. Los manifestantes, que incluyen mujeres y niños, han exigido que se convoque la Asamblea Nacional (disuelta en 1975) y que se respeten las disposiciones de la Constitución de 1973. Hasta la fecha, las autoridades se han negado a tomar en consideración estas demandas, recurriendo en su lugar a la fuerza.

Entre diciembre y abril, al menos 11 civiles han sido asesinados en distintos incidentes y decenas más han resultado heridos debido a que las fuerzas de seguridad nacionales, respaldadas por contingentes de la policía antidisturbios de Arabia Saudita, usaron armas de fuego para dispersar a los manifestantes.

Entre los muertos en Bani Jamra durante las protestas del 1º de abril, se encontraban Muhammad Ja’far ‘Atiyya y Muhammad ‘Ali ‘Abd al-Razzaq. Las protestas estallaron cuando las fuerzas de seguridad rodearon el domicilio del jeque ‘Abd al-Amir al-Jamri, destacado especialista religioso chiita y miembro de la disuelta Asamblea Nacional, y lo sometieron a arresto domiciliario junto con 18 miembros de su familia, varios de ellos menores. El 15 de abril fue transferido a un lugar desconocido.

Las fuerzas de seguridad también tomaron medidas para impedir que las personas heridas durante las manifestaciones callejeras recibieran asistencia médica en hospitales y clínicas. Según los testigos de las manifestaciones del 17 de diciembre en al-Sanabes, las tropas impidieron que una ambulancia condujese al hospital a dos hombres gravemente heridos, que posteriormente murieron.

Según estimaciones sin confirmar, las detenciones desde diciembre se cuentan por millares, lo que ha causado hacinamiento en las cárceles oficiales; muchos han ido a parar a centros de detención improvisados, entre ellos un estadio de deportes abandonado. La mayoría permanecen detenidos sin cargos o incomunicados, sin contacto alguno con el mundo exterior. Al parecer, son muchos los que han sido torturados para obtener “confesiones”, y al menos un detenido ha muerto.

Entre los detenidos bahriníes se cuentan especialistas religiosos, educadores y estudiantes. Las autoridades también han detenido a muchas mujeres y niños. Se informa que Zahra Salman Hilal, de 31 años, recluida en la Prisión de Menores de Madinat ‘Issa, hizo huelga de hambre hasta que le permitieron ver a su esposo, detenido desde enero. El 12 de abril, seis profesoras fueron detenidas en Madinat ‘Issa con varios de sus alumnos. Todas quedaron en libertad poco después.

Desde finales de marzo, 23 detenidos como mínimo han sido juzgados ante el Tribunal de Seguridad del Estado, cuyos procedimientos distan mucho de ajustarse a las normas internacionales de imparcialidad judicial. Les imputan, entre otras cosas, cometer actos de sabotaje y pertenecer a una organización prohibida.

En enero y marzo, AI pidió públicamente al gobierno de Bahrein que pusiese fin a los asesinatos y la tortura y envió llamamientos urgentes en favor de las personas detenidas. AI también solicitó que se le permitiese enviar delegados para asistir a los juicios en curso en Bahrein, pero no ha recibido respuesta.


[pie de foto pág. 1:]Protestas contra el gobierno durante el entierro de Hussain ‘Ali Safi, muerto el 26 de enero en Sitra cuando las fuerzas de seguridad usaron armas de fuego para dispersar la manifestación.



BOLIVIA

Justicia cumplida: ex presidente ingresa en prisión


El general Luis García Meza, ex presidente de Bolivia, se ha sumado al escaso número de gobernantes militares condenados y encarcelados conforme a la legislación de su país por delitos que incluyen violaciones de derechos humanos.

Casi dos años después de que la Corte Suprema de Justicia le impusiera una pena de 30 años de cárcel, Luis García Meza ha comenzado a cumplir su condena en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, cercana a La Paz. Fue condenado en rebeldía por delitos que incluían violaciones de derechos humanos perpetradas durante el año de su gobierno militar. Éste se inició en julio de 1980 con un golpe de Estado y, durante los meses siguientes, decenas de sindicalistas y opositores políticos resultaron detenidos, “desaparecidos”, torturados y asesinados. Al restaurarse la democracia en 1982, se iniciaron ante el Congreso actuaciones para un Juicio de Responsabilidades contra Luis García Meza y sus colaboradores. Pero la mayoría de éstos y el propio ex mandatario continuaron en libertad después de que la Corte Suprema dictara sentencia en 1993.

Luis García Meza era un fugitivo de la justicia boliviana desde 1989. En 1994 fue detenido en São Paulo, Brasil, y el gobierno de Bolivia solicitó su extradición. En marzo de este año, el Tribunal Federal Supremo del Brasil la concedió y fue transferido a Bolivia.

AI considera que la justicia cumplida en casos como éste es una victoria para todos los que luchan para proteger los derechos humanos, no sólo en Bolivia sino en todo el mundo.


[pie de foto pág. 2:]El general Luis García Meza, durante el Juicio de Responsabilidades.



INTERNACIONAL

Las naciones se unen para conmemorar


AI participó en las ceremonias oficiales celebradas en Polonia los días 26 y 27 de enero para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la liberación de Auschwitz. Las solemnidades contaron con la presencia de jefes de Estado y delegaciones de 30 países, incluyendo Israel, Alemania y los EE UU. AI, invitada a participar junto con otros receptores del Premio Nobel de la Paz, fue representada en los actos conmemorativos por Gerry O’Connell, miembro del Comité Ejecutivo Internacional de la organización.

En Auschwitz, los nazis cercenaron la vida de aproximadamente un millón y medio de personas: el 90 por ciento de las víctimas fueron judíos, pero también hubo miembros de otras comunidades como la romaní, y ciudadanos de unas 30 naciones, incluyendo numerosos polacos. Los horribles sucesos de Auschwitz y de la Segunda Guerra Mundial llevaron a la creación de la Organización de las Naciones Unidas y a la subsiguiente proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros importantes instrumentos de derecho internacional. En ellos se basa la labor de AI, quien trabaja para asegurar que Auschwitz no se repita jamás.

Durante una reunión en Cracovia presidida por el primer mandatario polaco Lech Walesa, los participantes aprobaron un “Llamamiento a las Naciones” que recordaba los terribles sucesos de Auschwitz y exhortaba a la comunidad internacional a que impidiera futuros conflictos y derramamientos de sangre. Los delegados oficiales se trasladaron a Auschwitz para asistir al principal acto conmemorativo, en el que se les unieron supervivientes de la tragedia y otros participantes. Hicieron uso de la palabra, entre otros, Elie Wiesel, receptor del Premio Nobel de la Paz. Elie Wiesel era apenas un niño cuando lo internaron en Auschwitz, donde «no tenía nombre, esperanza ni futuro, y sólo se [le] conocía por [su] número, A70713». El orador pidió a los presentes: «Cierren los ojos, amigos míos, y escuchen, escuchen los gritos silenciosos de las madres aterrorizadas, escuchen las plegarias de ancianos y ancianas angustiados, escuchen el llanto de los niños...»

Después de los discursos, los jefes de las delegaciones colocaron ofrendas florales. La última corona fue presentada, en memoria de las víctimas del genocidio, por ocho supervivientes de ambos sexos. Finalmente, mientras sonaban las sirenas y por los altavoces se leían los nombres de los muertos, los presidentes de las delegaciones firmaron el Libro de Conmemoración de Auschwitz. El delegado de AI firmó el documento como muestra de solidaridad con las víctimas de la discriminación, el racismo y otras formas de represión pasadas, presentes y futuras.



Noticias breves


Desde que se intensificó el conflicto entre diversos grupos armados de Afganistán en abril de 1992, las mujeres afganas han sido blanco de asesinatos, secuestros y violaciones. Se informa que decenas han “desaparecido” y varias han sido lapidadas. Los perpetradores son miembros de los principales grupos muyahidín o caudillos provinciales. AI ha exhortado a las autoridades de Kabul, a los líderes de las facciones en pugna y a la comunidad internacional a que tomen medidas para velar por que se respeten los derechos humanos en Afganistán.


Seis años después de la ofensiva del 4 de junio de 1989 contra las protestas democráticas, AI sigue viendo con preocupación la situación de los derechos humanos en China. Miles de presos de conciencia continúan detenidos, muchos sin cargos; algunos de los que han sido enjuiciados han recibido sentencias sumamente severas. Continúa haciéndose un uso generalizado de la tortura, y en 1994 AI registró al menos 2.496 condenas a muerte y 1.791 ejecuciones.


Entre el 20 de enero y el 19 de abril, Arabia Saudita ejecutó por lo menos a 90 personas: la cifra más alta que haya registrado AI en el país en tan poco tiempo. Los juicios que preceden tales sentencias hacen caso omiso de las salvaguardias acordadas internacionalmente en casos de delitos que conllevan la pena capital.



SINGAPUR

Ahorcamiento causa crisis diplomática


La ejecución de la empleada doméstica filipina Flor Contemplación, ahorcada el 17 de marzo en Singapur pese a las protestas internacionales que produjeron las serias dudas sobre la imparcialidad del juicio, ha subrayado la injusticia de la pena capital en momentos en que crece el número de ejecuciones en esta nación.

La ejecución ha provocado una crisis diplomática sin precedentes entre Singapur y Filipinas, mostrando que las críticas internacionales al sistema de justicia penal de Singapur no obedecen a un supuesto antagonismo entre la perspectiva “occidental” y la “asiática” de los derechos humanos, como mantiene el gobierno de este país.

Flor Contemplación fue ahorcada en la cárcel de Changi por el homicidio de Delia Maga, otra empleada doméstica filipina, y del hijo del patrón de ésta. Los cargos se basaron casi por completo en su confesión a la policía; ni la defensa ni el fiscal presentaron argumentos durante el juicio. Hay indicios de que la confesión fue involuntaria, bajo coacción, y de que la encausada fue sometida a malos tratos mientras estaba bajo custodia. En Singapur los presos no tienen derecho a consultar a un abogado durante el interrogatorio policial, y no se les advierte de las consecuencias de declaraciones autoincriminatorias.

El marcado incremento de las ejecuciones, que recientemente han pasado de un promedio anual de cuatro a más de 32 en 1994 —casi todas por delitos relacionados con narcóticos—, causa especial inquietud dada la erosión gradual de las garantías legales que se ha venido observando en casos capitales en este país. En 1969 se abolió el derecho a ser juzgado por un jurado y, más recientemente, los tribunales compuestos de dos jueces fueron reemplazados por un único magistrado. La aplicación de la pena de muerte ha ido extendiéndose gradualmente —en contra de la tendencia internacional—, a la vez que se ha generalizado el empleo de “cláusulas de presunción de culpabilidad” que hacen recaer en el acusado la carga de la prueba. La muerte se ha vuelto prescriptiva para un número creciente de delitos. En 1994 se abolió también el derecho de apelación ante el Consejo de la Reina de Gran Bretaña.

Un porcentaje desproporcionado de ejecuciones recae en los sectores más vulnerables de la sociedad, como Flor Contemplación. AI ha exhortado al gobierno de Singapur a que conmute todas las penas de muerte, y ha instado al gobierno filipino a que revise su propia pena capital, reinstaurada en 1993.


[pies de fotos pág. 8:]Los filipinos lloran la muerte de Flor Contemplación a la llegada de su cadáver al país. © AFP/PA

Flor Contemplación. © AFP/PA



ITALIA

Pronunciado aumento de las denuncias de malos tratos


Durante los últimos cinco años se ha observado en Italia un incremento considerable del número de denuncias de actos de violencia física gratuita y deliberada cometidos por funcionarios de orden público y penitenciarios contra personas sometidas a su custodia. Muchos informes se refieren a inmigrantes —en su gran mayoría, africanos— y a un número creciente de personas de etnia romaní (gitana). Algunos casos conciernen a menores de edad. También se han recibido informes sobre hacinamiento, deficiencias sanitarias y asistencia médica insuficiente.

Estas denuncias se reseñan en un informe de AI* que la organización ha presentado al Comité de la ONU contra la Tortura, reunido en Ginebra el 27 de abril para examinar la aplicación italiana de la Convención contra la Tortura.

Se han denunciado bofetadas, puntapiés, puñetazos y palizas con porras en dependencias policiales, así como insultos verbales, a menudo racistas. También se ha denunciado la prolongada privación de alimentos a detenidos —hasta de 24 horas— y actos de agresión sexual. Algunas denuncias cuentan con el respaldo de pruebas forenses y declaraciones de testigos presenciales. Los detenidos afirman con frecuencia que, de manifestar su intención de presentar una queja, se les amenaza con más malos tratos o con acusarlos, a su vez, de haber cometido delitos.

Pese a que Italia ha adoptado medidas legislativas y administrativas para combatir el maltrato de detenidos, en la práctica no se respetan plenamente y algunos miembros de las fuerzas del orden pudieran estar maltratando a los detenidos de forma rutinaria. Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura han expresado inquietud sobre el trato que reciben las personas privadas de libertad en Italia y han recomendado que las autoridades tomen medidas más efectivas para prevenirlo. AI considera que dichas reformas se requieren con urgencia.


* Italia: Tortura y malos tratos atribuidos a funcionarios de orden público y del servicio penitenciario (Ref: UR 30/01/95/s).

Amnistía Internacional: Boletín, junio de 1995

Llamada




ARGELIA

En febrero murieron más de 96 personas detenidas en un centro penitenciario argelino; las familias de los reclusos siguen esperando que se publique la lista de los muertos.

Al difundirse la noticia de un intento de fuga y motín en la cárcel de Serkadji, en Argel, las autoridades declararon que 96 detenidos y cuatro guardias habían resultado muertos. Según otras fuentes, el número de detenidos muertos es mucho más elevado. Los informes hablan de reclusos ejecutados extrajudicialmente en sus celdas por las fuerzas de seguridad.

Las familias no fueron notificadas de la muerte de sus allegados hasta después de sepultados éstos, y las autoridades les entregaron certificados de defunción en los que se hacía constar “X argelino” en lugar del nombre del difunto. Ninguna familia pudo identificar los cadáveres antes del entierro, y no se practicaron autopsias para determinar las circunstancias ni las causas de la muerte.

Muchos de los muertos estaban en detención preventiva, algunos desde 1992, en contravención de la ley.

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos, organismo oficial, realizó una investigación pero no examinó los cadáveres. La delegación médica de AI que visitó Argelia en marzo de 1995 solicitó autorización para visitar la cárcel de Serkadji a fin de entrevistarse con los supervivientes, pero no recibió respuesta.

Las organizaciones argelinas e internacionales de derechos humanos han pedido una investigación.


POR FAVOR, ESCRIBAN al ministro de Justicia pidiendo una investigación independiente y que se publique la lista de los muertos: M. Mohamed Adami, Ministre de la Justice/Ministère de la Justice/8 Place Bir Hakem, El-Biar/Argel/Argelia/Fax: +213 2 796557.



ACTUALIZACI”N

Vasily Krivonos fue ejecutado en Ucrania en enero (se desconoce la fecha exacta). Su caso se reseñó en la Llamada Internacional de septiembre de 1994. Vasily Krivonos acababa de cumplir 18 años en el momento de cometerse el delito por el que fue condenado a muerte. Se dice que sufría cierto retraso mental y su historial clínico mostraba problemas psiquiátricos. Lo ejecutaron pese a los llamamientos urgentes de varias organizaciones internacionales.



NIGERIA

El bashorun (jefe) Moshood K.O. Abiola, que según el consenso general triunfó en las elecciones presidenciales de 1993 (anuladas por el gobierno), se encuentra detenido, acusado de traición, desde junio de 1994.

El propio presidente sudafricano Nelson Mandela reiteró un llamamiento para que se le devuelva la libertad después de que Desmond Tutu, arzobispo de Ciudad del Cabo, mantuviese reuniones el 5 de abril con el general Sani Abacha, jefe de Estado de Nigeria, y con el detenido. Éste manifestó que necesitaba tratamiento médico con urgencia, que había sufrido una marcada pérdida de peso y que permanecía encerrado las 24 horas del día; debido a su estado de salud, estaba dispuesto a aceptar la libertad condicional que le ofrecieron en agosto de 1994.

El 11 de abril, el gobierno nigeriano indicó que Moshood Abiola no sería puesto en libertad porque su proceso continuaba. Las autoridades han ignorado repetidas órdenes judiciales, como la dictada en noviembre de 1994 por el Tribunal de Apelación de Kaduna instruyendo que se pusiera al jefe Abiola en libertad bajo fianza. El gobierno recurrió contra la excarcelación ante el Tribunal Supremo.

En marzo, le concedieron una visita médica de 10 minutos después de que Moshood Abiola se declarara en huelga de hambre para obtenerla.


POR FAVOR, ESCRIBAN al jefe del Estado pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Moshood Abiola: General Sani Abacha/ Chairman, Provisional Ruling Council/State House/ Abuja, Federal Capital Territory/Nigeria.



TURQUÍA

Piro Ay, agricultor, “desapareció” tras ser detenido por miembros de la gendarmería de Derik, en el distrito de Konur de la localidad de Cay, provincia de Mardin, el 16 de abril de 1994. Se lo llevaron con otros dos vecinos que posteriormente fueron puestos en libertad. Piro Ay ya había sido detenido anteriormente en tres ocasiones y sometido a interrogatorio en el Departamento Antiterrorista de la jefatura de policía de Mardin.

Según testigos presenciales, la población local se había congregado en la plaza central de Kelektepe (otro distrito de Cay) para presenciar cómo los gendarmes administraban una paliza brutal a los tres hombres mientras les decían: «Ustedes dan comida y abrigo al PKK». El PKK es el Partido de los Trabajadores Kurdos, organización armada ilegal que combate a las fuerzas de seguridad en pos de la autonomía de las provincias surorientales de Turquía. AI no ha recibido prueba alguna que indique que Piro Ay mantuviese vínculos con el PKK. Piro Ay estaba inconsciente cuando se lo llevaron en un vehículo blindado en dirección a Derik.

El padre de Piro Ay, Bedir Ay, de 65 años, fue detenido en agosto de 1994 por hacer averiguaciones en la zona sobre el paradero de su hijo. Estuvo en la Prisión de Mardin (de régimen cerrado) hasta que recobró la libertad a principios de este año. Cuando hacía sus pesquisas, le dijeron en la sede central de la gendarmería de Derik que su hijo estaba hospitalizado en estado de coma, sin especificar dónde. El paradero de Piro Ay sigue sin conocerse.


POR FAVOR, PIDAN una investigación inmediata e imparcial de la “desaparición” de Piro Ay al: President Süleyman Demirel/ Office of the President/Devlet Baskanligi/06100 Ankara/Turquía.



LIBRE

La cubana Marta María Vega Cabrera, cuyo caso presentamos en la Llamada Internacional de diciembre de 1994, recobró la libertad en marzo, aunque sólo bajo fianza pues hay dos juicios pendientes en su contra. Marta fue detenida el 3 de junio de 1993 y acusada de distribuir “propaganda enemiga”. Pertenece al Partido Cívico Democrático, de carácter no oficial, y tanto ella como su familia han sido con frecuencia hostigadas por las autoridades cubanas debido a sus convicciones políticas.

Amnistía Internacional: Boletín, junio de 1995

Enfoque




La búsqueda de la verdad



[pie de foto pág. 3:]Mujeres del campo de refugiados de Trincomalee, 1987. Sus esposos, a los que el ejército srilankés se llevó del campo, han “desaparecido”.

© Stephen Champion / Gannet UK


«El gobierno tiene la obligación de ayudar a los padres y familiares a averiguar la suerte que corrieron sus seres queridos y de ofrecerles alguna compensación para mitigar su dolor».

Así habló en octubre de 1994 el profesor G. L. Pieris, ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales de Sri Lanka, al referirse a los familiares de millares de personas “desaparecidas” o asesinadas en su país. Palabras alentadoras hasta que añadió: «No podemos embarcarnos en la vana e imposible tarea de dirimir responsabilidades».

Las dos afirmaciones capturan la esencia de los problemas con que se enfrenta Sri Lanka. A finales de noviembre de 1994 el gobierno creó tres comisiones para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, asignando a cada una de ellas una región geográfica concreta. Las comisiones iniciaron su tarea en enero de 1995 y, según parece, dos meses después habían recibido información sobre 30.000 casos de “desapariciones”.

La creación de estos órganos es positiva pues su labor podría contribuir decisivamente a impedir que se repitan las “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales en Sri Lanka. No obstante, AI abriga ciertas reservas sobre el mandato de las comisiones y los poderes de investigación que tendrán a su disposición, sobre todo teniendo en cuenta que aunque resulta imposible calcular el número de ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” ocurridas en Sri Lanka desde 1983, se estima en decenas de miles.

Enfrentadas desde finales de los años setenta con la oposición armada de los grupos secesionistas tamiles en el norte y el este del país, las fuerzas de seguridad de Sri Lanka daban la impresión de poder cometer abusos impunemente. Desde 1984 hasta mediados de 1987, AI documentó más de 680 “desapariciones” de personas bajo la custodia de las fuerzas de seguridad srilankesas en la zona nordeste del país. De mediados de 1987 a marzo de 1990, periodo en el que la Fuerza India para el Mantenimiento de la Paz se encargó de la seguridad pública en el nordeste, AI documentó en esta zona 43 “desapariciones” que se atribuyen a esta fuerza. En junio de 1990, tras retirarse la Fuerza India, se reavivó el conflicto armado entre las fuerzas del gobierno y las de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, el principal grupo armado de la comunidad tamil. En pocos meses, el número de ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” ascendió a millares.

En el sur, el partido militante cingalés Janatha Vimukthi Peramuna (Frente Popular de Liberación), opuesto a la formación de un Estado tamil y a la vez temeroso del imperialismo indio

—especialmente después del despliegue de la Fuerza India en el norte— inició una campaña de terror. Las fuerzas de seguridad y otros grupos alineados con el gobierno incrementaron a su vez las tácticas antiterroristas que derivaron en un incremento espectacular del número de ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” en la región sur desde mediados de 1987.

El mandato de las tres comisiones de investigación sólo abarca los casos posteriores al 1º de enero de 1988, pese a que la investigación de anteriores “desapariciones” podría revelar pruebas vitales de cómo brotó tal práctica, adoptada posteriormente en escala masiva por las fuerzas de seguridad. Los dos casos que reseñamos en las páginas siguientes ilustran la necesidad imperiosa de que, si se pretende hacer justicia en Sri Lanka, las investigaciones se remonten hasta incluir todos los casos desde 1984.


La “desaparición” de 23 jóvenes de Naipattimunai, distrito de Amparai, en el este del país, es uno de los casos mejor documentados que quedarán sin investigar si el periodo de actuación de las comisiones no se remonta más allá del 1º de enero de 1988. Los hombres fueron detenidos el 17 de mayo de 1985 por miembros de un comando policial, la Fuerza Especial de Tarea (FET), quienes los obligaron a cavar sus propias sepulturas y después los fusilaron. Diez años después, estos asesinatos aún no han sido investigados y nadie ha sido procesado.

En aquella época, la FET actuaba en la Provincia Oriental, concentrándose en los grupos armados tamiles o en personas sospechosas de integrarlos. En algunas ocasiones la FET realizó operaciones conjuntas con el ejército. Los sucesos del 17 de mayo de 1985 se produjeron tres días después de que 146 civiles cingaleses –hombres, mujeres y niños–, fueran asesinados en Anuradhapura, ataque atribuido a los Tigres. Durante los días siguientes civiles tamiles desarmados fueron asesinados como represalia por personal del ejército y la armada.

Según declaraciones juradas de testigos presenciales, en la mañana del 17 de mayo de 1985 miembros de la FET detuvieron a varias decenas de hombres jóvenes en las localidades de Naipattimunai, Thuraineelavanai y Chenaikudiyiruppu, en los distritos orientales de Batticaloa y Amparai. En las dos últimas localidades también se dice que dispararon contra personas desarmadas, llevándose inmediatamente a las víctimas y sus pertenencias. En Chenaikudiyiruppu, un familiar afirmó en una declaración jurada:

«... me dijeron que a mi esposo le habían disparado en el campo en Thuravanthiyamedu, y corrí hacia allí. Declaro solemnemente que algunos de los allí presentes me dijeron que los oficiales del comando... llamaron a mi esposo y que él fue hacia ellos con las manos en alto. Los agentes le dispararon, lo metieron en un jeep y se lo llevaron.»

Denuncias similares describen cómo el personal de la FET detuvo, fusiló y se llevó los cadáveres de vecinos de la cercana localidad de Thuraineelavanai. Así, por ejemplo, la declaración jurada de esta mujer:

«... mientras mi esposo tomaba un baño, la FET le apuntó, pese a que les había rogado ... que no lo mataran, pero las balas le perforaron el cráneo y se lo hicieron añicos. Además de este asesinato, también se llevaron el cadáver, dejando unos trozos de cráneo esparcidos por el suelo...».

Esa misma mañana, agentes de la FET llegaron en unos ocho jeeps a Naipattimunai, localidad vecina al pueblo litoral de Kalmunai. La FET se llevó a varias decenas de jóvenes tamiles, a quienes no se ha vuelto a ver.

La declaración jurada del padre de uno de los jóvenes dice:

«Hacia las 5:30 de la mañana, unos vecinos me comunicaron que varios agentes [de la FET] ... fuertemente armados... habían llegado a las cercanías de mi domicilio en jeeps del ejército ... y habían entrado en varias casas y detenido a varios jóvenes y se los habían llevado. A mi hijo, Thambimuthu Packiyarajah, que había salido a hacer sus abluciones matutinas, también lo detuvieron y se lo llevaron.

»Corrí hasta el camino principal para rogar que los dejaran en libertad, pero el convoy de jeeps ya se marchaba en dirección norte...»

Al parecer, la FET condujo a los jóvenes, junto con los cuerpos de los fusilados en Thuraineelavanai, a una zona al norte del cementerio de Thambiluvil, donde, después de ordenar a los cautivos que cavaran fosas y sepultaran a los muertos, los fusilaron a ellos también.

Más tarde ese mismo día, corrió la noticia de que la FET había regresado a su campamento sin prisioneros. Los padres de los jóvenes detenidos informaron inmediatamente de lo ocurrido al Comité de Ciudadanos de Kalmunai. El 18 de mayo, Paul Nallanayagam, presidente del Comité, se puso en contacto con el oficial encargado de la coordinación en la zona quien, al parecer, le comunicó que se habían practicado detenciones y que algunos “terroristas” habían muerto.

A solicitud de Paul Nallanayagam, el oficial coordinador instruyó al inspector de policía de Batticaloa que investigase el asunto. Inmediatamente después, una partida policial, acompañada de los padres de cinco detenidos, el inspector de policía y Paul Nallanayagam, visitó el lugar donde se decía que los jóvenes habían sido fusilados. El grupo encontró un cuerpo humano, algunas ropas y una cédula de identidad. Al oscurecer, el inspector de policía suspendió la investigación, encargando a los familiares que no hablaran del asunto con nadie y que se presentaran en la comisaría de Akkaraipattu a la mañana siguiente. Sin embargo, al día siguiente las investigaciones se interrumpieron abruptamente. Los vecinos afirman que después los miembros de la FET desenterraron algunos de los cuerpos y se deshicieron de ellos en secreto.

Paul Nallanayagam fue detenido el 22 de mayo de 1985 y acusado de difundir rumores y falsedades, tras haber hablado del incidente con periodistas extranjeros. Durante su juicio ante el Tribunal Superior de Colombo, a mediados de 1986, salieron a la luz numerosas pruebas de la “desaparición” de los 23 jóvenes, pero no se han tomado medidas al respecto.

Oficialmente, ninguno de los “desaparecidos” fue aprehendido por personal de la FET ni asesinado y enterrado en secreto.

En la zona sur, unos doce casos de “desaparición” ocurridos antes de enero de 1988 han quedado sin investigar.

Uno de los primeros en atraer la atención pública fue el de Sathyapala Wannigama, de 37 años, profesor adjunto de la Universidad de Ruhuna.

Testigos presenciales afirmaron que hacia la 1 de la tarde del 13 de noviembre de 1987, el profesor se disponía a subir a un autobús cerca de su domicilio cuando un vehículo se detuvo detrás de él y cuatro policías —dos de ellos miembros de la FET— se bajaron, lo detuvieron y se lo llevaron.

Sus familiares hicieron averiguaciones en la comisaría de Middeniya, donde dicen haber visto a Sathyapala Wannigama sentado a una mesa con un agente de policía. Unos 45 minutos después, según parece, la policía se lo llevó a Tangalle en una camioneta. Al día siguiente, un familiar acudió a la comisaría de Tangalle y, pese a que un agente le comunicó que Sathyapala Wannigama no se encontraba allí, dice haber visto cómo lo fotografiaban. El día 15, el mismo familiar acudió de nuevo a la comisaría de Tangalle con alimentos y ropas. Al parecer, un agente le dijo que se los entregaría al detenido, pero otro negó que se hallase allí.

Se presentaron dos peticiones de hábeas corpus para averiguar el paradero del profesor desaparecido, pero sin éxito. La policía negó que hubiese sido detenido. Fuentes próximas al caso creen que fue asesinado bajo custodia varias semanas después de ser detenido, aunque no se dispone de suficientes pruebas que lo confirmen.

Las comisiones nombradas por el gobierno no investigarán casos como éste ni muchos otros en los que, a menudo, se dispone de declaraciones de testigos que podrían identificar a los responsables de la aprehensión, de la tortura de detenidos que causó muertes, o del ocultamiento de los cadáveres de personas “desaparecidas”. Una de las comisiones comunicó a AI que consideraría los casos de “desaparición” ocurridos antes del 1º de enero de 1988 que le fuesen notificados. La organización considera que, de ser así, los familiares de todas las personas “desaparecidas” antes de 1988 deberían poder presentar pruebas ante las comisiones. AI ha exhortado al presidente de Sri Lanka a que extienda formalmente el mandato de las comisiones para abarcar casos denunciados desde 1984.


[pies de fotos págs. centrales:]


Página anterior:El entierro de Premalal Piyasiri, de 25 años, presuntamente asesinado en custodia policial en julio de 1989. Su hermana se desmayó durante la ceremonia. © Paul Ross Photography

En esta página:Familiares de tres “desaparecidos” de Naipattimunai muestran las fotos de sus seres queridos: La hermana de Mylvaganam Parameshwaran (arriba), la madre de Thambimuthu Packiyarajah (centro) y la madre de Kunchithamby Thabirajah Vivekananthan (abajo).

Izquierda:Soldado de Sri Lanka. © Associated Press



El gobierno de la Alianza Popular accedió al poder en agosto de 1994. Su líder, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, asumió la presidencia en noviembre. Los resultados de las elecciones se interpretaron como un voto a favor del cambio, después de 17 años de gobierno del Partido Nacional Unido. Las nuevas autoridades no tardaron en anunciar una serie de importantes medidas en la esfera de los derechos humanos, que incluían la investigación de pasados abusos, el enjuiciamiento de los responsables y la compensación a las víctimas o a sus familiares. La tarea es enorme y representa un reto considerable.

AI ha instado al gobierno srilankés a que refuerce la labor de las comisiones que se encargarán de las investigaciones. La organización ha pedido a las autoridades que aprovechen esta oportunidad para restablecer una clara delimitación de responsabilidades en la cadena de mando de todas las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y para insistir en que el personal de éstas respete rigurosamente los derechos humanos.

Hasta la fecha, sólo se ha investigado un número reducido de las decenas de miles de casos de ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” ocurridos en el país en la última década, y aun en estos casos de forma sumamente deficiente debido, casi sin excepción, a la falta de voluntad de las autoridades para enjuiciar a los perpetradores. Esta impunidad, como ya decía en su informe de 1990 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, no hace sino fomentar el desprecio por la ley.

A principios de febrero, una delegación de AI visitó Sri Lanka y se reunió con el presidente Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, con varios miembros del gobierno, de las comisiones recientemente creadas y de la Comisión Presidencial de Investigación sobre la Desaparición Involuntaria de Personas y de la Fuerza Especial de Actuación sobre Derechos Humanos, ambas creadas por el gobierno anterior.

Con anterioridad a la visita, AI había escrito al gobierno citando medidas para la prevención de abusos graves, entre ellas la realización de investigaciones exhaustivas e imparciales, la revisión de la legislación vigente en materia de seguridad y el fortalecimiento de la protección constitucional y legal.


RECOMENDACIONES

La delegación solicitó aclaraciones sobre el mandato y los métodos de trabajo de las comisiones. Desde la visita, AI ha recomendado que:

1) el mandato de las comisiones incluya casos denunciados desde 1984;

2) se extienda el plazo de cuatro meses impuesto a las comisiones para la realización de investigaciones y la presentación de sus informes, a fin de que puedan completar su tarea;

3) las tres comisiones produzcan un informe consolidado, que incluya una lista de recomendaciones;

4) el informe final de las comisiones se publique y difunda ampliamente en todo el país;

5) se establezca un mecanismo que permita a las tres comisiones resolver cuestiones relativas a la interpretación de su mandato;

6) las comisiones presenten informes provisionales para asegurar que aplican las mismas normas;

7) durante todo el periodo de las investigaciones, se suspenda de cualquier función oficial a aquellos miembros de las fuerzas de seguridad y otras personas a quienes se atribuyan graves violaciones de derechos humanos;

8) se proteja de la violencia, la intimidación y las represalias a todos los denunciantes, testigos, abogados, miembros de las comisiones y cualquier otra persona relacionada con las investigaciones;

9) las comisiones tengan acceso a todas las declaraciones, pruebas documentales y cualquier otra información pertinente a los casos que investiguen;

10) se asigne a las comisiones los recursos necesarios para que puedan examinar con eficacia las pruebas y los casos que se sometan a su estudio;

11) el informe final de las comisiones incluya un análisis crítico de los factores que han contribuido a la comisión de estas graves violaciones de derechos humanos y formule recomendaciones para su reforma.

12) se establecezca un procedimiento que permita que las comisiones citen a peritos forenses para examinar las pruebas obtenidas mediante exhumaciones;

13) se den todos los pasos necesarios para velar por que el análisis de los restos humanos exhumados hasta la fecha se realice de conformidad con las directrices internacionales de la ONU y para que se disponga de recursos adecuados para tal fin;

14) el gobierno actúe con prontitud para asegurar que los responsables de violaciones graves de derechos humanos comparecen ante la justicia;

15) las comisiones recomienden a su vez categóricamente que no se permita a los perpetradores beneficiarse de ninguna medida legislativa que los exima de ser enjuiciados o declarados culpables;

16) se establezca un procedimiento sencillo, rápido y justo para la asignación de compensación, y su existencia se dé a conocer en todo el país;

17) se proporcione atención médica y rehabilitación adecuadas a las víctimas de “desapariciones” que hubieran reaparecido.



[pies fotos pág. 6:]Un policía en Colombo, la capital de Sri Lanka.

© Paul Ross Photography


Los cadáveres de 24 jóvenes, hallados cerca de Kandy en octubre de 1989. Los asesinatos se atribuyen a un “escuadrón de la muerte” como represalia por un asesinato del Frente Popular de Liberación dos días antes.

© Paul Ross Photography

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE