Document - The Wire, June 2006. Vol. 36, No.5.



Índice AI: NWS 21/005/2006



Llamada Internacional

(extracto de The Wire)

Junio de 2006



UZBEKISTÁN

Encarcelada por expresar sus opiniones

Mutabar Tadzhibaeva, defensora uzbeka de los derechos humanos, fue condenada a ocho años de prisión en marzo. Se habían presentado contra ella 13 cargos, entre ellos los de "pertenencia a una organización ilegal" y "uso de fondos de gobiernos occidentales para preparar y distribuir material que contenía una amenaza al orden público y a la seguridad". Se cree que fue detenida fundamentalmente para que no hablara de los sucesos ocurridos del 12 al 13 de mayo de 2005 en la ciudad de Andiyán, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra una multitud de manifestantes, en su mayoría desarmados, matando a centenares de personas, incluidos menores.

Mutabar Tadzhibaeva es presidenta de la organización de derechos humanos Club de los Corazones Ardientes y fundadora del movimiento nacional Sociedad Civil. En los últimos años, las autoridades la han sometido a creciente presión por sus actividades de defensa de los derechos humanos. El 22 de septiembre de 2005 habló en una entrevista radiofónica de las medidas enérgicas adoptadas por el gobierno contra los activistas de derechos humanos desde los sucesos de Andiyán. El 7 de octubre, cuando se disponía a viajar a Irlanda para asistir a una conferencia internacional sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos, fue detenida.

Según informes, durante la investigación y el juicio consiguientes, se negó a Mutabar Tadzhibaeva el acceso a parte del sumario y no se le concedió tiempo suficiente para leer todo el material disponible ni para consultar con sus abogados. Los informes indican que sólo se le permitió comunicarse con su abogado defensor en presencia de tres o cuatro guardias, y durante el juicio tuvo que permanecer sentada en una jaula. Mutabar Tadzhibaeva elevó al tribunal varias peticiones, ninguna de las cuales fue atendida. Al parecer, pidió que se permitiera la presencia de su familia en las vistas, pero el juez no accedió por considerar que los testigos podían sentirse intimidados por ello. También se prohibió a su abogado formular preguntas a los testigos de cargo.

Escriban pidiendo la excarcelación inmediata e incondicional de la presa de conciencia Mutabar Tadzhibaeva. Pidan a las autoridades que permitan a los defensores y defensoras de los derechos humanos realizar sus actividades sin restricciones y sin temor a sufrir represalias.

Envíen los llamamientos al fiscal general de Uzbekistán: Rashidzhon Hamidovich Kodirov, General Procurator of the Republic of Uzbekistan, ul. Guliamova 66, 700047 g. Tashkent, Uzbekistán

Fax. + 998 71 133 39 17/ 133 73 68. Correo-E: prokuratura@lawyer.com

TAILANDIA

Los autores de homicidios de defensores de de los derechos humanos deben ser puestos a disposición judicial

En enero resultaron absueltos varios agentes de policía detenidos en relación con la "desaparición" y el presunto homicidio del abogado defensor de los derechos humanos Somchai Neelaphaijit. Sólo se declaró culpable a un agente, pero de delitos menores. El primer ministro manifestó que se había abierto otra investigación sobre el caso en el Departamento de Investigaciones Especiales y que dentro de un mes se conocerían los resultados. No ha sido así. Además, la información disponible indica que la investigación no se ha llevado a cabo con la debida atención.

Somchai Neelaphaijit "desapareció" en Bangkok en marzo de 2004 (véase The Wirede mayo de 2004). Destacado crítico de la declaración de la ley marcial en las provincias del sur de Tailandia, defendía a cinco personas que habían sido detenidas y torturadas en relación con la violencia presente en esa zona.

Se cree que en los últimos cinco años han sido víctimas de homicidio por su defensa pacífica de derechos básicos 20 defensores de los derechos humanos. Las autoridades han generado un clima de impunidad al no tomar suficientes medidas efectivas para investigar estas muertes y poner a disposición judicial a sus presuntos autores. Phra Supoj Suwagano, monje budista, murió apuñalado el junio de 2005 tras haber denunciado la presencia de actividades madereras ilegales cerca de su monasterio, en el norte de Tailandia. Charoen Wataksorn (en la fotografía), pescador y ecologista veterano, murió por disparos en junio de 2004 tras haber informado de transferencias ilegales de tierras a las autoridades. Ha habido denuncias sobre la eficacia de las investigaciones en relación con estos y otros casos de homicidio.

Escriban expresando preocupación por los homicidios de Somchai Neelaphaijit, Phra Supoj Suwagano, Charoen Wataksorn y otros defensores de los derechos humanos. Insten a que se investiguen de manera efectiva estas muertes y se ponga a los responsables a disposición judicial.

Envíen los llamamientos al primer ministro en funciones y ministro de Justicia: Chidchai Vanasatidya, Acting Prime Minister and Minister of Justice, Government House, Thanon Pissanulok, Dusit, Bangkok 10300, Tailandia.





IRÁN

Encarcelado por criticar a las autoridades

No pierdo la esperanza de que, pronto, Irán sea un país de libertad y se una al resto del mundo en los esfuerzos por hacer valer los derechos humanos. Hasta entonces seguiré en esta sombría prisión.

Carta de Arzhang Davoodi, julio de 2005



Arzhang Davoodi, escritor, poeta y director del Centro Cultural y Educativo Parto-e Hekmat de Teherán, cumple una condena de 15 años en la prisión de Bandar Abbas, Irán. Tiene numerosos problemas de salud debido a la tortura que ha sufrido, pero se le ha negado el acceso a servicios médicos. Amnistía Internacional cree que es preso de conciencia.

Arzhang Davoodi fue detenido en octubre de 2003, a raíz de que ayudara a producir un documental para televisión rodado en secreto, Irán prohibido,en el que se criticaba a las autoridades iraníes. Recluido en régimen de aislamiento en un centro de detención de la Guardia Revolucionaria, lo sometieron a brutales torturas, que le causaron lesiones como fractura de un omóplato, un derrame en el ojo izquierdo, sordera parcial, fractura de mandíbula y dientes rotos. Posteriormente lo trasladaron a otras dos prisiones, antes de llevarlo a la de Bandar Abbas en septiembre de 2005. Sólo se le permite salir al patio de la prisión 15 minutos a la semana.

Arzhang Davoodi estuvo detenido sin cargos formales durante al menos un año, en el transcurso del cual le pidieron que firmara una confesión ya preparada de varias páginas en al menos tres ocasiones. En una carta que escribió en la prisión en julio de 2005, manifestó que lo habían condenado a 15 años de prisión, 70 latigazos y 5 años de arresto domiciliario. Había sido acusado de establecer y dirigir el Movimiento de Liberación Iraní, escribir un libro en el que se pedía un Irán laico, organizar a activistas políticos para menoscabar el Estado y participar en la producción del documental Irán prohibido.

Escriban a las autoridades iraníes pidiendo la excarcelación inmediata e incondicional de Arzhang Davoodi y la apertura de una investigación sobre su presunta tortura.

Envíen los llamamientos al presidente de la Magistratura: His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi, Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Irán

Correo-E: vía el sitio web www.iranjudiciary.org/feedback_en.html





SINGAPUR

Ejecuciones inminentes

Took Leng How, Iwuchukwu Amara Tochi y Okele Nelson Malachy han perdido los recursos de apelación que habían presentado contra sus condenas de muerte preceptivas.

El malaisio Took Leng How fue condenado a muerte en octubre de 2004 por el asesinato de una niña de ocho años. Un grupo de tres jueces del Tribunal de Apelación rechazó su recurso a finales de enero por dos votos contra uno. El juez que votó en contra de la condena escribió que, a su entender, la niña pudo haber muerto de un síncope.

Iwuchukwu Amara Tochi, nigeriano de 19 años, y Okele Nelson Malachy, que se cree que es sudafricano, fueron declarados culpables de tráfico de drogas. Su recurso de apelación se rechazó el 16 de marzo.

En Singapur la pena de muerte es preceptiva en el caso del homicidio y del tráfico de drogas (de más de 15 gramos de heroína). El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha pedido que se elimine la imposición de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas y ha manifestado que la naturaleza preceptiva de las condenas de muerte constituye una violación de las normas jurídicas internacionales.

Se cree que Singapur, con sus poco más de cuatro millones de habitantes, tiene la mayor tasa de ejecuciones per cápita del mundo. Desde 1991 han sido ejecutadas más de 420 personas, la mayoría por tráfico de drogas. El gobierno sostiene constantemente que la pena de muerte no es una cuestión de derechos humanos.

Suele habar poco debate público en Singapur sobre la pena de muerte, debido en parte al estricto control que ejerce el gobierno sobre la prensa y las organizaciones de la sociedad civil. El relator especial manifestó el pasado 24 de marzo que las medidas adoptadas por el gobierno de Singapur revelaban un intento de suprimir el debate público sobre la pena de muerte en el país. Sin embargo, recientes campañas nacionales e internacionales han dado nueva prominencia a la cuestión en Singapur.

Escriban instando al presidente a detener las ejecuciones de Took Leng How, Iwuchukwu Amara Tochi y Okele Nelson Malachy.

Envíen los llamamientos a: President S R Nathan, Office of the President, Istana Annexe, Orchard Road, Singapur 0923.

Fax +65 6735 3135.

Correo-E: s_r_nathan@istana.gov.sg



ACTUALIZACIONES

Marruecos y el Sáhara Occidental

Ali-Salem Tamek y Brahim Dahane quedaron en libertad el 22 de abril de 2006 en virtud de un indulto real. Según declaraciones oficiales, al mismo tiempo se indultó a otros 44 saharauis detenidos. Muchos habían sido encarcelados a raíz de manifestaciones celebradas en el Sáhara Occidental en los últimos meses. El indulto había sido solicitado por el Real Consejo Consultivo de Asuntos Saharauis, establecido recientemente por el rey Mohamed VI.

A consecuencia del indulto se anuló el procedimiento judicial entablado contra Brahim Dahane y otros 16 detenidos excarcelados, que debía haberse reanudado el 25 de abril.

AI recibió mensajes de defensores saharauis de los derechos humanos que afirmaban que creían que la presión ejercida a escala internacional, incluida la de la membresía de AI, había contribuido a las excarcelaciones.

Véase la Llamada internacionalde mayo de 2006.



Informe 2006de Amnistía Internacional

A lo largo del año 2005 algunos de los gobiernos más poderosos del mundo quedaron en entredicho: los tribunales de justicia rechazaron sus argumentos y el colectivo de activistas de derechos humanos desafió sus tácticas represivas. Tras un periodo de cinco años de ofensiva contra los derechos humanos en el contexto de la "guerra contra el terror", parece que la situación está cambiando.

No obstante, la vida de millones de personas en todo el mundo quedó devastada por la negación de derechos fundamentales. La seguridad humana se vio amenazada por la guerra y los ataques de grupos armados, así como por la hambruna, las enfermedades y los desastres naturales. Las libertades se vieron restringidas por culpa de la represión, la discriminación y la exclusión social.

En el Informe 2006de Amnistía Internacional se documentan abusos contra los derechos humanos cometidos en 150 países y se destaca la necesidad de que los gobiernos, la comunidad internacional, los grupos armados y otros agentes en puestos de poder o con influencia asuman responsabilidades. El Informe 2006se hace eco también de la vitalidad mostrada por el colectivo de activistas de derechos humanos en todo el mundo, ya sea a través de iniciativas locales, con ocasión de cumbres de ámbito internacional o en manifestaciones masivas.

Pueden solicitar ejemplares del Informe 2006(POL 10/001/2006) en la oficina de AI en su localidad o, por correo electrónico, en: orderpub@amnesty.org.

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