Document - Amnesty International News, May 1995. Vol.25, No.5.

Amnistía Internacional: Boletín, mayo de 1995

Noticias




CAMBOYA

Nueva era no da tregua a los derechos humanos


Desde septiembre de 1993, fecha en que se formó el gobierno del Reino de Camboya, la situación de los derechos humanos en este país se ha venido deteriorando, y el legado positivo heredado de la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya se ve menoscabado día a día.

La policía y las fuerzas armadas cometen actos de violencia impunemente, y el propio gobierno se ha vuelto cada vez más intolerante frente a las críticas y la legítima oposición política. Las minorías étnicas del país —especialmente la comunidad vietnamita— padecen ataques violentos sin esperanza alguna de que sus agresores sean llevados ante la justicia.

Algunos de los abusos más graves han sido perpetrados en la provincia de Battambang por soldados de la unidad S-91 del Ejército Real de Camboya, unidad que mantiene vínculos estrechos con militares de alta graduación del aparato castrense provincial y con altos cargos del gobierno. Sus miembros han secuestrado, detenido ilegalmente, extorsionado, violado y asesinado a decenas de civiles con total impunidad.

En 1993, la S-91 secuestró a Yam Mouern, peón de 29 años. Le dieron golpes, lo amenazaron de muerte y lo obligaron a presenciar el fusilamiento de otro cautivo. Después lo hicieron entrar en el servicio militar contra su voluntad, y durante éste perdió los dos brazos y la vista en un ojo, al hacer explosión una mina que le habían ordenado enterrar. Decenas de personas han sufrido una suerte similar y, aunque Yam Mouern logró finalmente escapar en octubre de 1994, muchas otras víctimas han muerto a manos de la S-91.

Pese a que se dispone de pruebas inequívocas de las actividades homicidas de la S-91, las autoridades camboyanas parecen carecer de la capacidad y la voluntad política para enjuiciar a los que violan los derechos humanos.

El gobierno de Camboya ha venido socavando sistemáticamente la libertad de opinión, expresión y asociación. Los periódicos críticos a la política oficial han sido clausurados, y varios periodistas han sido amenazados y asesinados.

Bajo la dirección de Nuon Chan, el periódico Samleng Yuvachen Khmer (La Voz de la Juventud Jemer) publicó artículos sobre funcionarios del gobierno a quienes se imputaban actos de corrupción. El pasado septiembre Nuon Chan fue abatido a tiros. Chan Dara, periodista de 29 años, también fue asesinado tras realizar investigaciones para un artículo sobre la participación militar en la industria maderera.

El Partido de Kampuchea Democrática (PKD) o Jemer Rojo, grupo armado de oposición, también comete abusos, incluyendo expulsiones y homicidios deliberados y arbitrarios.

AI condena sin reservas estos abusos y ha pedido al PKD que respete el derecho humanitario internacional. No obstante, los abusos perpetrados por entidades no gubernamentales no deben servir nunca de excusa a los gobiernos para justificar la comisión de violaciones de derechos humanos.

AI ha pedido a las autoridades camboyanas que pongan fin a la impunidad de los que violan los derechos humanos y los sometan a juicio, que protejan el derecho a la libertad de expresión y asociación, y que garanticen los derechos de los grupos étnicos minoritarios en el país.


[pie de foto:]Soldados del gobierno camboyano. Con el gobierno actual, han crecido las denuncias de abusos por la policía y el ejército.

© Tom Webster/Impact




ECUADOR

Ejército y policía torturaron a los detenidos de Putumayo


Diez colombianos y un ecuatoriano acusados de participar en el asesinato de 11 miembros de las fuerzas de seguridad de Ecuador fueron torturados mientras se encontraban bajo custodia.

El Ministro Fiscal —que impuso cargos penales contra siete de los 11 acusados y se abstuvo de acusar a los otros cuatro— señaló en un informe que «los autores de tales torturas son los miembros del Ejército Ecuatoriano». AI ha sabido que también se torturó a los acusados cuando trasnfirieron a éstos a Quito, la capital, bajo custodia policial de la Oficina de Investigación del Delito.

La serie de hechos que culminó en la tortura de los acusados se inició el 16 de diciembre de 1993, cuando una unidad del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tendió una emboscada a una patrulla fluvial ecuatoriana que navegaba por el río Putumayo, frontera entre los dos países. Once miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas murieron como resultado del ataque, algunos, al parecer, después de haber sido capturados.

El ejército de Ecuador detuvo a unas 30 personas en relación con el atentado y, según los informes recibidos, todas ellas fueron sometidas a tortura o a malos tratos. De ellas, 19 fueron puestas en libertad sin cargos; las otras 11 permanecieron hasta 10 días en régimen de incomunicación.

En base a informes individuales expedidos en enero y febrero de 1994 por peritos forenses del Estado, el Ministro Fiscal llegó a la conclusión de que el ejército era responsable de la tortura de los 11 detenidos.

Las 11 personas torturadas son: Juan Clímaco Cuéllar Lanza, Carlos Enrique Cuéllar Urapari, Harold Heberth Paz Payaguaje, José Otilio Quinayas Chicangana, Froilán Cuéllar Linares, Henry Machoa Payaguaje, Josué Bastidas Hernández, Alejandro Aguinda Lanza, Demetrio Pianda Machoa, Leonel Aguinda Urapari y Carmen Bolaños Mora, la única mujer.

En marzo, AI se dirigió al juez designado para presidir una audiencia preliminar del caso, recordándole que el empleo de declaraciones obtenidas con tortura es inadmisible conforme a los tratados internacionales de derechos humanos de los que Ecuador es Estado Parte. La organización también ha pedido que se someta a juicio a los responsables de la tortura.


[pie de foto:]De izquierda a derecha: Henry Machoa, José Otilio Quinayas, Froilán Cuéllar, Harold Heberth Paz y Juan Clímaco Cuéllar.

© Comité Coordinador Caso Putumayo



MONGOLIA

Presos abandonados mueren de hambre


Un informe de AI publicado en abril dice que los presos de las cárceles de Mongolia mueren de inanición en medio de un completo abandono. El hacinamiento, el saneamiento deficiente y la escasez de ropa, agua potable y medicamentos son otros factores que contribuyen a la propagación de enfermedades y, posiblemente, a la muerte de presos.

Según las estadísticas oficiales, 90 personas murieron en las cárceles del país entre el otoño de 1993 y el de 1994. Las autoridades afirman que entre 15 y 30 de estas muertes se debieron al hambre. AI cree que la cifra real es más alta.

A algunos presos los hacen pasar hambre deliberadamente para arrancarles confesiones.

Muchos sufren desnutrición porque el suministro de alimentos a las cárceles mongolas es inadecuado. La ley prescribe que todos los reclusos —salvo los menores y los discapacitados— deben trabajar para pagar su comida. Pero cuando no hay trabajo, los presos no tienen con qué pagar.

AI ha exhortado a las autoridades a que enmienden la ley que supedita la provisión de alimentos al trabajo de los presos, y a que den suficientes alimentos y cuidados médicos a todos los reclusos. Asimismo, AI ha recomendado una serie de medidas para proteger a los detenidos contra prácticas inhumanas como la de dejarlos morir de hambre.



ARGENTINA

Ex oficial cuenta la suerte de cientos de "desaparecidos"


Un ex oficial de la Armada argentina ha formulado declaraciones públicas sobre la muerte de centenares de personas “desaparecidas” durante el periodo de gobierno militar.

El capitán Adolfo Francisco Scilingo afirmó que a las personas recluidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) las drogaban y después las arrojaban desnudas al mar desde un aeroplano. El capitán, que admitió haber participado en dos vuelos de este tipo en aeronaves de la Armada, indicó que entre 1.500 y 2.000 personas habían sido ejecutadas de esta manera.

Tras estas revelaciones, el abogado que representaba a las familias de dos religiosas francesas “desaparecidas” durante este periodo solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que ordenase al gobierno argentino publicar la lista de todas las personas recluidas en la ESMA durante los años del régimen militar cuyo paredero siguiera sin conocerse. El 20 de marzo, el Tribunal así lo hizo.

Desde el restablecimiento de la democracia en 1983, las fuerzas armadas y de seguridad han venido insistiendo en que los archivos policiales y militares que contenían este tipo de listas han sido destruidos. El 22 de marzo, el ministro de Defensa respondió a la Cámara que las únicas listas disponibles eran las que incluía el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas publicado en 1983.

AI considera que los familiares de los “desaparecidos” tienen el derecho innegable a que se investigue a fondo la suerte de las víctimas hasta descubrir la verdad, y a que se identifique públicamente a los culpables. La organización ha subrayado repetidamente la necesidad urgente de una investigación exhaustiva de los asesinatos masivos perpetrados en los “campos secretos” de Argentina durante los años setenta y principios de los ochenta.



SUDÁN

Ataque a mujeres tras protestar contra el gobierno


Después de manifestarse contra el gobierno, varias mujeres, familiares de los militares sudaneses ejecutados en 1990, recibieron golpes y amenazas de violación y muerte.

El 25 de febrero, las 28 mujeres, junto con sus hijos, celebraron una pequeña marcha de protesta en Jartum. Vestidas de blanco —el color del luto—, llevaban carteles y fotografías de los miembros de sus familias acusados de participar en un intento de golpe de Estado y ejecutados sumariamente en abril de 1990, 24 horas después de su detención.

Las familias se reúnen todos los años para conmemorar el aniversario de las ejecuciones —ocurridas el 28º día del Ramadán, el mes del ayuno musulmán—, hacer oir su voz de protesta y exigir información oficial sobre el destino impuesto a sus esposos, hijos y hermanos. Las autoridades se negaron a entregar los cuerpos a sus familiares, y ni siquiera les han comunicado dónde están sepultados. Todos los años las mujeres se enfrentan con hostigamientos y detenciones.

Tras marchar unos cientos de metros desde el Palacio Presidencial hacia la Universidad, distribuyendo folletos y poemas de protesta, las mujeres se enfrentaron con agentes de seguridad y policías del Ministerio del Interior quienes, según se informa, las golpearon. Un testigo presencial afirmó que los policías estrellaron la cabeza de una de las manifestantes, Wadid Hassan Ali Karrar, contra un muro. Otras mujeres sufrieron cortes y contusiones.

Seis mujeres fueron detenidas, entre ellas la hermana de Wadid, Samira, a quien las autoridades parecen considerar cabecilla de las protestas. Los agentes las llevaron a dependencias de la seguridad, donde las insultaron y golpearon; a Samira la amenazaron de muerte.

Después de hacerlas permanecer al sol de pie, maltrechas y sangrantes, las pusieron en libertad esa noche con orden de presentarse en las oficinas de seguridad al día siguiente, domingo. Las mujeres desafiaron la orden.

El lunes 27, pese a que se lo habían prohibido, las familias se volvieron a reunir, pero en lugar de pronunciar discursos decidieron realizar otras actividades. La policía de seguridad interrumpió la reunión y ordenó a Samira Hassan Ali Karrar y a su hermana que abandonaran el lugar. Los agentes las siguieron en un vehículo hasta su casa, y desde entonces las tienen sometidas a una estrecha vigilancia.

AI ha pedido al gobierno sudanés que tome medidas de inmediato para poner fin a los busos contra estas mujeres.



Noticias breves


- Charles Ombusu, de 20 años, es la primera persona condenada a muerte en Papúa Nueva Guinea desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1991. Su condena a la horca por el delito de homicidio le fue impuesta en un clima de apasionado debate público sobre la delincuencia violenta. El abogado de Charles Ombusu ha apelado ante el Tribunal Supremo. De no tener éxito, podrá solicitar clemencia ante un comité constitucional. AI ha pedido a los miembros del gabinete que conmuten la pena.


- El uso excesivo de la fuerza por la policía turca al parecer ocasionó la muerte de 20 manifestantes en Estambul a mediados de marzo. La violencia estalló cuando la policía trató de disolver una manifestación contra el ataque a un café por agresores anónimos. Se cree que las víctimas murieron al disparar la policía directamente contra la multitud. AI ha pedido al gobierno que investigue las muertes exhaustiva e imparcialmente.


- En marzo se celebró en el Secretariado Internacional de AI una conferencia sobre el trabajo de campañas de la organización a la que asistieron 62 delegados de 36 países. La discusión se centró en métodos para coordinar y desarrollar las campañas de AI en todas las regiones del mundo. Los aportes de la conferencia contribuirán a elaborar una serie de principios para el trabajo de campañas de AI.



ACCIÓN DE MIEMBROS DE AI EN APOYO DE TÚNEZ Y EGIPTO


Ciudad de México, diciembre de 1994: La Sección de AI muestra su apoyo a los miembros de AI de Túnez, Egipto y otros países.

En marzo, el gobierno tunecino prohibió a la Sección local de AI celebrar un acto conmemorativo del Día de la Mujer, para marcar el inicio de la campaña de la organización sobre las mujeres víctimas de abusos en todo el mundo. Esta prohibición se viene a añadir a una serie de restricciones impuestas por el gobierno a los defensores de los derechos humanos durante los últimos dos años. Las autoridades han interceptado sistemáticamente su correspondencia, han obstaculizado la difusión de publicaciones y otros documentos, y han prohibido la realización de reuniones públicas.

Conforme a las reglas de trabajo de AI, la Sección tunecina y los Grupos de AI en Egipto no toman parte en acciones contra violaciones de derechos humanos cometidas en el propio país.

AI condena el persistente hostigamiento de la Sección tunecina y los Grupos de Egipto, y ha instado a los gobiernos de estos países a que garanticen que los miembros de AI pueden reanudar su labor por los derechos humanos sin restricciones.

MYANMAR


Khin Zaw Win fue detenido el 4 de julio de 1994 en el Aeropuerto Internacional de Yangón (Rangún), la capital de Myanmar, cuando se disponía a viajar con destino a Singapur. En junio de 1993, tras graduarse como odontólogo, había recibido una beca del gobierno de Singapur para cursar estudios de posgrado en la Universidad de Singapur. El tema de su tesis era la situación política en Myanmar, y había regresado a su país natal para realizar investigaciones académicas.

El 6 de octubre de 1994, Khin Zaw Win fue condenado a un total de 15 años de cárcel por «generar o tratar de diseminar noticias falsas», «afiliación a o contacto con una organización ilegal» y «posesión o control de información secreta».

AI lo considera "preso de conciencia", encarcelado por desarrollar actividades políticas pacíficas, y ha pedido su libertad de inmediato y sin condiciones.

Parece que, cuando lo detuvieron, Khin Zaw Win llevaba documentos relacionados con el movimiento de oposición política en Myanmar, con el que mantenía públicamente vínculos estrechos. Lo llevaron a un centro de detención de la Inteligencia Militar y después lo transfirieron a la cárcel de Insein, el principal centro de detención del país, ubicado en la capital.

POR FAVOR, ESCRIBAN al jefe de Estado pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Khin Zaw Win: General Than Shwe, Chairman/ State Law and Order Restoration Council/ c/o Ministry of Defence/ Signal Pagoda Road/Yangón/Unión de Myanmar.



JORDANIA


Subeh Salim ‘Abd al-Hamid Surur, de 51 años de edad, ‘Adel Subeh ‘Abd al-Hamid Surur, de 27 años, ‘Ali Wasfi Harb, de entre 25 y 30 años, y ‘Abd al-Majid ‘Abdullah Qazzaz, de edad desconocida, fueron detenidos el pasado 10 de diciembre en sus domicilios de Ammán, y acusados de insultar al rey y de distribuir folletos en nombre de una organización ilegal —el Partido para la Liberación en Jordania (PLJ), que aspira a la creación de un Estado islámico.

Los cuatro fueron enjuiciados al día siguiente ante el Tribunal de Seguridad del Estado, que les impuso sendas penas de tres años de cárcel en base a sus confesiones, en las que admitieron haber distribuido los folletos.

Al parecer, el juez estimó innecesaria la presencia de abogados defensores dado que los encausados no se retractaron de sus confesiones una vez que comparecieron ante el Tribunal. El folleto criticaba un discurso del monarca jordano del 15 de noviembre de 1994, al que imputaba traicionar la doctrina musulmana y tomar el partido del enemigo al firmar un tratado de paz con Israel en octubre de ese año.

AI considera a los cuatro “presos de conciencia”, encarcelados por sus actividades políticas pacíficas, y ha solicitado se los ponga en libertad de inmediato e incondicionalmente. AI no ha encontrado prueba alguna de que el PLJ o sus miembros hayan usado o propugnado la violencia, ni que el folleto en cuestión incitase a la violencia.

POR FAVOR, ESCRIBAN pidiendo la libertad inmediata e incondicional de los cuatro presos de conciencia: His Majesty King Hussein bin Talal/King of the Hashemite Kingdom of Jordan/The Royal Palace/Ammán/Reino Hachemita de Jordania.



PERÚ


AI ve con honda preocupación que a finales de marzo aún había 27 presos de conciencia en Perú. Tras someterlos a juicios sin garantías entre 1992 y 1995, los habían condenado injustamente a penas de hasta 30 años de cárcel por delitos de terrorismo. La organización ha pedido su libertad de inmediato y sin condiciones.

AI considera a los 23 hombres y 4 mujeres “presos de conciencia”, ya que no parece haber pruebas convincentes de los cargos que se les imputaron. Ninguno ha empleado o propugnado la violencia.

Desde que entró en vigor la actual legislación antiterrorista en mayo de 1992, AI ha adoptado a 72 presos de conciencia —45 quedaron en libertad tras pasar hasta 30 meses en prisión—, y ha documentado al menos otros 400 casos de presos que, al parecer, han sido acusados injustamente de delitos de terrorismo.

POR FAVOR, ESCRIBAN pidiendo la libertad inmediata e incondicional de los 27 presos al: Excmo. Sr. Ing. Alberto Fujimori/ Presidente de la República del Perú/ Palacio de Gobierno/Plaza de Armas/ Lima 1/Perú.


Sírvanse adjuntar la lista de nombres de los presos de conciencia:

Francisco Alania Osorio;

José Antonio Álvarez Pachas;

Marco Antonio Ambrosio Concha;

Jesús Alfonso Castiglione Mendoza;

Ubildor Cruz Fernández;

Carlos Chuchón Zea;

Alfonso Rosely Chacón Rodríguez;

”scar Díaz Barboza;

Filomeno Arturo Encarnación Nieto;

María Elena Foronda Farro;

María Gabriela Guarino Garrasi;

Domiciano Herrera González;

Celestino Jara Paredes;

Liborio López Curi;

Nery Fermín Medina Quispe;

Carlos Florentino Molero Coca;

Mario Ocampo Saldaña;

Hermes Rivera Guerrero;

Pelagia Salcedo Pizarro;

Juan Antonio Sánchez Gutiérrez;

Michael Soto Rodríguez;

Fortunato Sumina Taco;

Efraín Isidro Tarazona Tinoco;

Pedro Valdez Bernales;

Euménides Valqui Zuta;

Pedro Telmo Vega Valle;

Victoria Zumaeta Arista.

Amnistía Internacional: Boletín, mayo de 1995

Enfoque




[pie de foto pág. 3:]Niños ruandeses en el campo de refugiados de Benaco, Tanzania, 1994. La masacre ruandesa se ha cobrado entre medio y un millón de víctimas.

© Format/Sue Hostetler



Ruanda aguarda justicia


Entre medio y un millón de personas, se estima, perecieron en el genocidio que devastó Ruanda de abril a julio de 1994. La justicia que aguardan sus familiares y los miles de personas encarceladas desde entonces no llegará sin la ayuda de la comunidad internacional.

Un año después de la masacre que conmovió al mundo, y pese a que gobiernos y organizaciones internacionales declararon en su momento que los responsables no escaparían a la justicia, apenas hay señales de que la comunidad internacional haya movilizado la voluntad política y los recursos necesarios para garantizar que así sea.

El sistema judicial ruandés ha quedado en ruinas: es indispensable, pues, que el mundo ayude a enjuiciar a los responsables de las incontables matanzas, mutilaciones y violaciones que ha sufrido el pueblo ruandés.

El actual gobierno ruandés ha encarcelado sin cargos ni juicio a miles de personas. Algunos protestan su inocencia y mantienen que su detención es arbitraria y se funda en acusaciones no corroboradas. Otros afirman que los retienen en lugar de familiares acusados de delitos contra la humanidad. A algunos los han torturado y muchos están recluidos en centros de detención secretos, en condiciones infrahumanas. Hasta que no se reconstruya el sistema judicial del país, estas vidas corren el riesgo de consumirse entre rejas.

La mayoría de las personas involucradas en el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad simpatizaban con el gobierno anterior o pertenecían a él. Algunos han continuado cometiendo abusos en campos de refugiados, especialmente en Zaire y Tanzania. Cabe, pues, también a estos países la responsabilidad de velar por que los perpetradores sean juzgados.

Centenares de ruandeses han “desaparecido” o han sido asesinados desde que el actual gobierno llegó al poder en julio de 1994. En muchos casos eran refugiados que habían regresado del extranjero, o que vivían en campos para desplazados. El gobierno dice haber aprehendido a unos 400 soldados acusados de homicidios ilegales y otros abusos cometidos desde julio de 1994. Pocos han sido enjuiciados.

La comunidad internacional ha defraudado a las víctimas y dejado incumplidas sus promesas. Al no investigar adecuadamente las acciones de los genocidas, el mundo ha tolerado —en la práctica— la impunidad. Si bien se han dado algunos pasos para establecer un Tribunal Internacional para Ruanda, no se espera que éste procese más que unos pocos casos al año; la gran mayoría correrán a cargo del endeble aparato judicial ruandés.

Para lograr que se ponga en libertad a los inocentes y se someta a un juicio justo —sin uso de la pena de muerte— a los culpables, es preciso que la comunidad internacional apoye al poder judicial ruandés. Hasta la fecha, los fondos asignados por los gobiernos y los esfuerzos de organismos intergubernamentales como la ONU y la Organización de la Unidad Africana han sido magros e ineficaces. El mundo debe cumplir lo prometido y garantizar justicia en Ruanda. De no hacerlo, el círculo vicioso de venganza y violencia no puede sino prolongarse.


En marzo de 1995 la cifra oficial de detenidos en Ruanda ascendía a 23.000. A la gran mayoría se los acusa de participar en las matanzas ocurridas entre abril y julio de 1994 y en otros delitos relacionados con ellas. Entre finales de 1994 y marzo de 1995 se practicaron más de 100 detenciones diarias. En algunas prisiones, los reclusos, hombres, mujeres y niños, han sido hacinados a la intemperie. Muchos protestan su inocencia o afirman ser presos de conciencia, encarcelados por su oposición pacífica al nuevo gobierno. Pero no es probable que se los enjuicie o se los ponga en libertad en un futuro muy próximo.

Se dice que los soldados entorpecen la labor de los funcionarios judiciales y practican detenciones masivas arbitrariamente, y que los funcionarios de la judicatura civil o del gobierno no pueden ni impedir estos abusos ni excarcelar a las personas detenidas sin pruebas. Algunos de los excarcelados han sido detenidos de nuevo inmediatamente o han “desaparecido”. El prefecto de Butare fue asesinado a principios de marzo, aparentemente por protestar contra las detenciones.

También se dice que muchos han sido encarcelados en base a acusaciones sin corroborar formuladas por enemigos personales. A Sylvestre Kamali, ex diplomático de 60 años detenido en julio de 1994, lo mantuvieron recluido arbitrariamente hasta el 2 de septiembre, cuando lo acusaron de asesinato. Según informes, la presunta víctima ha sido vista con vida, pero Sylvestre Kamali sigue detenido, sin poder recusar la legalidad de su detención. Parece ser que sus captores actuaron a instigación de un rival político que ocupa un alto cargo en el gobierno.

Algunos afirman haber sido recluidos en sustitución de sus familiares. Al parecer, los soldados que en septiembre de 1994 detuvieron a Augustin Minani, un niño de 12 años, le dijeron que se lo llevaban en lugar de su hermano, a quien acusaban del asesinato de varios tutsis. Lo detuvieron en el municipio de Ntyazo, departamento de Butare; sus captores, dice, lo encerraron cuatro meses en una cabaña, lo golpearon brutalmente y le hicieron firmar una declaración confesando haber cometido un asesinato. Lo han trasladado a la prisión de Butare.

Miles de refugiados se niegan a regresar a Ruanda por temor a ser encarcelados. Decenas de soldados y funcionarios del gobierno anterior a quienes se había pedido se integraran a las instituciones del nuevo gobierno han sido detenidos a su regreso. Jean Mukuralinda, ex juez del Tribunal Superior de Butare, fue aprehendido poco después de tomar posesión de su antiguo cargo. Lo había invitado a regresar el ministro de Justicia, quien, según parece, aún no ha logrado que lo pongan en libertad.

A finales de 1994, el gobierno ruandés nombró un comité encargado de estudiar los casos de los detenidos y excarcelar a quienes estuviesen presos sin razón. No obstante, tres integrantes del comité que se ocupan de casos civiles pertenecen a las fuerzas de seguridad: dirigen los mismos órganos que practicaron las detenciones ilegales. Hasta marzo el comité había ordenado la libertad de apenas seis detenidos.

Las personas aprehendidas en secreto no están incluidas en la cifra oficial de 23.000 detenidos, y corrren mayor riesgo de que se las someta a torturas, ejecuciones y “desapariciones”. Algunas se cree están recluidas bajo la custodia de las fuerzas de seguridad o de funcionarios gubernamentales. Muchas pudieran haber sido asesinadas como les sucedió a 22 en marzo en la Brigada de Gendarmería de Muhima, en Kigali.

A Gratien Ruhorahoza, presidente del Tribunal Superior de Kigali, no se le ha vuelto a ver desde que se lo llevaron los soldados el 10 de octubre de 1994, probablemente debido al papel que desempeñó en la tramitación de los casos de detenidos en la prisión central de Kigali. Al parecer, había autorizado la puesta en libertad de 80 reclusos, tras decidir que no había pruebas suficientes que justificasen su detención.

En algunos casos, los familiares de los “desaparecidos” se han puesto en contacto con altos funcionarios del gobierno y de los servicios de seguridad sin lograr información alguna sobre las víctimas. La esposa de Marcel Ntirenganya, un hombre de negocios, se ha dirigido sin éxito a funcionarios locales, miembros de la Gendarmería y oficinas ministeriales tratando de averiguar la suerte de su esposo, “desaparecido” desde el 20 de octubre de 1994, cuando marchó de su casa con un soldado conocido suyo. Su esposa encontró su camión estacionado frente a la Brigada de Gendarmería de Muhima, en Kigali.

Muchas de las personas detenidas desde julio de 1994 han sido torturadas. De fuentes de Kigali se sabe que las lesiones de algunos detenidos indican que fueron sometidos a la kandoya, método de restricción física que consiste en atar los brazos a la espalda y que a veces deja lesiones permanentes y cicatrices. La mayoría de las torturas —que en algunos casos han causado la muerte— se infligen en centros de detención secretos o bajo la autoridad de funcionarios municipales.

Según informes, a Abdullah Musabyimana lo sometieron a palizas brutales mientras lo tenían recluido en un domicilio particular de Gisenyi. Después lo llevaron, con otros detenidos de Kamana, departamento de Gisenyi, a un depósito del Colegio Técnico de Gisenyi. Las mujeres fueron violadas repetidamente por los soldados y algunos detenidos fueron ejecutados a fin de hacer sitio para otros.

Aunque una vez que los detenidos son transferidos a prisiones oficiales es habitual que dejen de torturarlos, la violación de mujeres no cesa. Marie Mukamazamayimpaka, de 46 años y madre de tres hijos, detenida a finales de 1994, fue llevada a un edificio de Butare ocupado por soldados, donde dos de ellos la violaron durante dos días. Según se informa, los soldados les decían a sus víctimas que así vengaban la violación de mujeres tutsis por milicias y soldados del gobierno anterior, en su mayoría hutus (el grupo étnico mayoritario). Miles de mujeres fueron violadas por milicias y soldados del gobierno anterior con la aquiescencia de las autoridades que ocupaban entonces el poder. Se cree que cientos, o hasta miles, de niños nacieron como resultado de estas violaciones, y muchos fueron abandonados o asesinados.


ASESINATOS

Aunque ha disminuido el número de ejecuciones extrajudiciales denunciadas desde las matanzas de 1994, siguen llegando denuncias de asesinatos cometidos por soldados. El gobierno ha declarado que ha recluido a unos 400 soldados acusados de ejecuciones extrajudiciales y otros delitos, pero se desconoce si han sido acusados formalmente y, de ser así, si serán sometidos a un juicio imparcial. AI se opone categóricamente al uso de la pena de muerte, y teme que quienes sean hallados culpables de homicidio y otros delitos capitales puedan ser ejecutados.

Pese a que el gobierno ha afirmado que tomará medidas enérgicas contra los soldados que cometan graves violaciones de derechos humanos, en algunos casos de homicidio que han llegado al conocimiento de AI no parece haberse realizado investigación alguna. Un grupo de soldados australianos, miembros de la UNAMIR, Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, declararon haber visto en septiembre de 1994 varias decenas de cadáveres abandonados entre arbustos en Save, cerca de Butare. Los soldados del gobierno les vedaron el paso y, según parece, dos semanas después los cuerpos habían desaparecido sin dejar huella. Según los vecinos, en esa zona las tropas habían dado muerte a cientos de civiles.

Recientemente, muchas de las víctimas han sido refugiados que habían regresado al país, o que vivían en campos para desplazados. En enero murieron al menos 12 personas y 37 resultaron heridas cuando los soldados abrieron fuego contra la multitud en el campo de Busanze, en el sudoeste de Ruanda. El comandante Paul Kagame, ministro de Defensa, anunció que castigaría severamente a los autores, pero se desconoce si las autoridades ruandesas han tomado alguna medida.

Varios de los responsables del genocidio en Ruanda han continuado cometiendo abusos en los campos de refugiados, especialmente en Zaire y Tanzania, dando muerte a decenas de refugiados acusados de apoyar al nuevo gobierno ruandés. Los asesinos también han puesto la mira entre los refugiados que se proponían regresar a Ruanda. Una banda armada, que se sospechaba estaba integrada por miembros de las antiguas milicias, dio muerte a cuatro refugiados en el campo de Kibumba, Zaire. Las víctimas parecen haber sido tutsis —el grupo étnico minoritario— acusados de apoyar al nuevo gobierno.

Algunos miembros de las antiguas milicias y soldados del gobierno anterior se están reorganizando en los campos de refugiados para combatir al nuevo gobierno. Se ha denunciado que algunos grupos armados se han infiltrado en Ruanda para matar a soldados y civiles, principalmente tutsis. Según parece, el 30 de octubre de 1994 uno de estos grupos, que venía de los campos de refugiados de Zaire, asesinó a 36 tutsis, 26 de ellos niños, en la localidad de Rutagara, vecina a Gisenyi. Ese mismo mes, las autoridades de Tanzania detuvieron a unos 50 refugiados ruandeses que se ocultaban en la isla de Mibali, en el lago Victoria, acusándolos de poseer granadas y armas de fuego. Se desconoce si las autoridades zaireñas y tanzanas tienen la intención de someter a juicio a los responsables de los abusos cometidos en sus territorios.



[cita página 4:]«Muchos protestan su inocencia o afirman ser presos de conciencia, encarcelados por su oposición pacífica al nuevo gobierno.»


[pie de foto pág. 4:]Niños desplazados cerca de Butare, Ruanda.


[pies de fotos pág.5:]Izquierda: Más de 200.000 personas, forzadas a abandonar sus hogares, acabaron en este campamento provisional tanzano. © Format/Sue Hostetler

Arriba: La prisión de Kigali y abajo: las "celdas" de los presos.



Respuesta mundial a la crisis


La respuesta de la comunidad internacional a la crisis ruandesa ha sido lastimosa: falta de planificación, escasa de fondos y sin rumbo firme.

En abril de 1994, a los pocos días de iniciarse la masacre, la ONU retiró de Ruanda a la mayoría de la UNAMIR, reduciendo su presencia de más de 2.000 personas a unas 400. AI pidió el retorno urgente a Ruanda de la policía civil de la ONU (los CIVPOL) y de los observadores militares (UNMO), el aumento de su número y el envío de observadores de los derechos humanos. Posteriormente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas se hizo cargo de la tarea de vigilancia de los derechos humanos.

Al hacerse patente la escala de la masacre, la ONU envió observadores de los derechos humanos, tropas de la UNAMIR, CIVPOL y UNMO. A instancias de AI y de otras organizaciones de derechos humanos, la ONU adoptó ciertas medidas de protección de los derechos humanos, pero lentas y sin suficiente apoyo.

En septiembre de 1994, el Alto Comisionado puso en marcha una iniciativa para enviar 147 observadores de derechos humanos a Ruanda. En marzo, tras meses de retrasos derivados de la falta de fondos, personal y apoyo logístico, sólo habían ocupado sus puestos unos 80 observadores y ninguno había publicado aún los resultados de sus investigaciones. Pese al papel crucial de la UNAMIR, su asentamiento llevó meses: a mediados de julio, al formarse el nuevo gobierno, sólo habían llegado unos centenares; en marzo, el personal de la UNAMIR en Ruanda ascendía a 5.740. Ya se han asentado los 309 UNMO y prácticamente todos los CIVPOL.

Por su parte, la Unión Europea ha decidido financiar el envío de entre 40 y 60 observadores de derechos humanos para trabajar conjuntamente con la operación de vigilancia organizada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La Organización de la Unidad Africana podría designar jueces, abogados y otros expertos para trabajar en Ruanda a corto y medio plazo, e instar a sus miembros a cooperar con los investigadores internacionales para someter a juicios justos, que excluyan la pena capital, a los autores de los abusos.


EL TRIBUNAL INTERNACIONAL

El 8 de noviembre de 1994, tras considerables retrasos, el Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Internacional para Ruanda, encomendándole el enjuiciamiento de los responsables del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones del derecho humanitario cometidos en ese país durante 1994. El Tribunal también tiene competencia sobre delitos similares cometidos por ruandeses en los Estados linderos. No contempla la pena de muerte.

El fiscal procedió de inmediato a conseguir fondos para iniciar las investigaciones. Un equipo de seis personas llegó al país en enero de 1995, pero su número es insuficiente dada la magnitud de los delitos. Se precisan urgentemente investigaciones más sistemáticas, y a gran escala, a cargo de especialistas.

La investigación y el procesamiento de casos en Ruanda es un ejercicio costoso y lento. Los testigos se han dispersado, o bien han sido intimidados o asesinados, y muchos han abandonado el país. Las pruebas documentales no abundan: hay que exhumar cadáveres y estudiar los restos cuidadosamente; y hay que analizar y verificar las declaraciones de los testigos.


¿QUÉ PUEDE HACERSE PARA AYUDAR?

Es preciso establecer el sistema legal, judicial y penitenciario. El gobierno ruandés ha solicitado repetidamente asistencia internacional para ello. Con la ayuda de expertos legales de otros países podrían ponerse en marcha medidas provisorias para asegurar juicios justos, sin pena capital.

Estas medidas deberían ser supervisadas por un órgano internacional y por el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas. Éste debería seguir ejerciendo presión sobre los gobiernos de Ruanda, Burundi, Tanzania, Zaire y otros, para que cooperen plenamente con el Tribunal Internacional, y pedir a las autoridades ruandesas que aseguren que los juicios son imparciales y que no se impone la pena de muerte.

El gobierno ruandés debería crear urgentemente, con la ayuda de la comunidad internacional y especialmente de la ONU, una comisión independiente e imparcial encargada de estudiar los casos de los detenidos y de decidir si la privación de libertad está justificada.

Estas medidas contribuirán a que se haga justicia en Ruanda y se reduzcan al mínimo las represalias. Únicamente con la ayuda de la comunidad internacional podrá Ruanda comenzar la reconstrucción.



[pie de foto pág. 6:]Muchos de los ruandeses que tuvieron que huir en 1994 siguen sin poder regresar. © Howard Davies

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